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POLITICA

Tras un debate caliente, Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

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La Cámara de Diputados le dio este miércoles media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto impulsado por el oficialismo. El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora pasará al Senado.

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La Libertad Avanza llegó al debate con impulso político. Venía de la sanción en el Senado de la Reforma Laboral y avanzó en Diputados con dos ejes: el nuevo Régimen Penal Juvenil y ahora se debate el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.

Más temprano en el recinto estuvo Romina Monzón, mamá de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes de 14, 15 y 16 años en Santo Tomé, Santa Fe, el 18 de diciembre de 2025.

Romina Monzón, mamá de Jeremías, siguió el debate por el nuevo Régimen penal juvenil. Foto TN

Romina siguió el debate desde el Congreso. Fue recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem; por la diputada Valentina Ravera; y por otros legisladores del oficialismo, tanto en la previa como durante la sesión.

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Romina estuvo acompañada por su hermana Virginia y por su equipo de abogados, integrado por Bruno Rugna, Diego Martini y Agustín Camussi. En diálogo con TN aseguró: “Es un día histórico”. Y agregó que “es increíble que se sigan acumulando víctimas” y que durante tanto tiempo se haya evitado discutir una ley que, según planteó, tiene 45 años.

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Cuestionó que los responsables del crimen de su hijo sigan libres y que, a su entender, la normativa actual “solamente le da garantías a los asesinos”. También destacó que el proyecto pone el foco en las víctimas.

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“Si este proyecto no se sanciona, el delincuente desde el minuto uno que decide ser delincuente tiene todas las garantías. Se lo cuida, se lo traslada, se lo alimenta, se le da un abogado. Las víctimas quedan completamente desprotegidas”, afirmó. Y concluyó: “Por eso es un día histórico”.

Los familiares de Jeremías estuvieron junto a otras víctimas de delitos. Entre ellos, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; Marcos Gómez, padre de Kim, la niña de 7 años asesinada en febrero de 2025 tras el robo del auto de su madre en La Plata; Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano; y Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson.

Romina aclaró que la norma no tendrá efecto retroactivo. “No va a encarcelar a los asesinos de mi hijo. Soy consciente y me duele terriblemente entender que van a seguir como si nada, sin antecedentes penales, como si la vida de mi hijo no haya valido nada”, expresó. Aun así, ya denomina al proyecto como “Ley Jeremías”.

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El detalle del debate

El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Fue la encargada de fundamentar el trabajo del plenario de las cuatro comisiones que analizaron los proyectos.

Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza. Foto Cámara de Diputados
Laura Rodríguez Machado, diputada de La Libertad Avanza. Foto Cámara de Diputados

“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No es una respuesta improvisada ni una consigna coyuntural, sino una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos y contradicciones”, afirmó.

Según explicó, la iniciativa busca incorporar a las víctimas como sujetos de derecho. “Durante demasiado tiempo el sistema penal juvenil ignoró a las víctimas. Esta ley cambia esa lógica y las incorpora con voz, protección y garantías”, sostuvo.

El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.

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Uno de los ejes centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.

Bárbara Andreussi y Gabriel Bornoroni, diputados de La Libertad Avanza a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil. Foto Cámara de Diputados.
Bárbara Andreussi y Gabriel Bornoroni, diputados de La Libertad Avanza a favor del nuevo Régimen Penal Juvenil. Foto Cámara de Diputados.

Desde Provincias Unidas, el cordobés Juan Brügge presentó un dictamen alternativo. Planteó el concepto de “segunda oportunidad” en el ámbito penal juvenil y propuso establecer una escala penal diferenciada respecto del Código Penal, con criterios de progresividad y proporcionalidad según la edad del menor.

En la misma línea, la diputada Lourdes Arrieta sostuvo que “la inseguridad existe y hay que abordarla con seriedad”, pero advirtió que si el Estado solo aparece para castigar y no con educación, salud y contención, “estamos llegando tarde”.

La diputada libertaria Bárbara Andreussi, integrante de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, afirmó que la ley vigente, de 1982, “fue hecha para un país que ya no existe”. Señaló que el proyecto prevé un enfoque orientado a la educación y la resocialización, con penas proporcionales.

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La mayoría de las sanciones no serán de reclusión, sino amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir o monitoreo electrónico. La prisión quedará reservada para casos con muerte o grave violencia física o psíquica y será de máximo 15 años. “Actualizar la ley no es estigmatizar. Es asumir la realidad y combinar responsabilidad, contención y reinserción”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo. “Fijar la edad es el foco de atención de ustedes. Se olvidan del derecho superior del niño”, afirmó.

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menores, penal, Diputados

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El Gobierno sigue revisando los pliegos judiciales y admite que puede demorarse el envío al Senado

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El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales y advierte que puede dilatarse el envío al Senado. En el Ejecutivo reconocen que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sigue retocando las nóminas y que los expedientes todavía no llegaron a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

Más allá de que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que serían remitidos “hoy mismo” a la Cámara Alta, en la Casa Rosada admiten que el proceso de selección definitiva no está “tan avanzado” y que puede enviarse en los próximos días. “No está todo cerrado”, agregan.

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El ministro coordinador informó en conferencia de prensa que el Ministerio de Justicia enviaría 60 pliegos y que luego seguiría remitiendo los restantes. Lo presentó como parte de una estrategia para recomponer “el funcionamiento del sistema judicial”, en un contexto de fuerte crecimiento de las vacantes.

Cerca del ministro de Justicia aseguran, de todos modos, que la intención es enviar los pliegos cuanto antes. Se trata del área que interviene en la revisión final de los expedientes antes de que sean formalmente girados para la firma de Javier Milei y que responde políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Juan Bautista Mahiques reemplazó a Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia (Foto: Consejo de la Magistratura).

La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

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Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

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En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

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La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

Gobierno, pliegos, Senado

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El Gobierno envía la Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales y defensores, pero no da a conocer los nombres

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El Gobierno envió esta noche al Senado los pliegos de 62 jueces, fiscales, defensores oficiales y conjueces, con lo que abrió el proceso para cubrir las vacantes de la Justicia federal y nacional, que llegan a más del 37% del sistema judicial. El anuncio lo realizaron esta noche fuentes del ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos elevados al Senado son 55 de jueces, fiscales y defensores oficiales y 7 conjueces, que son abogados de la matrícula, para que los senadores les den acuerdo y puedan suplir a los jueces hasta su nombramiento definitivo.

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Actualmente hay 203 ternas con jueces nacionales y federales en manos del Poder Ejecutivo, que deben ser enviados al Senado para que puedan ser nombrados. Son cargos que ya se concursaron en el Consejo de la Magistratura, y las ternas de candidatos fueron elevadas al Poder Ejecutivo.

Ahora el Gobierno seleccionó un nombre para cada cargo, pero todavía no los dio a conocer. Basta con el voto de la mayoría simple de los senadores para que sean aprobados los pliegos. Luego deben ser designados por decreto del Poder Ejecutivo.

Las vacantes en la Justicia federal y nacional son una de las principales preocupaciones de la Corte Suprema. El Gobierno venía prometiendo hace dos años que iba a enviar los pliegos al Senado. El entonces ministro Mariano Cúneo Libarona no llegó a hacerlo. Ahora el proceso avanzó con Mahiques, que llegó al ministerio con el aval de Karina Milei.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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El Gobierno lanzará a fin de marzo la licitación del Belgrano Cargas y apunta a tenerlo privatizado en diciembre

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En el marco de su plan de privatizaciones, el Gobierno avanza con la concesión del sistema de trenes Belgrano Cargas y planea cumplir con el llamado a licitación en los próximos días, con el objetivo de que todo el proceso esté finalizado para principios de diciembre, aunque algunos oferentes ya expresaron sus cuestionamientos por el modo en el que se hará la compulsa.

Según pudo saber Infobae, así se los expresaron las autoridades nacionales a los empresarios interesados, durante una de las jornadas del Agentina Week, que se desarrolló a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

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En ese marco, la gestión libertaria expuso los principales lineamientos del plan y sus plazos, además de estimaciones de las inversiones que llegarían al país a partir de este proyecto, estimadas en casi 800 millones de dólares.

Por su parte, a lo largo de ese evento, algunos funcionarios, como el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibieron a representantes de distintas compañías que podrían competir por hacerse con la operación de la red ferroviaria.

En la presentación, que se llevó adelante en el Consulado General argentino, el equipo del Belgrano Cargas inició con un análisis sobre la situación actual del sistema: de acuerdo con los datos oficiales, la red exhibe una densidad de carga de 0,63 millones de toneladas-kilómetro por kilómetro de vía, un nivel que contrasta con los 3,40 de Brasil y se ubica muy por detrás de los 24,20 de Australia.

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Uno de los gráficos que mostraron las autoridades nacionales, con las cifras actuales del sistema de carga

De acuerdo con los gráficos de la exposición, el sistema argentino no logra absorber la expansión agrícola, ya que el volumen transportado por trenes permanece en torno a los 25 millones de toneladas anuales durante más de cinco décadas.

El modelo vigente, definido como “un círculo vicioso” de baja carga y recursos insuficientes para el mantenimiento, dejó como saldo una infraestructura degradada y una débil capacidad logística.

La propuesta que el Gobierno expuso en los Estados Unidos apunta a transformar el esquema de gestión de “concesión vertical” y pasar a uno de “acceso abierto” (Open Access, en inglés), en el que la administración de la infraestructura ferroviaria quedaría separada de la operación de trenes.

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El esquema contempla tres ejes: un administrador de infraestructura responsable del control de tráfico, mantenimiento y asignación de turnos; operadores de carga privados que competirán por el servicio pagando peaje; y concesionarios de talleres ferroviarios, con contratos de cincuenta años para el mantenimiento de material rodante.

El modelo actual frente al que quiere ir el Gobierno

El alcance de la privatización comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

El material rodante se subastará por separado, entregando dos lotes de locomotoras y otros dos lotes de vagones por cada una de los tres ramales mencionados.

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El contrato no prevé cánones ni subsidios estatales, sino que el concesionario obtendrá ingresos por el cobro de peajes sobre los operadores y la explotación comercial de inmuebles linderos a la traza ferroviaria, entre ellos silos y parques logísticos.

El plan exige inversiones por 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, y se fijó un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

El acuerdo incluye mecanismos de protección jurídica para el concesionario, con derecho a renegociar condiciones ante cambios legales o eventos extraordinarios. Además, el pliego incorpora cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas UNCITRAL y derechos de “step-in” para los acreedores, lo que les otorga la posibilidad de intervenir en caso de incumplimientos antes de que el Estado rescinda el contrato.

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El cronograma oficial establece que la licitación se lanzará a fines de marzo. A partir de ese momento, los oferentes tendrán 90 días para presentar propuestas.

La adjudicación y la firma del contrato se concretarán entre junio y julio, seguidas de un período de transición —también de 90 días— para inventarios y traspaso de personal. El objetivo es que en diciembre los nuevos operadores privados asuman el control efectivo del servicio.

Los plazos que estima el Gobierno

Durante la Argentina Week, los representantes del Grupo México, una de las firmas que ya anunció públicamente su deseo de presentarse en esta licitación, les reiteró a los funcionarios sus críticas hacia el sistema de “Open Access”.

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La compañía, que ya opera en su país y también en varias partes de los Estados Unidos, busca que tanto el material rodante, como la infraestructura (talleres) y la operación se incluyan en una misma oferta, para garantizarse contar con el sistema completo pra trabajar, y a cambio prometen una inversión de unos 3 mil millones de dólares para las líneas Belgrano y Urquiza, mucho más de los casi 800 millones que plantea el Gobierno.

“En todos lados se hace de esa forma, porque el mecanismo de acceso abierto solo se implementó en Inglaterra y fracasó. Como está armado ahora, se está pensando solamente en el mercado agrario, cuando la red puede beneficiar también a la minería y a otros sectores importantes de la economía, aunque para eso es necesario un plan más integral”, explicaron a este medio fuentes al tanto de la postura mexicana.

En febrero último, los representantes del grupo viajaron a la Argentina para reunirse con el flamante secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y ratificar el pedido de que se revea el formato de la licitación.

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La estructura que propone el Poder Ejecutivo para este proceso, por el momento, sigue estando dividida en dos partes: una oferta A por la concesión de vías e infraestructura solamente, y una oferta B por la concesión de vías más el adquisición de material rodante.

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