POLITICA
Tras la declaración de emergencia, el Gobierno postergó la aplicación del Código Procesal Penal en Bahía Blanca

El Gobierno decidió en las últimas horas postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Bahía Blanca, establecido en un principio para el próximo 5 de mayo.
El Ministerio de Justicia de la Nación hizo lugar a una presentación realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad, justificada en la emergencia ambiental, económica y habitacional declarada días después del trágico temporal del 7 de marzo. De esta manera, se conoció que la implementación queda diferida para el 29 de septiembre del corriente año, a partir de las 00 horas, en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a Bahía Blanca.
En el informe solicitado por el organismo que conduce Mariano Cúneo Libarona, acerca del estado de las dependencias ubicadas en Bahía Blanca y localidades cercanas, el Tribunal mencionó el estado en el que quedaron las instalaciones judiciales afectadas por la feroz tormenta que dejó un saldo de 16 fallecidos y más de 1.400 evacuados.

Los argumentos se basan en los daños ocasionados en computadoras, mobiliario y archivos judiciales que quedaron flotando en los pasillos del Poder Judicial. En ese momento, el máximo tribunal de Justicia pidió a la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios hagan un informe sobre el estado de situación edilicio, informático y de muebles.
De acuerdo con la medida recientemente publicada, el informe refiere que “los edificios de los Juzgados Federales Nros. 1 y 2, y del Tribunal Oral Federal sufrieron daños de envergadura”. “Por un lado, el ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos ocasionó la avería de tableros eléctricos y bombas, así como pérdida de documentación y expedientes alojados en la oficina de Archivo que comparten ambos juzgados; por el otro, la inundación en las plantas bajas de las dependencias judiciales generó daños infraestructurales, y deterioro o pérdida total de mobiliario y equipamiento, con diferentes grados de severidad según edificio”, precisaron.

A su vez, la Procuración General de la Nación destacó que una de las sedes del Ministerio Público Fiscal del municipio “se encuentra inhabitable debido a los daños estructurales, falta de suministro eléctrico y servicio de internet, y presencia de barro y residuos cloacales derivados de la inundación” lo cual obligó a suspender las actividades de capacitación planificadas para el distrito para los días posteriores al temporal.

La zona en donde se encuentra el edificio central del Poder Judicial de Bahía Blanca fue una de las más afectadas. Allí, las construcciones que se encuentran en las inmediaciones a la plaza Rivadavia se inundaron. “Uno de los juzgados de responsabilidad penal juvenil y una defensoría se inundaron por completo. El agua arrastró mesas, computadoras, papeles, todo lo que había”, indicó una fuente del lugar.
La implementación del Código Procesal Penal Federal para transformar la manera en la que el Estado provee el servicio de administrar justicia y solucionar la mora en la duración de los procesos penales, estaba pautada para el mes de mayo en Bahía Blanca y para Mar del Plata, en abril. Ambos distritos son considerados estratégicos para la prevención federal de delitos.
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Hace tan solo unas semanas, el Gobierno nacional oficializó la designación del director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo destinado a coordinar la respuesta ante catástrofes naturales. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el decreto 250/2025, a través del cual se designó al abogado Santiago Hardie como máxima autoridad de la entidad. Junto a él, fue nombrado Pedro Ignacio Cabello en el cargo de subdirector Ejecutivo.
La AFE depende del Ministerio de Seguridad Nacional y fue creada formalmente mediante el decreto 225/2025. Su función será articular, en todo el territorio argentino, las políticas de prevención, asistencia y recuperación frente a desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, terremotos y tormentas severas. Su aparición responde a la necesidad de contar con un organismo con capacidad de respuesta rápida, coordinada y centralizada frente a crisis climáticas que se han intensificado en los últimos años.
La agencia tendrá a su cargo la implementación de la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, integrando recursos logísticos y humanos para atender tanto la preparación como la respuesta y reconstrucción postdesastre.
POLITICA
La investigación sobre las irregularidades en la AFA llega a la prensa de Estados Unidos

La investigación sobre los desvíos de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a la prensa de Estados Unidos, la sede de la próxima Copa del Mundo. El diario The Miami Herald refleja en un artículo publicado este viernes las sospechas de movimientos por al menos 260 millones de dólares conectados a empresas radicadas en el estado de Florida.
En un texto que cita la investigación periodística de , el medio destaca que Florida se ha convertido en el epicentro de un esquema de transferencias internacionales y empresas fantasma.
Los periodistas Antonio María Delgadoy Shirsho Dasgupta enfatizan que la escala del caso iguala —y potencialmente supera— los montos involucrados en el escándalo de corrupción de FIFA que sacudió el fútbol mundial hace una década. “Sólo una porción de los fondos manejados a través de TourProdEnter puede ser claramente vinculada a gastos legítimos de la AFA”, consigna el Herald, señalando que al menos 42 millones de dólares fueron transferidos a cuatro empresas limitadas radicadas en Miami sin empleados, sin actividad comercial declarada y sin operaciones visibles.
TourProdEnter es la empresa del exlegislador massista Javier Faroni, a la que la gestión de Claudio Tapia y Pablo Toviggino contrató como agente de comercialización de la AFA en el exterior.
“Estamos hablando de al menos 260 millones de dólares y es una cifra provisional que va a crecer”, señala Nicolás Pizzi, el periodista de que encabezó la investigación periodística en la Argentina, citado por el Herald.
En otro párrafo, la nota consigna: “Fondos fluyeron hacia entidades que no tienen empleados ni actividad comercial declarada, administradas por individuos con medios económicos limitados”. Añade que estas estructuras compartían características sospechosas: tres fueron registradas en la misma dirección de Miami, todas utilizaron el mismo agente corporativo, ninguna aparecía en directorios de edificios, y todas estaban vinculadas a individuos en Argentina con antecedentes financieros modestos, un empleado de farmacia, un trabajador de comercio, un empresario en quiebra.
El Herald detalla que investigadores creen que estas pueden haber sido “empresas vehículo”. Es decir, estructuras diseñadas no para hacer negocios, sino para mover dinero enmascarando su destino final. El diario estadounidense sostiene que TourProdEnter operó con velocidad excepcional, realizando transferencias frecuentes hacia las sociedades limitadas de Miami. En algunos casos continuaron incluso después de que una empresa había sido formalmente disuelta.
“Formar una empresa en Florida es rápido, barato y requiere muy poca divulgación”, explica el Herald, al describir cómo las oficinas virtuales permitieron a los operadores mantener direcciones locales sin presencia física, mientras que los agentes corporativos registrados pudieron manejar el papeleo. Aunque para empresarios legítimos estas características son convenientes, para quienes mueven grandes sumas a través de fronteras pueden convertirse en herramienta operativa.
Según los documentos que analizó el Herald citando información de , otros 109,9 millones de dólares fueron enrutados a través de una firma financiera radicada en Uruguay, que utilizó un vehículo de inversión en las Islas Vírgenes Británicas para administrar o mantener fondos. Aunque estas estructuras no son necesariamente ilegales, añaden capas de opacidad que complicaban el rastreo y ralentizaban la rendición de cuentas.
Parte de los fondos cuyo destino permanece parcialmente oscuro aparece haber sido dirigida hacia bienes y servicios de lujo. —recuerda el Herald— detalló gastos por decenas de millones en jets privados, yates, bienes raíces de alto nivel, actividades ecuestres y entretenimiento VIP.
El Herald reporta que los gastos abarcan varios continentes —desde destinos europeos hasta eventos deportivos exclusivos— y frecuentemente se alinean con viajes y actividades de funcionarios de alto rango del fútbol. También hay pagos menores pero inusuales: servicios personales, gastos de estética y consultorías cuyo rol no está claramente definido en los registros.
Entre los hallazgos específicos el Herald recuerda el pago de 340.000 dólares a la familia de un supuesto “guía espiritual” que viajaba con la selección nacional a grandes torneos,
Dado que las transacciones involucraban bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha atraído la atención de autoridades estadounidenses. Investigadores están examinando si se cometieron violaciones legales, incluyendo aquellas relacionadas con lavado de dinero o divulgación financiera, en tanto continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas.
“El mismo sistema que expusimos sigue operando”, señaló Pizzi en una conferencia reciente en Miami, según reporta el Herald. El periodista precisó que la red financiera que involucra Miami continúa siendo utilizada, subraya el diario de la Florida.
La relevancia de que un medio de prensa estadounidense de la escala del Herald documente esta investigación adquiere dimensión adicional en el contexto de que Estados Unidos será sede de la Copa del Mundo en 2026.
Expertos legales advierten que casos de esta escala —abarcando múltiples países y sistemas financieros— pueden tomar años para resolverse. La documentación por parte del Herald amplifica la presión sobre investigadores argentinos y refuerza la exposición internacional del caso.
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POLITICA
Javier Milei celebró el fallo a favor de la Argentina en el caso YPF

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria en el caso YPF con una sereie de mensajes en las redes y en un discurso durante la visita de un centro de formación de Capital Humano.
“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, arrancó su discurso Milei tras agradecerle a los abogados y a la Procuración.
Y a continuación cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exministro de Economía, Axel Kicillof. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetentw de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.
“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’, ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario.
“Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, dijo al dar un golpe de puño sobre el atril.
Más temprano, Milei celebró la buena noticia llegada desde Nueva York con dos tuits. Tras remarcar que la Argentina “no deberá pagar nada”, manifestó: “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional».
» Ganamos el juicio de YPF!!!TMAP.MAGA.VLLC!“, escribió el mandatario al poner una serie de sus acrónimos favoritos, ademá de una foto en la que aparece sonriente junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el CEO de YPF, Horacio Daniel Marín, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Y en otro mensaje agregó: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el prestamos del FMI en 2024)”.
“Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, remarcó.
En un posteo de X, el jefe de Gabinete se expresó en el mismo sentido: “Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina».
Y recalcó Adorni: “Hablame de gestion. Fin”.
En X, el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, felicitó al presidente por “su liderazgo y visión que fueron cruciales” y al al equipo legal de la Procuración. “Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes!”.
Caso YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones
La Justicia de EE.UU. revocó la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones contra el país por la expropiación de YPF durante el kirchnerismo.
La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza Loretta Preska no interpretó de manera correcta la legislación argentina, por lo que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó volver a revisar el caso.
La decisión implica que Preska deberá dejar sin efecto la condena por US$16.000 millones contra la Argentina. También tendrá que ajustar o anular las órdenes de ejecución y las apelaciones que se basaban en el ahora anulado fallo.
La Argentina había presentado la apelación al fallo original de Preska en septiembre de 2024. Recién en octubre de 2025 se hizo una audiencia de argumentos orales, en la que la defensa argentina y la de los demandantes expusieron y contestaron las preguntas del tribunal.
Apenas conocido el fallo de la Corte de Apelaciones, las acciones de Burford Capital, que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park y que lleva adelante la demanda, bajaban fuerte en la bolsa de Nueva York.
YPF
POLITICA
Con una deuda millonaria y prestaciones cortadas, se pone en marcha la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas

El miércoles 1 de abril, en Semana Santa, se producirá el traspaso de los afiliados a la nueva obra social de los militares, surgida del desdoblamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa). Así lo anunció el gobierno de Javier Milei, en momentos en que continúan los cortes de prestaciones en varios puntos del país y se mantiene la deuda de $212.000 millones.
Esa deuda creció significativamente en los dos primeros años de la gestión libertaria y, a la hora de encontrar razones, las fuentes oficiales atribuyen parte del pasivo al retraso de las “contribuciones patronales” que las Fuerzas Armadas están obligadas a aportar en su condición de empleadores del personal militar. Otras voces aclaran que ese retraso no alcanza a explicar el abultado desfinanciamiento.
Como lo dispuso el decreto 88/2026, firmado por el presidente Milei, los 529.000 afiliados que tiene Iosfa serán derivados a dos nuevas entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), para la familia militar, y la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales (Osffseg), para el personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
Ambas verán la luz con un beneficio de inventario negativo sobre sus espaldas, ya que seguirán concentrando los reclamos por la caída de las prestaciones y la acumulada deuda.
Hasta ahora no llegó el saneamiento prometido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, quien había anunciado que el Estado se haría cargo de la abultada deuda. En tanto, en varias provincias los afiliados enfrentan dificultades para la cobertura médica, incluso en casos de pacientes graves o con tratamientos complejos.
En sectores castrenses se sigue el proceso con preocupación y desconcierto, dado que muchos esperaban que el nombramiento del jefe militar Presti al frente de Defensa llegara acompañado de recursos para alivianar la crisis de la obra social y los retrasos salariales en las Fuerzas Armadas.
“Las prestaciones que se están garantizando en todo el país hasta regularizar la situación son las de alta complejidad, medicamentos de alto costo y derivaciones. Muchas de estas prácticas se demoran por las características federales y de diferencia de atención médica que hay en el país”, explicó a una fuente cercana a la nueva obra social.
En la nueva OSFA aseguran que “el resto de las prestaciones se irán regularizando gradualmente, a medida que ingresen los recursos y atento a las conversaciones con prestadores y proveedores”.
De todos modos, hay casos que preocupan y no pueden esperar. En Mar del Plata, donde la Armada tiene una fuerte presencia y existen también guarniciones del Ejército y unidades de la Fuerza Aérea, la obra social reúne unos 18.000 afiliados y el panorama es cada vez más complejo. “Hace tres meses que no tenemos prestaciones, tanto en el Hospital Privado de Comunidad, como en otras instituciones periféricas, centros oftalmológicos, institutos radiológicos y de kinesiología”, describió a un oficial retirado.
“Lo único que atiende el Hospital Privado son casos oncológicos graves y de riesgo de vida. Peor no se puede estar. Todos los meses pagamos puntualmente y de manera compulsiva, a través del recibo mensual, y no hay prestaciones. Cualquier cosa que un afiliado se tenga que hacer, desde un análisis de laboratorio hasta una cirugía que exija internación, debe pagarlo todo de su bolsillo”, graficó.
Otros testimonios recogidos por este diario muestran que situaciones similares se replican en otras ciudades del interior, como Bahía Blanca, Trelew, Mendoza y Tucumán. Hay familias que, frente a casos de salud graves, presentaron medidas cautelares en la Justicia ante la falta de respuestas.
“El pago de la deuda se regularizará gradualmente, a medida que comiencen a ingresar los recursos. Hay un acuerdo de las Fuerzas Armadas para realizar envíos de recursos progresivos: el primero en hacerlo será el Ejército, luego la Armada y después la Fuerza Aérea”, anticiparon a . Explicaron que el resto de las prestaciones se normalizarán a medida que ingresen los recursos y atento a las conversaciones con los prestadores y proveedores.
El coronel mayor retirado Ariel Guzmán ya está trabajando como administrador en la etapa de liquidación de Iosfa, tarea que se extenderá hasta febrero de 2027.
El 1 de abril comenzará a funcionar la nueva OSFA, que reunirá a 343.307 afiliados (175.062 del Ejército, 90.301 de la Armada, 66.743 de la Fuerza Aérea, 6589 adherentes y 4612 civiles). Ya está conformado el Directorio del organismo, con cinco representantes de las fuerzas militares designados por el ministro de Defensa. Ejercerá la presidencia el general retirado Sergio Maldonado, exdirector del Hospital Militar Central.
La obra social que reunirá al personal de la Gendarmería y la Prefectura quedará formalizada el 1 de agosto. Tendrá 187.365 afiliados (116.610 de la Gendarmería, 69.220 de la Prefectura y 2258 adherentes) y funcionará a través de la contratación de una empresa de medicina prepaga.
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