El Gobierno decidió en las últimas horas postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en Bahía Blanca, establecido en un principio para el próximo 5 de mayo.

El Ministerio de Justicia de la Nación hizo lugar a una presentación realizada por la Cámara Federal de Apelaciones de dicha ciudad, justificada en la emergencia ambiental, económica y habitacional declarada días después del trágico temporal del 7 de marzo. De esta manera, se conoció que la implementación queda diferida para el 29 de septiembre del corriente año, a partir de las 00 horas, en el ámbito de la jurisdicción correspondiente a Bahía Blanca.

En el informe solicitado por el organismo que conduce Mariano Cúneo Libarona, acerca del estado de las dependencias ubicadas en Bahía Blanca y localidades cercanas, el Tribunal mencionó el estado en el que quedaron las instalaciones judiciales afectadas por la feroz tormenta que dejó un saldo de 16 fallecidos y más de 1.400 evacuados.

Los argumentos se basan en los daños ocasionados en computadoras, mobiliario y archivos judiciales que quedaron flotando en los pasillos del Poder Judicial. En ese momento, el máximo tribunal de Justicia pidió a la Asociación Judicial Bonaerense y el Colegio de Magistrados y Funcionarios hagan un informe sobre el estado de situación edilicio, informático y de muebles.

De acuerdo con la medida recientemente publicada, el informe refiere que “los edificios de los Juzgados Federales Nros. 1 y 2, y del Tribunal Oral Federal sufrieron daños de envergadura”. “Por un lado, el ingreso de lodo, barro y agua servida en los subsuelos ocasionó la avería de tableros eléctricos y bombas, así como pérdida de documentación y expedientes alojados en la oficina de Archivo que comparten ambos juzgados; por el otro, la inundación en las plantas bajas de las dependencias judiciales generó daños infraestructurales, y deterioro o pérdida total de mobiliario y equipamiento, con diferentes grados de severidad según edificio”, precisaron.

A su vez, la Procuración General de la Nación destacó que una de las sedes del Ministerio Público Fiscal del municipio “se encuentra inhabitable debido a los daños estructurales, falta de suministro eléctrico y servicio de internet, y presencia de barro y residuos cloacales derivados de la inundación” lo cual obligó a suspender las actividades de capacitación planificadas para el distrito para los días posteriores al temporal.

La zona en donde se encuentra el edificio central del Poder Judicial de Bahía Blanca fue una de las más afectadas. Allí, las construcciones que se encuentran en las inmediaciones a la plaza Rivadavia se inundaron. “Uno de los juzgados de responsabilidad penal juvenil y una defensoría se inundaron por completo. El agua arrastró mesas, computadoras, papeles, todo lo que había”, indicó una fuente del lugar.

La implementación del Código Procesal Penal Federal para transformar la manera en la que el Estado provee el servicio de administrar justicia y solucionar la mora en la duración de los procesos penales, estaba pautada para el mes de mayo en Bahía Blanca y para Mar del Plata, en abril. Ambos distritos son considerados estratégicos para la prevención federal de delitos.

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Hace tan solo unas semanas, el Gobierno nacional oficializó la designación del director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), un organismo destinado a coordinar la respuesta ante catástrofes naturales. La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial mediante el decreto 250/2025, a través del cual se designó al abogado Santiago Hardie como máxima autoridad de la entidad. Junto a él, fue nombrado Pedro Ignacio Cabello en el cargo de subdirector Ejecutivo.

La AFE depende del Ministerio de Seguridad Nacional y fue creada formalmente mediante el decreto 225/2025. Su función será articular, en todo el territorio argentino, las políticas de prevención, asistencia y recuperación frente a desastres naturales como inundaciones, incendios forestales, terremotos y tormentas severas. Su aparición responde a la necesidad de contar con un organismo con capacidad de respuesta rápida, coordinada y centralizada frente a crisis climáticas que se han intensificado en los últimos años.

La agencia tendrá a su cargo la implementación de la Ley 27.287 del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) y la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, integrando recursos logísticos y humanos para atender tanto la preparación como la respuesta y reconstrucción postdesastre.