La primera candidata a senadora nacional por Primero los Salteños, Flavia Royón, no anda con vueltas y acusa al gobierno de Javier Milei de insensible e improvisado, pero, a diferencia del kirchnerismo, rechaza de plano la idea de que el Presidente no concluya su mandato y se muestra dispuesta a dialogar si la Casa Rosada propone una negociación seria y un proyecto sustentable a mediano plazo para el país.

Alineada con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en un reportaje con la exsecretaria de Energía de Alberto Fernández tomó distancia de las opciones peronistas que compiten en el distrito y dije que llegó “la hora de las provincias”, que de una vez por todas tienen que “tomar revancha contra los gobiernos nacionales que diseñan políticas y las importan al interior”.

−¿Por qué votarla a usted y no a Urtubey, que también se muestra como una variante peronista y opositora?

−En Salta, tanto el PJ como Pro están intervenidos desde Buenos Aires y los candidatos del oficialismo también son claramente delegados del gobierno nacional. Entonces, somos un frente provincial que no tiene jefes en Buenos Aires. Segundo punto, por el partido justicialista hay dos frentes, el actual senador José Leavy y el exgobernador Juan Manuel Urtubey. En el caso de Urtubey ya fue ocho años diputado nacional, doce años de gobernador… nada nuevo. El planteo nuestro es ni pasado ni circo. El Senado son representantes de las provincias y en Primero los Salteños somos representantes que genuinamente defienden los intereses de la provincia, que no le levantan la mano a un jefe desde Buenos Aires.

−Usted fue funcionaria de un gobierno kirchnerista. ¿Qué garantía tiene el votante de que no se va a sumar al kirchnerismo una vez electa senadora?

−Tengo una trayectoria tanto en lo privado como en lo público y soy muy firme en mis convicciones. Creo en los proyectos y hoy la discusión de la política es una discusión de poder y no de proyectos. Esta pelea entre Milei y Cristina Kirchner no tiene absolutamente nada para Salta. Quiero un proyecto de desarrollo para mi provincia. Hoy lo que vemos en el gobierno nacional es una improvisación y el pasado ya sabemos lo que fue.

−¿Cuáles serían esos proyectos que quiere discutir en el Congreso?

−Primero, los proyectos que plantea ya hoy el Presidente: la reforma impositiva, la reforma laboral y la reforma jubilatoria. Y con la reforma impositiva hay que discutir la coparticipación, que hace treinta años está pendiente. Esos son proyectos que afectan directamente a las provincias. Es más, son las reglas de juego de la Argentina del futuro. Además, tenemos que replantear la ley de biocombustibles, actualizar el Código Minero, defender las economías regionales. Hay que hablar, también, de un banco de desarrollo productivo. Esa es una hoja de ruta de desarrollo que hoy no estamos viendo; una hoja de ruta seria a mediano plazo.

−Sin embargo, la elección parece ir camino a polarizarse de nuevo.

−Argentina se debate hace mucho tiempo con esto de la grieta y siempre estamos en una argentina pendular que lo único que propicia es la bicicleta financiera, que no crea empleo y que posterga a las provincias. Yo digo que hoy es la hora de las provincias, que tienen que tener revancha contra los gobiernos nacionales que muchas veces diseñan estrategias y las importan al interior del país. Hoy el mundo demanda lo que las provincias tienen: alimentos, energía, minerales, hidrógeno. Esos recursos son de las provincias por la Constitución del 94, las provincias son las que tienen la llave del desarrollo de la Argentina. Por eso es importante que en el Senado haya representantes genuinamente provinciales.

−Habló de reforma laboral, previsional e impositiva. ¿Piensa que podrá coincidir con el perfil que tendrán esos proyectos teniendo en cuenta su postura crítica con el gobierno de Milei?

−Para dar una opinión seria tendría que leer los proyectos. Igual, creo que hay que tener una mirada federal porque la realidad de las provincias es muy diferente a la del centro del país. Para que estas reformas sean sostenibles, sobre todo la laboral, hay que tener un proceso participativo no sólo en el Congreso y en la política, sino que también hay que tener una mesa con el sector empresario, con los sindicatos, para que las reformas sean sostenibles. Hoy lo que vemos es un Gobierno que no ha estado dispuesto a tener un diálogo con otros sectores y dispuesto a llevarse todo a los empujones. Corremos el riesgo de que estas reformas, que son importantes para la Argentina, no sean sostenibles en el tiempo si no se hacen con un adecuado proceso participativo y de debate.

−Sáenz apoyó en un principio a este Gobierno. ¿Qué fue lo que se rompió con las provincias que ahora denuncian falta de diálogo?

−Está a la vista cuántos proyectos se aprobaron el primer año contra los que se aprobaron en el segundo año. Esto fue producto de que el Gobierno se encerró en si mismo, incumplió el compromiso asumido con las provincias y esto derivó en la situación que tiene hoy el gobierno nacional.

−¿En qué incumplió la administración Milei sus compromisos con Salta?

−Recordemos que tenemos dos años sin ley de presupuesto y eso le da discrecionalidad al gobierno nacional para el manejo de los fondos. Firmó un acuerdo con la provincia de Salta que involucraba obras, rutas, continuidad de obras que habían quedado paradas, y ninguno de esos acuerdos se cumplió; al contrario, tampoco están reflejadas en el presupuesto para 2026.

−¿Coincide con la política de orden fiscal y de bajar la inflación a cualquier costo del Gobierno?

−Nosotros desde Primero los Salteños entendemos que es necesario una macroeconomía estable, pero esto, o la lucha por la inflación, no puede ser llevada de manera improvisada. Por ejemplo, en el tema discapacitados es un tema de falta de gestión. Primero deberían haber auditado y quitado las pensiones que no correspondían, porque tampoco creemos en el modelo del pasado donde dieron pensiones por discapacidad inexistentes, como caja política. Creemos en el equilibrio fiscal. De hecho, la provincia de Salta tiene equilibrio fiscal hace cinco años, pero con obra pública, con los vulnerables adentro, con educación, con salud. Hay que rediscutir y establecer prioridades.

−¿Estamos ante un gobierno insensible con el interior, de perfil unitario?

−Es un gobierno que ha mostrado muchísimo centralismo y que ha mostrado insensibilidad, sobre todo con los sectores más vulnerables.

−¿A qué atribuye esta postura?

−Creo que cada uno tiene su estilo, serán decisiones del Presidente. Son prioridades que responden al criterio del Presidente.

−¿Dada la organización institucional del país, se le puede marcar el rumbo a un gobierno desde el Congreso?

−Soy una persona profundamente democrática, no abono esto que quiere instalar el kirchnerismo de que el Presidente no debería terminar su mandato, creo que eso no es bueno para la Argentina. Pero en el Congreso, a la ley de Presupuesto se le dice la ley de leyes porque hay una discusión de prioridades y de rumbo. Es responsabilidad del Gobierno encontrar acuerdos para que Argentina vaya a un plan serio a mediano plazo, sustentable. Necesita sumar a aquellos actores de la política que sí están dispuestos a trabajar para lograr este objetivo. Ellos solos y por el camino más corto, no va a ser sostenible y eso no le conviene a ningún argentino.

−Entonces hay posibilidades de reanudar el diálogo con el Gobierno.

−Entiendo que en planteos que sean razonables y que nos lleven a una hoja de ruta de desarrollo y si discutimos un proyecto serio, sí.

La eventual reforma de la legislación laboral se coló como tema de debate en la campaña electoral. El presidente Javier Milei asegura que impulsará el año próximo un proyecto de ley que surgiría del intercambio periódico del Consejo de Mayo, un órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno con el objetivo de debatir y elaborar iniciativas y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo.

Integran el Consejo de Mayo referentes de diferentes sectores. En representación de la Confederación General del Trabajo (CGT) está Gerardo Martínez, el jefe de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra) desde hace 35 años.

“La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, planteó Martínez en una suerte de carta abierta para fijar la postura de la central obrera.

Y agregó: “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT, con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23″.

El capítulo IV del DNU 70/23 fue suspendido por la justicia laboral y está pendiente de una definición de la Corte Suprema. En ese megadecreto, que no está vigente, Milei incluyó modificaciones en los cálculos indemnizatorios hasta propuso avanzar contra la caja y el poder sindical. También buscó limitar el derecho a huelga.

“La evidencia muestra que ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores. Cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales el resultado fue el mismo: más precariedad, desigualdad y más exclusión”, expuso Martínez, de buen diálogo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además preside el Consejo de Mayo.

Martínez planteó que no es el “exceso de regulaciones laborales” el causante de la crisis económica, sino la ausencia de una política económica que brinde condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible. “El tan mentado costo argentino se debe al mal manejo de la política económica, tributaria y cambiaria. El salario no tiene incumbencia en el costo argentino. El libre ejercicio de la negociación colectiva como garantía de un diálogo social efectivo e institucionalizado es la llave maestra para lograr el desarrollo”, dijo el sindicalista.

El proyecto de reforma laboral que presentó La Libertad Avanza al cierre de 2024 es la diputada libertaria Romina Diez, cercana a Karina Milei. La intención del Gobierno es sumarle a ese proyecto lo que se acuerde en el Consejo de Mayo, según informaron fuentes oficiales a . A priori, la iniciativa oficial no afecta intereses gremiales ni generó por el momento resistencias en la CGT.

La iniciativa, cuyo título es “ley de promoción de inversiones y empleo” no contempla cambios en lo relativo a la recaudación y a la democracia de los sindicatos, ejes de otrosproyectos de ley impulsados por los aliados de Pro y la UCR. La propuesta libertaria apunta, sobre todo, a dar incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados. Una suerte de RIGI para inversores más modestos.

“Los gobiernos hablan de garantía jurídica para el patrimonio y las utilidades del empresariado, pero esta garantía desaparece cuando los destinatarios son los derechos del trabajo y los trabajadores. Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal», señaló Martínez.