POLITICA
Tras su internación, Cristina Kirchner criticó la captura de Maduro: dijo que fue un “secuestro” y que “EEUU volvió a cruzar un límite”
Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento en el barrio porteño de Constitución -donde cumple prisión domiciliaria- la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a mostrar actividad en las redes sociales y, con un posteo en X, expresó su opinión crítica sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela y calificó la detención de Nicolás Maduro como un “secuestro”.
“EEUU volvió a cruzar un límite”, aseguró la líder peronista y calificó a la “Operación Resolución Absoluta” llevada a cabo el sábado por la madrugada en Venezuela como un plan del gobierno de Donald Trump para “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”.
“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”, dice el primer párrafo del extenso posteo.
La exsenadora nacional comparó la acción de Trump con la “aplicación de la política del Gran Garrote” del expresidente Theodore Roosevelt a principios del siglo XX y con la Doctrina Monroe de mediados del 1800 en Estados Unidos, con el apoyo a golpes de estado o intervenciones militares directas de Estados Unidos en Latinoamérica y consideró que “lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país” y también “atraso económico y social en los países afectados”.
Kirchner aseguró que la operación estadounidense en Venezuela violó “la Carta de Naciones Unidas, el Derecho Internacional y del más elemental sentido común” y consideró que la captura de Maduro (ella habló de “secuestro”) fue de “absoluta ilegalidad e ilegitimidad”.
Sobre el operativo remarcó que “produjo la muerte de numerosas personas” y que “genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligros antecedente en materia geopolítica” lo que, según su criterio, «habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles».
“Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como ‘Operación Resolución Absoluta’, no es ‘restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela’, ni ‘la lucha contra el narcotráfico’, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta», cerró el posteo CFK.
La expresidenta recibió el alta médica ayer tras haber permanecido internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.
La vuelta a su casa fue anunciada el último sábado en un comunicado del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada los últimos 14 días. La información oficial destacó que, luego de la evolución favorable, le fue retirado el drenaje peritoneal y se dispuso el inicio de un tratamiento antibiótico por vía oral. “El seguimiento de su recuperación continuará en su domicilio y estará a cargo de su equipo médico personal”, remarcó la institución.
El posteo completo de Cristina Kirchner sobre la captura de Maduro
“Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir.En el pasado, la aplicación de la política del Gran Garrote (Big Stick) del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, especialmente en América Latina, justificando intervenciones militares directas o apoyos desembozados, a través de sus agencias de seguridad, a golpes de estado y la consecuente instalación de dictaduras militares sangrientas, lejos de favorecer a EEUU generó en la región un sentimiento adverso hacia ese país. No solo eso, sino que en muchos casos generó atraso económico y social en los países afectados.Hoy la violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común, frente al hecho objetivo de la absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país, en un operativo que además produjo la muerte de numerosas personas, genera un escenario de alta inestabilidad en el país agredido y peligroso antecedente en materia geopolítica, que habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles.Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como “Operación Resolución Absoluta”, no es “restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela”, ni “la lucha contra el narcotráfico”, sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta».
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POLITICA
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POLITICA
Tras las indagatorias, la causa contra «Chiqui» Tapia por evasión entra en etapa de definiciones y su situación podría complicarse
La causa judicial que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social entró en una etapa decisiva. Concluidas las rondas de indagatorias y presentados los escritos de defensa, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante quedó en condiciones de resolver la situación procesal del máximo dirigente del fútbol argentino.
A partir de ahora, el magistrado tiene un plazo de diez días hábiles para definir si dicta el procesamiento de Tapia, lo sobresee o establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas en esta instancia del expediente. Según pudo saber TN, las pruebas complican la situación del mandamás de la AFA y del tesorero Pablo Toviggino y el magistrado se inclinaría por procesarlos. La duda que persiste es si mantendrá la prohibición de que viajen al exterior.
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Tapia fue indagado en una causa que investiga una presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por un monto de 19.300 millones de pesos. La acusación sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino no pagó en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales durante un período que va desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
Según lo establecido en la normativa vigente, el delito se configura cuando se vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza. En este caso, ese plazo es de 30 días desde que debieron efectuarse los aportes.
La investigación también determinó que durante ese período la AFA constituyó plazos fijos tanto en pesos como en dólares.
El planteo de la defensa de Tapia
Durante las indagatorias, los imputados presentaron escritos en los que argumentaron que no hubo incumplimiento. Según sostuvieron, existía una disposición de ARCA que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.
Desde esa perspectiva, afirmaron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento.
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Además, la AFA sostuvo que la deuda ya fue regularizada. También señaló que hasta mitad de este año se mantienen vigentes resoluciones de ARCA y del Ministerio de Economía que impiden ejecutar deudas fiscales, por lo que —según su postura— la deuda no podía exigirse.
En ese contexto, desde la entidad argumentaron que existe una persecución. Señalaron que la denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei se presentó en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.
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El escrito presentado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, insistió en esa línea defensiva. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó. En el mismo documento agregó que “está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Tanto Tapia como Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. La decisión ahora se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.
Los argumentos de ARCA
Del otro lado, el organismo recaudador ARCA sostiene que existió una apropiación indebida de tributos. Según su planteo, la AFA actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en tiempo oportuno.
La acusación sostiene que la conducta se repitió durante 19 meses consecutivos, desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. En total, ese período implicaría 69 hechos delictivos que concurren entre sí.
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Para ARCA, el delito se perfecciona cuando no se deposita el dinero retenido dentro del plazo de 30 días corridos. Además, remarcan que esos fondos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero que correspondía a los contribuyentes a los que se les había practicado la retención.
En su presentación también señalaron que la entidad tenía capacidad para realizar esos pagos. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.
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POLITICA
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares: más de 27.000 inscriptos para las audiencias públicas
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina registra un récord sin precedentes de participación, con más de 27.000 inscriptos en las audiencias públicas, lo que plantea desafíos logísticos y posterga los plazos legislativos habituales.
La demora en el tratamiento de la modificación de la Ley de Glaciares responde a la magnitud inédita de la inscripción ciudadana para intervenir en el proceso parlamentario. La dimensión de la convocatoria obliga a las autoridades a replantear los mecanismos organizativos y a los actores políticos a ajustar sus estrategias mientras se redefinen tiempos y formas de negociación.
Organización de las audiencias públicas y desafíos logísticos
El Congreso Nacional, a través de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, planificó dos jornadas de audiencias públicas, previstas para el miércoles 25 en modalidad presencial y el jueves 26 de manera virtual, según precisó en Infobae en Vivo Nacho Girón. La cifra de más de 27.000 personas anotadas para dar su opinión supera cualquier experiencia previa en procesos legislativos ambientales en Argentina.
Frente a esta magnitud, la organización enfrenta un reto concreto: administrar la intervención de tantos inscriptos en tan corto plazo. Como resultado, el oficialismo considera extender el cronograma y adaptar la estructura original de las audiencias, en un intento de permitir la participación efectiva y mantener la representatividad en el debate.
Este escenario forzará dilaciones que podrían retrasar la sanción de la ley y demanda la implementación de nuevos métodos para garantizar un desarrollo ordenado y equitativo del proceso.
Estrategias de los actores políticos y sociales frente a la reforma
El Gobierno nacional abrió las audiencias públicas para negociar con la oposición y sumar respaldo social a la iniciativa. Esta decisión alentó la inscripción de especialistas, organizaciones ambientalistas y ciudadanos de múltiples provincias.
Diversos sectores ambientalistas apelaron a una inscripción masiva para asegurar su voz en la discusión parlamentaria y defender la protección de los glaciares. De igual modo, gobernadores y fuerzas opositoras buscan incidir en los alcances de la reforma y proteger intereses regionales.
En este contexto, la administración de Javier Milei debe gestionar tanto la presión de la participación ciudadana como las demandas políticas del Congreso. La extensión de los plazos multiplica las oportunidades de renegociación sobre puntos clave de la ley.
Contexto y repercusiones de la reforma de la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, garantiza la protección de glaciares y ambientes periglaciares en Argentina, restringiendo actividades humanas y reservando estos espacios como fuentes estratégicas de agua. El proyecto de reforma busca modificar los límites legales y permitir, bajo ciertas condiciones, la instalación de industrias —especialmente mineras— cerca de áreas protegidas.
Mientras los promotores del desarrollo económico sostienen que estas modificaciones facilitarán nuevos emprendimientos productivos en la región andina, sectores ambientalistas alertan sobre el posible impacto sobre el recurso hídrico y los sistemas ecológicos.
La inédita participación social en el debate refuerza el carácter prioritario del tema en la agenda nacional y convierte al proceso en un caso excepcional en la historia legislativa argentina.
La masiva implicancia ciudadana en el tratamiento de la Ley de Glaciares redefine los estándares de participación y obliga a los cuerpos legislativos a innovar en la gestión de debates complejos. El sistema político, frente a este hito, deberá adecuar sus procedimientos para responder a una demanda social de mayor involucramiento en decisiones ambientales clave.
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