La homilía pronunciada en la celebración de San Cayetano por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, condensó como pocas veces las profundas y contundentes críticas que viene haciendo la Iglesia Católica contra el Gobierno. Fue un discurso pastoral, pero sobre todo político, respecto del impacto social y económico de las decisiones y actitudes del Ejecutivo.

Sin mencionar a Javier Milei, pero con un estilo más directo que en otras expresiones públicas de los obispos, la homilía se refirió a los jubilados, los discapacitados, desocupados y excluidos, un amplio universo afectado por las medidas de la Casa Rosada. Pero García Cuerva también apuntó contra “los niveles de agresión y crueldad” que se vienen registrando en el ámbito público.

Son todas críticas que se vienen expresando por distintas vías desde que se inició la actual gestión y que muestran a la Iglesia Católica en una vereda opuesta. Es una rivalidad que no llega a expresarse de una manera ruidosa, pero que aparece de manera constante. En el oficialismo miran este fenómeno con recelo, por la posibilidad de convertirse en un emergente político que se consolide como un polo de atracción de descontento.

“Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y los enfermos; no podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer… Y no lo hacen porque les gusta”, manifestó García Cuerva, en referencia a los argentinos en general.

Frente al templo del barrio porteño de Liniers -donde cada 7 de agosto se concentra una multitud- el arzobispo de Buenos Aires agregó: “San Cayetano, ayudanos a hacer de la Argentina una casa de reconciliación, en la que dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal, y de usar palabras que lastiman mucho (…) que nos comprometamos a bajar los niveles de agresión, de indiferencia, de individualismo, de crueldad”.

Son párrafos que concentraron las profundas disidencias que existen en la Iglesia respecto del presente. No hizo falta mencionar a Milei ni al Gobierno para identificar destinatarios del discurso. Se trata de una narrativa anclada en un posicionamiento previo que comparte en la Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y lo secunda su par de Córdoba, el jesuita Ángel Sixto Rossi.

Los obispos, por sus diversos órganos de representación, viene expresando fuertes cuestionamientos. Se pronunciaron públicamente en contra de la baja de edad de imputabilidad, los cierres de organismos públicos, cuestionaron la represión en las protestas de jubilados, apoyaron a los que luchan por la situación del Hospital Garrahan y denunciaron que el retiro del Estado en las villas deja el campo libre para los narcos.

Son definiciones críticas que se sumaron a otras que se venían expresando desde el año pasado respecto a la política social, como el apartamiento de las organizaciones sociales y piqueteras que brindaban asistencia y alimentos en comedores, o a la desarticulación del FISU, el plan que urbanizaba barrios populares.

Contrapunto de baja intensidad

Lo cierto es que en un contexto marcado por el ajuste, la motosierra y la “batalla cultural”, la Iglesia Católica argentina optó por una estrategia clara. Tener una fuerte presencia en los temas concretos que afectan a la vida cotidiana de la gente, pero sin entrar en una confrontación directa con la figura del presidente Milei.

En la agenda episcopal se destacan cuestiones como la situación de los jubilados, el financiamiento del Hospital Garrahan, la atención a personas con discapacidad, la respuesta a la represión en las marchas y, más recientemente, el problema del trabajo.

El enfoque -según fuentes que están interiorizadas de la relación entre el Gobierno y la Curia- apunta a señalar “las injusticias” que surgen del modelo económico actual y advertir sobre el riesgo de que el ajuste se convierta en la única variable de política pública.

La relación con la Casa Rosada es entre fría y nula. Milei no responde a los planteos de la Iglesia y, del otro lado, entre los obispos hay una prudente distancia, ante la imposibilidad de establecer un diálogo político con la Casa Rosada.

De hecho, hasta ahora, el presidente de la Nación nunca recibió a las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal que asumieron el año pasado. El vínculo se reduce a los canales institucionales que abre la Secretaría de Culto y al contacto que los obispos mantienen con intendentes y actores locales en cada diócesis. “Rosca política no hay”, aclaran.

En este escenario, la conducción de la Conferencia Episcopal atraviesa un momento de cohesión interna, después del final del mandato de Oscar Ojea y la llegada del arzobispo Colombo, quien no suele rehuir las tensiones con el Gobierno.

La mirada de la Iglesia, resaltan los informantes, no se limita al gobierno nacional: también abarca la realidad de las provincias, donde la agenda incluye crisis económicas, tensiones sociales y confrontación con dispositivos políticos que a veces traspasan los límites de lo legal.

Otro eje que la Iglesia viene subrayando es el de las formas en el debate público, en el que Milei imprime un tono de inusual brusquedad (aunque la semana pasada prometió cambiar y moderarse). Es en ese contexto que se produjo la homilía de García Cuerva y su pedido frente a la iglesia de la calle Cuzco de “salir del chiquero de la descalificación y la crueldad”.

Se trató de un mensaje que apuntó a un clima social enrarecido y a un estilo político que, según observan en ámbitos eclesiales, tiende a desoír a quienes atraviesan dificultades.

Pero además, en lo que va del año, el Episcopado recibió a numerosos grupos en conflicto con el Gobierno: algunos encuentros fueron públicos, otros se mantuvieron en reserva, pero en todos se repitió la sensación de maltrato o indiferencia por parte de las autoridades. En esto aparecen las suspicacias del oficialismo.

Igual, en el terreno electoral, la postura es terminante: la Iglesia mantendrá su histórica prescindencia, sin involucrarse en lo partidario, más allá de que pueda haber pronunciamientos de curas u obispos con posiciones más firmes. La posición de los obispos es acompañar, escuchar y marcar las desigualdades, sin entrar en la competencia por el poder.

El Gobierno defendió la legalidad de los decretos delegados y advirtió que va a sostener las reformas implementadas, pese a la reciente derrota parlamentaria que puso en jaque parte de la estrategia oficial para reorganizar la administración pública. Así lo anticipó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, durante una entrevista en radio Rivadavia.

El funcionario criticó con dureza que diputados que antes habían acompañado los proyectos oficiales, como la Ley Bases, ahora se unieran a la oposición para rechazar los decretos. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó Francos, apuntando a la contradicción en el Congreso.

En el debate sobre los organismos estatales, el jefe de Gabinete remarcó que buena parte de las reformas operadas por el Ejecutivo ya produjeron efecto. Destacó que el Gobierno avanzó con la fusión y reducción de organismos como el INTA y el INTI, y que la estructura y el gasto público resultaban insostenibles. “No cuestionamos la función del INTA, pero sí la burocracia administrativa que tenía”, señaló, y ejemplificó que el INTA contaba con ‘como seis mil empleados y tres mil automóviles. Una cosa ridícula, ¿no?’.

Según Francos, estas reformas permitieron avanzar en el ajuste del gasto estatal. “Si vos tenés un déficit del 15% sobre un producto de seiscientos mil millones, estás teniendo un déficit de noventa mil millones de dólares de déficit público. Eso no lo puede resistir nadie. Nuestro país no lo puede resistir”, advirtió, repasando los déficits de los últimos años. Subrayó que, tras la llegada del nuevo gobierno, “pasamos de déficit a superávit, 3,8% del PBI en 2024 y 2,4% en 2025. Eso fue la primera parte de nuestras reformas”.

El jefe de Gabinete agregó que la sociedad percibe los efectos del recorte: aseguró que las encuestas cualitativas muestran que la ciudadanía entiende la relación entre el superávit fiscal y la baja de la inflación. “El resultado es que se acaba para siempre la inflación. Y eso es lo que el kirchnerismo no tolera y por eso quiere atacar cargando al Gobierno de nuevos gastos”, insistió.

Francos defendió el proceso de simplificación administrativa liderado por Federico Sturzenegger: “Lo que ha hecho es simplificar el funcionamiento de la administración pública, hacerle más fácil al empresario convivir con el Estado y desarrollar su actividad. Y todo eso es lo que va generando el cambio”.

En la sesión del miércoles pasado, la sesión logró los votos necesarios para rechazar 5 decretos delegados: 462/25, que modifica organismos técnicos como el INTI y el INTA; 345/25, que busca disolver el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares; 351/25 que transforma el Banco Nacional de Datos Genéticos en un organismo desconcentrado dependiente de la Jefatura de Gabinete; 340/25 que desregula la Marina Mercante; y el 461/25, que promueve la disolución de Vialidad Nacional.

UN VOTO A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN Y LA CASTA. Ayer la Cámara de Diputados votó la derogación de los delegados 462/25 y 461/25 (falta Senado). ¿Por qué es un voto a favor de la corrupción y la casta? Mirá el video y entenderás en que se gasta tu dinero. VLLC! pic.twitter.com/4JFY4AOfoY

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 7, 2025

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Antes y después: el sugestivo tuit de Sturzenegger para mostrar los cambios en la estructura del Inta

Consultado sobre la posibilidad de frenar en el Senado el rechazo a los decretos, respondió que dependerá de las circunstancias parlamentarias y de la decisión de Victoria Villarruel como presidenta del cuerpo. “Por más que sancionen el rechazo de los decretos delegados en el Senado, eso va a tener algún impacto, pero no demasiado, porque esos decretos ya están en vigencia y las modificaciones ya se hicieron”, aseguró.

Francos se refirió a la historia de las delegaciones de facultades entre el Congreso y el Ejecutivo. Sostuvo que “el peronismo y el kirchnerismo abusaron de la facultad constitucional durante todos sus gobiernos”, mientras que el actual oficialismo pidió la delegación por un año y cumplió con el plazo sin pedir prórroga. “Hemos hecho lo que pedimos y la facultad que se nos atribuyó por el Congreso. Esos mismos que hoy están rechazando decretos delegados, son los que autorizaron a los gobiernos anteriores a funcionar todo el tiempo con delegación de facultades”, disparó.

Sobre la alianza con el PRO, Francos ratificó que el entendimiento es estable y apunta a sostenerse en el tiempo, más allá de la coyuntura electoral. Destacó el trabajo conjunto en el Congreso, aunque marcó como “irresponsable” la actitud de legisladores que ahora se desmarcan. “Me parece increíble que todavía haya legisladores que no entiendan que el camino pasa por cambiar el Estado argentino y permitir que tengamos superávit y que no impacte todo ese peso del Estado en la economía, la actividad privada, en los empresarios que invierten en el campo, en la industria, en la energía, el petróleo, la minería, que son el futuro de la Argentina”.

Cada provincia es un mundo distinto. Divisiones, caras nuevas, acuerdos de unidad, jugadas estratégicas, fricciones permanentes. La lógica de la política y los tiempos electorales. El peronismo cerró las alianzas para presentar las listas nacionales en los 24 distritos del país con el convencimiento de que, muy probablemente, van a perder legisladores en el camino.

La fisura más importante la ocasionó Juan Grabois, que decidió no sumarse a la alianza nacional Fuerza Patria y mantiene la amenaza latente de presentar una lista por separado del esquema que tuvo como primer logro cerrar la unidad en la provincia de Buenos Aires.

El dirigente social tensó la cuerda al máximo y decidió no firmar la inclusión de su partido Patria Grande a la alianza peronista. Tiene diferencias en cuánto a la conformación de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y los nombres que podrían integrarla. Ante la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, se niega a avalar esa opción. Por ahora, el líder del Frente Renovador (FR) no se ha pronunciado sobre su futuro electoral.

Grabois se reserva la posibilidad de adherir su partido a Fuerza Patria y va a seguir negociando lugares en las listas de legisladores bonaerenses y porteños. Tiene la voluntad de encabezar la lista por la provincia de Buenos Aires, porque entiende que es momento de que haya un cambio de caras en la propuesta electoral del peronismo.

Va a seguir negociando hasta el domingo 17 de agosto, día en que se vence el plazo para presentar los candidatos. Si no llega a un acuerdo con la cúpula del peronismo bonaerense, entonces presentará una lista aparte con su partido. Si eso ocurre, la ruptura se hará efectiva y el peronismo volverá a sufrir los sinsabores de la interna.

El resto de los sectores del peronismo de la provincia firmaron la alianza sin conflictividad. Por eso la decisión de Grabois cayó mal dentro de Fuerza Patria. Desde el cristinismo dejaron saber que su decisión no fue avalada por la ex presidenta. Todo lo contrario. CFK insiste con la necesidad de cerrar las grietas internas y no le gustó la decisión del titular de Patria Grande.

Los límites de la marca Fuerza Patria

Para las elecciones del 26 de octubre, en la mitad del país, el peronismo no utilizará la marca Fuerza Patria, que se forjó en las mesas de negociación del PJ Bonaerense y que se instaló como el sello nacional para identificar la unidad del peronismo.

En diez de los 24 distritos, el peronismo utilizará un sello provincial para competir. Lo que marca que siguen existiendo varias diferencias de criterio dentro del universo peronista. En Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa no se utilizará la marca nacional que acordaron utilizar Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner.

Esas marcas provinciales le abren la puerta a algunos gobernadores a tener autonomía de la cúpula nacional y evaluar que rol jugar en la reconfiguración de las dos cámaras legislativas. Y, en muchos casos, son una forma de marcar distancia de la conducción kirchnerista que aún sigue teniendo peso específico en la estructura nacional.

Es el caso de San Luis, donde el liderazgo de Alberto Rodríguez Saá se fue alejando del kirchnerismo o de Mendoza, donde hay una intención clara de que el PJ vuelva a tener mayor preponderancia dentro del armado local. En Tucumán, Entre Ríos o La Pampa el nombre propio es también una prenda de unidad de sectores que no comulgan con la conducción política de la ex presidenta.

En cambio, el sello Fuerza Patria sí se utilizará en Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El caso de Catamarca es paradigmático. El gobernador Raúl Jalil fue muy cuestionado por el kirchnerismo por su acompañamiento al gobierno de Javier Milei en el Congreso. Sin embargo, a través de la ex gobernadora Lucía Corpacci cerró un acuerdo de unidad y llevará la marca que se propuso en Buenos Aires.

Muchos gobernadores – no solo los peronistas – quieren poner un freno al crecimiento de La Libertad Avanza (LLA) en el territorio. Advierten que en el camino hacia las eleciones del 2027 pueden perder su poder en la provincia, ya sea en la gobernación o en las legislaturas. La necesidad de tomar distancia empieza a aparecer cada vez con más nitidez.

En el peronismo no tendrán una campaña unificada y coordinada. No están dadas las condiciones para que eso suceda. En la cúpula del nuevo frente apuestan a que cada gobernador o dirigente de renombre ordene el peronismo en sus provincias y contenga a la mayor cantidad de expresiones.

Varios legisladores, enviados de los gobernadores, o con peso propio en las provincias, se han entrevistado con Cristina Kirchner y Sergio Massa a lo largo de los últimos meses. El pedido que se llevaban era el mismo: lograr la unidad más amplia posible pese a los resquemores existentes en los ecosistemas provinciales.

En el peronismo aceptan que en la elección nacional el Gobierno va a lograr un triunfo en la mayoría de las provincias. Y que se quedará, en muchos casos, con la mayor cantidad de legisladores que se renuevan. En el caso de las provincias que eligen senadores, creen que el peronismo podrá meter los legisladores de la minoría, a diferencia de lo que sucedió en el 2019.

Varios ex gobernadores volverán al ruedo electoral. Juan Manuel Urtubey será candidato en Salta y Jorge “Coqui” Capitanich en Chaco. El cordobés Schiaretti podría liderar la lista de diputados nacionales de su provincia. Juan Manzur negoció la unidad del peronismo tucumano con Osvaldo Jaldo y Gustavo Bordet bajó su protagonismo y decidió apoyar la lista que encabezarán Adán Bahl y Guillermo Michel.

El peronismo atraviesa una fuerte crisis de representación, lo que obliga a la dirigencia a generar una discusión más profunda para edificar un proyecto nacional. Los resultados de esta elección en cada provincia servirán de termómetro para saber dónde está parada la fuerza política cuando comience a desandar el camino hacia el 2027.