La reciente liberación de Gustavo Gabriel Rivara, uno de los argentinos que permanecían detenidos en Venezuela, renovó la esperanza y, al mismo tiempo, la angustia de las familias de quienes aún siguen privados de su libertad en ese país. Mientras las autoridades argentinas confirmaban el regreso de Rivara, la atención se centró inmediatamente en los casos que permanecen sin resolución, en particular el del suboficial de Gendarmería Nacional Nahuel Agustín Gallo, cuya situación sigue marcada por el hermetismo y la incertidumbre.

Este lunes, María Alexandra Gómez, esposa de Gallo, publicó un reclamo público a través de sus redes sociales donde exigió la liberación de su marido. El mensaje, dirigido directamente a las máximas autoridades del régimen venezolano, puso en evidencia la consternación de la familia tras más de un año de detención. Gómez subrayó: “Nahuel Agustin Gallo tiene que volver a casa, es inocente, ustedes lo saben y aún así no lo han liberado. Llevamos días preguntando por su caso en el Ministerio Público y no hay respuestas, en la Fiscalía aún no hay expediente, ni causas abiertas. Si ustedes dicen que es un proceso legítimo, ¿dónde está Nahuel?”.

El pedido cobró fuerza tras la confirmación oficial de la Cancillería argentina sobre la liberación de Rivara. El canciller Pablo Quirno informó que el ciudadano argentino fue asistido inmediatamente en la embajada en Colombia, donde se le brindó la documentación correspondiente. Quirno remarcó: “El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”. La situación de Gallo, sin embargo, dista de encontrar una solución: su familia denuncia que permanece incomunicado, aislado y sin acceso a procedimiento judicial alguno desde hace más de 14 meses.

Gallo, de 34 años, fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar por tierra a Venezuela para reencontrarse con su esposa e hijo, ambos residentes en ese país. El operativo se realizó en un puesto de migraciones en la frontera colombo-venezolana, donde las autoridades venezolanas lo interceptaron bajo sospecha de espionaje. Desde ese momento, el acceso a información sobre su paradero se volvió prácticamente nulo, tanto para los allegados como para los representantes diplomáticos argentinos. Según se pudo saber, se encuentra alojado en el centro de detención Rodeo 1, una prisión que no figura en los registros oficiales y ha sido señalada por organizaciones humanitarias como una de las más opacas y violentas del sistema carcelario venezolano.

La preocupación de la familia de Gallo se intensificó al descubrir que ninguna dependencia judicial venezolana reconoce formalmente su causa. Gómez expresó en su publicación: “¿Por qué está incomunicado y aislado? LIBéRENLO YAAAAA. BASTA DE TANTA MALDAD. Esto es un Crimen de Lesa Humanidad, 421 días llevamos rotos. Regresen a Nahuel a su país”. El reclamo fue acompañado por las etiquetas #LibertadParaNahuelYA y #CierrenTODOSLosCentrosDeTortura, visibilizando el caso en las redes sociales.

El contexto de la detención de ciudadanos argentinos en Venezuela ha generado preocupación en el gobierno de la República Argentina por la ilegalidad de las detenciones y exige explicaciones claras sobre el estado procesal de sus connacionales. En el caso de Rivara, quien estuvo recluido en el centro de detención El Helicoide sin cargos formales ni proceso público, las gestiones diplomáticas lograron finalmente el regreso a territorio seguro. Su detención fue calificada como arbitraria por la Cancillería, que resaltó el deterioro psicosocial sufrido por el argentino tras meses de incomunicación.

El caso de Germán Darío Giuliani, otro de los argentinos detenidos, también fue objeto de reclamos. Abogado de profesión, fue arrestado en mayo de 2025 bajo cargos de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Durante su cautiverio en Yare II, Giuliani grabó un video dirigido a su familia y a la diplomacia argentina en el que manifestó su temor por la vida y la falta de garantías legales, enfatizando: “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”.

La situación de Roberto Baldo y su esposa Montserrat Espinosa Irbern, propietarios de una pizzería en Caracas, es otro ejemplo de la opacidad en los procedimientos judiciales venezolanos. Detenidos en noviembre de 2024, permanecieron desaparecidos varios días y la ONG Foro Penal denunció la falta de acceso a información sobre su paradero y los motivos de la detención.

En todos los casos, las familias de los argentinos detenidos denuncian condiciones de reclusión marcadas por la incomunicación, el aislamiento y la ausencia de procesos judiciales transparentes.

El pedido de Gómez, acompañado por cientos de usuarios en redes sociales, mantiene viva la demanda por la libertad de Gallo y los demás argentinos privados de su libertad.

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