El lunes fue un día crucial. El Gobierno había anunciado que modificaría el esquema cambiario, y la reacción inicial del mercado había sido positiva. Terminaba la jornada y en la Casa Rosada había una sensación de optimismo. Pero al anochecer se decidió activar una bomba racimo. Quizás fue la traición del entusiasmo. Estaba escondida en la nueva versión del presupuesto que partió de la Secretaría Legal y Técnica y aterrizó en la Cámara de Diputados, ante el desconocimiento de gobernadores y legisladores. Se incluía allí la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de servicios de discapacidad, que habían sido aprobadas por amplia mayoría, e insistidas hace dos meses tras el veto del Presidente.

El explosivo estalló el martes en la reunión de comisión y sus esquirlas impactaron con fuerza en la sesión del día siguiente y se desparramaron sobre el Senado, que debió postergar hasta febrero la reforma laboral, a pesar de que la protesta de la CGT de ese día en la Plaza de Mayo se había transformado en una inocultable expresión de grisura.

El tema se había discutido con total sigilo en el seno del Gabinete tres días antes. Luis Caputo consideraba vital eliminar esas dos leyes para lograr equilibrio fiscal. El que llevó la voz cantante internamente fue Santiago Caputo, como expresión de una directiva expresa de Javier Milei, quien siempre es el más duro a la hora de eliminar gastos.

Hubo objeciones internas a esa propuesta. La más explícita fue la de Patricia Bullrich, quien entendía que la iniciativa pondría en situación incómoda a legisladores que hace dos meses ya se pronunciaron sobre esos temas. También Diego Santilli hizo advertencias, a partir de la percepción que recogía entre los gobernadores. Ninguno quería ruidos que alteraran el cronograma que se habían trazado para el cierre del año. Intuían que el precario acuerdo que se había logrado hasta entonces sería quebrado por esa vuelta de rosca inconsulta.

Cuando se activó el dispositivo oculto, se dispararon varios procesos que terminaron condenando el capítulo XI, donde estaban contenidas las dos derogaciones, y tiñendo la media sanción del presupuesto de un clima de derrota que no debería haber tenido. Al final de cuentas era el primer proyecto que el Gobierno lograba aprobar en el Congreso en meses, y el primer presupuesto que conseguía progresar.

El problema fue el exceso de expectativas previas. Se suponía que el triunfo electoral de octubre, más los realineamientos posteriores a favor del oficialismo, le permitirían a LLA tener un territorio legislativo a disposición. Pero las matemáticas son crueles con las ilusiones.

Algunos gobernadores, como Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, advirtieron rápidamente que su acompañamiento en general no incluiría el capítulo de la polémica. Pero el problema fue más profundo: hubo varios legisladores que se desacoplaron de sus gobernadores y no respondieron a sus pedidos, porque no estaban dispuestos a pagar el costo de votar contra discapacitados y docentes. Es parte del proceso de hiperfragmentación de la política argentina.

Al chaqueño Leandro Zdero se le corrió el diputado Gerardo Cipolini, al correntino Juan Pablo Valdés se le movió Diógenes González, el salteño Gustavo Sáenz no pudo torcer a Bernardo Biella. “Al Gobierno le cuesta entender que no alcanza con acordar con los gobernadores para sumar en bloque a todos sus legisladores. Los diputados también tienen su juego”, reconocían después en el oficialismo.

A eso se sumaron los errores de cálculo y los problemas en la contabilidad libertaria. Como si se tratara de un déjà vu de las tortuosas sesiones previas a la elección, otra vez el oficialismo confió en contar con una mayoría exigua, que a la hora de la definición se le esfumó.

En el propio bloque de LLA se sorprendieron al ver que perdían la votación del capítulo XI, incluyendo Martín Menem. Al no esperar ese resultado, no hubo capacidad de maniobra para pedir un cuarto intermedio o negociar algún tipo de modificación que salvara la situación. La frontalidad con la que el oficialismo enfila hacia las derrotas legislativas combina riesgosamente el heroísmo con la impericia.

Uno de los diputados importantes del bloque describió el clima en el recinto: “No entendíamos lo que pasaba. Estábamos seguros de que se aprobaba, por eso nos quedamos sorprendidos. Incluso los peronistas, que estaban muertos en la sesión, resucitaron como si hubiesen liberado a Cristina. Fue un baño de realidad muy dura. No pudimos sacar el presupuesto que queríamos cuando estamos en nuestro mejor momento político”.

Quizás hubo desatención a dos advertencias previas que se habían producido. La primera, a la hora de formar el quorum. Eran las 14.29 y faltaba un minuto para que expirara el plazo de espera, cuando Nicolás Massot, hoy más opositor que aliado, se sentó para ayudar al Gobierno a tener presupuesto porque el tablero marcaba 126, un diputado menos de lo requerido.

Ese susto quedó superado después, cuando se aprobó una idea pergeñada por Menem para votar por capítulos y no por artículos. La lógica fue incluir otros temas en el mismo capítulo XI (promesas de fondos para CABA, reducción de subsidios al gas en las zonas frías del país, beneficios a Edenor y Edesur) para sumar compromisos. La lógica maximalista que promueve Milei: ante un desafío, redoblar la apuesta.

La segunda advertencia se evidenció al momento de la votación en general del presupuesto, que sumó 132 votos a favor, es decir sólo tres por sobre el mínimo que garantiza la aprobación. Estaban justos los números y no hubo capacidad de rectificación.

Menem confiaba en sus diálogos previos y en una carta que guardó en secreto para el final de la sesión: una silla en la AGN para los gobernadores del norte, una sorpresa de la que no estaban enterados ni siquiera en el propio bloque de LLA. Como si fueran Ángel Di María y los directivos de Rosario Central, de pronto aparecieron detrás del cortinado para jurar la libertaria Mónica Almada, el kirchnerista Juan Forlón y Pamela Calletti, que responde al gobernador salteño, Gustavo Sáenz, los propuestos para la Auditoría.

Eran ya las 3 de la mañana y la escena expuso el reconocible aroma de lo sinuoso. Cristian Ritondo sintió el peso de una traición y la relación con el Pro sufrió otro cimbronazo. También hubo quejas radicales. Allí quedaron lágrimas para secar si el oficialismo quiere seguir contando con sus aliados naturales.

Es evidente que el Gobierno tiene una dificultad muy profunda de interlocución que no pasa por los actores a cargo de las negociaciones. Antes el problema eran los cruces internos entre las gestiones de Santiago Caputo y Martín Menem. Esta vez no ocurrió eso porque el asesor no intervino. Está Santilli y ya no el desangrado Guillermo Francos. En el Senado quien talla ahora es Patricia Bullich.

Pero hay algo más de fondo, que viene de arrastre desde el principio de la gestión, que es la incapacidad para establecer acuerdos firmes, que permitan un tránsito fluido entre la palabra y los hechos. “No saben vincularse en forma franca, generar confianza. Lo hacen siempre con prejuicios, como cumpliendo, incluso cuando entran en el juego de hacer concesiones. Se les nota que no están convencidos”, describe un interlocutor habitual de los negociadores del Gobierno, que le atribuye una relevancia especial a los factores emocionales y al carácter de diferenciación con la política tradicional que quieren mostrar los libertarios en sus diálogos y negociaciones.

Santilli intentó reparar esos déficits con su estilo empático y su locuacidad, pero en el último tramo se quedó sin sustentos materiales para apuntalar su gentileza, más allá de los ATN, la ley de glaciares y las concesiones mineras. Del otro lado hay actores que esperaban algo más para olvidar los destratos del pasado, o que al menos usaron esa excusa para su beneficio.

Aparecieron dudas en el Gobierno sobre la confiabilidad de los gobernadores norteños, a quienes se buscó privilegiar por sobre los mandatarios que construyeron Provincias Unidas, un bloque que hoy emerge más contestatario.

En definitiva, la señal más defectuosa que dejó el episodio de esta semana es que otra vez apareció un cono de sombras sobre la capacidad del Gobierno para gestionar la política, aún en situaciones extremadamente favorables. Que no pudo o no supo traducir el triunfo electoral en una aprobación límpida de su presupuesto, el preámbulo de las reformas que aspira a sancionar. Que aun siendo la primera minoría le afectan los mismos síndromes que cuando eran una treintena de montañeses tratando de entender las dinámicas del Congreso.

La confusión del diputado libertario Lisandro Almirón, quien en plena sesión enumeró una serie de obras públicas que se harían con el presupuesto, cuando en realidad estaba leyendo el dictamen de la oposición, fue un retrato inigualable de esas limitaciones.

La primera reacción de Milei fue el enojo y por eso en la mañana del jueves dejó trascender que así como estaba, el presupuesto no le servía y que evaluaba vetar el proyecto. ¿Qué vetaría; todo el presupuesto que él mismo había impulsado? En realidad lo que quería eliminar era el capítulo XI, que ya no estaba en el texto.

A la tarde se realizó una reunión urgente de la mesa política para analizar la situación. Allí volvieron a emerger las diferencias, con un sector que propiciaba la reintroducción de las derogaciones de las dos leyes, y otro que planteaba que insistir con esa idea haría implosionar todo el presupuesto. “Los radicales, los de Pro y los provinciales aliados nos hicieron saber que de ningún modo van a acompañar si insistimos con el texto original”, describió un integrante del bloque LLA del Senado.

De allí no salió una definición clara. El viernes Bullrich y el presidente de la comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, avanzaron con el dictamen, sin las derogaciones. Sin embargo, incluso cuando ya estaban en la reunión de comisión, siguieron recibiendo mensajes de la Casa Rosada para insistir con el capítulo que se había excluido.

Fue otro día de confusión profunda en el campamento libertario. Por primera vez tras el triunfo electoral reemergían esos estados de desconcierto que tanto habían influido en los meses previos de incertidumbre. La certeza es un bien esquivo en el universo oficialista. “A veces en el Ejecutivo creen que todo se puede lograr presionando y empujando, pero hay cosas que no salen así, acá hay que trabajar de otro modo”, se quejan uno de los interlocutores.

En la tarde del viernes se hizo otra reunión de la mesa política para tratar de ordenar el tablero, siempre en la oficina de Manuel Adorni, quien actúa de coordinador, pero sobre todo de representante de Karina Milei, curiosamente ausente en los dos cónclaves.

Allí, con la inusual participación de Luis Caputo (según relataron testigos, no fue intransigente con las derogaciones, porque tampoco quiere generar un ruido político que afecte al mercado en la previa a la cancelación de deuda de enero), se volvió a debatir cómo seguir con el presupuesto. Pero no hubo consenso.

Reapareció la idea de incorporar las derogaciones en el debate en el recinto, pese a las resistencias. Se habló sin precisiones de encontrar alternativas en la semana que queda hasta la sesión del próximo viernes. También de hacer modificaciones vía decretos presidenciales una vez que se haya convertido en ley.

El nudo del problema es lógicamente fiscal. Los duros aseguran que, con las derogaciones, el balance del presupuesto es deficitario, y que ese tema hay que resolverlo porque si no van a empezar a caer demandas judiciales contra el jefe de Gabinete, porque hoy no se están ejecutando las partidas dispuestas en esas leyes. Los dialoguistas, en cambio, entienden que se pueden buscar compensaciones parciales y que fue un error agitar la tensión con docentes, médicos y familias de discapacitados cuando esos temas se estaban resolviendo por otras vías.

También hay una dimensión simbólica, que tiene que ver con las señales que perciben los actores externos, los mercados, el FMI, Washington. Y en este plano, el resultado no fue malo para el Gobierno. La suba de bonos, la calma del dólar y la baja del riesgo país parecieron demostrar que hubo una lectura más general de la sanción del presupuesto, sin tanta atención al capítulo frustrado; como si se hubiese valorado más el avance de una ley que en los dos primeros años no se había logrado aprobar.

También influyó mucho en ese clima favorable la distensión que generó la modificación en las bandas cambiarias y la promesa de acumular más reservas. Ya no había más margen de dilación con el FMI. Al mismo tiempo el silencio de EE.UU. se estaba empezando a notar y la salida al mercado de la semana pasada había demostrado limitaciones. Era hora de revisar el esquema. Es una señal de pragmatismo valorada entre los operadores, aunque vuelve a demostrar que en el plano cambiario el Gobierno oscila mucho más que en el aspecto fiscal y que no puede ofrecer las mismas garantías de sustentabilidad.

El debut en la nueva temporada no resultó el éxito que se esperaba, pero el Gobierno sigue teniendo a disposición condiciones objetivas muy favorables para repuntar en los próximos exámenes. El traspié de esta semana en todo caso actuó como un recordatorio de que la victoria electoral no le garantiza una marcha triunfal hacia sus objetivos. Milei debe evitar que se instale prematuramente la sensación de que perdió la capacidad de impulsar leyes o de avanzar con su programa. Lo padeció durante una parte importante del año. Hoy sería un déjà vu ingrato.