POLITICA
Tres décadas después, el Congreso abre el recinto para interpelar al Gobierno sobre el caso $LIBRA

Pasaron largos treinta años desde la última y más memorable interpelación en la Cámara de Diputados. Domingo Cavallo, por entonces ministro de Economía, aprovechó el escenario para destapar el que sería uno de los escándalos más resonantes de la gestión de Carlos Menem, la existencia de una “mafia enquistada en el poder” con vértice en Alfredo Yabrán, un desconocido y oscuro empresario postal.
Otro escándalo será motivo para que, treinta años después de aquel episodio –ocurrido en agosto de 1995-, la Cámara de Diputados vuelva a abrir el recinto para una interpelación. Se trata de la presunta estafa cometida con la criptomoneda $LIBRA, la cual tuvo al presidente Javier Milei como primer promotor a partir de un tuit en su red social y ahora es investigada por la Justicia en la Argentina, Estados Unidos y España.
A dar explicaciones del asunto la oposición citó –pese al rechazo del oficialismo y sus aliados de Pro y la UCR- al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a los ministros de Economía, Luis Caputo y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como así también al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Si bien la Constitución Nacional, en su artículo 71, obliga a los ministros citados a concurrir, solo Francos y Cúneo Libarona confirmaron su asistencia. No así Caputo, reacio a dar explicaciones de cualquier índole al Congreso; su incumplimiento a la manda constitucional podría dar lugar a un pedido de juicio político, advirtió la oposición.
Si bien la interpelación es vista hoy como una suerte de acto inquisidor por parte de la oposición a un ministro del Poder Ejecutivo, lo cierto es que el artículo 71 de la Constitución Nacional se concibió, más bien, para garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno. Una regla democrática básica que permite que el Congreso, que representa al pueblo, ejerza un control directo sobre la gestión del Poder Ejecutivo. Con ese espíritu, durante el gobierno de Raúl Alfonsín se celebraron once interpelaciones parlamentarias a ministros de su gabinete, mientras que durante las dos gestiones de Menem se realizaron otras once. Muchas de ellas, incluso, fueron promovidas por los propios oficialismos.
Los gobiernos posteriores, en cambio, evitaron a toda costa que alguno de sus ministros fuera interpelado. El de Milei no es la excepción. En vísperas del inicio de la campaña electoral, la oposición no quiere dejar pasar este escándalo que, cuando estalló en febrero pasado, impactó de lleno en la línea de flotación del gobierno libertario. Su desafío será sonsacarles a los ministros información y elementos de prueba que puedan nutrir la investigación judicial y, también, la pesquisa que se apresta a realizar la comisión investigadora especial que se constituirá este miércoles, también en la Cámara de Diputados.
Preguntas
Las preguntas buscarán descular qué responsabilidad tuvo Milei en la presunta estafa. El presidente adujo que se limitó a difundir un proyecto para financiar empresas argentinas, pero lo cierto es que tras postearla en la red social X, la criptomoneda $LIBRA registró una suba exponencial de su valor para desplomarse a las cuatro horas, perdiendo el 89% de su valor.
El escándalo escaló cuando se revelaron las reuniones previas que Milei había mantenido con los responsables del proyecto, Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures. En todas esas reuniones estaba involucrado el trader Mauricio Novelli, cercano a Milei con frecuentes ingresos registrados a la Casa Rosada autorizados por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
¿Qué relación comercial o social tiene Milei con Davis, Manuel Terrones Godoy, Novelli y Julian Peh? ¿Se realizaron consultas a la Comisión Nacional de Valores antes de la publicación en la red social X? ¿Por qué borró el presidente su publicación y por qué tardó en hacerlo? ¿No evaluaron los riesgos de una maniobra de estafa? Estas serán solo algunas preguntas para el arranque de la interpelación, que promete cobrar temperatura cuando los opositores apunten hacia Karina Milei.
¿Por qué la secretaria general de la Presidencia autorizó el ingreso de estos personajes a la Casa Rosada? ¿Cómo se explica las acusaciones públicas de los involucrados acerca de que Karina Milei recibió pagos de Davis a cambio de influir en las decisiones de su hermano? ¿Algún funcionario público recibió algún tipo de remuneración por la promoción de la criptomoneda?, acicatearán los opositores.
La mecánica de la interpelación que se realizará este martes aún no fue acordada entre el oficialismo y la oposición, aunque ya hay intercambios de propuestas para evitar que la sesión se desmadre o se prolongue demasiado. En nombre de la oposición, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) propuso al oficialismo que, en el arranque, los ministros interpelados realicen una primera exposición de una hora, ampliable a media hora más. El mismo tiempo correspondería a los bloques que solicitaron la interpelación: Democracia para Siempre, Encuentro Federal y Unión por la Patria.
Acto seguido se pasaría a una primera tanda de respuestas. Aún no se definió si se habilitarán repreguntas. Después sería el turno de las preguntas individuales de los legisladores: la idea es que cada bloque defina un cupo de oradores, aunque ello es todavía materia de negociación. En la oposición dura nadie quiere perder su minuto de fama.
Se espera una sesión tan extensa como caldeada, cuyo punto cúlmine llegaría con los discursos de cierre de la oposición. A partir de las respuestas que hayan brindado los ministros, la idea es que los oradores del final realicen un balance político del informe. Será el preludio de la tarea que encarará la comisión investigadora una vez constituida, la cual promete prolongar los dolores de cabeza del oficialismo.
Las interpelaciones desde 1983
Como ya se dijo, durante el gobierno de Alfonsín se celebraron once interpelaciones, mientras que durante la gestión de Menem se realizaron otras once, la mayoría protagonizadas por el entonces ministro de Economía Cavallo. A continuación, una reseña de todas ellas:
GOBIERNO DE RAÚL ALFONSÍN
GOBIERNO DE CARLOS MENEM
POLITICA
Patricia Bullrich: “La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”

“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”. La advertencia de Patricia Bullrich coloca en primer plano la tensión por eventuales impugnaciones legales a la reforma laboral que avanza hacia una definición clave en el Senado argentino, donde está previsto que se decida sobre los cambios impulsados por la Cámara de Diputados.
El proceso ha sido calificado como “una construcción muy democrática de esta ley” y, según la senadora, el objetivo es que “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.
De acuerdo con Bullrich, el cronograma parlamentario establece que la reforma será votada el viernes: “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”.
En cuanto a las expectativas de cumplir todos los plazos antes del 1 de marzo, día del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa por la apertura del período de sesiones ordinarias, la legisladora sostuvo una visión optimista: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.
Bullrich habló antes de ingresar al Senado para participar de la reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto, donde se deberá formalizar la eliminación del artículo 44 de la reforma laboral votada ayer en la Cámara de Diputados.
El jueves, de acuerdo a lo que anticipó Bullrich, se discutirá la ley penal juvenil -que tuvo aprobación en Diputados-, la aprobación de la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea, y la denominada Ley de Glaciares.
El viernes próximo, en tanto, está previsto que se lleve al recinto la reforma laboral, el proyecto que tuvo anoche una aprobación de Diputados. La Cámara baja modificó la redacción original que la semana pasada había aprobado el Senado. Al eliminar el artículo 44, la iniciativa debe volver en revisión a la Cámara de origen. De acuerdo a los cálculos que tiene el Gobierno, el proyecto no tendrá inconvenientes para convertirse en ley.
También, ese mismo día, está prevista la discusión del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que tuvo ya en Diputados una aprobación holgada, incluso con votos peronistas.
Tanto para la reforma laboral como la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo comercial con Europa, el Gobierno consiguió apoyo de legisladores del peronismo, por lo que el oficialismo descarta que en la Cámara alta no habrá complicaciones para conseguir la aprobación.
La única fuerza que se opuso en todas las iniciativas que llevó el Gobierno a las sesiones extraordinarias fue el sector de Unión por la Patria que está alineado y responde al liderazgo de Cristina Kirchner, presidenta del PJ Nacional y que cumple una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por la “Causa Vialidad”.
El Senado ya había aprobado con 42 votos en general y 38 en particular la reforma laboral. Por eso, en la sesión del viernes próximo, La Libertad Avanza descuenta que se repetirá el mismo escenario. Más aun, porque la Cámara alta podrá votar de manera más rápida si acepta o no el cambio que se ejecutó en la Cámara baja.
En concreto, los diputados, con acuerdo el oficialismo, removieron el artículo 44 que tenía la limitación del pago de las licencias médicas.
POLITICA
Roberto Baradel se sumó al paro docente contra el Gobierno de Axel Kicillof

Este 2 de marzo comienza el ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, aunque este podría posponerse un día debido a la huelga que preparan los sindicatos docentes a nivel provincial contra el Gobierno de Axel Kicillof.
A esta medida de fuerzo se sumó el gremio docente más grande, que es el Suteba, dirigido por el polémico Roberto Baradel. Lo que le da al paro una magnitud imprevista frente al Gobierno bonaerense.
Tras dos semanas de negociaciones sin acuerdo en la paritaria, los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense -FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba – confirmaron una huelga para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. La medida impacta sobre millones de estudiantes de todos los niveles educativos de la provincia.
El Gobierno de Axel Kicillof financió al Grupo Indalo con más de $7 mil millones en 2025
El conflicto se activo luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de incremento salarial y anticipara medidas de fuerza. La decisión, inicialmente de la FEB, terminó arrastrando al resto de las organizaciones.
Suteba es el más grande de estos sindicatos, y su decisión de sumarse al paro supone un quiebre en la alianza de este gremio y el Gobierno de Kicillof.
Además de criticar al Gobierno Nacional por la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID), se da frente a lo que los gremios consideran como ofertas salariales insuficientes por parte del Ejecutivo bonaerense. La propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para febrero, lo que llevaba el salario inicial de un maestro a 760 mil pesos y superaba los 1,5 millones de pesos para los de jornada completa.
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POLITICA
El Gobierno busca aplacar las internas por la reforma laboral con la sanción de la ley en el Senado

Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno finalmente quitó de la reforma laboral el artículo referido a las licencias médicas, el cual había generado críticas por parte de distintos sectores de la oposición, y el proyecto quedó a un paso de ser aprobado en el Congreso, aunque continúa el ruido interno por la decisión de haber sumado en un principio ese apartado.
Cuando se inició la polémica, las autoridades nacionales primero salieron públicamente a defender la medida que se había incorporado al texto original 48 horas antes de su votación en el Senado.
Uno de los referentes del Gabinete que lo hizo fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó la reducción del salario al 50% por parte de los privados en determinadas situaciónes, al argumentar que “si te lastimaste jugando al fútbol, la empresa no tuvo nada que ver” y, por lo tanto, no debe afrontar toda la carga que demanda tener un empleado menos durante su recuperación.
Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada reconocían que se trató de un error por parte del oficialismo y al poco tiempo anticiparon que esa iniciativa iba a ser eliminada antes del debate en la Cámara de Diputados, lo que efectivamente sucedió.

Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada responsabilizaron directamente a Sturzenegger, al considerar que con esas declaraciones “se mandó una de más, como siempre”, porque esos dichos habrían provocado el malestar contra las modificaciones en las licencias médicas.
En tanto, consultados por Infobae sobre esta interna, en el entorno del funcionario aseguraron que estaban “tranquilos” y que iban a continuar trabajando en todos los temas que están en agenda.
Además, aseguraron que la inclusión de este artículo la reforma laboral no fue un pedido de esta cartera: “No estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Por ende, está claro aue no es algo que se impulso desde el Gobierno o el Ministerio”, señalaron.
Lo cierto es que la medida fue sumada poco antes de que el texto recibiera media sanción del Senado, y establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración”, siempre que esa condición “fuera producto de una actividad voluntaria y consciente”
Asimismo, se remarcaba que, “si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración”.
Ante la presión de los bloques aliados y de algunos gobernadores, La Libertad Avanza optó por quitar todo este apartado antes de que la medida fuera votada en Diputados, lo que obligó a que el texto volviera al Senado, que lo tratará el viernes que viene, por lo que se demoró su sanción definitiva.
“No pedimos nada de ese artículo. Es más, la UIA (Unión Industrial Argentina) ya manifestó que ellos tenían propuestas sobre ese tema y la decisión consensuada era la de no hacer cambios sobre el proyecto enviado. No vino de nosotros”, insisten desde el lado de Sturzenegger.
En una entrevista en Infobae en vivo, el presidente de esa entidad, Martín Rappallini, lamentó que se haya retirado esa iniciativa y opinó que “es un tema muy complejo, porque hay muchas variables”.
Efectivamente, el empresario contó que la cuestión fue analizada durante las reuniones del Consejo de Mayo, mesa de trabajo impulsada por el Ejecutivo y en la que comparte un lugar junto al ministro.
“Nosotros habíamos planteado en algún momento que fuera el 100% no remunerativo, sin cargas, para que el Estado se hiciera cargo”, detalló.
Por su parte, tras la interna, Sturzenegger se encuentra ahora abocado a otras tareas que tenía en agenda, como la preparación de las normas que se tienen que implementar para que pueda comenzar a regir el acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos.

La administración libertaria se comprometió en ese tratado a adaptar la legislación local y también adoptar una serie de puntos para facilitar el intercambio de bienes y servicios con Washington.
De acuerdo con lo que precisaron a este medio fuentes de la cartera de Desregulación, “no todas estas medidas son leyes”, sino que en algunas ocasiones “solo implica cambios normativos de menor nivel”.
En esos casos, las modificaciones necesarias podrían hacerse “a través de Decretos o incluso Resoluciones”, en los cuales ya está trabajando el funcionario desde la firma del acuerdo.
De todas formas, el convenio tiene todavía que ser aprobado en el Congreso, pero su debate se demoraría hasta el mes próximo. Esta semana será la última semana de las sesiones extraordinarias y los diputados y senadores tienen varios temas en agenda.
Luego de la aprobación de la reforma laboral del jueves pasado, el proyecto terminará de ser discutido en la Cámara alta el viernes próximo, junto con el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
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