POLITICA
“Un acuerdo histórico”: Pablo Quirno habló tras firmar el acuerdo económico entre Argentina y Estados Unidos

Para el Gobierno nacional, acuerdo económico firmado entre Argentina y Estados Unidos marca un hito en la política exterior argentina. Así lo señaló el canciller Pablo Quirno, quien brindó detalles en una entrevista con A24COM sobre el alcance y los beneficios previstos para el país. Quirno enfatizó la visión estratégica del presidente Javier Milei, subrayando que la orientación hacia una alianza con Washington fue definida incluso antes de asumir la presidencia. El canciller remarcó: “Claramente es un acuerdo histórico. Pero lo que es importante destacar es que es un acuerdo que se ha gestado desde que el Presidente era candidato. Porque él, con su visión, fue quien determinó que quería tener una alianza estratégica con los Estados Unidos”.
Desde la Cancillería, se puso el foco en el proceso que culminó con la firma del entendimiento. Quirno explicó que la iniciativa cobró impulso luego de la elección presidencial estadounidense y que, desde diciembre de 2024, el Gobierno argentino trabajó para concretar el pacto. Según el funcionario, este es el primer acuerdo de libre comercio que Estados Unidos firma con un país sudamericano, lo que interpreta como una muestra de la relación estratégica entre ambas naciones. El canciller sostuvo que el convenio favorecerá no solo el intercambio comercial sino también la llegada de inversiones.
La Oficina del Representante Comercial estadounidense fue la encargada de difundir los detalles del documento final, que abarca cuestiones como aranceles, licencias de importación, propiedad intelectual e inversiones. El entendimiento, rubricado a fines de noviembre de 2025, establece la apertura recíproca de mercados para productos estratégicos. Desde el Ejecutivo argentino, se destacó que el acuerdo consolida un vínculo basado en la apertura económica, reglas claras y una visión moderna de la complementariedad comercial.
El Gobierno nacional considera que el acuerdo representa un hito para la reinserción de la Argentina en el mundo occidental. El texto será remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento, tal como requiere la Constitución. Entre los beneficios inmediatos, la Cancillería confirmó que Estados Unidos suprimirá los aranceles sobre 1.675 productos argentinos pertenecientes a múltiples sectores, lo que permitirá reactivar exportaciones por un valor de USD 1.013 millones. Al mismo tiempo, la administración estadounidense se comprometió a revisar en el futuro los aranceles aplicados al acero y al aluminio bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.
Por su parte, Argentina se comprometió a eliminar aranceles para 221 posiciones arancelarias que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos. Además, reducirá al 2% las tasas para otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y establecerá cuotas para vehículos, carne vacuna y distintos productos agrícolas. El acuerdo también prevé que Argentina elimine las licencias de importación o las convierta en automáticas para los productos estadounidenses.
El documento oficial establece que las medidas sanitarias y fitosanitarias argentinas deberán basarse en criterios científicos y de riesgo, evitando así que funcionen como barreras encubiertas al comercio bilateral. Se elimina cualquier restricción injustificada que afecte la reciprocidad, y se acuerda que Argentina no asumirá compromisos con terceros países que sean incompatibles con las obligaciones pactadas con Estados Unidos.
En materia laboral, Argentina deberá adoptar y aplicar de manera efectiva la prohibición de importar bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, en consonancia con los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El país también tendrá que proteger los derechos laborales internacionalmente reconocidos, manteniéndolos en su legislación y práctica, y aplicando sanciones legales adecuadas ante infracciones.
Respecto a la propiedad intelectual, el acuerdo estipula que Argentina garantizará un estándar sólido de protección. Deberá contar con sistemas efectivos para la aplicación civil, penal y en frontera de los derechos de autor y marcas registradas, procurando combatir la infracción o apropiación indebida, incluso en el entorno digital. El texto anticipa medidas prioritarias en materia penal y en frontera para proteger los derechos de autor y marcas.
El capítulo ambiental del acuerdo exige a Argentina mantener o implementar medidas de protección, aplicar eficazmente la legislación nacional y sostener estructuras de gobernanza ambiental robustas. El país se compromete a abordar cuestiones ambientales que puedan generar condiciones comerciales no recíprocas.
En cuanto a inversiones, el documento establece que Argentina permitirá y facilitará la inversión estadounidense en actividades vinculadas a minerales críticos y recursos energéticos, garantizando condiciones no menos favorables que las que otorga a sus propios inversores. A la vez, instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) podrán apoyar proyectos en sectores clave en colaboración con socios privados, siempre conforme a la normativa estadounidense, entre otras cuestiones relacionadas al vínculo comercial entre los Estados.
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POLITICA
Elisa Carrió: un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó este jueves contra el entramado entre política, justicia y fútbol en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la investigación judicial contra sus principales autoridades. En declaraciones televisivas, sostuvo que existe un esquema de poder “obsceno” detrás de la dirigencia deportiva y advirtió sobre la proyección política del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, hoy bajo la lupa judicial.
Sus declaraciones se producen en un contexto delicado: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Toviggino fueron citados a declaración indagatoria por presuntas retenciones indebidas de aportes previsionales y omisión en el pago de impuestos por más de $19.300 millones. En paralelo, la Justicia investiga una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar —tasada en más de US$20 millones e integrada por autos clásicos, helipuerto y caballerizas— que estaría vinculada a Toviggino a través de sociedades.
Además, la AFA resolvió suspender la fecha nueve del torneo Apertura en rechazo a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en una decisión que coincidió con el llamado a indagatoria.
En ese marco, Carrió fue contundente. “Hay en el fondo, por abajo, que todos se juntan con todos. Hay un entramado. Hay algo obsceno”, afirmó en diálogo con Todo Noticias. Y añadió: “Estas corporaciones mafiosas, como otras económicas que se han beneficiado eternamente con el país, se sienten impunes”.
Más adelante, sorprendió con una lectura estratégica sobre el poder territorial de Toviggino. “Ahora, guarda. Toviggino tiene dependiendo de él a un millón de chicos que pueden ser militantes. En realidad, a mí me gustó la jugada. Yo miro para adelante. Toviggino, con un buen equipo de estos que construyen presidentes, puede ser presidente. Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, sostuvo.
También cuestionó el silencio del sistema político frente al conflicto y sugirió que el oficialismo evita confrontar con este personaje por razones parlamentarias: “El Gobierno se mete con todos menos con Toviggino porque es Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, a quien le responden senadores y diputados”.
En la misma línea crítica, pero hacia el pasado reciente, Carrió se refirió al rol del Poder Judicial durante el gobierno de Juntos por el Cambio y mencionó al camarista Carlos Mahiques, quien recientemente renunció a intervenir en la causa vinculada a la quinta de Pilar tras trascender que había celebrado allí su cumpleaños.
“A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión [Reforma del Código Penal] donde estaba Mahiques, en el gobierno de Juntos por el Cambio. Era ese pequeño grupo que tenía [Mauricio] Macri con Mahiques y [Daniel] Angelici”, afirmó.
Luego avanzó con una autocrítica directa respecto de su acuerdo político con Macri. “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo por respetuosa pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero lo que no acordé fue el tema de la Justicia. Me arrepiento”, reconoció.
Por último, amplió su intervención hacia el debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras en zonas hoy alcanzadas por la normativa vigente. “Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.
la investigación judicial contra sus principales autoridades,trascender que había celebrado allí su cumpleaños,la reforma de la ley de Glaciares,,Elisa Carrió,Claudio Chiqui Tapia,Pablo Toviggino,Conforme a,,Facilita la exploración minera. El Gobierno avanzó con los cambios en la ley de glaciares y el proyecto se girará a Diputados,,»Igualdad ante la Ley». El Colegio de Abogados porteño le contestó al comunicado de Chiqui Tapia,,Servicios de logística. La AFA le pagó $300 millones, al menos, a la empresa que figura como propietaria de la mansión de Pilar,Elisa Carrió,,»No estabas loca». Carrió despidió con elogios a Sandra Mendoza,,Denuncias cruzadas. Tapia acusó de “extorsión” a los dirigentes de la Coalición Cívica y también apuntó contra un empresario,,Citó una canción de Spinetta. El juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe
POLITICA
El Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares en el Senado y ahora define Diputados

En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado aprobó esta noche una serie de cambios a la ley de glaciares y la definición de este proyecto queda ahora en manos de Diputados. Al momento de la votación en general y en particular, la iniciativa en cuestión recibió 41 adhesiones y 31 rechazos -se abstuvo la neuquina Julieta Corroza-, con un texto que dividió a varias bancadas, excepto La Libertad Avanza, que comanda Patricia Bullrich.
Como se suponía, los legisladores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan de la Casa Rosada, así como los recién escindidos del kirchnerismo -tras meses de amenazas berretas y penosas operaciones- Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).
Un artículo observado por algunos espacios fue el séptimo del despacho -recibió correcciones horas atrás-, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación -salvo áreas protegidas por la ley 22.351, de Parques Nacionales-, la cual estará encargada de identificar, “basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas” en la norma, es decir, que “actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”.
Quienes defienden la norma recuerdan que los recursos son de los distritos -únicos dueños- y desestiman vicios futuros, como suele pasar. Todo esto se desarrolla tras meses de decisiones del Gobierno mileísta para conseguir -junto a gobernadores- inversiones mega millonarias para la Argentina, con todo lo que ello implica para reactivar la economía. En dicha área, los procesos son extensos, no inmediatos.

En tanto, los que defenestran el proyecto desde lo ambiental critican el poder que tendrá cada mandatario local para influir ante el interés de empresas, por sobre el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En el recinto, varios opositores advirtieron que el articulado chocaría con pautas escritas en el convenio Mercosur-Unión Europea, que fue sancionado por la Cámara alta antes de la compulsa sobre glaciares.
Debate
El inicio estuvo a cargo de la dialoguista Edith Terenzi (Chubut), como titular de la comisión de Ambiente. No hizo una sola mención al contenido, sino al trámite del proyecto y su dictamen, que fue veloz y se consumó en diciembre pasado. Sí retomó en los cierres de jefes de bloque para reprochar la ley. Luego, le pasó la posta a Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).
Fue extraña la estrategia del oficialismo: según confiaron a Infobae desde diversas oficinas, se dieron reiterados intentos para que la miembro informante fuese la exsecretaría de Energía Flavia Royón, experta en el área. La seria salteña resistió y hablaron la chubutense y el fueguino, que lejos estuvieron de brillar.
“Se preservan las reservas hídricas permanentes”, arrancó Coto, quien agregó que la meta es “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Luego, justificó que el texto no apunta a “retirar” áreas consideradas como glaciares, “sino también a incorporar” al inventario del IANIGLIA. “Todo sigue protegido”, finalizó.

La respuesta del peronismo fue inmediata y llegó a través del pampeano Pablo Bensusán, que criticó al oficialismo por presentar recién por la tarde una serie de incorporaciones a lo firmado en diciembre pasado. “Se hizo muy gracioso el miembro informante y no explicó nada de las modificaciones que quieren introducir”, lanzó.
“Vamos a fragmentar los criterios de conservación y defensa de glaciares”, continuó el senador justicialista. En esa línea, detalló: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes. Hasta ahora es sistémico, el del IANIGLIA”. Y conjeturó: “Me parece anticientífico, irresponsable y un delirio”.
Para reacomodar la postura del Gobierno apareció el sanjuanino Bruno Olivera Lucero. “La Constitución nacional es clara y la Nación debe establecer presupuestos mínimos. Es un piso y no una regulación que abarca todo y que termina anulando el federalismo. Ahora se da a las provincias el dominio originario de sus recursos, que es lo que pidió la Corte Suprema”, expresó.
Olivera Lucero siguió: “Presentan el debate como una elección imposible entre el agua y el desarrollo productivo de un montón de provincias. Es una dicotomía totalmente falsa. El agua y la minería no son enemigos, lo que sí está mal es una ambigüedad jurídica que tenemos con la ley actual. Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura”.

“El IANIGLIA no realiza estudios de campo, sino que se basa en imágenes satelitales. Se paraliza el desarrollo por presunciones. La Argentina es el único país en el mundo que convirtió el ambiente periglacial en una categoría jurídica. ¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?“, preguntó el senador libertario al pleno de la Cámara alta.
Uno de los votos en contra fue el del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires). “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros. Es un error debilitar el IANIGLIA y dejar en manos de provincias la decisión de eliminar glaciares del inventario. Se invierte la jerarquía normativa y pasa el orden nacional a las autoridades provinciales”, aseguró.
Para Abad, “también se viola la uniformidad de los presupuestos ambientales”. Como ejemplo, se refirió a “una provincia que respeta inventario y otra que pide sacar un hielo, lo que produce un esfuerzo ambiental desigual”.
“Si este proyecto se convierte en ley, va a ser pasible de recursos de inconstitucionalidad. Desde la seguridad jurídica, si una empresa ve semejante desorden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar sus cosas y se va a ir“, insistió el bonaerense. En una similar postura se mostró la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba). Su compañero Carlos Espínola (Corrientes) lo hizo a favor.

Cierres
Desde Moveré Santa Cruz, José María Carambia se quejó por la uniformidad en regalías, a diferencia del campo. “Acá es del 0 al 3%, y del 3 al 5% para nuevos emprendimientos. No es lo mismo oro que litio o cobre“. Y enfatizó que el proyecto está “mal redactado”.
Distinto fue le caso de la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, que utilizó parte de su tiempo -apoyada en la lectura de un discurso pre armado, para mantener el hilo de ideas- para resaltar las normas ambientales de su distrito y blindó que las provincias sean los únicos dueños de sus recursos. Acompañó la ley libertaria junto a su colega Carlos Arce.
Con mayor vuelo técnico, Royón manifestó que «no es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger y para eso se precisan los estudios de campo, con involucramiento en territorio, que es lo que hacen las provincias». “No habla de ninguna flexibilización”
“Tenemos acá a exgobernadores de provincias mineras que conocen perfectamente que no es una decisión política lo que habilita un proyecto. Es faltar el respeto a cuerpos técnicos de muchas provincias. Seamos responsables cuando hacemos declaraciones», añadió la salteña.

Royón enfatizó que “el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses” y que la norma en cuestión “no ataca eso”. El dato que dio después sentenció el trámite: “En San Juan, 94% del agua se destina al agro, un 4% al consumo humano y un 1,2% a toda la industria, no la minera. El gran consumidor del agua es el agro”.
Salido hace cinco minutos del interbloque cristinista, el pícaro justicialista Andrada (Convicción Federal), terminal del gobernador Raúl Jalil, evaluó: “La minería tiene mala prensa. Queremos una ley que proteja a los glaciares, pero que no sea una etiqueta estática como hasta ahora. Estamos buscando una norma que sea más precisa y más federal”.
Otro catamarqueño, pero de la Unión Cívica Radical (UCR), Flavio Fama, afirmó que “lo que ha pasado, con el paso del tiempo, es que se transformó en una ley rígida -en referencia a la vigente-, con algunas zonas grises y con tensiones federales”. Y subrayó que debido a la judicialización de procesos se generó “incertidumbre” que trajo “como consecuencia la paralización de las inversiones”.
Por el kirchnerismo se cargó el cierre la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien apuntó a un “debate irreversible para el futuro de los argentinos”. En ese sentido, aportó: “Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda ciento de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener“.

Asimismo, Fernández Sagasti dijo que el texto “genera todo lo contrario” a lo que promete el Gobierno y “donde había certidumbre de la corte, ahora habrá incertidumbre”, con el pase de “un paradigma científico a un paradigma abierto” y seguras presentaciones en la justicia.
El final quedó para Bullrich. “Acá parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre, por eso estamos cambiando la historia. No queremos más discutir esta lógica ridícula, retrógrada, entre ambiente y economía”, precisó la porteña. “No es agua o trabajo”, juzgó.
Senado
POLITICA
Paradoja mileísta: control político y ruido económico

El atributo más característico de Javier Milei probablemente sea, desde siempre, su capacidad para llamar la atención. Y para sorprender. También, para protagonizar paradojas. Lo ratifica con solvencia por estos días.
El economista antisistema, que llegó al poder con un discurso fuertemente antipolítico, inicia el tercer y penúltimo año de mandato presidencial con un amplio control sobre la política y, como contrapartida, con sonoros ruidos en la economía.
Se trata de una paradoja que renueva la gran pregunta que lo persigue desde que accedió a la Presidencia: ¿es sustentable política y económicamente ese proyecto? Aquí la sorpresa. Hasta ahora, mucho más de lo que una gran mayoría pronosticaba. Pero el horizonte podría mostrarse más complejo.
La cómoda aprobación en las dos cámaras del Congreso de la ambiciosa reforma laboral, que este viernes se espera sea sancionada por el Senado, es una forma de consagración rotunda, aunque parcial todavía, del improbable proceso de construcción de poder iniciado hace apenas cinco años y del predominio que ejerce sobre la superestructura política.
La escasa e ineficaz resistencia parlamentaria y social por parte de sus contradictores es el reflejo del control político que ha logrado el proyecto mileísta, cristalizado tras el triunfo electoral y la debacle perokirchnerista en las elecciones de octubre pasado, así como del vacío que sigue absorbiendo a la oposición, acelerado por esos comicios.
También es el producto de un cambio de actitud de la Casa Rosada, desde una posición de mayor poder, que la muestra dispuesta a negociar y realizar concesiones para conseguir sus propósitos, como en los dos primeros años no había exhibido. Una cosa lleva a la otra.
“Además, reconózcanlo, ha habido una mayor disciplina y orden de los legisladores propios”, señalan (o demandan) con razón desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El brazo ejecutor de Karina Milei en el Congreso parece haber logrado que se haga carne el mandato de votar los proyectos de ley oficialistas afirmativamente con o sin lectura previa (y mucho menos, con discusión) de su contenido. La armada Brancaleone original empieza a parecerse a una ordenada fuerza regular.
Tan abrupto ha sido el cambio que el protagonismo de los escándalos parlamentarios se lo cedieron al kirchnerismo, que parece haberlos recuperado con gusto, como lo muestra el más reciente que interpretó la diputada Florencia Carignano, con su infructuoso intento por desenchufar micrófonos para interrumpir el debate sobre la reforma laboral.
La apertura de sesiones ordinarias que presidirá Milei el domingo será una gran escenificación de esa mutación ocurrida en apenas dos años. Del “nido de ratas” al que le daba la espalda y le espetaba el Presidente en los primeros dos años pasará a ser reconocido como “el Congreso más reformista de la historia”. Las hipérboles son eternas.
Así, los anuncios de proyectos de ley que hará Milei mantendrán la marca de la grandilocuencia que lo caracteriza y de la que se enorgullece, aunque también procurarán ser efectivos para no perder la senda victoriosa.
Al respecto, entre los principales integrantes de la mesa política se da por hecho que no se presentará un proyecto integral de reforma tributaria sino un paquete de cambios parciales para facilitar su sanción sin tener que dejar retazos en las aduanas de los gobernadores. La política transaccional seguirá dominando, pero se intentará que sea menos onerosa o que no se note tanto.
La nueva realidad del predominio político mileísta se puede medir para mostrar. En la dimensión de la superestructura política sobresale el resultado de las votaciones en el Congreso donde ha logrado pasar sin mayores sobresaltos las iniciativas que presentó para ser tratada en el período de sesiones extraordinarias que concluye este sábado.
Ese logro ha sido una quimera inalcanzable para otros gobiernos sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y parecían inimaginables para una fuerza política que cuenta con solo un tercio de los senadores y el 36% de los diputados nacionales. La misma que hace apenas dos años y tres meses tenía solo dos diputados nacionales, los mismos que hoy son presidente y vicepresidenta de la Nación. Y hasta se dan el lujo de estar irremediablemente enfrentados, sin perder nunca la oportunidad de hacerlo público.
El vertiginoso pase de una realidad a otra se grafica con cifras. En los dos primeros años de su mandato Milei “sólo consiguió que el 18% de los diputados nunca le voten en contra en votaciones de alta relevancia política (22 votaciones) en Diputados”, mientras que durante las recientes sesiones extraordinarias (hasta ayer) “el 52% nunca le votó en contra en las votaciones en general”, según un relevamiento de la consultora La Sastrería.
En el Senado, donde han solido naufragar consistentemente los proyectos más ambiciosos de los gobiernos no peronistas desde la recuperación de la democracia, las cifras son similares. En la primera mitad del mandato el Gobierno “solo consiguió que 7 de 72 (el 10%) nunca le voten en contra en votaciones de alta relevancia política (23 votaciones)”, mientras que en el arranque de la segunda mitad “logró que 42 de 72 (el 58%) nunca le voten en contra en las votaciones en general”. El cambio es radical.
En el plano simbólico, aunque también práctico, se destaca el dispar acatamiento al paro general de la CGT y la magra manifestación pública realizados la semana pasada contra la reforma laboral. Todo lo cual se magnificará este viernes con la ausencia cegetista frente al Congreso, cuando se sancionaría esa ley que echa por tierra con conquistas hasta ayer inentregables para el peronismo, y la reducción del plan de lucha sindical al cuestionamiento de esa reforma en el plano judicial. Al menos, por ahora. Si Saúl Ubaldini y Raúl Alfonsín resucitaran, no lo creerían.
El pasado sigue siendo el gran soporte del Gobierno, que explota con éxito su máxima de estar cambiando “lo que fracasó”. Aunque el presente de la oposición se encarga de ayudarlo.
La reciente imagen del cristinista Juan Grabois, de visita al dictador cubano Miguel Díaz-Canel, en momentos en que el viejo régimen comunista pasa por sus horas más sombrías, compite con la ayuda dada al imputado presidente de la AFA por Axel Kicillof.
El gobierno bonaerense apuró la aprobación de la radicación en ese distrito de la entidad que rige el fútbol para que pueda eludir controles de la Inspección General de Justicia de la Nación. Justo cuando el hit en los estadios de fútbol se ensaña con la progenitora de Claudio “Chiqui” Tapia. Ambos aspiran a ser los candidatos a Presidente de ese espacio.
A ellos se sumó el verborrágico mandatario riojano, Ricardo Quintela, quien con singular desparpajo hizo gala de golpismo, al afirmar que “este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”. Para que no quedaran dudas se remitió a 2001 y que no había que temer pagar un precio como el que costó ese desastre. El fiscal Carlos Stornelli no dudó en denunciarlo por “incitación a la violencia” y el Partido Justicialista acusó al fiscal de persecución política. Más asistencia para Milei, difícil. El Gobierno hace silencio. Sigue al pie de la letra el consejo napoleónico de no interrumpir a los adversarios mientras se equivocan.
La paz mileísta, sin embargo, podría sufrir algunos sobresaltos. En lo político, acaba de lanzar una campaña contra la presión impositiva de las provincias y los municipios en momentos en que se registra una caída en la recaudación por la disminución de la actividad y un aumento de la demanda salarial por parte de los trabajadores públicos de esos distritos. Varios gobernadores e intendentes aliados o moderados empiezan a levantar la guardia. Lo ven como un anticipo del intento libertario de quedarse con sus distritos en 2027.
En ese contexto, el anuncio de medidas de fuerza de los gremios docentes en el comienzo del ciclo lectivo no sería un hecho aislado. El amotinamiento policial en demanda de mejoras salarias que protagonizó recientemente la policía de Santa Fe es un antecedente que inquieta. Docentes y trabajadores de la salud de esa provincia, pero también de varias otras, acumulan demandas sin respuesta.
A esto se suma la dispar y compleja situación económica en el sector privado, a pesar del auspicioso crecimiento del 1,8% que se registró en diciembre de 2025 y que opera como plataforma de lanzamiento para este año. La heterogeneidad es demasiado grande y las principales caídas se dan en los sectores que más mano de obra absorben.
Los últimos datos oficiales, que corresponden a noviembre del año pasado, muestran que sólo ese mes se cerraron 892 empresas, a razón de 1,25 por hora, según releva el Monitor mensual de empresas de la fundación Fundar. Ese número es consecuente con una inquietante tendencia: en once meses de 2025 cerraron 10.123 empresas y desde que empezó el gobierno de Milei dejaron de existir 21.930 compañías. Y no es que haya habido un boom de fusiones.
Lo notable, en ese plano, es que no sólo cayeron empresas o se destruyeron empleos en sectores no competitivos o improductivos, como se considera el resonante caso de Fate. “En el sector de la energía y de la tecnología también se han destruido empleos”, señala el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra.
Al mismo tiempo, el consuelo o refugio que ofrecía para las estadísticas sobre desempleo el aumento de los cuentapropistas, trabajadores informales y de plataformas parece estar encontrando un techo. Sigaut Gravina coincide con Daniel Schteingart, de Fundar, en que la baja de los precios en los servicios de algunas aplicaciones, como las de transporte, estarían mostrando una saturación por exceso de oferta y estancamiento o caída de la demanda.
El empalme se está haciendo largo y complicado. La preocupación por la capacidad adquisitiva así como por el empleo ascienden en las encuestas cuantitativas y en los grupos focales como preocupaciones sociales, coinciden Pablo Knopoff, de Isonomía, y Lucas Romero, de Synopsis. Al mismo tiempo, el último Índice de confianza en el Gobierno, de la Universidad Torcuato Di Tella, mantiene la tendencia bajista. Las mediciones preceden a los últimos ruidos.
La caída en el consumo y el consecuente cierre de comercios encuentran justificaciones que, al mismo tiempo, encienden alarma en los perjudicados concretos o potenciales.
“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, después de reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, concedió que “hay que acostumbrarse a un nuevo sistema económico”. Pero luego subrayó: “Nosotros perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024. Desde ese entonces estamos amesetados y solo hemos recuperado una muy pequeñísima parte de esa pérdida”.
Después de la andanada contra los “empresaurios” que lanzaron el propio Milei y algunos de sus más prominentes ministros, los hombres de negocios se han vuelto más cuidadosos que nunca en sus expresiones públicas y, antes de cualquier observación que pueda sonar crítica, expresan el salvoconducto de elogiar “el rumbo”.
Por las dudas, ayer Milei se los recordó. Volvió a usar los infamantes apodos con los que descalifica a Paolo Rocca, de Techint; Javier Madanes Quintanilla, de Fate, y a un empresario del rubro neumáticos, a los que tildó de “delincuentes”.
“Del nido de ratas” y “la casta política” a la persecución a “empresaurios”. Resumen perfecto la paradoja mileísta: supremacía política y ruido económico.
Florencia Carignano,ayuda,“este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”,February 26, 2026,Claudio Jacquelin,Javier Milei,Reforma laboral,Martín Menem,Conforme a,Javier Milei,,Senado. El Gobierno avanzó en la media sanción de la ley de glaciares,,Contrapunto con empresarios. El Gobierno se debate entre la batalla cultural y el pragmatismo,,Dato oficial. El crédito bancario en dólares vuelve a crecer y marca récords
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