La conmemoración oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Ushuaia se transformó también en un escenario de fuerte contenido político.

Asistieron los gobernadores kirchneristas Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires), y Ricardo Quintela (La Rioja).

De esa forma, los mandatarios dieron una muestra de unidad territorial frente al modelo de Javier Milei – y de la propia interna del justicialismo- en un acto donde la memoria de los veteranos convivió con la interna partidaria y la estrategia legislativa.

En Ushuaia, el acto oficial por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas operó como un catalizador del mapa político argentino.

El espacio de recogimiento y homenaje a los héroes de 1982, este año también se convirtió en la plataforma de lanzamiento para un sector del peronismo que busca reorganizarse frente al gobierno de Javier Milei.

En medio de los posicionamientos de cara al 2027, la figura de los excombatientes y sus familias fue el único punto de consenso absoluto.

Fueron los veteranos de guerra, con sus clásicas camperas camufladas, sus medallas y sus banderas, quienes recordaron a la dirigencia presente que la causa Malvinas está por encima de las coyunturas electorales.

“El año que viene tenemos que repensar como es la disposición de las autoridades en el acto, no pueden quedar los camaradas atrás”, disparó al inicio de su discurso el presidente del Centro de excombatientes de Malvinas de Ushuaia, Juan Carlos Parodi. De esa forma se refirió a la distribución de los dirigentes políticos en el acto central en la Plaza Malvinas, quienes se ubican normalmente por delante de los veteranos de guerra.

En sus palabras Parodi dijo, con marcada tristeza, que “pasa el tiempo y el gusto amargo de la derrota se hace más intenso».

“Trataron de borrar de nuestra memoria Malvinas a tal punto que hoy se habla en serio sólo en estas fechas, pero ese trabajo hay que construirlo día a día, con educación, en las escuelas; estamos perdiendo de nuevo la guerra en la educación sobre la causa Malvinas”, aseguró.

Parodi aseguró que “sentimos que perdemos una guerra desde que terminó la guerra, perdemos espacio en lo cultural, en la educación; también, hace 44 años la política abandonó la hipótesis de conflicto y empezó el desguace del sistema de defensa”.

En un punto fundamental, el veterano de guerra expresó que en unos años se dará la discusión por el fin del Tratado Antártico y que Argentina no está preparada para luchar por su lugar en ese contexto.

“La corona y Chile sí que están preparados para hablar del Tratado Antártico, pero nosotros no; tenemos que pensar en construir, por ejemplo, el proyecto de la Base Naval Integrada, proyecto que cumple 61 años y está en ejecución, pero a pico y pala, con monedas, sin la inversión que necesita”, enuméro.

Finalmente, Parodi dijo que “hace 193 años que estamos en guerra, en Malvinas se hizo un alto de fuego, no hubo rendición”.

Luego, quien tomó la palabra fue el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. El también presidente del PJ fueguino exclamó: “váyanse piratas ingleses de nuestra tierra” y se manifestó en contra de la libre determinación de los pueblos “nos hace retroceder”.

Desde el gobierno provincial dio su mensaje Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, e hijo de un excombatiente.

El funcionario marcó una postura clara de diferenciación con la política internacional del gobierno de Milei al decir que “no se puede brindar pleitesía al país que te invade y te saquea; cuando votas contra Cuba y Palestina votas contra Malvinas y la integridad territorial”.

También destacó la importancia geopolítica y estratégica Tierra del Fuego, manifestando que “quien controle el paso bioceánico va a definir el futuro”.

El encuentro en Tierra del Fuego sirvió también de termómetro para la interna justicialista. Entre los discursos que reivindicaron la soberanía imprescriptible sobre las islas, se colaron las negociaciones por la conducción del partido y la resistencia parlamentaria.

Para Kicillof, Malvinas es un eje que le permite confrontar directamente con la política exterior del Ejecutivo Nacional, a la que la oposición califica de “claudicante”.

La hoja de ruta comenzó en la noche del 1 de abril en Río Grande. Allí, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, compartieron la vigilia. No fue una presencia protocolar; fue también un gesto en el distrito que gobierna Gustavo Melella.

Kicillof compartió reuniones con el gobernador fueguino, el intendente de Río Grande, Martín Perez y el mandatario de Tolhuin, Daniel Harrington. Con quien evitaron el encuentro fue con el presidente del PJ en la provincia e intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

A pesar de la mayoría que representaban, el acto no fue exclusivo de dirigentes del peronismo.

Más allá de la ausencia de último momento de la vicepresidente Victoria Villarruel -quien sí participó del acto en 2025- el oficialismo nacional estuvo representado en Ushuaia por senadores de La Libertad Avanza (LLA) como Agustin Coto y Belen Monte De Oca -ambos de Tierra del Fuego- y Bartolomé Abdala presidente provisional del Senado de la Nación Argentina además de diputados.

Mientras el oficialismo nacional intenta consolidar su agenda de reformas, el núcleo duro del PJ midió fuerzas. Queda claro que el acto de Ushuaia dejó un mensaje para Balcarce 50: el bloque de gobernadores opositores está dispuesto a utilizar la agenda federal y soberana como un escudo contra el ajuste.

El encuentro entre Kicillof, Melella y Quintela marca un punto importante en el armado de una resistencia que busca pasar de la defensiva a una propuesta política concreta.

Claudio “Chiqui” Tapia lo hizo. Su estrategia judicial, de concentrar todas las causas contra la AFA en el juzgado federal de Campana de Adrián Gonzalez Charvay, se concretó. Al menos, por ahora, hasta que la Cámara Federal de Casación decida si ese será el destino final de los expedientes o si deben regresar a la justicia de la Capital Federal.

Es que hoy el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a González Charvay en Campana una parte de su expediente donde investigaba a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.

Lo mismo hizo la semana pasada la jueza de instrucción Paula Petazzi, que llevaba una denuncia similar de fraude, realizada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se había declarado incompetente y enviado el expediente a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.

Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. “La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa”, escribió.

Estas dos causas de fraude por supuesto desvío de unos 300 millones de dólares cobrados por la AFA en los Estados Unidos que involucra al empresario Javier Faroni y su mujer, se suman el expediente que ya está en Campana donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de la mansión en Pilar, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Se sospecha que esa quinta, valuada en 20 millones de dólares, es producto del lavado de dinero. La quinta se trataría del bien adquirido con el dinero producto del fraude, que está ahora a nombre de supuestos testaferros, en la hipótesis fiscal.

Este juzgado de Campana es donde la AFA quiere que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.

La última palabra de todos modos la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces de Casación, Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky, deberán resolver si el caso, donde se investiga a los verdaderos dueños de una mansión de Pilar valuada en 20 millones de dólares, tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la justicia federal porteña o en la penal económico de la Capital Federal.

Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA.

Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma. Y por otro lado, los propios denunciados pidieron aplazarla porque hay un recurso extraordinario en trámite.

Asimismo, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga.

Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.

En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. El imputado es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown.

Figura -con su madre,Ana Conte– como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.

Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior.

El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC.

Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.

A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.

El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación “objetiva y subjetiva” entre ambos hechos.

Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades “fantasma” en Florida, Estados Unidos.

Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte.

Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.

Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.