POLITICA
Tras anunciar la alianza, los gobernadores evalúan armar un interbloque en el Congreso para presionar a la Casa Rosada por los fondos
Ocho gobernadores comenzaron a coordinar acciones en el Congreso para presionar por más recursos y reformas en la coparticipación.
Tres de ellos son peronistas; los otros cinco, de diferentes colores políticos. Todos comparten un mismo objetivo: recibir más fondos y consolidar estrategias electorales, manteniendo el diálogo con la Casa Rosada pero demostrando poder territorial y presencia en el Congreso, el espacio de mayor debilidad política para el oficialismo.
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Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Claudio Vidal, mandatarios de Chubut, Santa Fe, Córdoba, Jujuy y Santa Cruz respectivamente, lanzaron “Un grito federal” e inciden en las decisiones de diputados y senadores con terminales en distintos espacios políticos: Encuentro Federal, el PRO, la UCR, Democracia para Siempre e incluso entre los legisladores de Santa Cruz.
Los otros tres gobernadores representan a provincias peronistas: Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Este último tiene su propio bloque, de tres diputados, denominado Independencia. Los salteños, en tanto, integran un interbloque, Innovación Federal, junto a los representantes de Misiones y Río Negro.
El impacto en el Congreso
Más allá de las elecciones del 26 de octubre, las estrategias parlamentarias podrían empezar a desplegarse en los próximos encuentros en la Cámara de Diputados, donde la oposición ya diagrama dos sesiones especiales.
La primera, prevista para el 6 de agosto, tendría un amplio temario que incluiría proyectos vinculados al financiamiento de las universidades nacionales y al Hospital Garrahan, además de emplazar —es decir, fijar fecha de tratamiento— a la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario José Luis Espert, para discutir los proyectos de modificación en la coparticipación solicitados por los gobernadores, entre otros puntos.
La segunda sesión especial sería el 20 de agosto, para discutir ya en el recinto las iniciativas de cambios en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), dos proyectos que ya cuentan con sanción del Senado y podrían ser convertidos en ley.
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El diputado Juan Brügge, de la Democracia Cristiana de Córdoba, le dijo a TN que “los gobernadores marcaron la manera de hacer la nueva política entre espacios políticos diferentes, pero con el mismo objetivo: lograr una mayor equidad territorial, adecuados recursos coparticipables y un equilibrio en el desarrollo de todas las provincias del interior. Aspectos que ya, desde el Congreso, venimos pregonando. Como Democracia Cristiana integramos este frente porque tenemos una vocación pluralista”.
Brügge agregó que “este acuerdo es electoral, pero desde diciembre podría reflejarse en un nuevo bloque federal que buscara velar por los intereses de las provincias, tanto en Diputados como en el Senado. Es una nueva expresión de lo que necesita la Argentina”.
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Para ambos pedidos de sesiones especiales, los sectores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda necesitarán alcanzar el quórum de 129 diputados sentados en sus bancas para poder abrir el recinto de la Cámara baja.
Mientras tanto, los diputados están pendientes de la decisión que tome el Poder Ejecutivo respecto a las leyes de aumento a las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
El presidente de la Nación tiene tiempo hasta el lunes 4 de agosto para vetar total o parcialmente las leyes sancionadas por el Parlamento. A partir de esa decisión, los proyectos regresarán al Congreso, a la Cámara de origen de los debates: la Cámara de Diputados. En ese caso, los legisladores tendrán solo dos opciones: rechazar el veto presidencial —para lo cual necesitarán alcanzar la mayoría de dos tercios de los diputados presentes— o aceptarlo.
Los números de la oposición
Los legisladores buscan construir mayorías con una base importante de diputados de Unión por la Patria, cuya bancada, liderada por Germán Martínez, suma 98 integrantes. Encuentro Federal, de Miguel Pichetto, está conformado por 15 legisladores; Democracia para Siempre, de Pablo Juliano, cuenta con 12; la Coalición Cívica tiene seis y el Frente de Izquierda, cinco. A ellos se les sumarían legisladores del PRO, como Álvaro González y Héctor Baldassi, ambos cercanos al exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta; y, desde la UCR, Fabio Quetglas, Julio Cobos y Natalia Sarapura, quienes ya acompañaron los aumentos a los jubilados.
Natalia Sarapura le dijo a TN que el acuerdo de los gobernadores es “muy positivo. Creo que la fuerza productiva está en el interior y siempre apuesto a que desde el interior surjan alternativas que tengan miradas superadoras, que pongan como horizonte el territorio, el pueblo, y se tomen decisiones en consideración de eso”.
La mirada en el blindaje a los vetos
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene diálogo con los gobernadores, y Martín Menem, presidente de Diputados, viene encabezando la estrategia para lograr un tercio del cuerpo e impedir que se alcancen las mayorías reglamentarias, de modo que queden firmes los vetos presidenciales a las tres leyes sancionadas por el Congreso. El año pasado alcanzaron ese objetivo con las leyes de movilidad jubilatoria y financiamiento para las universidades nacionales, cuando reunieron 87 diputados que blindaron los vetos de Javier Milei. “Los 87 héroes”, como los calificó el jefe de Estado.
Para esa construcción parlamentaria, los libertarios ya cuentan con los 39 diputados propios, más los seis de la Liga del Interior, que preside el radical neuquino Pablo Cervi. “Es un momento en el que es importante consolidar el rumbo que viene teniendo el país”, declaró Cervi, agregando que “buscamos fortalecer la gobernabilidad, impulsar el crecimiento, la generación de empleo y la construcción de un Estado más eficiente, al servicio de los argentinos”.
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A ellos se sumaría gran parte de los 35 diputados del PRO, motivados por el acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires que llevaron adelante Cristian Ritondo y Diego Santilli con los libertarios; el bloque Creo de Tucumán; Republicanos Unidos; Somos Fueguinos; y los radicales que responden a Rodrigo de Loredo y al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Mientras tanto, avanzan las conversaciones con los mandatarios provinciales de Río Negro, Misiones y con los gobernadores que este miércoles decidieron trabajar en conjunto.
Gobernadores, Diputados, Coparticipación, Elecciones 2025, Congreso de la Nación
POLITICA
Investigan si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel
El juez federal Sebastián Casanello investiga un ataque coordinado en redes sociales contra Victoria Villarruel e instruyó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal que analice las publicaciones denunciadas por la vicepresidenta para determinar si hubo un accionar conjunto. La titular del Senado había denunciado ser víctima de un hostigamiento digital por parte de dirigentes y tuiteros libertarios.
El 4 de agosto del año pasado, Villarruel denunció a la diputada nacional Lilia Lemoine; al biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, y a las cuentas de la red social X @El_Pubertario y @ElTrumpista, entre otras, por “incitar al odio” contra su persona de manera “metódica y permanente” a través de esa plataforma.
En una segunda presentación, Villarruel incorporó a la denuncia también al usuario @_Matteo12_ por un mensaje en el que hacía referencia a su persona y se leía “Va a aparecer muerta”.
Esta semana, la vicepresidenta volvió sobre el hostigamiento denunciado, esta vez a través de sus redes sociales, y compartió el posteo de una usuaria que reclamaba por haber naturalizado la violencia contra la titular del Senado y apuntaba contra el silencio de funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar”, decía la publicación.
La denuncia penal de Villarruel tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Casanello, que ahora instruyó al jefe de la División Ciberpatrullaje de la PFA para investigar a las cuentas de X denunciadas. Se busca determinar si existió un ataque coordinado contra la titular del Senado.
Según consta en el expediente judicial, el estudio “deberá estar orientado a recabar todo elemento que permita establecer y verificar la identidad de las personas que utilizarían los perfiles de la red social X (ex Twitter), su posible interacción entre sí, así como los domicilios y las direcciones de IP desde donde se habrían realizado las diversas publicaciones denunciadas”.
Casanello también desestimó la decisión del fiscal Franco Picardi de clasificar los tuits denunciados en tres categorías: amenazas públicas, calumnias e injurias −que, a diferencia de los anteriores, constituyen un delito de acción privada− y “acciones que no son constitutivas de delito, más allá de que puedan ser repudiables en el marco de una sociedad pacífica, democrática y entre iguales”.
Villarruel había pedido la revisión de tal criterio y ratificó su denuncia frente a lo que consideró un accionar “diario”, “sistemático” y “metódico”. La actuación de Picardi fue entonces avalada por el fiscal José Agüero Iturbe.
Ahora, Casanello desestimó esa decisión y dispuso que todas las publicaciones se analicen en conjunto. “Las características de los sucesos denunciados −al igual que la dinámica propia del campo de las redes sociales− aconsejan su análisis conjunto, cuanto menos de inicio. En este sentido, se advierte que puede resultar prematuro distinguir entre distintas porciones de hechos, desdibujando su real dimensión y gravedad. La eficiencia de la investigación y el descubrimiento de la verdad dependen de eso”, explica la resolución del juzgado.
Casanello entiende que las publicaciones contra la vicepresidenta podrían constituir un acto de “violencia contra las mujeres en la vida política” y que “si bien podrían llegar a considerarse inocuos individualmente, son capaces de conformar en su conjunto un patrón digital de abuso que merma la sensación de seguridad de la víctima y le provoca miedo, angustia o alarma”.
Los tuits y agravios contra Villarruel comenzaron tras el distanciamiento de Milei y la vicepresidenta.
Públicamente, desde la Casa Rosada ofrecieron distintos justificativos para explicar el quiebre, como haber autorizado aumentos de dietas en la Cámara alta y la aprobación de proyectos previsionales que desafiaban la premisa de equilibrio fiscal del oficialismo. El primer mandatario llegó a calificar a Villarruel como una “bruta traidora”.
hostigamiento digital,@AleMonteoliva,https://t.co/MEyC1IXSHW,pic.twitter.com/4ApsdX7nt0,February 6, 2026,Victoria Villarruel,Sebastián Casanello,La Libertad Avanza,Conforme a,Victoria Villarruel,,Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral,,El Presidente no viajó. La visita de Villarruel a Chubut por los incendios profundizó la batalla con el Gobierno,,Antes de viajar a Davos. Milei visita Córdoba: estará en el festival de Jesús María, pero todavía no confirmó cuándo
POLITICA
Tensión policial en Santa Fe: piden levantar la protesta y prometen que no habrá más pases a disponibilidad
El conflicto policial en Santa Fe sumó un nuevo capítulo, tras la última reunión entre representantes del Gobierno provincial y efectivos que protestan frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.
La cita, convocada para las 23.30 del martes, se prolongó hasta la madrugada de este miércoles y contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Según se informó, el Ejecutivo presentó propuestas que están siendo analizadas por los manifestantes.
La decisión de avanzar en el diálogo se produjo luego de que los agentes aceptaran incorporar móviles de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando para reforzar los patrullajes nocturnos. Las concentraciones de policías continuaron tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.
Durante la mañana, uno de los voceros policiales solicitó a sus compañeros levantar la protesta, con el compromiso de que no habrá nuevos pases a disponibilidad para quienes participaron en las manifestaciones.
“No va haber más disponibilidades. Tenemos que demostrar buena voluntad y para que esto no se siga, tenemos que salir a la calle”, dijo el uniformado ante la prensa. Sin embargo, los oficiales que exigen mejoras salariales exigen que los 20 que ya fueron afectados por las medidas sean reincorporados. “Así como fueron a sus casas y les sacaron los chalecos vayan a buscarlos”, se los escuchó responder.
El Gobierno sigue de cerca el conflicto
El Gobierno nacional amplió la cobertura de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, tras las protestas e incidentes de la policía local por demandas salariales, lo que dejó sin patrullaje policial varias calles de la región.
“Nosotros acompañamos el esfuerzo de seguridad de cada una de las provincias. Desde la mañana del día de hoy (por el martes) hemos ampliado esas zonas. Estamos patrullando con las cinco fuerzas federales distintas zonas de la ciudad de Rosario”, aseguró anoche Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.
La funcionaria reveló que en las últimas horas mantuvo una comunicación constante con el ministro de Seguridad provincial y el gobernador Maximiliano Pullaro, a raíz de la crisis de seguridad, y que se “abrió un canal de diálogo” entre las autoridades locales y los manifestantes.
Las declaraciones ocurrieron tras un día de silencio oficial mientras las manifestaciones policiales, que comenzaron el lunes en Rosario, se extendieron el martes a otras ciudades, generando inquietud entre la población por la falta de efectivos.
Monteoliva remarcó: “De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida. Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad”.
El contexto de la protesta incluye bajos salarios entre los agentes y un aumento en los suicidios dentro del cuerpo policial, según manifestó el vocero Gabriel Sarla, quien advirtió que los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. El Ministerio de Seguridad nacional reiteró que el despliegue federal permanece activo en el distrito bajo el “comando unificado” del plan Bandera y confirmó contactos con autoridades locales hasta última hora del martes.
La protesta policial inició el lunes con una manifestación frente a la Jefatura de Policía, donde agentes y personal penitenciario, junto a familiares, se acuartelaron. Tras varias horas, fueron desalojados, pero el martes retomaron la protesta con una caravana de patrulleros haciendo sonar sirenas y cortando calles con neumáticos encendidos.
Las manifestaciones se expandieron a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se repitieron los acuartelamientos. El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, informó en conferencia de prensa que al menos veinte agentes serán separados temporalmente de sus funciones por “atentar contra el servicio de seguridad”.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe inició una investigación penal por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según Sarla, las armas, credenciales y chalecos de los agentes fueron confiscados el martes.
La Cámara Federal porteña hizo lugar este martes a un planteo que había presentado el año pasado Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) procesado este lunes, y ordenó que se abra una nueva investigación sobre el origen de los audios en los que una voz adjudicada a él habla sobre corrupción en el organismo. El objetivo final del exfuncionario es que todo el caso se declare nulo.
La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah.
Este fallo podría obstaculizar el avance de la causa que investiga la corrupción en la Andis, que a partir de este jueves estará a cargo de un nuevo juez porque a Sebastián Casanello, autor de los procesamientos, le vence ese día la subrogancia. Casanello interviene en este expediente como suplente a cargo del juzgado federal 11, que no tiene titular. La Cámara sorteará este miércoles, a las 11, al nuevo magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. En el bolillero hay cuatro posibles candidatos: María Servini, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
En medio del ruido generado por la decisión repentina del Gobierno de no implementar el anunciado índice de inflación basado en una canasta de consumos más actual que la utilizada ahora, el Indec comunicó que en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,9%.
En consecuencia, las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán en marzo un reajuste de 2,88% (para la movilidad previsional, se toma el índice con dos decimales).
El haber mínimo pasará entonces de $359.254,35 a $369.600,88 y el máximo de $2.417.441,63 a $2.487.063,95. Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán de $358.512,85 y $2.348.927,95, en cada caso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.
Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal y limitar el derecho a huelga. Pero la CGT consiguió alivio con algunos cambios que la beneficiaron, como el mantenimiento de la caja sindical de las obras sociales y el “aporte voluntario”.
Se les nota en la cara la nostalgia de enero. En apenas diez días de febrero, la Justicia madrugó a los funcionarios de Javier Milei −y al propio Presidente− con el procesamiento por delitos de corrupción en la función pública de un exintegrante del Gobierno (y exabogado del jefe del Estado), Diego Spagnuolo, y el Indec marcó una inflación de enero demasiado cercana al 3 por ciento.
La inflación ha subido en los últimos ocho meses; el último índice políticamente valioso para el oficialismo fue el de mayo de 2025, en el que se registró el 1,5 por ciento. Como consignó el lunes último, la sociedad percibe, para peor, que la suba de precios es superior a la información que suministra el Indec, aunque nadie cuestionó la gestión de Marco Lavagna al frente de la agencia de estadísticas oficiales ni la de su actual director, Pedro Lines, un economista que ya era un alto funcionario del organismo. El método de medición es muy viejo (Lavagna se fue porque no lo dejaron cambiar) o los salarios quedaron muy atrasados o suceden las dos cosas, pero lo cierto es que una mayoría social sostiene que su situación económica es mala y que con sus ingresos no puede llegar a fin de mes.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó, además, que su agencia constató un índice de inflación del 3,1 por ciento en enero. La diferencia con la del Indec es pequeña, como sucede siempre, aunque otro mundo lo habría aguardado a Milei si la inflación nacional hubiera comenzado con el número 3. Se trata de la simbología que forma parte de la política.
El presidente Javier Milei recibió este martes el Premio a la Libertad Económica, en el marco de la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, un evento de ultraderecha organizado en el club de Donald Trump Mar-a-Lago (Florida) al que no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero al cual mandó un video con un breve discurso. El mandatario argentino destacó el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y ponderó que Occidente está “recuperando sus valores bajo el liderazgo de los EE. UU.”.
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El periodista Marcelo Longobardi consideró que el presidente Javier Milei “tiene la reelección casi asegurada” en 2027 por diferentes motivos, entre ellos, una oposición debilitada que no logra rivalizar con La Libertad Avanza, un “clima de época global” favorable signado por la “ira” y un buen nivel de aceptación interna.
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Eran las primeras horas de este martes y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ya estaba en comunicación con el gobernador Maximiliano Pullaro y con su par provincial, Pablo Cococcioni, mientras avanzaba el conflicto con la Policía de la Provincia de Santa Fe, que todavía está activo y que suma fricción a lo largo de las horas. En la Argentina, la huelga de las fuerzas está prohibida.
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El Ministerio de Economía autorizó este miércoles el llamado a la licitación pública nacional e internacional para la concesión de Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones, que estará dividida en cuatro tramos que, en total, incluyen más de 2500 kilómetros de rutas nacionales y sectores en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
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Apenas un día después de haberse publicado el decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal —que pone en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y busca estimular que entren en circulación los dólares que los argentinos tienen “en el colchón”—, el Ministerio de Economía armó una reunión explicativa con referentes del mercado local de capitales para explicar la iniciativa y promoverla.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de esta cartera y al que fueron invitados sólo algunos actores del mercado local de capitales, fue encabezado por el Luis Caputo, que venía ayer de instar a los argentinos a “llevar sus ahorros al banco”, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, lo que da cuenta de la importancia que la cúpula del equipo económico le da a esta nueva ley.
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La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que el funcionario defendiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno y atribuyera al kirchnerismo la falta de creación de empleo formal en los últimos años.
El intercambio se desató a partir de una entrevista radial, continuó en redes sociales y escaló más tarde a la pantalla de LN+, donde Santilli retomó el tema en una charla con el periodista Luis Majul. Allí sostuvo que “no se generó un puesto de trabajo neto” durante las gestiones anteriores y afirmó que “dato mata relato”, al insistir con que la precarización laboral no comenzó con la administración actual, sino que fue fruto de los gobiernos kirchneristas.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló en LN+ acerca del proyecto de la baja de la edad de imputabilidad que se tratará en el Congreso este jueves y confirmó que la edad acordada será de 14 años inclusive. Además, explicó por qué impulsó este cambio el Gobierno: “Es un cambio significativo porque desde el Estado no se puede no tener respuesta a una situación tan crítica como la de delitos cometidos por menores. No puede permanecer impune”.
Consideró que, de lo contrario, “no se puede dar respuesta a las víctimas” y que lo peor es “que un menor que comete un delito vuelva a un ambiente familiar que, en la mayoría de los casos, no es el adecuado, o que quede en una sociedad que no lo contiene”.
En ese sentido, evaluó que “en términos generales, ha habido un cambio de pensamiento y de paradigma. Hay un consenso generalizado de todos los sectores para avanzar en la modificación”. “Los menores que delinquen no son los mismos de hace 10, 20 o 30 años. Las organizaciones criminales se han transformado. El delito se ha transformado. También hay que animarse a tomar decisiones”.
“No solo cambiaron por el tipo de delito, sino por el involucramiento de jóvenes en una actividad temprana. Hay niños que empiezan la carrera delictiva a muy temprana edad por incentivos rápidos o para avanzar en la carrera criminal”, esgrimió la funcionaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno llamará a licitación pública nacional e internacional para la “construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones”. El esquema comprende más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividido en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), corredores clave para la logística, el transporte de cargas y la conexión con los principales polos productivos y portuarios del país.
Según precisó el funcionario en la red social X, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008 y apuntan a reemplazar un modelo deficitario por otro sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. El objetivo, agregó, es modernizar la infraestructura, mejorar el estado de las rutas, fomentar la inversión privada y preservar los recursos del Estado.
Importante 👇
✅ RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA II – B
Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones, que incluye más…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 10, 2026
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