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Tras el rechazo al veto de Milei, los trabajadores del Garrahan realizan un nuevo paro de 48 horas

Tras el rechazo al veto de Milei y el anuncio del Gobierno sobre un bono destinado a los profesionales, los trabajadores del Hospital Garrahan comenzaron este martes un nuevo paro de 48 horas.
La medida de fuerza, que estaba estipulada desde la semana pasada, comenzó a las 7 de la mañana de este martes.
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Los trabajadores le reclaman al gobierno de Javier Milei una serie de redireccionamientos de dinero del centro pediátrico a un fondo de inversión del Banco Nación.
El secretario general de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, ratificó que el paro se extenderá hasta el jueves como parte de un plan de lucha más amplio.
“No podemos volver a cobrar un salario ‘pelado’, cuando se hizo público que el Consejo de Administración nombrado por Milei retiene por lo menos 40 mil millones de pesos de recaudación propia”, señaló.
El avance de la protesta se da unos días antes de que el Senado trate el veto que anulaba la ley de Emergencia Pediátrica, luego de que Diputados rechazara la decisión del Gobierno.
“No vamos a esperar el tratamiento en el Senado (el próximo 2 de octubre) porque la urgencia ya se ha descubierto”, aseguró días atrás el secretario.
Pese al anuncio que el Ministerio de Salud hizo sobre un bono para el personal del Garrahan, los trabajadores decidieron sostener la medida de fuerza.
A su vez, Lipcovich destacó que el bono anunciado “representa un cambio” respecto a la postura que mantenía el Gobierno, dado que hasta el momento se había rechazado la entrega de sumas extraordinarias por cuestiones administrativas.
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“La concesión es fruto de una movilización firme, no del diálogo entre la dirigencia sindical y las autoridades. Cuando el diálogo no fue acompañado de lucha, las paritarias se acordaron por uno por ciento anual”, explicó el dirigente.
En ese sentido, agregó: “Una lucha extendida logra estas sumas extras que para las categorías más bajas representan un alivio, aunque transitorio”.
Lipcovich advirtió que debido al carácter no remunerativo de la suma se genera una incertidumbre respecto del mes de enero. “El problema de que sea transitorio y que no vaya al básico es fundamental”, añadió.

“La implementación real de la ley sería una solución mucho más profunda, ya que aumenta los salarios básicos. No es suma por algunos meses. Eso depende también del Gobierno, que ha nombrado a estos funcionarios”, insistió respecto a la plena aplicación de la ley de Emergencia en Pediatría como única solución estructural.
El anuncio sobre los montos fue comunicado este lunes por la tarde por el Consejo de Administración del hospital, que remarcó el objetivo de priorizar al personal médico y administrativo en medio del escenario inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo.
De acuerdo con la información oficial, el bono será entregado durante septiembre y alcanzará los 450.000 pesos para el personal asistencial.
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Esto incluye a un grupo conformado por médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, radiólogos, ecógrafos, nutricionistas, kinesiólogos y otros profesionales vinculados al funcionamiento diario de la institución pediátrica.
El personal administrativo, en tanto, percibirá un bono de 350.000 pesos, según informó la cartera que gestiona el ministro Mario Lugones.
Hospital Garrahan, Javier Milei, Paro
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Causa Cuadernos: la Justicia evalúa tres lugares donde el juicio podría hacerse de forma presencial

Comenzó el juicio de la Causa Cuadernos y luego de la primera audiencia ya generó fricciones institucionales por la decisión de realizarlo íntegramente de manera virtual.
Tanto la Cámara de Casación Penal como miembros del Consejo de la Magistratura solicitaron realizar cambios con audiencias presenciales y un ritmo más acelerado, con el objetivo de agilizar el avance del caso. Se estima que si continúa con el ritmo actual, el proceso podría durar más de tres años.
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Según pudo saber TN, la Justicia ya evalúa algunos lugares para mudar el juicio de manera presencial. Uno de los sitios podría ser la sala donde se realizó el juicio por la causa AMIA, ubicada en los tribunales de Comodoro Py. Por la cantidad de involucrados en el proceso, también se puso en consideración Costa Salguero y Tecnópolis, teniendo en cuenta que dichos espacios pueden albergar a una gran cantidad de personas y son de fácil acceso en la Ciudad.
Todo esto se definirá el próximo martes, en la audiencia convocada por Casación a los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 7, que lleva adelante el juicio. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán llegar a un acuerdo para garantizar la celeridad del proceso.
Además de Casación, Alberto Maques, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, envió una comunicación formal al tribunal donde solicitó la realización de jornadas completas y presenciales. En su misiva, el representante de los abogados enfatizó la importancia de evitar demoras innecesarias: “la justicia tardía no es justicia. Cada dilación erosiona la legitimidad del sistema y amplía la distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial”, aseguró.
El martes, Casación envió una nota al TOF 7 donde advirtió que continuar de manera virtual “podría afectar el derecho de defensa” y pidió revisar el cronograma para garantizar la inmediación entre jueces, imputados y testigos.
El proceso prevé más de 600 testigos y casi 90 imputados, entre ellos la expresidenta.
El máximo tribunal penal del país apunta a que el juicio avance con mayor regularidad y busca evitar demoras que prolonguen un proceso que lleva más de cuatro años desde su elevación a juicio. Los camaristas buscan aumentar la frecuencia de audiencias a tres por semana.
Si se aprueba el nuevo esquema, el tribunal deberá coordinar con el Consejo de la Magistratura los recursos técnicos y logísticos para trasladar el debate a Comodoro Py y sostener tres audiencias presenciales semanales hasta la sentencia.
En la actualidad, las audiencias se limitan a una por semana mediante videoconferencias. La idea original del tribunal era mantener este esquema hasta la feria judicial de verano y revisar el ritmo del juicio luego del receso. Con las presiones recibidas, todo indica que luego de la reunión del próximo martes se anunciará una nueva modalidad.
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La causa Cuadernos comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner(2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
Para la fiscalía, los acusados “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.
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Uno de los acusados por los cuadernos se opuso a que el juicio sea presencial y tres veces a la semana

Uno de los acusados en el caso de los cuadernos de las coimas, el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, envió una nota al tribunal que lleva adelante el proceso para oponerse a la posibilidad de que se agreguen más audiencias por semana al juicio y que sean presenciales.
Los abogados de Wagner, Zenón Ceballos y Federico Ceballos, señalaron en su escrito que agregar audiencias alteraría sus agendas con procesos en trámite y sostuvieron que hasta ahora en otros juicios ante el mismo tribunal, el sistema híbrido está dando resultados.
La queja de los letrados se debe a que la Cámara de Casación llamó para el martes a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Carnero y Germán Castelli a una audiencia para ofrecerles mecanismos para agilizar el juicio.
Los abogados mencionaron que no hubo menoscabo al derecho de defensa, como mencionaron los camaristas cuando advirtieron sobre los problemas derivados de la falta de audiencias presenciales.
En la misma línea, indicaron que “no han visto mengua alguna de sus facultades y posibilidades, ya que la naturaleza hibrida de la instrumentación del debate, con consenso de todos, permite utilizar la presencialidad de imputados y testigos a expresa solicitud”.
Los defensores de Wagner mencionaron que en los casos Aysa, que tramita ante el mismo tribunal, y Gas Natural Licuado -que ya concluyó- “las audiencias de las que simultáneamente participan los mismos abogados ante este tribunal, se han desarrollado sin dificultad alguna, esta última con un avance operativo muy importante”.
Dijeron que de prosperar que se admitan tres audiencias semanales presenciales, “se descompensaría absolutamente la programación laboral de muchos de los abogados defensores presentes en este debate, que deben atender necesariamente otros juicios, con el inevitable correlato de perjudicar en terminos de asistencia horaria y de preparación, a sus propios defendidos”.
“Introducir ahora la inmediación coma formula excluyente de la continuación del debate pondría en crisis la validez de lo transcurrido hasta el momento por vía Zoom”, señalaron. Y abundaron que “podría decirse que lo que sobra es una tendenciosa publicidad que alimenta las producciones televisivas y las entrevistas a funcionarios judiciales que, al decir de Miguel Angel Almeyra, debieran guardar un silente recato”.
“Es la opinión de estos letrados que vuestra excelencia y tambien la señora fiscal general deben ajustarse estrictamente al cronograma fijado por el tribunal en las audiencias preliminares, como garantía de legalidad y respeto al debido proceso”, concluyeron.
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El gobierno porteño realizó más de 5.000 videollamadas para resolver infracciones de tránsito

Más de 5.000 videollamadas fueron realizadas en solo un mes por vecinos que, enfrentados a infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, optaron por un camino que evita filas y traslados: la resolución de multas a través de una audiencia virtual. El nuevo sistema, que se encuadra en la política de digitalización y simplificación de trámites impulsada por la actual gestión, comenzó a operar recientemente y ya muestra una demanda considerable. La opción de gestionar faltas de tránsito vía videoconferencia se suma a los servicios ofrecidos por BOTI, el WhatsApp oficial del Gobierno porteño, permitiendo a los usuarios reservar turnos y atender sus casos sin moverse de sus hogares.
“Más de 5.000 personas ya resolvieron sus consultas por infracciones de tránsito sin moverse de su casa. Este resultado confirma la eficacia del sistema y nos impulsa a seguir acercando a los vecinos herramientas simples, ágiles y transparentes. Nuestro objetivo es que este canal virtual se convierta en la principal vía de atención para que los porteños puedan tener una audiencia con un controlador de faltas”, declaró Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño, en la gacetilla oficial del Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las problemáticas que motivan las consultas figuran el exceso de velocidad, la invasión de senda peatonal y el mal estacionamiento, además de la violación de semáforos y la circulación por accesos exclusivos con Telepeaje.
El servicio inaugurado por el Ministerio de Justicia de la ciudad, en colaboración con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, fue diseñado para agilizar el contacto directo con los controladores y reducir la burocracia. La gestión se inicia solicitando un turno a través de BOTI, utilizando las palabras “multas” o “infracciones” para dar comienzo a la interacción y aportando el DNI o la patente del vehículo. De este modo, los interesados pueden acceder a opciones como “Revisar multas”, “Cómo pagar” y “Turno virtual”, lo que les permite coordinar un encuentro digital en el que aclarar dudas, presentar descargos y aportar pruebas.
El sistema genera un enlace único y personal, remitido al ciudadano por correo electrónico. El horario de atención cubre la franja de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y brinda soporte desde cualquier dispositivo —celular, computadora o tablet— para realizar la audiencia. Cada audiencia cuenta con una duración máxima de 20 minutos y exige la presentación de un documento válido. Además, durante la videollamada queda garantizado el derecho de defensa y la posibilidad de que el usuario aporte documentación respaldatoria.

El Gobierno de la Ciudad destaca que uno de los beneficios centrales del nuevo mecanismo es la reducción significativa de tiempos y costos asociados a la tramitación presencial. “El tiempo de las personas es valioso y por eso seguimos simplificando trámites en la Ciudad. Menos burocracia significa más libertad. Las audiencias virtuales permiten un ahorro de tiempo para el vecino y también menos costos operativos. No necesitamos mucho Estado, lo que necesitamos es un Estado inteligente”, manifestó Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, al difundir la implementación del servicio a través de la gacetilla.
El acceso a las audiencias virtuales está restringido a quienes tienen multas de tránsito pendientes de pago y optar por este canal implica renunciar al 50% de descuento por pago voluntario, tal como ocurre en las gestiones presenciales. La plataforma advierte previamente al usuario acerca de la pérdida del beneficio, además de la necesidad de contar con toda la documentación. El proceso es confidencial: todas las comunicaciones son seguras, la sesión queda grabada y se garantizan la protección de los datos personales y el derecho a la imagen.
Entre las funcionalidades en desarrollo, el Gobierno porteño anticipó la próxima incorporación de un asistente de Inteligencia Artificial, orientado a guiar y simplificar aún más los trámites de resolución de multas. “Desde la implementación de las videollamadas hubo una muy buena aceptación tanto de los vecinos como de los controladores, optimizando recursos y tiempos para ambos y asegurando la misma validez que con la presencialidad. Además, estamos trabajando en el desarrollo de un asistente de Inteligencia Artificial que contribuirá aún más con la simplificación del trámite, ahorrando tiempo en la gestión”, expresó Raúl Piola, secretario de Innovación y Transformación Digital.
Las infracciones más habituales siguen siendo el exceso de velocidad, la invasión de la senda peatonal y el mal estacionamiento, aunque también se reportaron situaciones por circulación indebida en carriles exclusivos mediante el sistema de Telepeaje y la violación de semáforos.
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