POLITICA
Un diputado denunció opacidad y conflicto de intereses en la elección del Defensor del Niño
Se trataba de la última reunión plenaria de la Comisión Bicameral que postulará un candidato a ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes antes de la ponderación final de los postulantes. El concurso se inició hace un par de meses.
Setenta candidatos aprobaron el examen escrito; un primer reclamo de Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe de LLA, apuntaba a que los exámenes no fueron publicados, como corresponde en un concurso público.
A lo largo de la hora y media que duró el encuentro, a cada objeción del diputado, la réplica fue esencialmente de indignación ante las sospechas de falta de transparencia y de autoelogio al trabajo de la comisión; algo que por supuesto no exime de responder a las objeciones ni de cumplir con todos los requisitos de transparencia. Pero las respuestas a los cuestionamientos se hicieron esperar y en general fueron eludidas.
La reunión tenía por objeto aprobar los lineamientos con los cuales se atribuirá el puntaje a cada instancia del concurso: examen, antecedentes, plan de trabajo y comparecencia ante la comisión. Todas esas etapas ya se cumplieron; lo llamativo es que la aprobación de los lineamientos se hiciera a posteriori de todo el trámite, recién el miércoles pasado, a cinco días de definir un candidato, lo que se haría el lunes 22 de septiembre.
Esa irregularidad no solo no fue respondida, sino que la presidente de la Comisión Bicameral, Natalia Sanapura (UCR, Jujuy), avanzó con la agenda e hizo aprobar los lineamientos y otros puntos del temario.
”Estos lineamientos los mandan ahora, ¿no es cierto?”, fue la primera pregunta de Mayoraz que luego se explayó sobre el tema: “A mí no me parece claro, ni regular, ni correcto que a último momento y cuando ya están las cartas sobre la mesa y ya tienen los favoritos, establecer ahora los lineamientos para la ponderación final. Esto había que hacerlo el primer día. Los postulantes tenían derecho a conocer cómo se iban a ponderar los puntajes que obtenían. Es muy poco serio a los fines de la transparencia que reclama la sociedad”.
No se privó Mayoraz de insinuar que el concurso “está hecho a la medida” de candidatos favoritos.
Sanapura replicó que la forma en que se iba a evaluar a los postulantes estaba en el reglamento “que está aprobado y eso no lo vamos a modificar”. Aseguró que el reglamento “es claro”. “Que no estén de acuerdo no significa que lo tengan que invalidar, poniendo en duda la buena fe, el accionar, de los que estamos en este proceso”.
El senador Daniel Bensusan tomó la palabra para expresar su indignación ante las críticas: “Diputado Mayoraz, no le voy a permitir que me venga a decir que yo y mis compañeros hemos tenido un proceso que no ha sido transparente y que ya tenemos los nombres. Es una falta de respeto”, y lo conminó: “Déjese de joder”, además de acusarlo de buscar “trabar el procedimiento”. “No voy a permitir que se mancille el trabajo que hemos hecho acá”, que aseguró fue “impecable”.
Sin embargo, Mayoraz retomó el hilo y sumó más críticas al desarrollo del concurso. “Los exámenes escritos nunca se publicaron ni se les permitió a los otros concursantes conocer cuál fue el criterio o cómo se evaluó a otros. Es una regla básica de los concursos. Es lo que se llama imparcialidad, es decir, corroborar que mi examen fue corregido con los mismos criterios que el del otro”. También señaló que “no se publicaron las notas de los que aprobaron ni el orden de mérito”, tampoco “los currículum vitae de los concursantes”, es decir, “los antecedentes laborales y la formación de cada candidato”.
También objetó las preguntas hechos a los candidatos porque “fueron dispares, con criterios de prejuicio”. Ejemplificó: “A las personas opuestas al aborto, se les preguntaba sobre la ley de aborto y a los demás ninguna en el mismo sentido”.
Lo curioso fue que, poco después, la legisladora que formulaba reiteradamente esa pregunta (sobre el caso hipotético de una niña de 11 años violada y embarazada, el argumento clásico de todas las campañas de legalización del aborto), dijo: “Acá se está queriendo plantear si es celeste o verde (el candidato) y es el peor error que podemos cometer”.
Finalmente, Mayoraz apuntó a un conflicto de intereses: “Una integrante del Consejo Asesor, Nora Pulido, es madre de María Colombo, que trabaja en la Defensoría. Nunca fue puesta en conocimiento de esta Comisión esa situación. Y vaya casualidad, hay seis postulantes y por lo menos tres con chances de acceder al cargo, que trabajan en la Defensoría. Uno de ellos, tengo entendido que es el jefe de María Colombo. Esa situación debió ser puesta en conocimiento de la Comisión, porque eso hace también a la independencia y a la transparencia”.
La Presidente de la Bicameral negó estar en conocimiento de esa situación, contra lo que afirmaba Mayoraz, pero el dato tampoco le pareció relevante ni que afectara a la transparencia del proceso.
Se produjo el siguiente intercambio:
Mayoraz: La información que yo tengo es que usted sabía que Nora Pulido es la madre de una empleada de la defensoría.
Sarapura: ¿Pero cuál es el problema?
Mayoraz: ¿Cómo cuál es el problema? ¿Le parece perfecto que una persona del consejo asesor sea madre de una empleada cuando hay cuatro postulantes que llegan a la instancia final que trabajan en la Defensoría?
Y siguió: “Lejos de haber aquí transparencia, lo que ha habido siempre ha sido un manto de duda, que se ha aumentado por el hecho mismo de que ustedes no han respondido a los requerimientos ni a las impugnaciones”.
Sarapura propuso entonces “avanzar con el temario” y dejar para después la aclaración de las dudas, que atribuyó a la “falta de información, de seguimiento continuo del proceso”.
“Todo lo que se ha dicho, no sólo se puede aclarar, pero lo vamos a hacer en su momento”, dijo, y con 7 votos dejó constancia de la aprobación de los lineamientos, a pesar de las objeciones.
La senadora Estefanía Cora (Frente de Todos, Entre Ríos) agradeció “a los trabajadores y trabajadoras de esta Comisión Bicameral”, aludió a las “jornadas muy largas”, al “mucho compromiso” y al “interesante y rico mensaje” dado a la sociedad “de articulación, de consensos, de debates”.
Otros legisladores formularon reproches al diputado díscolo, como el de “querer entorpecer los procesos”, y su “falta de respeto a los concursantes, a las instituciones y a todos los miembros de la Bicameral” y de “falta de compromiso”.
Luego Sarapura hizo votar la resolución de la Bicameral respecto a las impugnaciones que consistió básicamente en rechazarlas todas. Y pasó al siguiente punto del orden del día, referido a la publicación de los CV de los postulantes, lo que generó un nuevo cruce con Mayoraz.
Invocando la Ley 25323 de Protección de datos personales, pidieron autorización a los postulantes para publicarlos.
“La publicidad es una regla fundamental -dijo Mayoraz-. Si una persona se somete a un examen voluntariamente, no puede ejercer el derecho a la intimidad, porque el escrutinio público está por encima del derecho a la intimidad. Es obligación de la Comisión publicarlo, no tiene ni que consultar eso. Porque si va a ocupar un cargo público, es un derecho de la sociedad conocer los antecedentes de esa persona”.
Y entonces elevó el tono de su crítica: “No solo hacen mal al publicarlos tarde y a tres o cuatro días de designar, sino que ya tienen el nombre, porque ustedes ya tienen el nombre”. Además dijo que también tenían “predesignados” a cuatro futuros adjuntos en la Defensoría, “aunque la ley dice que no los designa la Bicameral”.
Pese a estos señalamientos, Sarapura hizo votar la decisión de publicar sólo los CV autorizados.
“Votamos en contra -dijo Mayoraz-, porque todos los currículums se tienen que publicar”.
Luego sintetizó: “Esta ley se hizo para darle una pátina de objetividad, de profesionalismo a la designación de un defensor. No quisieron hacerse cargo del costo político de que las designaciones se hacen por acuerdos políticos. Lo que a mí me parece mal es el manoseo al cual se ha sometido a los candidatos en todo este proceso, para después terminar eligiendo a alguien en base a llamadas telefónicas, acuerdos hechos por fuera de la comisión, en base a lo que ustedes mismos reconocieron, consensos políticos. Entonces, la objetividad del examen, del currículum, de la trayectoria, del plan de trabajo, del desempeño en la audiencia pública, no sirve absolutamente para nada, porque están eligiendo al que se pusieron de acuerdo para elegir. Punto. No se elige al mejor».
POLITICA
Caso Adorni: la Justicia pide la intervención de un organismo clave para analizar los contratos de Grandio con la TV Pública
La investigación judicial por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Punta del Este en vuelos privados sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en el que solicitó al juez federal Ariel Lijo que autorice una serie de medidas para profundizar la pesquisa, entre ellas el acceso de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente, pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.
El planteo del fiscal se inscribe en la causa caratulada “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, en la que se investiga el viaje del funcionario y el financiamiento de los vuelos privados. En su presentación, Pollicita sostuvo que las diligencias solicitadas buscan continuar colaborando con la profundización de la investigación y complementar medidas que ya fueron ordenadas por el juzgado.
Entre los pedidos centrales, el fiscal requirió que se libre un oficio a Migraciones para que remita la totalidad de los registros de egreso y reingreso al país de Manuel Adorni y del periodista Marcelo Grandio desde el 1° de enero de 2023 hasta la actualidad.
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También solicitó información sobre los movimientos migratorios de la esposa del vocero presidencial, Bettina Julieta Angeletti, y de otras personas que hayan integrado los vuelos investigados, con especial foco en los desplazamientos registrados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.
El requerimiento incluye datos detallados: fechas, horarios, pasos fronterizos utilizados, medios de transporte y cualquier otra constancia disponible. Además, el fiscal pidió que el organismo realice un cruce de la información para determinar si las personas mencionadas realizaron otros viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas.
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Otro punto del dictamen apunta al registro interno de esos movimientos en el sistema migratorio. Pollicita solicitó que se identifique a los usuarios del organismo que intervinieron en la carga, validación o modificación de los registros vinculados a los vuelos investigados, con detalle de nombres, áreas de pertenencia, fechas, horarios e incluso las terminales e IP utilizadas en el proceso.
En paralelo, el fiscal pidió que el juez autorice a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a intervenir en el expediente y en actuaciones complementarias. Según surge del dictamen, el objetivo es que ese organismo pueda analizar aspectos vinculados con la actuación administrativa de los funcionarios y de terceros involucrados en el caso.
La intervención de la PIA, de concretarse, permitiría que ese organismo examine la documentación del expediente y utilice las herramientas con las que cuenta para evaluar eventuales irregularidades administrativas relacionadas con el uso de recursos del Estado y con la actuación de quienes aparecen mencionados en la causa.
El dictamen también incluye un requerimiento dirigido a la empresa JAG Executive Aviation S.A., propietaria del avión involucrado en los vuelos investigados. Pollicita solicitó que la firma informe si recibió alguna carta documento u otra intimación vinculada con los hechos del expediente, en particular la que, según declaró una testigo, habría sido enviada en el marco del conflicto por la factura correspondiente al tramo de regreso del viaje.
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El pedido apunta a que la empresa detalle la fecha de recepción de esa comunicación, quién la remitió, quién la recibió dentro de la firma, qué tratamiento interno se le dio y si fue respondida. También solicitó que se acompañe copia de la documentación vinculada con ese intercambio.
Las nuevas medidas se suman a una serie de movimientos recientes dentro del expediente. En los últimos días, el juez Lijo dictó medidas de protección para una testigo clave de la causa, Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation. La decisión se tomó luego de un pedido del fiscal Pollicita, tras la denuncia de la mujer sobre presuntos hostigamientos y presiones.
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Según se informó, el magistrado ordenó que el periodista Marcelo Grandio —amigo de Adorni y uno de los implicados en la investigación— se abstenga de contactarla por cualquier vía y estableció una restricción de acercamiento a su domicilio, su lugar de trabajo y otros ámbitos de concurrencia habitual. La medida se adoptó después de que la testigo relatara que, mientras declaraba ante la Justicia, recibió llamados y mensajes de Grandio.
En su testimonio, Tossi sostuvo que el periodista fue quien pagó el traslado y que habría pedido que no se emitiera factura por ese servicio. A partir de ese episodio, el fiscal impulsó además una investigación paralela para determinar si existieron amenazas o coacciones relacionadas con su declaración.
Manuel Adorni, Gerardo Pollicita, Ariel Lijo
POLITICA
Entidades empresarias respaldaron el proyecto de la Corte Suprema para reformar el mecanismo de selección de jueces
Agrupaciones empresarias celebraron los cambios en el proceso de selección de jueces impulsados por la Corte Suprema de Justicia. Destacan que la reforma favorece un sistema más transparente y agiliza las designaciones en el Poder Judicial, lo que genera un entorno institucional más sólido y confiable para las inversiones.
“Como Cámara alentamos las medidas que promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”, aseguraron en la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham) en Argentina.
En un comunicado difundido esta tarde, la entidad consideró que la propuesta del máximo tribunal “representa un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.
“Esta iniciativa no solo contribuye a reducir márgenes de arbitrariedad, sino también apunta a agilizar los procesos y mejorar la calidad de las designaciones. Un sistema judicial más eficiente, profesional e independiente es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho”, continuaron.
No es la primera vez que la AmCham destaca la necesidad de fortalecer la transparencia del Poder Judicial. En febrero del año pasado, la cámara empresaria había rechazado el intento de Javier Milei de designar como jueces de la Corte Suprema a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto. Señaló que, si bien los nombramientos por esa vía eran constitucionales, suponían un “riesgo potencial” para el equilibrio institucional que “debe regir en una democracia” y socavaba las posibilidades de atraer inversiones.
“La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y crecimiento sostenido, y su debilitamiento solo contribuye a demorar la recuperación económica y social que requiere la República Argentina”, advirtieron.
El proyecto de reforma que ahora celebra la AmCham Argentina fue presentado el lunes último por los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Plantearon un nuevo mecanismo de selección de jueces que constará de dos instancias: por un lado, una evaluación general de derecho mediante un multiple choice de corrección informática y, por otro, la redacción de una sentencia. También se tendrá en cuenta el desempeño universitario y académico de los magistrados y sus publicaciones en revistas indexadas.
“La evaluación escrita tendrá garantías reales de objetividad: un múltiple choice de corrección informática y redacción de sentencias”, había explicado Rosenkrantz: “Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”.
La reforma cuenta también con el respaldo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas. En este sentido, destacamos y apoyamos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial, que ha presentado una propuesta de reglamento de concursos para la selección de magistrados, con el espíritu de generar un proceso transparente”, expresaron.
La agrupación empresaria destacó también la decisión del gobierno nacional de enviar los pliegos de candidatos para cubrir las más de 300 vacantes judiciales que se acumularon desde el último año de gestión de Alberto Fernández. Entre los candidatos, se encuentra Emilio Rosatti, hijo del juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.
El proyecto de la Corte Suprema ya había recibido también el apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Desde hace varios años, IDEA insiste en la necesidad de contar con mayor transparencia en el proceso de selección de jueces para evitar arbitrariedades. Esta medida constituye una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”, afirmó la entidad.
cambios en el proceso de selección de jueces,vacantes existentes en los Juzgados,@CorteSupremaAR,April 1, 2026,la cámara empresaria había rechazado,fue presentado el lunes último,enviar los pliegos de candidatos,apoyo del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA),Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Senado. El Gobierno incluyó al hijo de Rosatti y a la esposa del juez del caso $LIBRA en los pliegos para cargos judiciales,,Un importante paso tendiente a una mejor Justicia,,Fuerte mensaje político. La Corte reivindicó el rol del Congreso y advirtió a los jueces que las leyes están para cumplirlas
POLITICA
El peronismo en Diputados presentó un proyecto para reparar económicamente a ex combatientes de Malvinas
El bloque peronista en la Cámara de Diputados de la Nación impulsó un proyecto de ley que propone una “Reparación Histórica Malvinas” para quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur en 1982, estableciendo un beneficio económico para ex soldados y civiles afectados. La iniciativa, acompañada por 19 legisladores, busca saldar una deuda pendiente con quienes fueron protagonistas durante la guerra y sus familias, de acuerdo con la documentación parlamentaria.
La iniciativa de “Reparación Histórica Malvinas” lleva la firma de Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Nancy Sand, Jorge Araujo Hernández, Pablo Yedlin, Claudia Palladino, Marianela Marclay, Guillermo Snopek, Jorge Mukdise, Juan Pablo Luque, Ana María Ianni, Hilda Aguirre, Ernesto Alí, Graciela de la Rosa, Cristian Andino, Ariel Rauschenberger y Gabriela Pedrali.
El texto presentado en el Congreso de la Nación establece que el beneficio alcanzará a las personas que, cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio, participaron como soldados en acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, así como a civiles con funciones de apoyo en esos escenarios. Según consta en el proyecto, también se incluyen a quienes intervinieron en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), siempre que la participación haya sido debidamente certificada por las autoridades competentes, en concordancia con la Ley 23848 y el decreto reglamentario 2634/90.
El proyecto estipula que el beneficio económico será equivalente a 104 haberes mínimos jubilatorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pagaderos en 24 cuotas consecutivas y actualizadas conforme a la Ley de Movilidad Jubilatoria 24241. La base del cálculo incorpora tanto el haber mínimo garantizado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como el bono previsional vigente. De acuerdo con la iniciativa, la suma se encuentra exenta del Impuesto a las Ganancias, lo que implica un impacto directo en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El articulado prevé que, en caso de fallecimiento del titular, el derecho a la reparación histórica se traslada a los derechohabientes, incluyendo padres, madres, viudas, viudos, convivientes e hijos menores de edad. El texto detalla la forma de distribución del beneficio y especifica la compatibilidad con otros ingresos previsionales, remunerativos u honoríficos de carácter nacional, provincial o municipal. Los legisladores aclararon que, si el titular falleció antes de la eventual sanción de la ley, los derechohabientes igualmente podrán solicitar el beneficio.
La adhesión a la “Reparación Histórica Malvinas” implica la renuncia a reclamos administrativos o judiciales por retroactivos vinculados a la pensión de guerra de la Ley 23848. El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma en un plazo máximo de 60 días, tras lo cual la ley se considerará operativa y la certificación de los beneficiarios estará a cargo del Ministerio de Defensa. La ejecución y el pago quedarán bajo la órbita de la ANSES, organismo encargado de la seguridad social en Argentina.
El texto parlamentario surge tras un proceso de diálogo con agrupaciones de ex combatientes, como la Mesa de Coincidencias Malvinas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas (CEVECIM) Berisso. Los fundamentos del proyecto recuerdan que, tras el regreso de los soldados, el Estado demoró en implementar políticas de contención y reconocimiento para quienes participaron en el conflicto, situación que provocó graves consecuencias sociales y personales.
Los autores del proyecto remarcaron que en 1990 se sancionó la primera ley que otorgó una pensión graciable a los ex combatientes, aunque durante años el acceso al trabajo y la inserción social resultaron problemáticos. “Las secuelas que dejó el conflicto fue desbastadora, se estima que existieron la misma cantidad de bajas producidas en la guerra que en la posguerra”, detalla el texto, que también subraya la discriminación laboral y la falta de respuesta estatal en los primeros años de la democracia.
En los fundamentos, los diputados señalaron que recién a partir de 2004, con la gestión del presidente Néstor Kirchner, se inició un proceso de reconocimiento más activo hacia los ex combatientes, a través de decisiones políticas orientadas a reparar la deuda histórica con ese colectivo. Según la argumentación presentada, la propuesta busca ampliar ese camino y otorgar un reconocimiento económico adicional a quienes debieron afrontar el conflicto y la desprotección posterior, así como a las familias de quienes fallecieron.
El articulado contempla que si no existen derechohabientes directos, el beneficio podrá ser percibido por hijos mayores de edad, distribuyéndose de manera equitativa. El monto del beneficio se revisará periódicamente y la ANSES tendrá la responsabilidad de instrumentar los pagos. El Poder Ejecutivo, en tanto, podrá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la implementación de la ley.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia. Honrar a nuestros ex combatientes y a sus familias es defender la Argentina que queremos: con dignidad, con derechos y con un profundo sentido nacional y patriótico”, afirmó la diputada Victoria Tolosa Paz, una de las impulsoras.
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