Enero prevé ser el mes del año en el que el Gabinete de Ministros de Javier Milei tendrá menos actividad. Voceros oficiales de la Presidencia indicaron que por estos días no hay una agenda estipulada y que no está prevista una reunión de Gabinete ni de la Mesa Política.

Se trata de una actitud diferente respecto a los dos primeros eneros que transitó esta administración. En el inicio del 2024, Milei se encontraba en sus primeras semanas de gestión y adoptó una impronta de alto dinamismo en el marco de las primeras políticas de ajuste del gasto fiscal y los proyectos que había enviado al Congreso, entre ellos la Ley Bases. En 2025 tampoco autorizó sendos viajes para los integrantes del Gabinete: optó a que en los dos primeros meses del año se pusiera en marcha la discusión de los temas que había llevado a sesiones extraordinarias.

Para este período ya se preveía que Milei iba a flexibilizar la rutina de trabajo del Gabinete de manera temporaria. La agenda más importante para el Gobierno está en el Congreso, en donde comenzarán a discutirse desde el 2 de febrero las reformas tributaria y laboral que Milei considera precisas para impulsar la segunda fase de su gestión de Gobierno.

Pese a que algunos sectores del Gobierno (incluidos el propio Milei) buscaban que estas reformas pudieran discutirse desde enero, la sugerencia de aplazar el debate en el Congreso provino de sectores del oficialismo, que aconsejaron tomar en cuenta el pedido opositor para que hubiera un período de receso tanto para diputados como senadores nacionales.

A los fines de adelantar los tiempos y las gestiones de las negociaciones, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto iniciar una nueva gira por varias provincias para reunirse con gobernadores aliados y opositores para conseguir las adhesiones de la reforma laboral. Esta la iniciará después de tomarse unos pocos días de descanso, luego de haber sido la principal figura de la campaña libertaria en las elecciones nacionales y de haber asumido como funcionario en noviembre del año pasado.

El presidente Javier Milei mantendrá su rutina de trabajo desde la Quinta de Olivos durante enero y no tomará vacaciones. Tal y como acostumbra, concentrará su trabajo en la Residencia Presidencial y se acercará a la Casa Rosada solo en ocasiones puntuales: lo hizo el martes de esta semana cuando tuvo una entrevista internacional y un encuentro con el Viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour.

La Residencia Presidencial de Chapadmalal no será utilizada por Milei ni por su hermana Karina, que tampoco se tomará vacaciones. Para este verano, el mandatario solo viajará al extranjero el 18 o 19 de enero, cuando está previsto su traslado a la ciudad suiza de Davos para participar como expositor en el Foro Económico Mundial.

Entre los integrantes de la Mesa Política se da la misma situación. No se prevé que el asesor presidencial Santiago Caputo se tome vacaciones. Incluso, estuvo presente en la revisión del DNU que modificó el Sistema de Inteligencia Nacional, área sobre la cual tiene injerencia a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Tampoco saldrá de Buenos Aires el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien inició unos breves días de descanso después del último año de campaña y de actividad legislativa. Por ahora, no sería ese el caso de la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich. “No se ha tomado vacaciones hasta el momento”, aseguran en su equipo de prensa.

Mientras tanto, otros funcionarios del Ejecutivo han optado por diferentes esquemas de descanso y trabajo. El ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planea tomar unos días libres tras las fiestas de fin de año. En el caso de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajó a Singapur por invitación de organismos internacionales para interiorizarse sobre políticas educativas y laborales, un viaje oficial costeado por dichas entidades que culminará el 11 de enero, y su entorno afirmó que continuará al frente de sus tareas durante todo el mes.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, viajará a Alemania para realizar cursos de doctorado en la Universidad de Göttingen y también asistirá a la Conferencia Internacional Anual sobre la Lucha contra el Antisemitismo en Jerusalén, que se celebrará entre el 26 y el 29 de enero y donde será uno de los oradores. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, inició su receso el 23 de diciembre y permanece cerca de la ciudad para regresar a sus funciones el 5 de enero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no tomará vacaciones y desde su entorno descartaron un viaje a Córdoba, su ciudad natal.

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El gobierno nacional explicó hoy, a través de un comunicado de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), la restructuración interna dispuesta en el decreto de necesidad y urgencia DNU 941/25. “Permite proteger al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”, señalaron las autoridades en el texto. A su vez, destacaron que los cambios responden “a los más altos estándares democráticos y republicanos”.

De manera puntual, la medida redefine las competencias institucionales, limita la Agencia de Seguridad Nacional únicamente a tareas de contrainteligencia y elimina organismos superpuestos como la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, el decreto no modifica la conducción actual de la Secretaría de Inteligencia de Estado. La SIDE continuará encabezada por Cristian Auguadra como titular del organismo, con Diego Kravetz como segundo. Auguadra desarrolló su carrera en la estructura de inteligencia y llegó a la conducción tras desempeñarse en el área de Asuntos Internos, donde fue sucedido por Diego Enrique Valdiviezo.

Desde distintos sectores de la oposición política plantearon dudas y cuestionamientos a la reforma y anticiparon que la Comisión Bicameral de Inteligencia elaborará un pedido de informes a la Casa Rosada. Más allá de las críticas, al ser un DNU, el Gobierno cuenta con los votos necesarios para sostener su plena vigencia.

“Desde Provincias Unidas defendemos una regla básica: sin control del Congreso no hay democracia plena. Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU”, planteó la presidenta del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia.

“Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”, señaló, a su vez, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”, añadió.

Desde la Secretaría de Inteligencia del Estado destacaron que los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario internacional, en el marco del liderazgo del Presidente Milei, exigen que el país cuente con un Sistema de Inteligencia “moderno, profesional y eficiente”.

Así, se explicó que la reforma tiene como eje central acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, reducir su tamaño y restringir su intervención en áreas que no le son propias. En ese sentido, se delimita expresamente que la seguridad interna corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional, la producción de inteligencia militar al Estado Mayor Conjunto, y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

En cuanto a la Agencia de Seguridad Nacional, su rol será abocarse exclusivamente a tareas de contrainteligencia. “Elimina superposiciones, estructuras innecesarias y misiones difusas que contribuían al desorden y a la falta de control”, se explicó en el texto.

“En ese marco, la contrainteligencia queda definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, dejando atrás prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, destallaron las autoridades.

Finalmente, la reforma establece un nuevo esquema de intercambio de información con el resto de los organismos del Estado, basado en la trazabilidad, la automatización y el registro obligatorio de cada requerimiento y de cada flujo de información. “Elimina la discrecionalidad y la arbitrariedad, garantiza la transparencia interna y fortalece los controles legales, técnicos y presupuestarios sobre el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional”, concluyeron.

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