POLITICA
Tras quedar relegados de las listas nacionales, los intendentes mueven su estructura para el 7 de septiembre
La conformación de las listas locales de Fuerza Patria para la elección provincial del próximo 7 de septiembre fue una muestra de cómo iba a transcurrir la campaña del peronismo en la provincia de Buenos Aires y cuál sería el rol de los intendentes. El cierre de la lista a diputados nacionales fue otra señal: el grueso de los jefes comunales peronistas apuesta a la elección local.
El desafío es retener el control de los concejos deliberantes. De hecho, ese fue uno de los argumentos que se pusieron sobre la mesa al momento de decidir el desdoblamiento electoral que finalmente terminó decretando el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Provincializar los comicios y darle un sustento de territorialidad. Así fue que algunos de los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) terminaron, también, como cabeza de lista para los concejos deliberantes de sus distritos.
En el conurbano, los jefes comunales, explican que dotar de localismo la campaña y la elección del próximo 7 de septiembre podría acentuarse luego de ver “de afuera” lo que fue el cierre de la lista a diputados nacionales de Fuerza Patria.
El sector intendentista no aparece en los puestos expectantes o de posible ingreso al Congreso que pergeñó el peronismo. Con una buena elección, en Fuerza Patria aspiran a renovar 15 de las 35 bancas en juego. En esos primeros 15 lugares no hay representantes de los jefes comunales.
En las conversaciones previas a la oficialización de la nómina, Kicillof pedía que los espacios a los que se le vencía mandato sean respetados y puedan renovar. Solo el sector sindical corrió con esa suerte. Las dos propuestas del mandatario bonaerense —o al menos a quién el kirchnerismo le factura esa inclusión— fueron incluidas: Hugo Yasky y «Huguito» Moyano.
Sin embargo, el intendentismo no tendrá representación. Este año vence mandato el ex jefe comunal de Florencio Varela Julio Pereyra y la diputada Brenda Vargas Matyi, que responde al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Vargas Matyi es candidata a concejal en la lista que encabeza el jefe matancero en su distrito. Sin embargo, ese casillero no fue ratificado para La Matanza; lo que sugiere todo un cambio de concepción. El famoso “lugar para La Matanza”, en la lista de diputados nacionales, esta vez no es tal. En el kirchenrismo había un filtro para aplicar vetos en la confección de listas: que quien haya votado a favor del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Alberto Fernández no esté en las listas. Vargas Matyi aplicaba.
Así, La Matanza no tendrá diputado o diputada. Pero tampoco hubo lugar para algún otro distrito de peso desde el que se pueda traccionar la boleta que lleva a Jorge Taiana como cabeza de lista. Pereyra tampoco está en la lista. En 2021, su inclusión estuvo promovida por el entonces jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y contó con el visto bueno de Máximo Kirchner. Hoy, en La Cámpora reconocen como un error haber dado ese aval.
Entre los intendentes se mezclan el fastidio y la preocupación por lo que será el devenir de octubre. En este escenario es que buscan retener lo propio como primer ítem, sin hacer una ruptura formal. Algunos intendentes promueven algunas campañas de foco localista desde lo discursivo. En Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi, apunta al “Votá por tu ciudad”.
En Berazategui, el intendente Juan José Mussi, será el primer candidato a concejal de Fuerza Patria. Incluso llegó a inscribir su lista corta bajo el nombre “Elijo Berazategui”. “Mis vecinos saben que nunca les miento, desde que lancé mi lista y mi candidatura a concejal aclaré que no voy a asumir y que es solo para que los ciudadanos de Berazategui sepan cuál es la boleta que apoyo porque en elecciones legislativas anteriores muchos me manifestaron que hubo confusión”, había explicado Mussi cuando presentó la lista a concejales en su distrito.
En el medio, algunos jefes comunales esperaron y estuvieron activos en conversaciones desde el sábado por la noche y durante todo domingo, luego de ver cómo se forjó la lista de Fuerza Patria. El intendente de Esteban Echevarría, Fernando Gray, presentó su propia lista. Será el primer candidato a diputado nacional por Unión Federal. Lo acompaña la presidenta del concejo deliberante de Escobar, María Guazzaroni; que responde al jefe comunal de ese municipio, el peronista Ariel Sujarchuk. No hay más nombres explícitos de los intendentes en esta opción electoral, aunque subterráneamente las conversaciones entre pares sean fluidas.
POLITICA
Gobernadores peronistas le reclamaron a Milei que los convoque para analizar el impacto de la reforma laboral
Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego pidieron formalmente este jueves al Gobierno nacional que convoque de manera urgente al Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado. Las seis jurisdicciones reclaman una sesión presencial y exclusiva para analizar el alcance del proyecto.
El planteo fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a través de una nota firmada por las máximas autoridades laborales de esas provincias. En el documento, sostuvieron que la discusión no puede limitarse al Congreso y que debe incorporar la posición de cada distrito.
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El pedido se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran en contra de la iniciativa. Los ministros y secretarios provinciales advirtieron que la ley tendría impacto no solo en materia laboral, sino también fiscal y en el esquema de inspección que depende de las jurisdicciones.
Entre los firmantes figura el ministro de Trabajo bonaerense, Jorge Walter Correa, junto a autoridades laborales de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego.
Un reclamo por el rol de las provincias
En el comunicado titulado “El peso de un reclamo federal”, las seis provincias señalaron que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, porque enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios.
Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —indicaron— debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses laborales, fiscales y de inspección de cada jurisdicción.
“El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostuvieron en la nota presentada ante la Secretaría de Trabajo.
El trasfondo político de la media sanción
El escrito presentado a Cordero lo firmaron Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, pero mientras que los senadores que responden a Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella votaron en contra de la reforma laboral, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al exgobernador de Misiones Carlos Rovira -jefe político del gobernador Hugo Pasalacqua-, fueron dos votos clave para la media sanción de la iniciativa libertaria.
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Con el pedido de convocatoria al CFT, los mandatarios intentan trasladar la discusión al plano federal y sumar presión institucional antes de que el proyecto avance en la Cámara de Diputados.
Las autoridades provinciales consideraron “absolutamente necesario” activar ese espacio de debate ante la magnitud de la reforma y remarcaron que la realidad de cada región debe ser escuchada antes de una eventual sanción definitiva.
reforma laboral, Gobernadores, Julio Cordero
El Gobierno ampliará el temario de extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades, luego de negarse a aplicar la ley ya sancionada, vetada e insistida por el Congreso. En el decreto, que se publicará en el Boletín Oficial, también se incluirá la extensión de las sesiones hasta el sábado 28 de febrero.
El movimiento se da después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obliga a la aplicación de la ley de financiamiento universitario, y luego de reuniones entre representantes del Gobierno y autoridades universitarias.
La extensión del temario fue confirmada a por una alta fuente del Poder Ejecutivo nacional. La misma ratificó asimismo la prolongación del período hasta el día previo a la apertura del nuevo año legislativo.
La decisión se da después de que en las últimas horas se consiguiera la aprobación de la reforma laboral en el Senado y de la ley penal juvenil y el acuerdo del Mercosur en la Cámara de Diputados.
Tras estos primeros logros, el Poder Ejecutivo definió agregar este último proyecto al temario en busca de bajar los decibeles de las demandas de las autoridades universitarias, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal, máxima bandera de la administración libertaria.
Lo hace luego de negarse a aplicar la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso, vetada por Milei y ratificada nuevamente por dos tercios de los diputados y senadores.
En la tarde del jueves estaba previsto que la inclusión del tema y la extensión del período de sesiones extraordinarias aparecerían en un decreto en el Boletín Oficial de este viernes.
El movimiento también se da tras el fallido intento de derogar la ley de financiamiento universitario y luego de negociaciones que, tal como contó , el propio Gobierno llevó adelante con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente.
La estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos (y evitar sanciones penales), mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.
Días atrás, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que agrupa a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de este mes. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a .
Conforme a
Tras la media sanción del proyecto de baja de la edad de imputabilidad, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea. El debate culminó con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.
La sesión comenzó con la intervención del diputado sanjuanino Carlos Jaime Quiroga, en un contexto donde el oficialismo espera que la iniciativa sea ratificada sin mayores inconvenientes. Los legisladores analizan un tratado que busca la reducción de aranceles y que el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, calificó como una “verdadera política de Estado”.
Desde el oficialismo, la diputada Mercedes Llano valoró positivamente el pacto como una herramienta para romper el aislamiento y “reafirmar la consolidación y el rumbo hacia un modelo de libre mercado, representando una gran oportunidad para volver a nuestras bases y que Argentina se transforme, nuevamente, en el granero del mundo”.
Diputados aprobó el Régimen Penal Juvenil
Por su parte, Pichetto instó al Senado a tratarlo a la brevedad, señalando que el acuerdo implica “mover las piezas frente a una comunidad europea que todavía tiene debates internos” y resaltando que el proyecto fue un anhelo de administraciones anteriores.
En contraste, el bloque del Frente de Izquierda manifestó un firme rechazo a los términos del tratado. La legisladora Myriam Bregman advirtió que “el acuerdo con la Unión Europea es un industricidio” y cuestionó la falta de debate previo consultando: “Si es tan bueno, ¿por qué no quisieron discutirlo?”.
Según la visión de Bregman, la normativa “solo va a beneficiar a las grandes empresas”, marcando una de las principales voces críticas frente a la postura de quienes ven en el alineamiento con los países desarrollados una oportunidad histórica para el país.
La entrada Diputados aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el debate se traslada al Senado se publicó primero en Nexofin.
Acuerdo Comercial,Acuerdo Mercosur Unión Europea,baja de edad de imputabilidad,Diputados
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