El presidente Javier Milei evalúa viajar a Europa tras su nuevo paso por Estados Unidos, pautado para el 5 de diciembre para asistir al sorteo de los grupos del Mundial 2026.

El motivo de este eventual viaje al continente europeo es avanzar con el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Javier Milei volverá a viajar a Washington para participar del sorteo del Mundial 2026

Si bien todavía no hay una decisión firme al respecto del viaje, desde Balcarce 50 remarcan la posibilidad de que el mandatario visite Francia para destrabar el acuerdo entre ambos bloques económicos, pues la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, fijó como fecha límite el 20 de diciembre para que los países del bloque den el visto bueno al acuerdo.

En la Casa Rosada tienen en la mira el rol de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la principal aliada de Milei en Europa, en torno a la negociación por el acuerdo comercial.

Entre los viajes ya confirmados, Milei asistirá de nuevo al Foro Económico de Davos, Suiza, que se celebra anualmente en enero. En esta ocasión, el evento tendrá lugar entre el 19 y el 23 de ese mes de 2026.

A su vez, el mandatario confirmó un nuevo traslado a Estados Unidos para encabezar el “Argentina Week 2026” que se hará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo.

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La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, pidió al máximo tribunal que resuelva la puja que tiene con la Justicia de Entre Ríos. En ambos se investiga a Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito. La defensa del ex legislador dice no tener preferencia.

La magistrada elevó a la Corte la contienda positiva de competencia que mantiene con el juez de Garantías N° 2 de Concordia, Ives Bastián. Ahora, el máximo tribunal deberá darle entrada. Luego, pedirá opinión al Procurador General Eduardo Casal. Y recién entonces fallará.

Fuentes tribunalicias indicaron a Infobae que es imposible que el trámite concluya antes de la feria judicial de verano. Lo más probable, arriesgaron, es que pase para el 2026.

La disputa comenzó tras el incidente de Kueider en Paraguay, a pesar de que las causas ya estaban abiertas en San Isidro y en Concordia. El 17 de diciembre del año pasado, Arroyo Salgado pidió a Bastián que se inhiba y le remita las actuaciones. Habían transcurrido dos semanas desde la detención del ex senador por tener USD 200 mil sin declarar.

Tres meses después, el 10 de marzo, el magistrado entrerriano le respondió que no. Se declaró competente e invitó a su colega federal a llevar la cuestión ante la Corte. Sin embargo, la defensa de Kueider recurrió el fallo. Dos meses más tarde, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Bastián.

14 mil fojas de investigación

En el resolutorio de Arroyo Salgado, firmado el pasado lunes 3 de noviembre, hay cuatro argumentos principales para sostener la causa en San Isidro. Dos son materiales y los restantes más formales.

En el primer conjunto, planteó la conexidad del enriquecimiento ilícito con el lavado (un delito federal), y la vinculación con el caso Securitas, ya que el accionar de Kueider se relaciona con un entramado delictivo mayor. Esta otra causa indaga el pago de coimas a entes y empresas públicas nacionales y provinciales. La meta era quedarse con contratos de seguridad privada. Una de ellas es la distribuidora eléctrica entrerriana Enersa.

Arroyo Salgado le puso números a la maniobra de “Securitas”. Entre 2013 y 2018, los pagos indebidos habrían sumado USD 7.600.000. A esto se sumaría la evasión de una cifra entre los 12 y los 36 millones de dólares. El mecanismo utilizado sería el de proveedores fraudulentos.

En el segundo, puso sobre el tapete que la causa por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante en su Juzgado tiene un grado de desarrollo mayor. En Securitas ya se acumulan más de 50 cuerpos (cada uno con 200 fojas) y 118 incidentes. Por otro lado, en la investigación sobre Kueider se han reunido 20 cuerpos, 80 incidentes y ya hay 15 imputados.

A esto, sumó la existencia de jurisprudencia de la Corte. Los antecedentes marcan que cuando hay sospechas de lavado de activos vinculado al ejercicio de cargos públicos, la competencia corresponde a la justicia federal. El principio rige incluso si parte de los hechos ocurrieron en el ámbito provincial.

Dos fiscales, un camino

“No nos interesa quién resuelva ni quién lleve adelante la investigación”, dijo a este medio el abogado Juan Martín Cerolini, defensor de Kueider, ante la consulta acerca de la intervención de la Corte.

Sin embargo, en el entorno personal del ex político sí existen preferencias sobre el destino de las investigaciones. Los procesos se parecen, pero no son iguales. En San Isidro la lupa está puesta en el período 2015/2019, cuando fue secretario General de la Gobernación y luego senador nacional electo. En Concordia, la ventana de tiempo es más amplia: comienza en 1999, cuando fue edil de la ciudad.

Con recaudos, evalúan que es conveniente que se centre en manos de Arroyo Salgado. Las salvedades que hacen apuntan al fiscal federal que interviene. Se trata de Fernando Domínguez.

Kueider se considera un víctima del kirchnerismo que no le perdona su voto favorable a la Ley Bases, lo que habría arruinado, según dijo el ex legislador, la caída del Gobierno de Javier Milei que buscaban los K. En ese relato, Domínguez entra como ex integrante de Justicia Legítima. El colectivo de magistrados y funcionarios judiciales se forjó hace una década. Desde siempre se le endosó simpatías con el poder político de aquel entonces.

La percepción que tienen de Domínguez muchos de sus colegas es distinta. Lo consideran un funcionario íntegro, honesto y muy serio. “Es una máquina de laburar”, lo catalogó otro fiscal federal que compartió tareas con él.

Si la causa no va a San Isidro, se concentrará en Concordia. Ahí el círculo del ex senador abandona las dudas y esgrime certezas particulares. El foco está en el fiscal José Arias, responsable de la investigación dado que en Entre Ríos rige el sistema acusatorio. Argumentan que tiene, sin tapujos, animadversión hacia todo lo que huela a peronismo. “Es gorila”, simplificaron.

Como respaldo, citaron que la Cámara de Casación apartó a Arias de tres causas por pérdida de la imparcialidad. En todas investigaba al ex intendente justicialista de Concordia, Enrique Cresto, un ex aliado político de Kueider.

El fiscal pertenece a una familia ligada al integrismo religioso católico. Su padre, Alberto Arias, tuvo sus 15 minutos de fama en 2010. Como titular del Registro Civil de Concordia se negó a celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo. Alegó razones de conciencia y ser abogado canónico.

“En el Gobierno hay urgencia por aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas, pero no logran consenso interno”, resaltó Maru Duffard en su análisis en Infobae En Vivo. La periodista brindó detalles sobre la última reunión de “pesos pesados” del gabinete nacional, en un contexto donde la premura y las diferencias internas marcan la agenda legislativa.

Duffard profundizó sobre las disputas internas en la antesala del tratamiento del presupuesto, lo que incluye la puja entre el área económica —representada por Luis “Toto” Caputo— y el ala política liderada por Diego Santilli, así como la presión sobre técnicos legislativos como María Ibarzabal y la necesidad de avanzar rápidamente para aprovechar el “voto renovado” que recibió el Ejecutivo en las elecciones recientes.

En diálogo con sus colegas, Duffard graficó el vértigo de la interna oficialista al sostener: “La estrategia del Gobierno es avanzar con el presupuesto y las reformas de segunda generación, pero todavía no hay acuerdo en el propio Gobierno sobre la letra chica. Por eso no pueden ofrecer certezas ni a los legisladores ni a los gobernadores”.

La periodista explicó que la reunión clave de la que participó estuvo integrada por los “Caputo”, en referencia al ministro de Economía y Santiago Caputo, también actor político determinante; por Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y los presidentes de ambas cámaras, entre ellos Martín Menem y figuras como Patricia Bullrich.

Duffard subrayó el papel de María Ibarzabal como la técnica encargada de “traducir” las necesidades políticas en normativas concretas: “Es la que lleva, no toma decisiones, pero le dicen ‘queremos que esto sea una tasa’ y ella responde que necesita tiempo para armarlo legalmente. Su presencia es central para afinar los detalles y sortear los límites constitucionales”, relató, marcando que la demanda de la oposición y de sectores internos es, precisamente, conocer la “letra chica” antes de salir a buscar apoyos.

La tensión principal se da, según Duffard, en la dificultad de alinear los intereses económicos, los pedidos de legisladores y los reclamos provinciales. “Todo eso hay que armarlo y con premura, porque hay consenso en que mientras más rápido salgan estas leyes, mucho mejor. Si se demora, el impulso político del gobierno empieza a jugar en contra. El capital del voto renovado recibido en las elecciones está en tiempo de descuento”, alertó.

Bajo esa presión operan ministros y técnicos que, más allá del acuerdo en el rumbo, no logran todavía cerrar todos los artículos y definiciones de las iniciativas, especialmente en el caso de la reforma laboral, la tributaria y el Presupuesto 2026.

Uno de los puntos neurálgicos del debate —reveló Infobae en Vivo, en el programa de la mañana— es la ausencia de acuerdos sólidos sobre la reforma laboral: “No se puede ir a pedir apoyos a los gobernadores o a los legisladores si no se define cada detalle de la reforma. Eso quedó claro cuando Patricia Bullrich y Diego Santilli insistieron en que necesitan la letra chica antes de negociar con las provincias”.

Según la periodista, la resistencia surge porque “cada reforma toca intereses distintos: la laboral afecta a un grupo, la impositiva toca la recaudación de las provincias. El reclamo que se le hizo a Santilli tuvo una respuesta parcial en las últimas horas, cuando se acordó la eliminación de retenciones para el petróleo convencional, lo que representa una ‘cucarda’ para el ministro del Interior y un ejemplo de los pequeños consensos que se van hilvanando con los gobernadores”.

Otro factor de peso en el tire y afloje es el rol de los asesores de comunicación y de la principal estructura legislativa del Ejecutivo. Duffard repasó la interrelación entre los equipos: “El ministro de Economía cruza los pedidos empresariales con los de las cámaras y sectores productivos, mientras que áreas como la de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, agrega sus propios condicionantes, sobre todo cuando alguna cifra o decisión puede afectar a las partidas sociales”.

La carrera por consensuar y presentar un texto finalista no solo es interna, sino también pública. Duffard analizó que “mientras más tiempo pasa, se debilita la posibilidad de festejar ante la opinión pública la aprobación de estas leyes”. En ese sentido, destacó la presión que ejerce el propio presidente, Javier Milei, sobre su círculo inmediato para lograr resultados. “Vos le preguntás a Milei, a Santilli o a Karina Milei cuándo quieren que salga el paquete, y todos responden ‘ayer’. Quieren capitalizar el triunfo electoral antes de que ese capital político se agote”.

Duffard también puso en relieve el modo en que los equipos técnicos están “compaginando” propuestas, artículos, números y objeciones de cada ministerio. “La palabra es afinar. Ayer lo que se intentó fue dar un ‘shot’ de energía a los equipos para que terminen la tarea. Hay acuerdo en que tiene que salir un presupuesto consensuado y que el tratamiento será en diciembre, pero el trabajo fino continúa”, resumió.

Acerca de la atmósfera política de fondo, la periodista consideró que existe una coincidencia transversal sobre la necesidad de reformas estructurales, aunque “todos reconocen que tocar intereses implica asumir costos y generar incomodidad. La dificultad está en convertir esa voluntad general en un paquete legislativo viable, rápido y alineado con los equilibrios provinciales”.

La conferencia resaltó además el rol de las figuras políticas de primera línea en la dinámica de la “Rosada”. Duffard evocó la presencia de Bullrich, Menem, Adorni y el doble mando de los Caputo como determinantes para empujar el proceso. Mencionó también la falta de la vicepresidenta Victoria Villarruel y atribuyó su ausencia al hecho de que el interlocutor principal en la reunión fue Bullrich. Además, recordó la importancia de “cerebros técnicos” como Ibarzabal, para resolver sobre la marcha los obstáculos legales o procedimentales: “Sin un armado legal sólido, cualquier reforma puede caerse en la Justicia o desatar conflictos dentro del Congreso”, advirtió.

Duffard concluyó análisis subrayando que, pese a la ansiedad y el apuro del oficialismo, todavía “no hay texto definitivo ni acuerdo cerrado, lo que obliga a seguir negociando y a sumar el visto bueno de cada sector antes de llevar el paquete legislativo a ambas cámaras”.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, María Eugenia Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

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