POLITICA
Traspié para Moyano en Corrientes: elecciones suspendidas y denuncias por defraudación en el sindicato provincial

La Justicia suspendió las elecciones convocadas para el 11 de enero en el Sindicato de Camioneros de Corrientes, cuya conducción está alineada a nivel nacional con Hugo Moyano, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por una lista opositora, que denunció presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.
La sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, pone en suspenso la votación y agrega un elemento de incertidumbre en el gremio que conduce Angel “Wallas” Díaz, que, además, está en el centro de una serie de denuncias por malversación de fondos y una escalada de tensiones internas que ya había llevado en octubre al desplazamiento de su titular, Emilio Rotela.
En el fondo, el fallo judicial también se convirtió en un traspié para Moyano, ya que Díaz, que conduce el sindicato correntino de manera interina, está identificado con el líder nacional de Camioneros y quedó en la mira por tratar de impedir la participación en los comicios de una lista opositora, liderada por Alejandro Benítez, candidato a secretario general, y Alberto Blanco, a secretario adjunto, que pertenecen a la Agrupación Oficial 11 de Junio.
Esta suspensión de los comicios se sumó a otras dispuestas por la Justicia en Santa Fe y en San Luis, donde también los fallos hicieron lugar a reclamos de opositores a dirigentes moyanistas que denunciaron impedimentos ilegales para competir.

Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, describió ante Infobae un escenario plagado de controversias, acusaciones cruzadas y maniobras que, según los denunciantes, buscarían obstaculizar cualquier intento de normalización institucional y brindó detalles de las causas judiciales por desvíos de fondos que apuntan a Díaz; al secretario Gremial del sindicato, Mario Alberto Blanco, a dos empleados administrativos de la organización y la esposa de uno de ellos.
Según Blanco, las investigaciones de la Justicia, iniciadas a partir de denuncias presentadas por Rotela, el entonces secretario general, alcanzaron a integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Camioneros de Corrientes, con tres imputados confirmados y sumas involucradas que ascienden a 218 millones de pesos.
A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la secretaría general del sindicato por Díaz y Blanco, pero, el 3 de octubre pasado, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes dispuso su reinstalación en Camioneros por considerar que fue objeto de decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas” y, además, la suspensión de todo tipo de acto eleccionario o asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria.

A pesar del fallo, Díaz no hizo efectiva la reinstalación de Rotela, convocó a una asamblea para el 5 de octubre y fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.
Rotela, cuyo mandato se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.
Entre los implicados allí figuran el actual secretario interino, Díaz, acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También se acusó a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de 37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi 38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.
Blanco señaló que las acusaciones de Rotela derivaron en producido tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras centrales del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.
Según el dirigente opositor, en el sindicato correntino, de unos 3000 afiliados, la vida institucional se maneja en un círculo cerrado que no supera los “200 compañeros” y el resto se ve excluido tanto de la toma de decisiones como del acceso pleno a los servicios básicos, especialmente la salud. “El trabajador camionero correntino la está pasando mal. Se le descuenta para una obra social, pero si tiene un problema debe recurrir a un hospital o pagar una clínica privada”, apuntó.
Detalló que la agrupación que impulsa su candidatura junto a la de Alejandro Benítez lleva una década de actividad y se consolidó como la primera oposición reconocida en la historia reciente del Sindicato de Camioneros de Corrientes, aunque reconoció que ya no responden a Hugo Moyano y acusan a la actual dirigencia nacional de ejercer “discriminación” y de obstaculizar la presentación alternativa de listas. “Hay una directiva de Hugo de no dejarnos participar”, sostuvo.
POLITICA
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa que pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre la empresa IMHOUSE S.A., propiedad del periodista Marcelo Grandio, con el objetivo de descifrar si existe un vínculo con Manuel Adorni.
La Justicia busca determinar si la firma tenía la capacidad financiera para costear el traslado del jefe de Gabinete a Punta del Este, cuyo vuelo de ida habría costado USD 4.830, mientras que el paquete que incluía el regreso asciende a más de USD 42.000. La investigación hace foco en la posibilidad de que existan contratos firmados entre la productora y la Televisión Pública, área que depende de la propia órbita del funcionario.
La Justicia accedió a un recibo que demuestra quién pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este
En paralelo, el magistrado solicitó al Gobierno que informe si el viaje tuvo carácter oficial o si existió algún tipo de autorización administrativa. El requerimiento se dirigió especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, para obtener detalles sobre expedientes, comisiones de servicio, viáticos o rendiciones de gastos.
El juez busca establecer si hubo algún tipo de respaldo institucional o si, por el contrario, existió una incompatibilidad en el financiamiento por parte de privados vinculados al Estado.
Las medidas judiciales también alcanzaron a un piloto corporativo que figura como comprador del paquete de vuelos privados y a otras personas vinculadas a la operatoria. Lijo solicitó informes detallados sobre la situación patrimonial, financiera y comercial de las firmas involucradas para reconstruir el circuito del dinero y establecer quién financió efectivamente el viaje.
El levantamiento del secreto fiscal permitirá a la Justicia acceder a los movimientos bancarios y determinar el origen de los fondos utilizados para el traslado y la estadía del funcionario durante el fin de semana largo de febrero.
La entrada La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de la empresa que pagó el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este se publicó primero en Nexofin.
Ariel Lijo,IMHOUSE,Manuel Adorni,Punta del Este
POLITICA
Se conocieron videos de periodistas y exjugadores que promocionaron el instituto cripto de Marcelo Novelli

En medio del escándalo por los vínculos y transacciones entre Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, se conocieron este viernes videos de figuras del mundo del fútbol promocionando N&W Proffesional Traders, la plataforma de el trader y su socio, Jeremías Walsh. Entre los personajes involucrados aparecen el exjugador Oscar Ruggeri y el periodista Marcelo Benedetto.
En una de las filmaciones se lo ve a Ruggeri sentado en un banco junto con Novelli y Walsh en la previa de un partido de la selección argentina. Allí, el exdefensor mundialista se dirigió a los seguidores de la plataforma y les recomendó acudir a los traders en caso de tener dinero ahorrado y querer invertir.
“Llegando al programa me encontré con Jeremías y Mauricio. Hoy estuvimos charlando un poquito de los cursos que están haciendo para enseñarnos a invertir algún dinero que tenemos ahorrado para que nos vaya mejor. Nosotros no lo teníamos cuando éramos muy chicos, pero hoy la tienen por medio de ellos, así que acérquense a estos cursos”, expresó Ruggeri ante la cámara.
Luego, recomendó explícitamente el negocio y aconsejó: “Consulten para que estos chicos les digan qué es lo mejor para su dinerito que tienen guardado”.
En otro video que trascendió en redes sociales aparece Marcelo Benedetto realizándole una breve entrevista a Novelli en medio del Mundial 2022. A modo de promoción de N&W Proffesional Traders, el periodista le consultó sobre una criptomoneda de la selección argentina y el trader contó una experiencia sobre uno de los partidos de la albiceleste.
“Mi nombre es Mauricio, de N&W Proffesional Traders. Lo que te comentaba era que hay una criptomoneda de la Selección que, mientras pasaban los minutos del partido y la Argentina no metía un gol, bajaba. Eso significaban miles de dólares para la venta. Pero, cuando metió un gol, subió un 10%. Si invertías 10.000 dólares, ganabas mil”, explicó.
En ese momento, Benedetto intervino y exclamó: “O sea que fluctúa de esa manera según el rendimiento de la selección argentina”. “Así es, es un dato para los que nos están siguiendo”, marcó Novelli.

Sin embargo, los personajes que publicitaron la empresa de trading también excedieron el mundo del fútbol: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni -actualmente denunciado por diputados opositores-, dio una charla y la promocionó en redes sociales.
“El lunes 2 de mayo voy a estar dando una masterclass exclusiva para los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica: N&W Proffesional Traders. Visiten su página de Internet para estar en contacto y aprovechar todo su contenido”, dijo.
Asimismo, también se conoció una grabación de Novelli en una reunión en la que enseñaba a sus alumnos a invertir junto con Milei, en la que explicó cómo surgió el instituto y sostuvo que entre los capacitadores se encontraban el ahora presidente y el exdiputado José Luis Espert.
La revelación sobre Novelli que dio un giro en el caso $LIBRA
En el caso $LIBRA, mediante el cual el presidente Javier Milei fue denunciado por estafa, Novelli cumple un rol fundamental porque fue el mediador entre el mandatario y Hayden Davis, el trader que lanzó la criptomoneda. Sin embargo, una revelación dio un giro en la investigación: el día que juntó a ambos, Novelli pidió precios de un BMW, dos Rolex y propiedades de lujo.
Ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando ingresó a la Casa Rosada junto con su hermana y colaboradora, María Pía Novelli, rumbo a la Secretaría General de Presidencia. Minutos después, el trader contactó por WhatsApp a una concesionaria de autos para preguntar por el costo de un BMW, modelo 240, y dijo que quería pagarlo “en cash”.
En tanto, el viernes pasado también se conoció otro dato que compromete a Milei en la causa. Minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, el Presidente interactuó al menos cinco ocasiones desde su teléfono personal con el teléfono de Novelli.
Mauricio Novelli,caso $LIBRA,Javier Milei,Inversiones,Corrupción en la Argentina,Conforme a,,Fuego interno. En Casa Rosada aseguran saber quién realizó la filmación a Adorni antes de tomar el vuelo privado,,Avanza la causa. Un piloto de vuelos privados es quien facturó el viaje de Adorni de Punta del Este a San Fernando,,La Perla. La hermana de dos desaparecidas le escribió una carta a Milei para que los forenses sigan con la investigación,Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.Ir a Canchallena,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,Comodoro Py, a la espera. Milei tiene más de 200 ternas para nombrar jueces, pero ninguna de la justicia federal porteña,,Agenda militar. El ministro Presti viaja a Washington para afianzar el alineamiento con Estados Unidos
POLITICA
La Suprema Corte bonaerense falló en favor de una pyme que fue bloqueada por activistas de la UOCRA en 2021

El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires deberá dictar un nuevo fallo en una causa en la que habían sobreseído a 6 activistas de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) por el bloqueo realizado en 2021 contra la pyme Construcciones y Servicios Viales (Conyser) en el ingreso del barrio privado Puerto Nizuc, en la localidad bonaerense de Hudson, Berazategui.
Lo decidió la Suprema Corte de Justicia bonaerense al aceptar la queja de la empresa a través de un recurso extraordinario, por lo que ese tribunal tendrá que dictar otra sentencia “ajustada a derecho” sobre los hechos denunciados y que fueron tipificados como asociación ilícita, compulsión a la huelga y extorsión.
De esta forma, la pyme de Berazategui logró que vuelva a considerarse en la Justicia la responsabilidad en los graves hechos denunciados de esos representantes sindicales que respondían a Juan “Lagarto” Olmedo, ex titular de la Seccional Quilmes de la UOCRA, enfrentado con el líder del sindicato, Gerardo Martínez.

Conyser es una pyme familiar que trabaja desde hace 40 años primero en el rubro de la construcción de edificios y luego en movimientos de suelo con máquinas viales, que denunció que los imputados se presentaron en dos oportunidades en agosto de 2021 en el ingreso del barrio privado y “ejercieron violencia sobre varios empleados de la empresa para compelerlos a tomar parte en una huelga, no prestar tareas e impedirles el ingreso, así como también a sus dueños, Ubaldo y Nicolás Vidal”.
En septiembre de 2022, el fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI 1 de Berazategui, elevó a juicio la causa contra los 6 activistas de la UOCRA, pero luego el Juzgado de Garantías n° 6 de Florencio Varela decidió no llevar el caso a juicio y sobreseyó a los acusados al afirmar que no existía suficiente evidencia de delito y que lo ocurrido fue una simple “huelga”. Esta resolución fue confirmada por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial 2 de Quilmes.
Sin embargo, la empresa, cuya abogada es Florencia Arietto, no estuvo de acuerdo y fue apelando a instancias superiores (Cámara de Apelaciones y Tribunal de Casación Penal), argumentando que hubo arbitrariedad y que no se valoró correctamente la prueba ni se respetaron sus derechos. El Tribunal de Casación Penal también rechazó el reclamo de la pyme, al sostener que los jueces anteriores sí justificaron su decisión y que no había razones para admitir el recurso extraordinario.

Para los miembros de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres y Victor Horacio Violini, la empresa tenía razón en varios puntos ya que su pedido para que se discuta el caso en las instancias superiores estaba bien fundamentado y, además, dijo los jueces anteriores no analizaron bien todas las cuestiones federales planteadas por la pyme.
Por eso, en su fallo, los magistrados ordenaron volver a analizar el caso en la instancia anterior para que le den una respuesta adecuada teniendo en cuenta sus reclamos constitucionales y las pruebas debido a que el presidente de la empresa “demostró que la presentación reunía los recaudos formales y materiales para su análisis y relación con derechos y garantías constitucionales”.
Previamente, la causa había tenido un recorrido por distintas instancias. En diciembre de 2023, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes había confirmado el sobreseimiento de los imputados dispuesto por el Juzgado de Garantías n° 6 de Florencio Varela, resolviendo no elevar la causa a juicio por los delitos mencionados.
Contra esa resolución, la pyme bloqueada efectuó sucesivas presentaciones, argumentando que la decisión excluía elementos de prueba y recurría a una interpretación inadecuada del derecho de huelga y de las figuras penales en cuestión.
Arietto resaltó a Infobae que el máximo tribunal bonaerense hizo “una interpretación igual a la que hizo la Corte de la Nación diciendo que hay un exceso de dogmática y de formalismo en el rechazo a ir a juicio”.
“El sobreseimiento a los 6 acusados es calcado de lo resuelto en el bloqueo contra Química Oeste -agregó- ya que en ese fallo los jueces consideraron que no había delito porque la violencia de la protesta y del ataque a los trabajadores no había sido física, pero la norma nunca habló de violencia física sino de violencia”.
Según la abogada, con su fallo, la Suprema Corte convalida el argumento de la pyme acerca de que “ningún derecho es absoluto y que la huelga no significa impedimento de trabajo y que es pasiva, no extorsiva, ya que hay una colisión de derechos cuando se impide el trabajo, que es el ejercicio de la industria”.

En 2022, el fiscal Daniel Ichazo había considerado “legalmente acreditado” que Miguel Angel Rojas, Gustavo Damián Villarroel, Omar Alberto Córdoba, Cesar Domingo Silva, Eduardo Daniel Martínez y Luis Daniel Olmedo “conformaron, mediante acuerdo previo, una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la libertad de trabajo y la propiedad”.
Para Ichazo, Rojas era el jefe y organizador de una facción de la UOCRA que bloqueaba el ingreso de los trabajadores a las obras en construcción para “forzar” a los dueños de las empresas a mantener una reunión con él, oportunidad en la que exigía “la puesta a disposición de distintos elementos como dinero y cosas, y finalmente, la perpetuación del bloqueo si esto no ocurría”.
Tras la resolución del fiscal, el líder de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, criticó y tomó distancia de Olmedo: “Rechazamos las acciones violentas o patoteriles. La UOCRA se encuadra en la defensa de los derechos colectivos e individuales en el marco de la ley y de los procedimientos administrativos que nos asisten”.
ECONOMIA2 días agoJuicio por YPF: la Justicia de EEUU benefició a Argentina y suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo
POLITICA2 días agoSenado: la oposición pidió explicaciones por $LIBRA y los vuelos de Adorni y Bullrich defendió al Gobierno
POLITICA2 días ago¿DÓNDE ESTÁ ESMERALDA? El grito de una madre que sacude a la Argentina: «Me la arrebataron de la puerta»













