El Gobierno resolvió extender el plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, según confirmaron dos integrantes de la mesa política a Infobae, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

Como anticipó Infobae, se trataba de un debate que maduró en la mesa política y que finalmente resolvió con la intención de completar el tratamiento legislativo ante el ajustado calendario electoral marcado por los feriados de Carnaval. De esta forma, el presidente Javier Milei deberá emitir un nuevo decreto que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febero.

El problema que mantienen hasta entonces reside en la emisión del dictamen, que en el escenario ideal debiera estar listo antes del 18 a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, plan que se complejiza por las posibles salidas de los diputados a sus provincias durante el receso.

La ingeniería en el calendario se debe a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico. Si bien el trámite solo requiere de un nuevo decreto, en Balcarce 50 admiten el error inicial a la hora del diseño de la hoja de ruta legislativa.

Con la postergación, la administración libertaria apuesta a concluir el debate por la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, que iniciará este miércoles en la Cámara de Senadores, con intención de ser convalidada en Diputados días más tarde, sin modificaciones.

Un escenario similar ocurrió el pasado diciembre, cuando el Congreso trataba el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, cuando se pensó ampliar el plazo para tratar el proyecto de “Modernización” Laboral que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sin embargo, la postura fue resistada por quienes calificaban de compleja la tarea de convecer a los legisladores de sesionar durante en el período vacacional.

El proyecto que modificaría el esquema laboral configura una de las principales claves en la agenda del mandatario. Para su sanción, habilitó a sus alfiles negociadores a dar lugar a más 20 de modificaciones en el articulado, pero resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias, fuertemente cuestionado por los gobernadores, incluso los aliados, que ven afectada la recaudación de sus provincias.

Asimismo, además de la sesión de este miércoles, la Cámara Baja tratará el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con intención de reducir la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, otro aspecto clave del temario.

El objetivo central es llegar al 1° de marzo, domingo en el que el mandatario libertario pronunciará su habitual discurso inaugural de sesiones, donde develará las prioridades del Ejecutivo durante el año legislativo, con los principales proyectos tratados. Bajo esta lógica, y ante el ajustado cronograma, algunos temas fueron pensados para tratar más adelante como el acuerdo comercial con los Estados Unidos y la Ley de Glaciares.

El tema de los plazos formó parte de la reunión de mesa política que tuvo lugar esta mañana en las oficinas del Ministerio del Interior que ocupa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo la supervisión directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fueron parte de la misma los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior), pero también el asesor presidencia, Santiago Caputo; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem junto al armador Eduardo “Lule” Menem.

Mesa Política

Se retomó el juicio por la denominada Causa Cuadernos con el planteo de las defensas de los imputados. Se espera que se presenten más pedido de nulidad, como ya la hicieron Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros acusados.

El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchará hoy la defensa de los empresarios Rodolfo Armando Poblete y Benjamín Gabriel Romero, gerente general y titular de Hidrovía S.A.; del empresario Jorge Alberto Tasselli, presidente de Faraday SAICF y de General Plastic Corp S.A.; del exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; del presidente del Grupo Albanesi S.A., Armando Roberto Loson; y de Aznar.

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En la última audiencia, Ernesto Clarens, el financista ligado al matrimonio Kirchner, negó vínculos con De Vido y rechazó la existencia de las 376 comunicaciones telefónicas que figuran en el expediente entre ambos.

En esa línea, su abogado condicionó la permanencia de Clarens como arrepentido y solicitó que se corrijan las afirmaciones del requerimiento de elevación a juicio que, según su criterio, contradicen el acuerdo de colaboración firmado con la fiscalía.

En su declaración, Clarens relató que en 2005 fue convocado por el empresario Carlos Wagner, quien le transmitió que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública mediante una operatoria en la que él debía recibir los “retornos” de las constructoras y hacerlos llegar al entonces secretario de Obras Públicas, José López.

Según el expediente, Clarens recibía personalmente parte de esos pagos en sus oficinas de la calle Maipú. Otros imputados que se acogieron al beneficio del arrepentido lo señalaron además por supuestos aprietes y amenazas.

Luego fue el turno del empresario Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, representado por la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y pidió la nulidad de los cuadernos con las anotaciones de Oscar Centeno como prueba, por considerar que fueron adulterados.

Al retomarse el juicio, tras la feria judicial, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, abrió las cuestiones preliminares denunciando un presuntoforum shoppingen el inicio de la causa y apuntó contra el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli por un supuesto manejo extorsivo de la figura del arrepentido. Esos argumentos fueron retomados por varias defensas que también pidieron la nulidad del proceso.

La defensa de Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en el vínculo entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio(condenado por extorsión y espionaje ilegal). Por su parte, la defensa de De Vido, encabezada por Maximiliano Rusconi, cuestionó la acusación y recordó que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

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Baratta y De Vido fueron señalados por varios empresarios arrepentidos como figuras centrales del esquema. La acusación sostiene que Baratta, junto a su chofer Centeno sería quien recibía el dinero en efectivo, mientras que De Vido aparecía como una de las cabezas de la presunta estructura.

Todos los pedidos de nulidad serán tratados por el Tribunal cuando concluya la etapa de exposición de las defensas.

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El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) movilizó este martes en Rosario junto a más de 100 organizaciones gremiales de todas las centrales obreras para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La protesta tuvo como objetivo exigirle a los gobernadores provinciales y sus senadores que se opongan a la iniciativa que se debatirá en sesión este miércoles en la Cámara alta.

Mientras el Gobierno cerró toda vía de diálogo con los sectores más opositores, el titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Nacional, Rodolfo Aguiar, dio un fuerte mensaje de advertencia a los mandatarios dialoguistas. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, apuntó.

El gremialista, uno de los más confrontativos con la Casa Rosada, afirmó días atrás que el proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas, financiada con el 60% de los fondos coparticipables destinados a las provincias. Según su análisis, esta medida pondría en riesgo “todos los derechos laborales que conocemos” e instó a los gobernadores a “defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios”.

“Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse. Por eso es un error grave prohibirles mañana miércoles 11, que movilicen al Congreso que ejerzan el derecho de huelga a los trabajadores. Es una oportunidad perdida», lamentó, en un video compartido por redes sociales.

El gremio ATE advirtió que el capítulo fiscal de la reforma impactará directamente en las provincias. Estiman que la reducción de las alícuotas de Ganancias para grandes empresas representará 1,9 billones de pesos menos en recaudación anual, de los cuales $1,12 billones corresponderían a provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y $790.000 millones al Gobierno nacional.

Esta mañana, los sindicatos agrupados en el nuevo frente gremial ultraopositor –impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, las dos CTA y la Federación de Aceiteros– continuaron con su plan de lucha, sin el aval de la CGT, pero con medidas que incluyen movilizaciones y paros. Este sector sindical tiene críticas hacia la central obrera, e impulsa un perfil más beligerante a las medidas oficial de La Libertad Avanza (LLA).

“Este frente de sindicatos no para de crecer. Tiene que seguir peleando, no solo para derrotar la reforma laboral. La tiene que trascender, porque lo que hay que derrotar es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento de Milei”, alentó.

En este marco, Aguiar sostuvo que la reforma laboral propuesta “ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales”, y anticipó que podrían profundizar el plan de acción si la ley avanza en el Congreso. Además, vinculó la coyuntura de seguridad en Santa Fe al referirse al acuartelamiento policial, como un “ejemplo” de la tensión social que, dijo, podría agravarse con la aprobación de la reforma.

Días atrás, el 5 de febrero, sindicatos del mismo nucleamiento gremial realizaron una movilización en Córdoba como parte del “Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral Regresiva”, que busca promover acciones de resistencia en todo el país.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón, expresó: “Llaryora y sus legisladores tienen que entender que es una ley en contra de los trabajadores que la armaron los patrones por beneficio de ellos”. Según Yofra, el problema de fondo es económico y no se soluciona con cambios en la legislación laboral.

Las jornadas de protesta buscan exponer la posición de los gobernadores frente a la reforma y responsabilizarlos por un eventual avance del proyecto. El frente sindical rechaza cualquier intento de negociación parcial y desconfía de posibles declaraciones de inconstitucionalidad posteriores por parte de la Corte Suprema.

Este miércoles, la actividad gremial continuará con movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales en la Plaza de los Dos Congresos, mientras algunos sindicatos optarán por un cese parcial de actividades para facilitar la asistencia de sus afiliados, y otros, de perfil más combativo, realizarán una huelga de veinticuatro horas.

El sector estatal, nucleado en el sindicato ATE, anunció para el miércoles 11 de febrero un paro nacional con movilización al Congreso, en coincidencia con el tratamiento de la iniciativa en el Senado. Sin embargo, el otro gremio de peso, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), solo se limitó a convocar a la concentración ante el Congreso.

En el sector del transporte, la respuesta será dispar. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) resolvió no realizar un paro general, sino ceses de actividades parciales. Hasta las 14.30, horario previsto para la concentración frente al Congreso, el transporte público funcionará normalmente, aunque algunas organizaciones podrían realizar paros breves al cierre de la jornada. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a cargo de Roberto Fernández, garantizó el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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