POLITICA
Tras los incidentes, finalmente se aprobó la ordenanza que regula la actividad de los trapitos en Quilmes
El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó este lunes una ordenanza que reorganiza el sistema de estacionamiento y regula la labor de los cuidacoches, tras una jornada marcada por incidentes y una protesta que alcanzó el edificio municipal. La sesión, que contó con respaldo de la mayoría de los bloques, se realizó en un contexto de alta tensión: en las afueras del recinto, manifestantes identificados con organizaciones sociales encabezadas por sectores vinculados al diputado nacional Juan Grabois enfrentaron a las fuerzas de seguridad para expresar su rechazo a la medida. Los hechos de violencia, protagonizados por un grupo de personas encapuchadas que arrojaron piedras e intentaron ingresar al recinto, motivaron una fuerte custodia policial y derivaron en repudios de las autoridades locales.
El nuevo marco legal busca, según información oficial del Municipio de Quilmes, responder a una demanda histórica de vecinos y vecinas en torno al ordenamiento del tránsito, la seguridad vial y el uso del espacio público. Entre los puntos centrales, se destaca la convocatoria a una licitación pública para gestionar el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), con la novedad de que las personas que ya desarrollaban la tarea de manera informal serán incorporadas formalmente, con acceso a aportes jubilatorios y obra social. De esta forma se intenta dar respuesta a numerosas denuncias por la presencia de cuidacoches informales, conocidos popularmente como “trapitos”, especialmente en el centro de la ciudad.
Durante la sesión, la tensa atmósfera en las inmediaciones del Concejo Deliberante respondió al rechazo de organizaciones de trabajadores de la economía popular, que reclamaban la inclusión directa de sus miembros en la operatoria del sistema sin atravesar el proceso licitatorio. Las autoridades municipales reafirmaron su decisión de no realizar adjudicaciones arbitrarias y garantizar la transparencia del llamado a licitación, al tiempo que condenaron de manera enfática los hechos violentos registrados durante la jornada.
Según relató el Municipio de Quilmes, un grupo de aproximadamente 30 personas encapuchadas intentó irrumpir en el edificio durante la mañana del lunes, arrojando piedras y generando destrozos para intentar suspender el normal desarrollo del debate legislativo. “Desde el Municipio de Quilmes se respeta y garantiza el derecho a la protesta y a la libre expresión, pero se repudia de manera categórica cualquier hecho de violencia, entendiendo que ese no es el camino para manifestar diferencias u opiniones”, notificó la administración local en un comunicado.
Las protestas, impulsadas centrales por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), motivaron un fuerte cruce de declaraciones entre dirigentes políticos del propio peronismo bonaerense. En declaraciones realizadas en redes sociales, Juan Grabois cargó contra el gobierno local dirigido por Mayra Mendoza: “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”.
En ese mismo mensaje, el dirigente expresó: “Aclaro que la interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF, el espacio que responde a Kicillof) me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja… pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga”. Grabois sostuvo que no participó directamente de la organización de la protesta, aunque expresó su “cariño particular por el movimiento” que ayudó a fundar en 2001. El dirigente añadió que, además de los incidentes en las calles, se produjo la detención de una periodista que cubría la protesta: “Además de reprimir a los manifestantes, detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa. Exigimos su libertad. Esperemos que estos compañeros gobernantes reflexionen: la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder”.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) denunció mediante un comunicado que el operativo policial comenzó cuando los trabajadoras y trabajadores reclamaban ser escuchados antes de la votación de la nueva norma, la cual consideran representa una privatización del tránsito municipal. “Fuimos a defender el pan de nuestras familias y nos responden a los tiros para cuidar el negocio de una empresa privada”, señalaron los representantes de la organización en declaraciones a la prensa local.
Desde la Municipalidad aseguraron que la reforma responde a reiteradas denuncias vecinales sobre el accionar de los cuidacoches y que la modalidad de licitación pública elegida permitirá la participación de cualquier interesado que cumpla con el pliego. Afirmaron también que la ordenanza contempla específicamente la incorporación formal de quienes ya venían desarrollando la tarea de estacionamiento, respetando así derechos laborales tales como la cobertura médica y los aportes jubilatorios.
El Concejo Deliberante aprobó la norma con amplio respaldo de los distintos bloques. El texto establece criterios claros para ordenar el tránsito y el estacionamiento, incorporar herramientas tecnológicas y reducir la congestión vehicular. La gestión del estacionamiento medido quedará en manos de la empresa o cooperativa que resulte adjudicataria por el mecanismo licitatorio, en el que podrán inscribirse los postulantes que cumplan con los requisitos exigidos.
La sanción de la ordenanza fue interpretada desde la gestión local como un paso fundamental para modernizar el tránsito y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente. “Este plan integral reafirma el compromiso del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante con una ciudad más ordenada, segura y pensada para mejorar la calidad de vida de toda la comunidad quilmeña”, sostuvieron fuentes oficiales.
En la tarde del 22 de diciembre, y ya con la aprobación legislativa confirmada, el edificio municipal continuaba rodeado de efectivos policiales, mientras militantes de organizaciones sociales permanecían en las inmediaciones exigiendo la liberación de los detenidos durante los incidentes y advirtiendo la continuidad de las protestas en caso de que no se revisen las condiciones del proceso licitatorio.
POLITICA
Pro alertó sobre un rebrote de inseguridad y la falta de avances en la lucha contra la corrupción en la era Milei
A dos meses de la última cena de Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri que selló el divorcio entre ambos dirigentes, Pro volvió a tomar distancia respecto del líder de La Libertad Avanza y reclamó por una mayor inversión en infraestructura y un fortalecimiento institucional. Aunque reconocen los avances de la administración libertaria en cuanto a baja de la inflación y equilibrio de las cuentas públicas, destacan que “el orden macroeconómico por sí solo no alcanza”.
Así surge del último informe de la Fundación Pensar, titulado “A mitad de Camino”, en el que el principal aliado del oficialismo presentó un balance de los primeros dos años de gestión de Milei. En el think tank que conduce la exdiputada nacional María Eugenia Vidal señalan la lucha contra la corrupción, la reanudación de la obra pública y la inseguridad, entre otros ejes, como las principales deudas de esta primera mitad de mandato.
El informe celebra los esfuerzos del gobierno para bajar la inflación y consolidar el equilibrio fiscal y los avances en materia de desregulación económica, un rumbo que -consideran sus autores- se debe profundizar en el corto plazo. En este sentido, destacan la necesidad de completar la liberalización del mercado de cambios y avanzar con una reforma tributaria que genere alivio fiscal entre los empresarios.
No es el único cambio que Pro demanda al gobierno. También pide por la aprobación de una reforma laboral, a tratarse en febrero, que permita ampliar la base de trabajadores privados registrados -estancada, según señalan, desde 2014- y cambios que permitan apuntalar un fortalecimiento institucional. Es sobre este último punto sobre el que concentran sus principales críticas a La Libertad Avanza, que se profundizaron tras la postergación de Pro en las listas nacionales y la cena fallida de Macri y Milei en la Quinta de Olivos a fines de octubre, cuando el expresidente cuestionó las divisiones al interior del oficialismo y el encumbramiento de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.
A mediados de noviembre, el exmandatario reunió a la Mesa Nacional de Pro en la sede central del partido, donde se terminó de ratificar la ruptura con LLA. En esa oportunidad confirmaron que el espacio amarillo tendría su propio bloque parlamentario y que se dedicaría a reconstruir su identidad a partir, entre otros ejes, de su histórica defensa a la institucionalidad, una deuda por la que ahora presionan al Presidente.
“Es imperioso que junto a las reformas económicas, el gobierno avance con el fortalecimiento institucional de nuestro país, empezando por la Justicia.”, explica Silvia Lospennato, exdiputada nacional y presidenta del bloque Pro en la Legislatura de la Ciudad. Reclama, entre otras cuestiones, porque se insista con una ley de ficha limpia -un proyecto que impulsó durante su paso por la Cámara baja, pero se cayó en el Senado- y se retrotraigan los decretos por los que se quitó la facultad de querellar a la Unidad de Información Financiera (UIF) y se restringió el derecho de acceso a la información pública.
En el informe, además, cuestiona el intento de LLA de sortear al Congreso y avanzar con las designaciones de los jueces de la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto. Las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios -uno de los ejes que no deja de señalar Pro, pese a haber sido un aliado estratégico del oficialismo en este ámbito- afectaron la cobertura de un total de 580 vacantes del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores.
Las vacantes que sí se cubrieron en otros organismos, por su lado, también supusieron un foco de tensión entre el macrismo y el partido de Milei en materia institucional. El acuerdo del oficialismo y el kirchnerismo para designar a los representantes de la Auditoría General de La Nación (AGN), sin previo aviso, en la misma sesión en que se trató el Presupuesto 2026, abrió un nuevo capítulo en el distanciamiento entre LLA y Pro, incluso con los sectores que mantuvieron un estrecho vínculo con el Gobierno en este primer período.
“El cambio que defendemos no es cualquier cambio. Es un cambio inteligente, sustentable, de fondo, cuidando las instituciones, con reglas claras y con respeto a la Constitución. Por eso, cerramos el año defendiendo esos valores, incluso cuando eso implica marcar límites, como lo hicimos a la hora de denunciar la inconstitucionalidad del nombramiento de los miembros de la AGN”, sostuvo Cristian Ritondo, titular de la bancada amarilla en Diputados, en sus redes sociales. La disputa por los auditores no está mencionada en el informe de la Fundación Pensar.
El malestar de Pro en materia institucional, sin embargo, encuentra un límite en la sanción de la Boleta Única de Papel, utilizada por primera vez este año a nivel nacional, y del Presupuesto 2026, que otorga previsibilidad y reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en materia de gasto. Pro respaldó la ley de leyes, pese a que no deja de reclamar una mayor inversión en infraestructura, otro de los contrapuntos que lo alejan del oficialismo y que ratificó el balance de la Fundación Pensar. Abogan por la reanudación de la obra pública energética, hidráulica y de transporte a nivel nacional.
El texto del think tank macrista advierte, de igual modo, sobre la baja inversión en educación superior -que alcanzó sus niveles mínimos en los primeros dos años de gestión libertaria-, pero pone el énfasis en la necesidad de que el debate educativo trascienda lo meramente presupuestario. “Aún está pendiente implementar políticas para cumplir con el Pacto de Mayo: modernizar la educación inicial, primaria y secundaria, reducir el abandono escolar y lograr la alfabetización plena. Así como sancionar proyectos de ley para institucionalizar evaluaciones de fin de curso, las prácticas profesionales, la educación financiera y programación, entre otras”, establece el informe.
En cambio, Silvia Lospennato, a cargo del capítulo institucional, destacó la aprobación del Presupuesto 2026. El propio Macri emitió un tuit la semana pasada en el que celebró la sanción de la ley de leyes y destacó el aporte de los bloques de Pro.
Los cuestionamientos a la gestión de Milei también alcanzan a una exaliada de Pro. Se trata de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, ahora presidenta del bloque libertario en el Senado y artífice del desguace parlamentario de Pro: ocho legisladores que respondían a su figura migraron a las filas del oficialismo y, en la ciudad, sus legisladores se plegaron al espacio que lidera Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en el distrito.
Aunque no la mencionan de manera directa, en la Fundación Pensar plantearon el retroceso en materia de seguridad, lo que deja en evidencia reparos a su trabajo como funcionaria por el aumento de la delincuencia. Según consigna en el balance presentado, “la Argentina terminó 2025 con un incremento del 20% en los episodios vinculados a la inseguridad”.
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POLITICA
Pullaro rechazó un pedido de Caputo para traer ahora USD 800 millones del exterior: “Santa Fe no puede perder un peso”
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.
Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.
“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.
Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.
Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.
El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.
Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.
Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.
Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.
La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.
El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.
La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.
La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.
La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.
La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.
POLITICA
Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas de campaña”
El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de Año Nuevo donde aseguró que su Gobierno “cumplió todas las promesas de campaña” y enumeró los éxitos de la administración.
“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña: estamos bajando la inflación, terminando con la inseguridad, sacando a más del 30% de los argentinos de la pobreza -hoy hay 14 millones argentinos menos en la pobreza- y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un ’26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad carajo”, detalló en un video compartido en sus redes sociales.
Noticia en desarrollo
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