POLITICA
Tras la ratificación del acuerdo con la UE, el Gobierno activa negociaciones para quedarse con las mejores cuotas de exportación

Cuando en enero se firmó en Asunción el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó una carrera silenciosa pero intensa en cada uno de los países del bloque sudamericano. El objetivo es claro: acelerar la ratificación parlamentaria para llegar antes a la instancia en la que se definan y negocien las cuotas de exportación por producto.
El acuerdo establece cupos para las exportaciones sudamericanas hacia los países europeos. Esas cantidades no quedarán automáticamente asignadas, sino que deberán negociarse a través del propio bloque europeo y también mediante conversaciones bilaterales entre los Estados interesados. Esa instancia abrió una puja anticipada dentro del Mercosur.
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Desde el momento de la firma, los sectores que buscan ampliar sus ventas al Viejo Continente comenzaron a trabajar en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil para que los congresos aceleren la aprobación. La lógica es adelantarse y asegurarse una porción relevante de los cupos previstos.
Todos los países miembros tendrán posibilidades de exportación, pero puertas adentro del Mercosur ya se perfila otra discusión: la distribución interna de los beneficios. A algunos les interesa obtener una mayor cuota de exportación de determinado producto por sobre otro, lo que podría derivar en intercambios entre los negociadores del bloque.
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En la Argentina, el impulso más fuerte provino del sector agropecuario. Desde allí se trabajó durante meses para que el Congreso avance rápidamente con la ratificación y deje el acuerdo listo para su entrada en vigencia provisoria por parte del país. La urgencia no es solo formal: el momento en que cada Estado complete su trámite interno puede incidir en el posicionamiento posterior en la negociación de los cupos.
Mientras tanto, del lado europeo también hay expectativas concretas. La Unión Europea prevé que sus exportaciones al Mercosur aumenten hasta un 39%, un dato que anticipa impactos en distintos sectores productivos de la región. En Sudamérica, uno de los rubros más sensibles es el automotor, ya que el acuerdo contempla la eliminación de aranceles para la importación de vehículos de pasajeros en un plazo de 15 años. También aparecen como áreas desafiadas las de químicos, laboratorios y maquinaria.
Entre la dirigencia política y el empresariado sudamericano predomina una expectativa: que los efectos negativos que puedan registrarse en el corto plazo se compensen —e incluso se reviertan— en el largo plazo. La apuesta está puesta en una mayor apertura comercial y en un aumento de la competitividad derivado de ese proceso.
Sin embargo, la implementación del acuerdo no se limita a la cuestión arancelaria. Uno de los capítulos centrales es el ambiental. La Unión Europea exigió la incorporación de protocolos y regulaciones que, en algunos casos, requerirán adecuaciones por parte de los países del Mercosur. Se trata de normas que no siempre estaban presentes en la legislación o en la práctica regional.
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Fuentes consultadas por TN coinciden en que este apartado ambiental fija un marco de compromisos que condiciona la política futura. En el caso argentino, señalan que ese capítulo “entierra por completo” la posibilidad de retirarse de los Acuerdos de París, una alternativa que en algún momento había sido mencionada por el presidente Javier Milei.
Así, mientras los congresos nacionales debaten la ratificación, la discusión de fondo ya está en marcha. El “apuro” no responde solo a una cuestión de calendario legislativo, sino a una carrera estratégica por llegar mejor posicionados a la mesa donde se definirán las cuotas y, en definitiva, el reparto concreto de los beneficios del acuerdo.
Acuerdo Mercosur UE, MERCOSUR, Unión Europea, exportaciones
POLITICA
Organismos de DD.HH. afines a Cristina Kirchner pidieron flexibilizar sus condiciones de detención

Organismos de derechos humanos vinculados al kirchnerismo reclamaron este martes que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. En una conferencia de prensa realizada en un anexo de la Cámara de Diputados, sostuvieron que a la expresidenta no se le garantiza la igualdad ante la ley si se compara su situación con la de condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen arresto en sus casas sin limitaciones de visitas.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución, luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y quedó firme tras la revisión de la Corte Suprema, lo que habilitó el inicio de la ejecución de la pena. Por su edad -tiene más de 70 años- el tribunal le concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Los convocantes -entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), y Actores y actrices argentinas- anticiparon que enviarán una nota al Tribunal Oral Federal N° 2 para solicitar la revisión de las restricciones impuestas. El TOF 2 está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
“Basta de internas”, repitieron varios expositores, en un llamado a la unidad del peronismo.
Carlos Pisoni, referente de H.I.J.O.S. Capital, abrió la conferencia. “Cristina Kirchner es inocente. Está cumpliendo restricciones en su prisión domiciliaria que son injustas. No hay ningún preso en la Argentina que tenga estas condiciones. Lo dispuesto por el TOF 2 viola el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación”, afirmó.
Según detallaron, la expresidenta solo puede recibir visitas dos días por semana, durante dos horas cada día, con un máximo de tres personas por jornada. Cada visita requiere una autorización judicial previa, con indicación de día y horario.
“Mientras a Cristina le restringen las visitas y sus derechos políticos, hay genocidas condenados por torturas, violaciones, apropiación de menores y homicidios que cumplen sus condenas en sus casas, en countries, sin ningún tipo de limitación”, señalaron los organizadores. Sostuvieron que no existe una norma que obligue a imponer esas restricciones y calificaron la decisión del tribunal como “arbitraria”.
Durante la conferencia se proyectó un video con ejemplos de represores condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que gozan de arresto domiciliario sin restricciones. Entre los casos mencionados estuvieron Alessandro Domingo Agostino, Miguel Ángel García Velasco y Randolfo Luis Agusti Scacchi.
El ejemplo más desarrollado fue el de Jorge Antonio Olivera, condenado por secuestros, torturas, violaciones y homicidios, quien -según el video- celebró sus 50 años de casado con una fiesta para 60 invitados. Los organizadores subrayaron que todos los casos mencionados fueron juzgados por el mismo Tribunal Oral Federal N° 2 que condenó a Cristina Kirchner.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tomó la palabra para sostener que la expresidenta es “víctima de lawfare, como Lula en Brasil” y pidió “derecho e igualdad”. “Que le saquen la tobillera a Cristina. Es una acción represiva psicológica”, afirmó. “Basta de internas”, pidió. “Tenemos que unir voluntades y trabajar por su liberación”.
Guillermo Pérez Roisinblit, por Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó “igualdad de trato y no discriminación”. La cantante Teresa Parodi sostuvo que “Cristina es inocente” y afirmó que “está presa la democracia”. Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, pidió “libertad para Cristina y para Milagro Sala” y llamó a demostrar la unidad “con los hechos”.
El cierre estuvo a cargo de Pisoni, quien leyó el tramo final de la nota que enviarán al tribunal: “Solicitamos que este tribunal evalúe la razonabilidad de las restricciones señaladas y considere su revisión a fin de garantizar la plena vigencia de los principios de igualdad y no discriminación”.
En la primera fila participaron los diputados y senadores Vanesa Siley, Jorge Taiana, Germán Martínez, Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Juan Carlos Molina, Carlos Castagnetto, Mario “Paco” Manrique, Matías Molle, Eduardo Valdés, Javier Andrade, Andrea Freites y Mariano Recalde. También estuvieron presentes Leopoldo Moreau y Florencia Saintout.
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POLITICA
Causa por la evasión de $19.000 millones: la Justicia rechazó el pedido que hizo «Chiqui» Tapia para suspender su indagatoria

La Justicia rechazó el pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y ratificó el llamado a indagatoria en medio de la investigación por presunta evasión de más de $19.000 millones.
El planteo fue presentado por los abogados de Tapia, que argumentaron ante la Cámara que no existió delito y que la deuda ya fue cancelada. Pese a esos fundamentos, este martes, el juez Diego Amarante mantuvo la convocatoria para que el dirigente declare como imputado.
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La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo acusó a Tapia y a otros dirigentes de la AFA, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, por la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.
El cronograma judicial establece que Tapia debe presentarse el jueves 5 de marzo, mientras que la indagatoria de Toviggino, prevista para el día siguiente, fue postergada.
La resolución del juez incluyó también la prohibición de salida del país para los imputados. Sin embargo, días atrás, Tapia solicitó autorización para viajar al exterior por tres días para asistir a un partido de la Conmebol en Brasil y a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol.
Amarante habilitó el viaje, pero fijó una caución real de 5 millones de pesos como garantía para suspender temporalmente la restricción.
Cómo se originó la causa y qué pruebas analiza la Justicia
ARCA detectó retenciones impositivas y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. Los períodos bajo análisis van de marzo de 2024 a septiembre de 2025 e incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
Según la denuncia inicial, el monto no ingresado era de $7.593.903.512,23, pero luego se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones.
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ARCA sostuvo que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención. “Los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”, argumentó el organismo.
Desde el punto de vista penal, la figura prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes.
Qué pruebas complican a Tapia y la AFA
Para fundamentar el llamado a indagatoria, el juez Amarante valoró un informe técnico que detalla el movimiento de fondos de la AFA. Según ese documento, en diciembre de 2024 la entidad registró acreditaciones por más de $45.072 millones y durante 2025 los ingresos superaron los $453.449 millones. Además, en ambos años se constituyeron varios plazos fijos en pesos y dólares.
Entre las pruebas incorporadas figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de depósitos a plazo por sumas significativas.
Otro elemento clave fue la declaración de la contadora Mónica Bouvet, gerente de Administración y Control de la entidad. Bouvet explicó que las tres autoridades principales son el Presidente, el Secretario y el Tesorero, quienes firman los estados contables.
También detalló que su área confecciona la declaración jurada a través del sistema SIRE y que, una vez realizada, informa por mail el vencimiento del pago. “Todos los vencimientos son informados vía mail y después le mando un cuadro con la deuda acumulada, cuando lo solicita o como recordatorio, y él me transmite la instrucción de pagar”, declaró.
La defensa de Tapia sostiene que no hubo delito y que la deuda fue cancelada, por lo que pidió la nulidad del llamado a indagatoria. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo y ratificó la citación.
Chiqui Tapia, AFA
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La Justicia confirmó la indagatoria a Claudio Tapia para el jueves

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un intento del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para suspender su indagatoria de este jueves y la del resto de los dirigentes investigados en la causa que revisa las deudas de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Así, Tapia deberá presentarse este jueves en el expediente en el que se investiga una presunta evasión.
“Por recibida la presentación efectuada en el día de la fecha porla defensa técnica de la Asociación del Fútbol Argentino y de los señores Claudio Fabián Tapia, Cristian Ariel Malaspina y Gustavo Roberto Lorenzo, por la cual solicita que se dejen sin efecto las audiencias indagatorias fijadas respecto de sus asistidos hasta tanto se concluya con la sustanciación y se resuelva el planteo de nulidad absoluta en el marco del incidente N° CPE 1182/2025/6, agréguese y a lo solicitado, por improcedente, no ha lugar“, dice la resolución.
Noticia en desarrollo
Diego Amarante,Federico González del Solar,Conforme a
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