POLITICA
Un diputado denunció opacidad y conflicto de intereses en la elección del Defensor del Niño
Se trataba de la última reunión plenaria de la Comisión Bicameral que postulará un candidato a ocupar el cargo de Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes antes de la ponderación final de los postulantes. El concurso se inició hace un par de meses.
Setenta candidatos aprobaron el examen escrito; un primer reclamo de Nicolás Mayoraz, diputado por Santa Fe de LLA, apuntaba a que los exámenes no fueron publicados, como corresponde en un concurso público.
A lo largo de la hora y media que duró el encuentro, a cada objeción del diputado, la réplica fue esencialmente de indignación ante las sospechas de falta de transparencia y de autoelogio al trabajo de la comisión; algo que por supuesto no exime de responder a las objeciones ni de cumplir con todos los requisitos de transparencia. Pero las respuestas a los cuestionamientos se hicieron esperar y en general fueron eludidas.
La reunión tenía por objeto aprobar los lineamientos con los cuales se atribuirá el puntaje a cada instancia del concurso: examen, antecedentes, plan de trabajo y comparecencia ante la comisión. Todas esas etapas ya se cumplieron; lo llamativo es que la aprobación de los lineamientos se hiciera a posteriori de todo el trámite, recién el miércoles pasado, a cinco días de definir un candidato, lo que se haría el lunes 22 de septiembre.
Esa irregularidad no solo no fue respondida, sino que la presidente de la Comisión Bicameral, Natalia Sanapura (UCR, Jujuy), avanzó con la agenda e hizo aprobar los lineamientos y otros puntos del temario.
”Estos lineamientos los mandan ahora, ¿no es cierto?”, fue la primera pregunta de Mayoraz que luego se explayó sobre el tema: “A mí no me parece claro, ni regular, ni correcto que a último momento y cuando ya están las cartas sobre la mesa y ya tienen los favoritos, establecer ahora los lineamientos para la ponderación final. Esto había que hacerlo el primer día. Los postulantes tenían derecho a conocer cómo se iban a ponderar los puntajes que obtenían. Es muy poco serio a los fines de la transparencia que reclama la sociedad”.
No se privó Mayoraz de insinuar que el concurso “está hecho a la medida” de candidatos favoritos.
Sanapura replicó que la forma en que se iba a evaluar a los postulantes estaba en el reglamento “que está aprobado y eso no lo vamos a modificar”. Aseguró que el reglamento “es claro”. “Que no estén de acuerdo no significa que lo tengan que invalidar, poniendo en duda la buena fe, el accionar, de los que estamos en este proceso”.
El senador Daniel Bensusan tomó la palabra para expresar su indignación ante las críticas: “Diputado Mayoraz, no le voy a permitir que me venga a decir que yo y mis compañeros hemos tenido un proceso que no ha sido transparente y que ya tenemos los nombres. Es una falta de respeto”, y lo conminó: “Déjese de joder”, además de acusarlo de buscar “trabar el procedimiento”. “No voy a permitir que se mancille el trabajo que hemos hecho acá”, que aseguró fue “impecable”.
Sin embargo, Mayoraz retomó el hilo y sumó más críticas al desarrollo del concurso. “Los exámenes escritos nunca se publicaron ni se les permitió a los otros concursantes conocer cuál fue el criterio o cómo se evaluó a otros. Es una regla básica de los concursos. Es lo que se llama imparcialidad, es decir, corroborar que mi examen fue corregido con los mismos criterios que el del otro”. También señaló que “no se publicaron las notas de los que aprobaron ni el orden de mérito”, tampoco “los currículum vitae de los concursantes”, es decir, “los antecedentes laborales y la formación de cada candidato”.
También objetó las preguntas hechos a los candidatos porque “fueron dispares, con criterios de prejuicio”. Ejemplificó: “A las personas opuestas al aborto, se les preguntaba sobre la ley de aborto y a los demás ninguna en el mismo sentido”.
Lo curioso fue que, poco después, la legisladora que formulaba reiteradamente esa pregunta (sobre el caso hipotético de una niña de 11 años violada y embarazada, el argumento clásico de todas las campañas de legalización del aborto), dijo: “Acá se está queriendo plantear si es celeste o verde (el candidato) y es el peor error que podemos cometer”.
Finalmente, Mayoraz apuntó a un conflicto de intereses: “Una integrante del Consejo Asesor, Nora Pulido, es madre de María Colombo, que trabaja en la Defensoría. Nunca fue puesta en conocimiento de esta Comisión esa situación. Y vaya casualidad, hay seis postulantes y por lo menos tres con chances de acceder al cargo, que trabajan en la Defensoría. Uno de ellos, tengo entendido que es el jefe de María Colombo. Esa situación debió ser puesta en conocimiento de la Comisión, porque eso hace también a la independencia y a la transparencia”.
La Presidente de la Bicameral negó estar en conocimiento de esa situación, contra lo que afirmaba Mayoraz, pero el dato tampoco le pareció relevante ni que afectara a la transparencia del proceso.
Se produjo el siguiente intercambio:
Mayoraz: La información que yo tengo es que usted sabía que Nora Pulido es la madre de una empleada de la defensoría.
Sarapura: ¿Pero cuál es el problema?
Mayoraz: ¿Cómo cuál es el problema? ¿Le parece perfecto que una persona del consejo asesor sea madre de una empleada cuando hay cuatro postulantes que llegan a la instancia final que trabajan en la Defensoría?
Y siguió: “Lejos de haber aquí transparencia, lo que ha habido siempre ha sido un manto de duda, que se ha aumentado por el hecho mismo de que ustedes no han respondido a los requerimientos ni a las impugnaciones”.
Sarapura propuso entonces “avanzar con el temario” y dejar para después la aclaración de las dudas, que atribuyó a la “falta de información, de seguimiento continuo del proceso”.
“Todo lo que se ha dicho, no sólo se puede aclarar, pero lo vamos a hacer en su momento”, dijo, y con 7 votos dejó constancia de la aprobación de los lineamientos, a pesar de las objeciones.
La senadora Estefanía Cora (Frente de Todos, Entre Ríos) agradeció “a los trabajadores y trabajadoras de esta Comisión Bicameral”, aludió a las “jornadas muy largas”, al “mucho compromiso” y al “interesante y rico mensaje” dado a la sociedad “de articulación, de consensos, de debates”.
Otros legisladores formularon reproches al diputado díscolo, como el de “querer entorpecer los procesos”, y su “falta de respeto a los concursantes, a las instituciones y a todos los miembros de la Bicameral” y de “falta de compromiso”.
Luego Sarapura hizo votar la resolución de la Bicameral respecto a las impugnaciones que consistió básicamente en rechazarlas todas. Y pasó al siguiente punto del orden del día, referido a la publicación de los CV de los postulantes, lo que generó un nuevo cruce con Mayoraz.
Invocando la Ley 25323 de Protección de datos personales, pidieron autorización a los postulantes para publicarlos.
“La publicidad es una regla fundamental -dijo Mayoraz-. Si una persona se somete a un examen voluntariamente, no puede ejercer el derecho a la intimidad, porque el escrutinio público está por encima del derecho a la intimidad. Es obligación de la Comisión publicarlo, no tiene ni que consultar eso. Porque si va a ocupar un cargo público, es un derecho de la sociedad conocer los antecedentes de esa persona”.
Y entonces elevó el tono de su crítica: “No solo hacen mal al publicarlos tarde y a tres o cuatro días de designar, sino que ya tienen el nombre, porque ustedes ya tienen el nombre”. Además dijo que también tenían “predesignados” a cuatro futuros adjuntos en la Defensoría, “aunque la ley dice que no los designa la Bicameral”.
Pese a estos señalamientos, Sarapura hizo votar la decisión de publicar sólo los CV autorizados.
“Votamos en contra -dijo Mayoraz-, porque todos los currículums se tienen que publicar”.
Luego sintetizó: “Esta ley se hizo para darle una pátina de objetividad, de profesionalismo a la designación de un defensor. No quisieron hacerse cargo del costo político de que las designaciones se hacen por acuerdos políticos. Lo que a mí me parece mal es el manoseo al cual se ha sometido a los candidatos en todo este proceso, para después terminar eligiendo a alguien en base a llamadas telefónicas, acuerdos hechos por fuera de la comisión, en base a lo que ustedes mismos reconocieron, consensos políticos. Entonces, la objetividad del examen, del currículum, de la trayectoria, del plan de trabajo, del desempeño en la audiencia pública, no sirve absolutamente para nada, porque están eligiendo al que se pusieron de acuerdo para elegir. Punto. No se elige al mejor».
POLITICA
La reacción de Eduardo Feinmann a la actuación de Alberto Fernández en un programa de streaming
El canal de streaming Blender confirmó el regreso de Tomás Rebord a su pantalla para este lunes 9 de marzo a las 21:00 horas. El conductor retomará el horario central con su programa insignia, Hay Algo Ahí (HAA).
El anuncio se realizó a través de una pieza audiovisual que se viralizó rápidamente por su tono bizarro, marcando el inicio de una temporada 2026 donde la señal apuesta por consolidar su comunidad de seguidores con contenidos disruptivos y humor ácido.
El video promocional incluyó una participación que sorprendió a la audiencia: el expresidente Alberto Fernández apareció frente a cámara para susurrar la palabra “Rebord”, sellando la estética distópica de la pieza.
Frente a esta inesperada apareción, el periodista de A24, Eduardo Feinmann, reaccionó en vivo al video. “¡Actor!, la pu**. Saca la guitarra y empieza…”, comenzó diciendo Feinmann, mientras Pablo Rossi ironizaba: “Tiembla (Guillermo) Francella”.
Solo el tráiler de la vuelta de HAA podía dejar a FEINMANN sin palabras. pic.twitter.com/51aNLLvzgR
— Hay Algo Ahí (@estoeshaa) March 6, 2026
Mientras que algunos de los integrantes del staff dudaban de la veracidad del material, el periodista Manuel Jove (quien mantiene una amistad con Tomás Rebord y es parte del programa) aseguró “de primera mano” que no se trataba de un video hecho con IA.
Cuando Rossi aseguró que el expresidente no debe haber cobrado por su participación, Feinmann sentenció: “Si está al pedo y está esperando ir a la cárcel“. Finalmente sugirió que podría actuar en la próxima temporada de “En el Barro”.
La trama del sketch muestra a la productora Lucía Iacono y al integrante del ciclo Juan Ruffo inmersos en una “infección” visual donde todos los elementos del entorno se transforman en la imagen del conductor. Según la producción, este golpe de efecto busca demostrar que “la barrera entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas ya no existe”.
Para el equipo de Hay Algo Ahí, la inclusión de figuras de la política nacional en sketches de streaming es el recurso necesario para avisar que “el espíritu de provocación siguió intacto” a pesar de los cambios internos en la estructura de la empresa.
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Alberto Fernández,Eduardo Feinmann,Pablo Rossi,Tomás Rebord
POLITICA
Con nuevos artilugios y un recurso ante la Corte, los mapuches quieren evitar un desalojo en Villa la Angostura
Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.
Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.
El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.
La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.
La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.
El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.
“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.
Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.
El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.
Requisitos para la ejecución de la medida
El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.
El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.
Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.
POLITICA
Antes de renunciar a la IGJ, Vítolo firmó un segundo pedido de veedores para auditar otros negocios de la AFA
Antes de renunciar a la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo firmó un segundo pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen otros negocios vinculados a la AFA. La solicitud apunta a la Superliga, una asociación civil que administró USD 348 millones entre 2020 y 2024. El expediente se suma a otro similar que ahora deberá resolver el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para revisar los balances de la AFA.
El expediente fue remitido al Ministerio de Justicia el jueves, cuando Vítolo aún ejercía formalmente el cargo. La decisión final sobre la designación de veedores quedó ahora en manos del nuevo ministro, quien juró ese mismo día en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.
La resolución de la IGJ amplía el alcance de la investigación sobre la administración del fútbol argentino. El organismo ya había solicitado el mes pasado la designación de veedores en la AFA en el marco de un expediente que investiga presuntas irregularidades en balances recientes, la creación de la denominada Universidad de la AFA y vínculos económicos con empresas privadas. Con la nueva resolución, la ofensiva del organismo de control se extiende ahora a la Superliga, cuya existencia jurídica persiste en paralelo al actual esquema organizativo del fútbol profesional.
La IGJ solicitó la intervención en grado de veeduría en la Superliga por 180 días, sin desplazar autoridades, sino mediante veedores que puedan recabar documentación, analizar la contabilidad y verificar el funcionamiento institucional de la entidad.
El organismo requirió que los veedores obtengan toda la documentación necesaria para determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, la resolución ordena investigar eventuales vínculos comerciales con empresas nacionales y extranjeras ligadas a la gestión de derechos audiovisuales y contratos comerciales del fútbol.
La solicitud se dirigió al Ministerio de Justicia porque, según el régimen legal vigente, la intervención de asociaciones civiles en grado de veeduría requiere una decisión de la autoridad política del área.
Así, la continuidad o no de la investigación dependerá del criterio que adopte Mahiques, quien asumió el cargo en medio de una reconfiguración interna en el Gobierno.
La Superliga Profesional del Fútbol Argentino fue creada en 2016 como una asociación civil impulsada por los clubes con el objetivo de administrar y profesionalizar la organización del fútbol de Primera División. La entidad comenzó a funcionar plenamente en 2017 y asumió la administración de los contratos de derechos audiovisuales del fútbol argentino, considerado uno de los principales activos económicos del sistema.
Según el expediente de la IGJ, entre 2020 y 2024 la Superliga gestionó ingresos por aproximadamente USD 348 millones, derivados de contratos con empresas de transmisión televisiva de partidos del fútbol argentino. Esos recursos se distribuyeron entre los clubes participantes de distintas categorías profesionales, según mecanismos de reparto definidos por los reglamentos internos.
La creación de la Superliga respondió a una estrategia de los clubes para dotar al fútbol profesional de una estructura más autónoma respecto de la AFA, con mayor capacidad de negociación comercial y gestión empresarial. Sin embargo, ese esquema institucional fue modificado pocos años después.
En 2020, la AFA y los clubes reorganizaron la estructura del fútbol argentino y crearon la Liga Profesional de Fútbol como órgano interno dentro de la propia AFA. Esta nueva entidad asumió la organización de los torneos de Primera División y, en la práctica, desplazó a la Superliga del centro del sistema. No obstante, la disolución formal de la Superliga nunca se concretó. La asociación civil continuó existiendo jurídicamente y mantuvo actividad administrativa y financiera reflejada en sus balances. Ese punto es uno de los ejes centrales del análisis realizado por la IGJ.
La coexistencia de estructuras y los interrogantes sobre la Superliga
Según la IGJ, la coexistencia de la Liga Profesional dentro de la AFA y la Superliga como asociación civil independiente genera interrogantes sobre el verdadero rol de esta última en el esquema económico del fútbol argentino. La investigación se inició tras observaciones sobre los estados contables presentados por la Superliga correspondientes a distintos ejercicios. El organismo solicitó información adicional sobre partidas de relevancia, como fondos de reserva, rendiciones a clubes y gastos administrativos.
Las respuestas aportadas por la entidad y por su auditor externo no habrían sido suficientes para aclarar los cuestionamientos, según consta en el expediente. La IGJ considera que esa falta de información impide evaluar adecuadamente la transparencia en el manejo de recursos y el origen de determinadas partidas económicas.
En ese contexto, fue citado el auditor que firmó los balances, quien brindó explicaciones ante el organismo. No obstante, la resolución firmada por Vítolo sostiene que esas aclaraciones no lograron disipar las dudas planteadas por el área técnica de la Inspección General de Justicia.
Uno de los aspectos centrales es la posible contradicción entre el objeto social de la Superliga y las actividades que desarrolla. Como asociación civil, la entidad debería perseguir fines institucionales vinculados al desarrollo del deporte y al funcionamiento del sistema futbolístico. Sin embargo, la actividad reflejada en los balances parece orientarse principalmente a la administración de contratos comerciales y distribución de ingresos provenientes de derechos audiovisuales.
De acuerdo con la IGJ, la entidad distribuye la mayor parte de los recursos entre los clubes asociados, lo que podría entrar en tensión con las normas que regulan el funcionamiento de las asociaciones civiles, que no pueden distribuir utilidades entre sus miembros. El expediente señala que la propia Superliga habría reconocido, en algunas respuestas, que actúa como un instrumento administrativo para canalizar recursos hacia los clubes.
Vínculos con la AFA y posibles conflictos de interés
El organismo también analizó la relación institucional entre la Superliga y la AFA. Según el expediente, la estructura de gobierno de la Superliga estaría conformada en gran medida por dirigentes que ocupan simultáneamente cargos en la conducción de la AFA. Esta superposición podría generar un potencial conflicto de intereses, ya que las decisiones económicas y estratégicas de la Superliga podrían quedar subordinadas al Comité Ejecutivo de la AFA.
La IGJ advierte que el órgano de administración de la Superliga es elegido finalmente por asambleístas vinculados a la AFA, lo que debilita la autonomía institucional que originalmente se buscó con la creación de la entidad.
Ante este panorama, la IGJ solicitó la designación de veedores para analizar el funcionamiento de la Superliga, revisar las decisiones económicas adoptadas desde 2017, y verificar operaciones comerciales con empresas vinculadas al negocio del fútbol, tanto nacionales como internacionales, especialmente en la comercialización de derechos audiovisuales.
La investigación contempla la posibilidad de identificar actos que pudieran constituir violaciones a la ley, al estatuto de la entidad o a los reglamentos aplicables.
El pedido de veedores en la Superliga se suma al expediente abierto sobre la AFA, que también incluye observaciones sobre balances recientes y la creación de la denominada Universidad de la AFA. En este caso, la IGJ busca obtener información adicional sobre el funcionamiento de esa iniciativa educativa y sobre relaciones económicas con empresas privadas vinculadas al sistema del fútbol.
El futuro de las investigaciones tras la renuncia de Vítolo
Las investigaciones en curso sobre la estructura institucional del fútbol argentino quedaron bajo la lupa del organismo de control de las asociaciones civiles. La ofensiva administrativa se produjo en las horas previas a la salida de Vítolo de la conducción de la IGJ.
La renuncia de Daniel Roque Vítolo se formalizó este viernes mediante una carta al presidente Javier Milei, en la que expresó que dejaba el cargo tras recibir el pedido de apartamiento de sus funciones. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Inspector General de Justicia de la Nación (…) decisión que adopto en razón de que se me ha solicitado el apartamiento de las funciones que actualmente ejerzo”, escribió en el texto.
En la misma carta sostuvo que aceptaba esa determinación “con el orgullo y la serenidad de quien sabe haber cumplido con su deber”.
La resolución firmada el jueves, horas antes de dejar el cargo, dejó ahora en manos del nuevo ministro de Justicia la decisión sobre el futuro de los pedidos de veedores tanto en la AFA como en la Superliga, dos expedientes que colocan bajo revisión el funcionamiento institucional y económico del fútbol profesional argentino.
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