POLITICA
Triple femicidio: la Iglesia volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado
Tras el macabro triple asesinato de una adolescente y dos jóvenes en Florencio Varela, la Iglesia Católica emitió una fuerte declaración, donde volvió a denunciar el avance del narcotráfico y reclamó más presencia del Estado para que “la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos”.
“Una vez más nos encontramos frente a un episodio trágico en nuestra sociedad, producto del avance del narcotráfico, especialmente en los barrios más vulnerables de nuestro país”, advirtió la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del Episcopado.
“Como Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino, nos solidarizamos con las familias de Morena, Brenda y Lara por el brutal asesinato que han sufrido estas jóvenes”, inició la declaración de la Iglesia.
Y recordó que las palabras del Papa Francisco: “¡Cuántos traficantes de muerte hay —porque los traficantes de drogas son traficantes de muerte—, impulsados por la lógica del poder y del dinero a toda costa! Y esta plaga, que produce violencia y siembra sufrimiento y muerte, exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad”.
“La presencia de la Iglesia y de diversas instituciones en nuestros barrios —donde se trabaja acompañando las vidas de tantos niños y jóvenes junto a sus familias, para que no caigan en el brutal flagelo de la droga— es esencial para que la muerte y el dolor no se apropien de la vida de nuestros hermanos», consignó.
Y advirtió: “Necesitamos que la presencia del Estado, a través de los órganos de justicia y de seguridad, sea inteligente y cooperadora, a fin de sostener a cada una de las instituciones que están presentes en los barrios, brindando respuestas efectivas, la fuerza del consuelo y el abrazo de la fraternidad”.
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POLITICA
Atravesada por internas, la UCR se reunió y apuesta a mostrar fortaleza territorial para reposicionarse frente a Milei
El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Leonel Chiarella, reunió hoy a más de 300 intendentes en la ciudad de Santa Fe para mostrar territorialidad y bajar el tono a las internas que bloquean la construcción de una identidad radical monolítica. En el Congreso, el partido continúa dividido y no logra votar en tándem, a la vez que sus dirigentes provinciales siguen pujando por imponer rumbos antagónicos para la estructura nacional.
En la conducción de la UCR no reniegan de las internas, pero prefieren poner el foco en lo que consideran su principal capital político -la presencia territorial y experiencia de gobierno– para reposicionar el partido. “La idea es reunir al radicalismo que gestiona y mostrar políticas públicas y un partido movilizado y unido”, habían adelantado a en el entorno de Chiarella.
Esa intención de congelar la disputa en torno a cómo posicionarse frente a Javier Milei encontró un freno pasado el mediodía, cuando comenzaron las alocuciones de los gobernadores. De los cinco mandatarios de la UCR, solo dos se presentaron al evento: el santafesino Maximiliano Pullaro, que ofició de anfitrión junto a Chiarella, y el correntino Juan Pablo Valdés, a quien acompañó su hermano y antecesor Gustavo Valdés. Su aliado de Provincias Unidas Carlos Sadir (Jujuy) estuvo ausente.
Tampoco se presentaron Alfredo Cornejo (Mendoza) -quien argumentó que la cumbre se superponía con la Fiesta de la Vendimia en su provincia- y Leandro Zdero (Chaco), ambos aliados de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. Los dos mandatarios se habían opuesto a la designación de Chiarella como titular del partido a instancias de Pullaro, quien mantiene una difícil relación con la Casa Rosada y busca alinear a la UCR con el perfil opositor del frente federal que lanzó el año pasado junto a peronistas y disidentes de Pro.
Aunque no asistió a la convocatoria, el gobernador cuyano envió un mensaje a la dirigencia radical y -pese a que la cúpula del partido buscó resaltar el carácter técnico del encuentro y la unidad nacional- reavivó el debate sobre el norte que deberá elegir la UCR. En línea con su estrategia electoral -su sello volvió a confluir con LLA para los comicios municipales de este mes-, insistió con la necesidad de acercarse al ideario libertario.
“Las ideas de la libertad son ideas originarias del radicalismo de Alem a nuestra parte, las ideas de buena gestión y equilibrio fiscal la conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores. Las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, trabajadores, pymes que son los que representó tradicionalmente nuestro partido cuando había bipartidismo, con el peronismo en frente”, sostuvo.
Fue un guiño al oficialismo nacional, pero también un mensaje al sector del partido que se acercó al peronismo en la última elección a través de Provincias Unidas. Esa alianza no fue bien recibida en algunos distritos como Córdoba, donde Rodrigo De Loredo ya trabaja para apuntalar una tropa propia para disputarle la gobernación a Martín Llaryora, cercano a Pullaro y los hermanos Valdés. El exdiputado cordobés tiene una relación cercana con Cornejo.
Más temprano, Ulpiano Suárez, jefe comunal de la ciudad de Mendoza y presidente del Foro de Intendentes Radicales que convocó a la cumbre junto a Comité Nacional, había intentado relativizar el alineamiento con Milei. “La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir una alternativa”, sostuvo.
Con ese mismo tono crítico se expresó Gustavo Valdés, que apuntó contra los recortes del gobierno nacional. “Vemos cómo se nos están acogotando las coparticipaciones, cómo los intendentes abusan del ingenio para poder salir antes porque cada día tenemos que brindar mejores y más servicios”, afirmó. Aunque, reivindicó una vocación frentista, sus críticas a la baja inversión en infraestructura y educación pública lo alejan del proyecto de Cornejo.
Ante la dificultad para acercar posiciones -y como contracara de un fuerte retroceso parlamentario- la conducción nacional del partido prioriza el despliegue territorial en municipios del Interior y evita inclinar la balanza a favor de alguna de las dos facciones que, aunque mantienen una frágil tregua, no terminan de reconciliarse.
“[Chiarella] entendió y entendimos que teníamos que [trabajar] en unidad y preservando también las diferencias que podamos tener en este momento coyuntural”, dijo, a su turno, Pullaro. Ese frágil equilibrio resiste en reuniones técnicas como la de este viernes, pero hace meses que algunos dirigentes se preguntan cuándo se terminará de calibrar una dirección única.
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POLITICA
Glaciares: el ambientalista Enrique Viale y un senador del PRO expusieron dos visiones sobre la ley
El Congreso debate la modificación de la Ley de Protección de Glaciares, una iniciativa que divide aguas entre sectores ambientalistas, legisladores y gobiernos provinciales. La sesión avanza con manifestaciones en la puerta del Parlamento y declaraciones de referentes de ambos lados. En Infobae en Vivo A las Nueve, el abogado ambientalista Enrique Viale expuso una postura crítica y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de la reforma. En tanto, el senador del PRO por Misiones, Martín Goerling, defendió el proyecto y resaltó la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales.
Consultado por Infobae A las Nueve, programa conducido por Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Idart y Tatiana Schapiro, Viale remarcó que “la Ley de Protección de Glaciares no es una ley antiminera, esto es lo primero que hay que decir. Es una ley que protege la naciente de los ríos”.
El abogado explicó que en los glaciares y el ambiente periglaciar “nacen gran parte de los ríos de nuestro país, que le dan agua, trabajo y vida a siete millones de personas”. Según Viale, la protección es clave porque “gran parte de nuestro territorio es árido o semiárido y depende del deshielo”.
Viale describió el momento como “crucial” y subrayó la gravedad de una eventual aprobación de la reforma: “Una vez destruido un glaciar, no hay forma de volver atrás, y esa es la desesperación que tenemos”. El abogado apuntó que, a diferencia de otras leyes que pueden revertirse, “esto es irreversible”.
El ambientalista criticó el tratamiento acelerado de la ley en el Congreso y denunció cambios de postura en senadores. “Nunca vi algo así”, sostuvo, y citó el caso de Carolina Moisés: “Cambió su voto por la Vicepresidencia Segunda del Senado”. Viale también mencionó al senador Luis Juez: “Tiene el discurso más encendido. Cuando se votó la ley en el año 2010, en defensa del agua y en contra de las corporaciones mineras. Ahora va a votar a favor”.
Para Viale, detrás del debate existe un interés concreto de grandes empresas. “Hay cuatro o cinco proyectos concretos que están detrás de esta norma. Es una norma hecha a medida”, afirmó. “Uno es el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, de la empresa BHP, que fue responsable del desastre de Brumadinho en Brasil. Más de treinta muertos, cedió una represa y arrasó un pueblo entero. Esa es la empresa, con ese prontuario, la que está detrás de esto”, denunció.
El abogado sumó otros nombres: “Barrick Gold con el proyecto Veladero, Rio Tinto con BlackRock en Los Azules, Glencore con Pachón en San Juan y el proyecto Mara en Catamarca”. Viale planteó que “en realidad hay dos o tres provincias detrás de esto: Mendoza, San Juan y Catamarca”.
Argumentos económicos y sociales: “No es una ley antiminera”
Viale refutó los argumentos de quienes defienden la reforma en nombre del desarrollo. “La Ley de Glaciares protege menos del 1% de la cordillera y precordillera. Es el 0,4% del territorio argentino. Tienen el 99, 6% del territorio para hacer minería. No es una ley antiminera”, aseguró.
El abogado respondió a la senadora Moisés, quien justificó su voto señalando que “el 73% de los jujeños está de acuerdo con modificar para inversiones mineras”. Viale negó que la ley impida el desarrollo: “Eso es mentira, eso es falso”. Además, apuntó: “Catamarca tiene gran minería hace décadas y es una de las provincias con peores índices socioeconómicos. Los mapas de la pobreza en América Latina coinciden con los mapas mineros”.
Viale aportó datos sobre el impacto de la minería en San Juan: “¿Sabés cuánto emplea la minería en San Juan, de la población económicamente activa? El 1%. ¿Cuánto significan las regalías mineras para San Juan? También el 1% del presupuesto provincial”. Según Viale, “siempre nos dicen que lo van a cambiar y son fantasmas que nunca se atrapan”.
El abogado diferenció la experiencia de Mendoza, provincia que “tiene prohibidas actividades mineras y mejores indicadores que San Juan”. Viale también puso en duda el supuesto cambio de consenso social sobre la minería: “Yo no creo eso. En Mendoza hubo un mendocazo en 2019, la gente estuvo en la calle”.
Postura de Martín Goerling, senador del PRO por Misiones
Al debate se sumó Martín Goerling, senador del PRO por Misiones. En diálogo con Infobae A las Nueve confirmó: “Yo voy a votar a favor de la ley de glaciares”. Explicó que su bloque votará dividido, con posturas diferentes según la provincia de origen de cada senador. “Es una ley que están pidiendo las provincias, que no le devuelve la potestad sino que le reconoce sus derechos, que están en la Constitución, de poder decidir sobre sus recursos naturales”, afirmó.
Goerling consideró que el nuevo marco “va a generar empleo, va a generar divisas para el país y es una actividad muy necesaria para el futuro, no solo de la Argentina sino de todo el mundo”. Relató que, en el caso del PRO, las senadoras de Chubut votarán en contra porque “tuvieron una discusión muy fuerte en su provincia, que llegó a incendiarse la municipalidad o la casa de gobierno, y no acompañan la ley por esas cuestiones”.
Debate sobre potestad provincial y control ambiental
El senador valoró el rol de los ambientalistas: “Me parece perfecto, cumplen su rol, defienden lo que piensan y está bien que así lo hagan”. Sin embargo, defendió la reforma: “Estamos discutiendo una ley polémica, hay voces a favor y en contra y creo que están garantizadas todas las instancias de control dentro de la ley”.
Goerling ejemplificó con la experiencia de Misiones en defensa de sus propios recursos: “Nosotros tuvimos un plebiscito que prohibía más represas hidroeléctricas sobre el río Paraná. Hoy no se puede hacer porque hay un plebiscito en contra. Eso es parte de la democracia”. Señaló que el país “tiene un gran potencial de exportación minera” y mencionó el caso de Chile: “Chile explota, desarrolla y genera riqueza. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer?”
Goerling aclaró que en Misiones “no hay ningún proyecto minero en desarrollo, solo las minas de Wanda que ahora está en conflicto”. Reconoció que su voto acompaña “un alineamiento político con el gobernador y el Gobierno nacional” y defendió la postura de que “los recursos naturales son de las provincias”.
Comparaciones internacionales y judicialización
Enrique Viale respondió a quienes citan el modelo chileno: “Chile le pone límites a la minería. La semana pasada, la justicia de Chile prohibió uno de los emprendimientos más grandes, el proyecto Dominga, por cuestiones ambientales”. Explicó que el proyecto binacional Pascua Lama “está prohibido del lado chileno, no del argentino, por destruir glaciares”.
Viale rechazó las críticas sobre la falta de consenso social hacia el ambientalismo. “Si este debate se pone en la sociedad habría un rechazo generalizado, incluso de votantes de Milei”, afirmó. El abogado denunció un “tratamiento exprés” en el Senado y acusó: “Están consiguiendo los votos a último momento, hay repartija de cargos”.
Si la ley se aprueba, Viale anticipó acciones judiciales: “Vamos a judicializar esto porque hay una tensión internacional sobre este tema. La regresión ambiental viene de un tratado, que es el tratado de Escazú”. Además, convocó a una protesta multisectorial frente al Congreso y se mostró confiado en que en Diputados el resultado será más difícil para los impulsores del cambio.
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POLITICA
Los principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria
El nuevo régimen penal juvenil, sancionado por el Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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