POLITICA
Un artículo del Código Penal abre una puerta para rehabilitar a Cristina Kirchner a ejercer cargos públicos en cinco años

La inhabilitación especial perpetua de Cristina Kirchner para ocupar cargos públicos podría no ser perpetua, ya que hay un artículo del Código Penal que abre una puerta para rehabilitarla en cinco años.
La norma prevé que se puede rehabilitar al condenado en cinco años, siempre y cuando tenga buena conducta, repare el daño y no sea condenada por nuevos delitos.
Hay un precedente de hace dos semanas dictado por la Cámara de Casación, por dos de los tres jueces que intervienen en el caso de Cristina Kirchner, en el que rehabilitaron a un exfuncionario de María Julia Alsogaray condenado por corrupción.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y la Justicia le impuso la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”.
El artículo 20 ter del Código Penal establece que el condenado a “inhabilitación especial”, como en este caso, “puede ser rehabilitado, trascurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible”.
En el caso de Cristina Kirchner se le impuso inhabilitación especial, pero para recuperar sus derechos políticos debería a los cinco años peticionarlo y cumplir con buena conducta, no sumar nuevas condenas firmes, demostrar que se ha rehabilitado (remediado su incompetencia) o que no hay razones para que cometa nuevos abusos.
Además, el Código dice que para rehabilitarla debe haber reparado el daño, por ejemplo con un ofrecimiento económico.
Esto es así porque las penas a pesar de que se dicen perpetuas nunca pueden serlo porque implicaría una violación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, tienen un final, como en este caso lo indica el Código Penal.
Hay un precedente reciente del 3 de junio pasado, que si bien no aplica en su totalidad a Cristina Kirchner, es un ejemplo de la aplicación de este beneficio que otorga al condenado el Código Penal.
Se trata del caso de Gustavo Daneri, excoordinador general de Entel (que fue la empresa estatal telefónica de la Argentina), un estrecho colaborador de la exinterventora María Julia Alsogaray.
Daneri fue condenado en 2014 por administración fraudulenta en un caso de corrupción por la privatización de la extelefónica estatal Entel durante el menemismo. En 2016 le fijaron la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
Daneri, con 75 años, pidió ser rehabilitado. Su defensa dijo que no pensaba ser funcionario, sin embargo, otras fuentes señalaron que aspiraría a un cargo en el gobierno nacional. El Tribunal Oral Federal lo rehabilitó porque entendió que no tenía antecedentes penales, tenía buena conducta, había “remediado su incompetencia” y además había ofrecido 6 millones de pesos para el Hospital Garraham, como una manera de reparar el daño cometido con su delito de corrupción.
El fiscal de ejecución penal Nicolas Czizik apeló esa decisión y entendió que no se lo podía rehabilitar. Por eso el caso fue revisado por los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Intervino la Sala IV de la Casación, la misma que interviene en el caso de Cristina Kirchner, pero con otra integración.
En el caso Daneri votaron los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que entienden en el caso Vialidad) y Javier Carbajo.
Una mayoría integrada por los jueces Borinsky (autor del voto) y Carbajo decidió rehabilitar a Daneri. En cambio, Hornos se pronunció en contra.
Borinsky, en un fallo al que adhirió Carbajo, dijo que “teniendo en cuenta las particularidades del caso” correspondía otorgar lo que pedía la defensa. Señaló que el fallo que lo rehabilita “no presenta fisuras de logicidad (aplicación de la lógica) y constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias de autos”.
“Los argumentos planteados por el representante del Ministerio Público Fiscal en su recurso demuestran una discrepancia valorativa y la existencia de una fundamentación que no comparte, que no alcanzan a acreditar el supuesto de arbitrariedad”, escribió el juez.
Mencionó que pasaron mas de cinco años de la fecha de la condena “sin que se constatare la comisión de un nuevo delito u otra circunstancia objetiva que permita realizar una prognosis negativa en cuanto a su eventual y futura incompetencia”, sostuvo. Y dijo que la pretensión del fiscal “solo se traduce en un ritualismo injustificado en detrimento del derecho al debido proceso que asiste a las partes”.
Claro que los casos Daneri y el de Cristina Kirchner, a priori, tienen sus diferencias. Dos de los jueces que resolvieron son los mismos que deberían decidir en una petición similar de la expresidenta, pero sus circunstancias no son las de Daneri.
Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta, al igual que Daneri, pero a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, no de ejecución condicional.
La expresidenta, además, enfrenta al menos otros tres casos donde fue citada a juicio: Hotesur y los Sauces, la firma del Memorandum con Irán y la causa de los cuadernos de las coimas, que tiene fecha de inicio el 6 de noviembre.
Con lo que su escenario judicial no está despejado como para llegar a los cinco años sin una nueva condena firme y al mismo tiempo la norma prevé que el condenado debe haber “remediado su incompetencia”, es decir, debe haber asumido la responsabilidad del hecho por el que fue condenado.
En el caso de la expresidenta no solo no lo hace, sino que sostiene que los responsables de su situación son los medios y el “partido judicial”, como definió a los miembros del Poder Judicial que la juzgaron.
POLITICA
“El gobierno desconoce el valor de la salud, la educación y la ayuda del Estado”: Ciudadanos Unidos cerró su campaña con críticas a Milei

Ciudadanos Unidos, la pata porteña de la alianza de gobernadores que apuesta a romper la polarización y reivindicar una agenda de desarrollo federal, cerró su campaña esta tarde en el barrio de La Boca con críticas a la falta de obra pública, el atraso de las jubilaciones y los recortes en salud y educación pública. También denunciaron presuntos vínculos de dirigentes de La Libertad Avanza con el narcotráfico.
La semana pasada, los candidatos locales recibieron finalmente el respaldo oficial de los fundadores de Provincias Unidas, que originalmente se mostraban reticentes a brindar apoyo, en un acto conjunto en Obras Sanitarias.
El acto de esta tarde se realizó en una fábrica recuperada del sur de la ciudad y estuvo encabezado por los candidatos a diputados Martín Lousteau y Piera Fernández, referente universitaria, y al Senado Graciela Ocaña y Martín Ocampo. En el público se encontraban, además de militantes del espacio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, la legisladora porteña Manuela Thourte y la excandidata Lula Levy. También estuvieron presentes las diputadas nacionales Mariela Coletta y Carla Carrizo.
El presidente de la UCR nacional fue el encargado de abrir el acto. “Tenemos un presidente que desconoce el valor de la salud, de la educación, de los medicamentos accesibles para los jubilados, el valor que tiene la ayuda del estado cuando tenés en la familia a alguien con discapacidad, el valor que tiene poder llegar a fin de mes tranquilo y no estar ahogado por deudas”, comenzó.
Lousteau aseguró que la Argentina está atravesando una profunda recesión y que la economía tiene los “motores apagados”, motivo por el que -a su entender- el país está actualmente “al borde de una crisis”. “Estamos al borde de una crisis porque este gobierno no supo acumular dólares porque lo que hizo fue apreciar la moneda y hacer el dólar barato”, cuestionó y aseguró que es necesario fomentar la inversión pública para promover el desarrollo de los sectores exportadores que puedan generar “dólares genuinos”.
Para ello, reclamó por la reanudación de las obras de infraestructura y apuntó tanto contra la corrupción del kirchnerismo como contra los recortes de La Libertad Avanza. “No podemos pasar del desmadre de la obra pública en la que se revoleaban bolsos de millones de dólares arriba de los conventos a esto que es cero obra pública. Necesitamos obra pública para acelerar el crecimiento de la economía y para atender urgencias sociales”, sentenció.
También dedicó críticas contra la administración nacional por la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos y contra los escándalos de corrupción que sacuden al Gobierno como el presunto cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la difusión de la criptomoneda $LIBRA y los vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico. También apuntaron contra la candidata a senadora libertaria Patricia Bullrich por presuntos vínculos con una empresa involucrada en dicho esquema de corrupción.
En este contexto y como hicieron a lo largo de su campaña, los candidatos buscaron enviar un mensaje de esperanza y plantarse como la principal alternativa a la administración nacional. “Hay otra manera de hacer las cosas que nos incluya y en la que nos hablemos y no nos gritemos, hay otra manera porque el futuro se construye y no se destruye. Por eso, iniciamos este camino de Ciudadanos Unidos”, afirmó Ocaña.
La dirigente de Confianza Pública cuestionó la poca atención que los distintos gobiernos han puesto sobre los jubilados y ratificó que, de acceder al Congreso, impulsará “la obligatoriedad de la cobertura de los 50 medicamentos que se utilizan para atender las patologías crónicas de la tercera edad”. Subrayó, a su vez, que avanzarán contra las jubilaciones de privilegio, incluso de manera retroactiva -es decir, con aquellas ya vigentes hoy día- para equilibrar la balanza respecto de los beneficiarios cuyo haber apenas alcanza los $400.000.
Fernández, en tanto, reivindicó la agenda de la salud mental y la defensa de la educación pública. Pidió avanzar en un gran acuerdo nacional educativo “porque la educación no puede depender de la coyuntura o el gobierno de turno”. Cuestionó el cierre de escuelas y el atraso de los salarios docentes y anunció su plan de impulsar en un plan nacional de infraestructura para la construcción de establecimientos educativos.
La dirigente universitaria subrayó, además, la necesidad de reformar la ley de salud mental y de capacitar a los profesionales en esta materia. Puso especial énfasis en la situación de los adolescentes, un sector en el que la ludopatía se expandió en el último tiempo. “Ocho de cada diez adolescentes hicieron apuestas en casinos online. No podemos mirar para otro lado. Tenemos que regular a los operadores, pero también prohibir y penalizar la publicidad de apuestas online en los menores de 18 años”, sentenció.
A su turno, Ocampo abordó la agenda de seguridad y reivindicó su trayectoria como funcionario. “Me tocó ser ministro de seguridad y crear la policía de la ciudad. Creo que es la mejor policía de la Argentina. Quiero ir al Senado a llevar esa experiencia y políticas concretas”, expresó antes de poner el foco en el ciberdelito. Cuestionó la falta de políticas nacionales en esta materia de prevención de esta problemática y la ausencia de propuestas al respecto de parte de la ministra de Seguridad. Frente a este vacío, propuso la creación de una policía especializada en esta clase de delitos.
“La policía tiene que tener la capacidad incluso de verificar en redes dónde hay anzuelos y publicidades engañosas que nos hacen entrar en estafas. Este es un flagelo que encarece toda la actividad económica y el gobierno nacional está ausente”, planteó.
Con la exposición de sus propuestas y, entre chicanas a candidatos tanto de Fuerza Patria como del oficialismo nacional, Ciudadanos Unidos cerró su campaña luego de que, la semana pasada, recibieran oficialmente el respaldo de los fundadores de Provincias Unidas. El miércoles pasado, los candidatos locales compartieron un acto con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) en el que volvieron a pedir por una Argentina federal que priorice las economías regionales, la educación y la generación de empleo.
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POLITICA
Denuncian que el Movimiento Peronista Paraguayo le facilita el DNI a extranjeros para que puedan votar

Según una investigación publicada por La Derecha Diario, una agrupación conocida como Movimiento Peronista Paraguayo coordina tomas de terrenos y el otorgamiento de DNI paraguayos a residentes en Argentina para asegurar votos para el partido Fuerza Patria. La maniobra habría contado con respaldo local y órganos estatales informales.
De acuerdo con el informe, el Movimiento Peronista Paraguayo opera con el aval de dirigentes del municipio de La Matanza y se encargó de organizar tomas de terrenos “en barrios vulnerables habitados mayormente por paraguayos” como parte de su estrategia electoral.
La agrupación peronista paraguaya PAPPEM, que banca Espinoza y Kicilllof, promueve las usurpaciones en La Matanza ¡perjudicando a los matanceros argentinos! pic.twitter.com/4OmzRgb8LJ
— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) October 21, 2025
La publicación indica que simultáneamente se facilitaron trámites de DNI para ciudadanos paraguayos residentes en Argentina, lo que “permite incorporarlos al padrón electoral. “Quienes ingresaban a una usurpación recibían el DNI concreto al instante”, se afirma en la nota.
Desde la agrupación vinculada a La Matanza, mencionada como “grupúsculo peronista paraguayo”, se presenta la logística como un mecanismo para “insertar” y movilizar a una base social que de otro modo estaría marginada del proceso electoral formal. El vínculo con Fuerza Patria es funcional: el análisis sugiere que “la intervención política paraguaya favorece alianzas discretas con la marca electoral oficialista”.
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Myriam Bregman cerró la campaña del Frente de Izquierda: “No seremos una estrella más de la bandera yanqui”

El primero en blanquearlo fue Nicolás Massot (Encuentro Federal) durante la reunión de la Comisión de Presupuesto del martes. “Nuestro dictamen va a tener superávit fiscal para darle previsibilidad económica en los próximos dos años”, explicó. Según detalló, proyectará un superávit del 0,9%, frente al 1,5% que propone el Gobierno, y la diferencia se financiará con rentas generales.
Este miércoles, en una nueva cumbre de la Comisión presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch −que reemplazó a José Luis Espert−, el oficialismo deslizó que podría aceptar un texto alternativo siempre que preserve el superávit primario y financiero. La brecha entre ambos proyectos, subrayaron, deberá cubrirse con la porción no indexada del gasto: partidas variables que no incluyen jubilaciones, educación, seguridad ni salud.
Apuntan a votar un texto común con la composición actual de la Cámara baja, pero con la nueva en el Senado. Pretenden, así, recortar el margen del peronismo, que podría condicionar la discusión. El debate, con este cronograma, se extenderá a las sesiones extraordinarias.
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