POLITICA
Un diputado peronista es investigado por trata de personas y el oficialismo evalúa su apartamiento

El diputado nacional tucumano Carlos Cisneros (Unión por la Patria) es investigado por la Justicia federal por presunta trata de personas. El juez federal Guillermo Díaz Martínez notificó formalmente ayer al presidente de la Cámara, Martín Menem, sobre la situación judicial del legislador y dejó abierta la posibilidad de que el Congreso evalúe su apartamiento.
Cisneros informó a que hasta el momento no había sido notificado al respecto por la presidencia de la Cámara. Tampoco las autoridades de su bloque. El diputado habló de una “operación” en su contra.
El escrito judicial fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, que deberá analizar la nota y emitir un dictamen en un plazo de 60 días. Según pudo saber , el magistrado informó que en el Juzgado Federal de Tucumán -que subroga- tramita una causa contra Cisneros con la hipótesis “razonable” del delito de trata de personas. El fiscal a cargo es Rafael Vehils Ruiz, también subrogante.
Pese a la gravedad de la imputación, el juez no pidió de manera explícita su desafuero. En cambio, notificó a la Cámara “a los fines institucionales que pudieren corresponder”, una fórmula que deja margen para que el Congreso evalúe eventuales medidas.
Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) señalaron a que, en lo inmediato, podrían solicitar a la Justicia el envío de las actuaciones. “Vamos a pedir que manden el expediente”, explicó un referente oficialista. Técnicamente, el desafuero debe ser solicitado por la Justicia, pero los diputados también podrían actuar por la vía disciplinaria y avanzar con una suspensión o remoción por “inhabilidad física o moral”, lo que requiere el voto de dos tercios del cuerpo.
Con la actual composición de la Cámara, ningún bloque reúne por sí solo esa mayoría. Unión por la Patria (UP) cuenta con 93 integrantes y, si al menos 87 legisladores respaldaran a Cisneros, alcanzaría el tercio necesario para bloquear cualquier intento de remoción.
“Cisneros hasta ahora había sido intocable”, comenta un dirigente tucumano de LLA que pide reserva de su nombre.
Cisneros es una figura influyente del sindicalismo. A nivel nacional, es secretario de administración de La Bancaria. En la provincia, es el jefe del gremio bancario y exvicepresidente del club San Martín, de Tucumán, durante años integró el esquema de poder del PJ tucumano que hoy encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. En ese armado, mantenía influencia sobre la Caja Popular de Ahorros (CPA), el organismo provincial que administra el juego legal y maneja una de las principales cajas financieras del distrito.
Ese vínculo comenzó a resquebrajarse en los últimos meses, cuando Cisneros y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mostraron juego propio. Chahla, jefa comunal de la capital, es mencionada como una de las dirigentes con aspiraciones a disputar la gobernación.
Según distintas fuentes provinciales, el distanciamiento con Jaldo terminó de materializarse después de las elecciones, tras el avance de LLA en la provincia, donde los libertarios superaron los 35 puntos. El resultado aceleró los pases de factura dentro del peronismo tucumano.
En ese contexto, Cisneros salió públicamente en defensa de la gestión municipal. “Es una bocanada de aire fresco”, dijo sobre Chahla en declaraciones a la prensa local. “Es una persona que creo que en política no tiene techo. Y eso a veces molesta”, agregó.
En el Congreso, esa fractura también se reflejó en la organización parlamentaria del peronismo tucumano. Mientras Jaldo armó su propio espacio legislativo -Independencia- alineado con el oficialismo nacional, Cisneros se mantuvo dentro del bloque UP.
El 5 de diciembre de 2025, empleados de La Bancaria fueron reprimidos en la ciudad de Concepción por la policía local durante una protesta por el despido de un trabajador. “Estoy dolido con Jaldo”, dijo Cisneros al rememorar ese episodio.
El expediente judicial que hoy salpica al diputado tiene su origen en la denominada “causa Vélez”.
En marzo de 2024, una joven denunció haber sido abusada sexualmente por cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield en un hotel de Tucumán, donde el equipo se hospedaba para disputar un partido frente a Atlético Tucumán.
La denunciante trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo que, según fuentes judiciales, estaba bajo la influencia política de Cisneros.
En diciembre pasado, el juez Augusto José Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro jugadores denunciados –José Florentín Bobadilla, Sebastián Sosa, Braian Cufré y Abiel Osorio– al considerar “contundente” la evidencia pericial que desacreditaba la acusación. La defensa de los futbolistas estuvo a cargo de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala.
Pericias informáticas realizadas por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFED) reconstruyeron conversaciones y audios que, según la resolución judicial, indicaban que la denuncia había sido parte de una maniobra extorsiva. Entre los elementos analizados figuraban mensajes de la propia denunciante a sus amigas, en los que relataba que el encuentro había sido consensuado, así como comunicaciones que sugerían intentos de direccionar su relato.
A partir de ese fallo, la Justicia abrió una nueva línea de investigación para determinar si detrás de la denuncia pudo haber existido una trama de trata de personas vinculada a la captación de mujeres con fines extorsivos. En ese expediente aparece mencionado Cisneros.
“Le arruinaron la vida a la víctima y ahora la vuelven a revictimizar”, señaló Cisneros sobre la denunciante. “Es una empleada bancaria y la vamos a defender”, sumó.
En medio de la escalada del conflicto, Cisneros apuntó públicamente contra el titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, Edmundo “Pirincho” Jiménez, a quien responsabilizó de manejar el sistema penal provincial.
“Pirincho es dueño de todo”, sostuvo el diputado en declaraciones a medios locales. “Él maneja ese negocio, maneja ese ida y vuelta”.
Jiménez es una figura de peso dentro del entramado institucional tucumano y su gestión suele ser observada de cerca por la política provincial. Creció su poder e influencia de la mano del exgobernador José Alperovich, que tuvo el mando de la provincia entre 2003 y 2015.
Cisneros también dejó en evidencia su distanciamiento del actual gobernador. “Él decide, él pone y saca los funcionarios”, dijo sobre Jaldo.
El dirigente sindical ya había admitido a medios locales que la ruptura lo afectó en lo personal y en lo político. “Si vos me preguntás si estoy molesto con Jaldo, sí, me duele y me molesta”, afirmó.
Y dejó un mensaje sobre su futuro político: “Yo puedo ser diputado nacional hasta dentro de una hora, pero lo que no voy a dejar nunca de ser es dirigente sindical”.
En paralelo al avance judicial, Cisneros perdió el control político de la Caja Popular de Ahorros, un organismo autárquico que administra el juego legal en Tucumán y maneja recursos millonarios.
Formalmente, la institución tiene funciones financieras y sociales: otorga créditos, administra seguros y debe transferir parte de sus ingresos al sistema de salud provincial y al deporte.
Sin embargo, informes del Tribunal de Cuentas de Tucumán, presidido por Miguel Terraf, detectaron irregularidades significativas en su funcionamiento. El organismo, que tiene a su cargo el control externo de las cuentas públicas provinciales, emitió una serie de acuerdos críticos sobre la operatoria de la entidad.
Uno de esos informes señaló que la Caja habría retenido durante años fondos que por ley debían transferirse al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). Una auditoría estimó que la deuda acumulada entre 2020 y 2023 podría superar los $3300 millones, más intereses.
El tribunal sostuvo que esos recursos debían girarse mensualmente y advirtió que su retención podría encuadrarse en delitos como violación de deberes de funcionario público o malversación de fondos.
Otro acuerdo del mismo organismo detectó un incumplimiento prolongado en las transferencias destinadas al Fondo Provincial del Deporte. Según el Tribunal de Cuentas, la Caja debía destinar el 1% de la recaudación del juego a ese fondo, pero durante más de dos décadas prácticamente no se registraron depósitos.
Las observaciones derivaron en denuncias y terminaron con un reordenamiento del organismo a comienzos de este año, cuando Cisneros perdió el control político que mantenía sobre la entidad.
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POLITICA
Créditos del Banco Nación: el Gobierno reveló que Pettovello echó a Massaccesi porque “mintió”

Tras el despido de Leandro Massaccesi como jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, desde el Ejecutivo salieron a explicar el motivo que empujó a la decisión que tomó la ministra Sandra Pettovello sobre el ahora exfuncionario.
Fuentes del Gobierno de Javier Milei dijeron a Noticias Argentinas que el desplazamiento no obedeció, de manera puntual, la concesión del crédito a Massaccesi: “No fue por eso puntualmente”, lanzaron.
Tras ser echado, Leandro Massaccesi rompió el silencio por los créditos del Banco Nación: “No cometí ningún acto ajeno a la ley”
El verdadero motivo del despido del exjefe de Gabinete de Capital Humano reside en que le habría mentido a la ministra al momento de acceder al crédito ofrecido por el Banco Nación.
“Fue porque le mintió dos veces a Sandra. No le contó que había sacado el crédito y, cuando se enteró ella, tampoco se lo dijo”, afirmaron a la agencia de noticias.
Desde el Gobierno defendieron a los créditos hipotecarios y sostienen que “son la mejor herramienta de progreso de la gente”, al mismo tiempo que “están a disposición de todos”.
Entonces, la versión oficial apunta a que el hijo del exgobernador rionegrino del radicalismo, Horacio Massaccesi, no responde a una irregularidad técnica en la concesión del crédito, sino a una colisión con la política de austeridad y bajo perfil que la ministra de Capital Humano impuso en su cartera.
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POLITICA
Documentos, intermediarios y dudas sobre los bienes de Manuel Adorni

29 de marzo de 2025, a las 11:57 AM. Ese es el último documento de acceso público sobre el patrimonio de Manuel Adorni, presentado cuando se preparaba para competir en las elecciones porteñas.
Incluía dos departamentos, casi $2 millones y US$42.500 en efectivo, otros US$6220 en una cuenta en Estados Unidos y $40,3 millones de ingresos anuales (unos US$36.870).
Para ese entonces, todavía no se había firmado la hipoteca con una jubilada y una afiliada al PAMI por US$200.000 para la compra del departamento en Caballito, por un importe declarado de US$230.000. Tampoco había ocurrido el vuelo privado a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandio. Ahora todo es parte de una investigación judicial, que examina facturas, transferencias, detalles de operaciones inmobiliarias, y hasta sus salidas del país.
Beatriz Alicia Viegas (72 años) y Claudia Bibiana Sbabo (64 años) son las dos mujeres que le financiaron a Adorni la compra del departamento en Caballito. Lo habían adquirido apenas seis meses antes, en mayo del año pasado, a US$200.000, tal cual surge del informe de dominio que solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.
Ese informe describe que el departamento cuenta con 199.97 metros cuadrados, pero parte del metraje corresponde a un patio ubicado en la parte trasera del inmueble.
Adentro, el departamento tenía, hasta principios de 2025, tres dormitorios, uno en suite, un amplio living y una cocina. “Es un piso de aproximadamente 120 metros cubiertos y casi 80 de patio”, aseguró uno de los vecinos.
El primer propietario de ese inmueble, Hugo Morales, exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional, lo había comprado en 1996. El departamento estuvo alquilado durante diez años hasta que decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.
Según esa versión, la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales narró a sus allegados que lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: US$ 200.000.
El exjugador también asegura que conoció a las dos mujeres que le terminaron vendiendo a Adorni apenas seis meses después. Y que le trasmitieron que lo iban a refaccionar para revenderlo a mejor precio.
Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Claudia Bibiana Sbabo, que en los registros públicos figura como empleada de una editorial, apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.
procuró contactar a Sbabo, pero no tuvo éxito. Sólo una vez una persona atendió su teléfono. Ante la consulta periodística, dijo: “En este momento no está ella. Yo tengo el teléfono de ella ahora. ¿Qué necesita?“. Acto seguido, contestó que no sabía nada sobre el vínculo con Adorni.
La otra acreedora del jefe de Gabinete, Viegas, contestó preguntas de a través del portero eléctrico de su departamento en el barrio de Flores.
-¿Usted conoce a Manuel Adorni?
-No, la verdad que no.
-¿Alguna vez le cedió dinero en forma de hipoteca?
-Ay, no, no, no. Gracias.
Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos, o simplemente hicieron un negocio con la reventa.
Viegas, de hecho, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Y figura como titular de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires.
La otra mujer, Sbabo, de 64 años, según un informe del Registro de la Propiedad Inmueble que obtuvo , actualmente es dueña de tres propiedades, una de ellas a tan sólo una cuadra de Miró al 500.
consultó a Adorni, pero, al momento de publicación del artículo, no emitió comentarios.
Según el historial registral del departamento de Miró al 500, Adorni se comprometió a pagar US$230.000, apenas 30.000 dólares más que la inversión inicial que hicieron las dos intermediarias.
El monto, de cualquier manera, no refleja el valor de mercado, según coinciden distintas inmobiliarias ubicadas en las inmediaciones de la calle Pedro Goyena.
Pese a eso, está por encima del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), una referencia legal que establece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En este caso, de acuerdo a los documentos oficiales a los que accedió , el VIR actual del departamento es de $293.498.644,01. A tipo de cambio vendedor del Banco Nación, del día anterior a la operación, la cifra ronda los 207 mil dólares.
Otro nombre clave en la compraventa del departamento de la calle Miró es el de la escribana Adriana Nechevenko, que también participó en la operación de la casa en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, registrada en noviembre de 2024.
Nechevenko tiene siete ingresos a la Casa Rosada entre julio de 2024 y septiembre de 2025, según registros oficiales. La semana próxima deberá presentarse a declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita.
La casa de Indio Cua
Bettina Angeletti, esposa de Adorni, registró a su nombre el 15 de noviembre de 2024 la casa en el country de Exaltación de la Cruz. Se trata de la Unidad Funcional 380, que paga alrededor de 700 mil pesos de expensas mensuales. En ese barrio, las propiedades oscilan entre US$130 mil y US$250 mil.
Los funcionarios públicos están obligados por ley a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero ese archivo no se puede consultar en línea: es facultad del Ministerio de Justicia decidir si lo da a publicidad o no ante el pedido de un particular o una entidad interesada. En cambio, sí debe entregarlo a pedido de una autoridad judicial.
En 2024, Adorni sumó a su patrimonio una camioneta Jeep Compass de 2021. Un documento al que accedió confirma que el jefe de Gabinete la había comprado en marzo de ese año a su dueño original. Esto se suma a los otros dos departamentos: uno de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (incorporado en febrero de 2014) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, adquirido 100% por donación familiar en junio de 2016.
La foto y el vuelo
La crisis política que protagoniza el jefe de Gabinete comenzó el sábado 8 de marzo, con una foto publicada en redes sociales. Esa imagen revelaba que su mujer estaba en Nueva York como parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei por el evento de promoción de inversiones Argentina Week. Al día siguiente, Carlos Pagni dio el primer dato sobre el vuelo privado a Punta del Este. Y unas horas después, el DiarioAr publicó los papeles del viaje.
El avance de la investigación judicial terminó de revelar que los dos vuelos habían sido facturados al comunicador Marcelo Grandio. El de ida, a través de su empresa Imhouse, y el de vuelta, directamente a su nombre.
La segunda factura fue emitida por el broker Agustín Issin, un piloto que comercializa vuelos privados a través de la empresa Jag Aviation. La segunda factura la emitió el 9 de marzo, el día de la primer revelación, por apenas 3000 dólares. En Tribunales, el testigo admitió que ese importe no representaba el valor total original del vuelo, sino el saldo final luego de una reducción acordada. “El precio base del regreso era de USD 4.800, pero Grandio pidió que se utilizaran plazas vacías del avión —la llamada “pata vacía” o empty leg— para bajar el costo”, dijo.
También declaró una empleada de la empresa Jag Aviation, Vanesa Tossi, quien terminó de complicar a Grandio. Dijo que la venía hostigando desde el 9 de marzo para que no contara la verdad sobre los viajes. De hecho, le terminó mandando una carta documento para que anularan la factura de 3000 dólares por una nota de crédito. Tossi terminó de confirmar, además, que ese monto se pagó en efectivo, y no mediante una transferencia.
Con los audios y los mensajes en su poder, el fin de semana pasado, el juez Ariel Lijo le prohibió a Grandio que se vuelva a comunicar con la empleada que aparece en el video acompañando a Adorni y a sus familia hasta la puerta del avión.
El jefe de Gabinete repitió en varias entrevistas que le había pagado “su parte” a Grandio. Hasta ahora no apareció una prueba de esa operatoria.
El fiscal Pollicita, a cargo de la causa por enriquecimiento, sumó en las últimas horas a la investigación otro viaje del jefe de Gabinete a fines de 2024. Los datos que aportó la Dirección Nacional de Migraciones dan cuenta de un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. El fiscal quiere saber si el destino final fue la isla de Aruba, en el Caribe. No se trataría de un vuelo privado. Pero Adorni lo había ocultado. “En un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, dijo a propósito del vuelo privado a Punta del Este.
El fiscal quiere saber si el destino final fue la isla de Aruba, en el Caribe.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Las tropas digitales libertarias se mantuvieron distantes en la defensa de Adorni

Desde el inicio de las revelaciones en torno a los viajes y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei fue quien ejerció su más fuerte defensa. Lo hizo tanto con gestos públicos, como un abrazo en el acto por el aniversario de la Guerra de las Malvinas, como a través de una férrea posición en las redes sociales. Fue en el escenario digital donde quedó en evidencia la diferencia entre el protagonismo presidencial en apoyo a Adorni y el silencio de la tropa libertaria.
Los gestos públicos del mandatario tuvieron un paralelo en su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien al igual que el mandatario fue seguida luego por mensajes de ministros que también salieron al rescate de Adorni.
“La comunidad digital libertaria fue la gran ausente en la conversación sobre los escándalos”, consigna un informe de la consultora Ad Hoc, que será presentado este martes y entre cuyos datos figura que a lo largo del mes de marzo hubo 2.765.000 menciones sobre las revelaciones que salpican a Adorni.
El análisis se completa con un dato extra respecto de lo que sucedió con el jefe de Gabinete en las redes. En el caso de Adorni la defensa fue netamente política, con Milei como protagonista, que “se involucró personalmente para sostener a su funcionario, pero sin su comunidad detrás”, concluye el informe.
También subraya que, a lo largo de las últimas 4 semanas, Adorni no logró salir del centro de la escena pública.
Para entender la magnitud de la ausencia de la comunidad libertaria, Ad Hoc comparó con la participación en la apertura de sesiones extraordinarias, apenas una semana antes del primer escándalo que sacudió a Adorni. “En este caso, la coordinación del mensaje y del apoyo al presidente fue mayor que durante los escándalos”, detalla el informe.
“El dato más sobresaliente es la presencia de Milei”, señaló Lucas Raffo, consultor político de Ad Hoc, sobre la defensa a Adorni en redes.
El experto agrega que esa “defensa más política” estuvo también acompañada por la presencia de los apoyos virtuales de los ministros al jefe de Gabinete. Por el contrario, con respecto a otras cuentas más representativas de la comunidad libertaria, el informe sostiene que mostraron un movimiento “sin intensidad”.
“Hicieron una defensa tangencial, dice ‘cuestionan a Adorni, pero no están hablando de esto u esto otro’, no es una defensa abierta”, apuntó Diego Corvalán de Monitor Digital que también registró una alta cifra de menciones a Adorni desde el inicio del caso, cuatro semanas atrás.
De esta manera, la discusión en redes se vio muy poco o fue prácticamente nulo el protagonismo de cuentas representativas del universo libertario entre las que sobresalen algunas como las de Daniel Parisini, “el Gordo Dan” o la de Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia. En especial en contraposición a otros episodios. Ambos dependen de la huestes “celestiales” del asesor Santiago Caputo.
Las alusiones que hubo en general apuntaron como defensa un ataque a la prensa que cubre el caso, una constante en el esquema libertario.
Principal referente del área digital, el sector de Caputo no fue consultado inicialmente para intervenir en la estrategia comunicacional del caso de Adorni, pero hubo colaboración después. Y cerca suyo también aludieron a los primeros tuits con los que se buscó apoyar a Adorni.
Quienes conocen de cerca el mundo virtual libertario defendieron la decisión de esgrimir solo algunos apoyos y no salir de lleno a defenderlo.
“Salir a defenderlo era contraproducente; la defensa daba más bronca”, describió un libertario que advirtió que en el termómetro permanente del estado de la opinión pública que son las redes, “quedaba en claro que la gente no quería esa defensa”.
Incluso ponían de ejemplos que antes los primeros mensajes de apoyo que hubo, los comentarios “eran peores” y por ende, entendían que era mejor no escalar el tema. Dejaban así de lado diferencias que pudieran haber entre el sector de Caputo y el de Karina Milei, que integra Adorni.
“Santiago es una de las personas que más respaldan a Manuel”, es la respuesta que se repite desde que comenzó el caso. En ese punto coinciden ambas terminales.
Cronología de revelaciones
Adorni quedó en el centro de la escena el 8 de marzo último, cuando se conoció que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Nueva York en el avión oficial. A eso se le sumó que al día siguiente el periodista Carlos Pagni reveló que el jefe de ministros y su familia habrían viajdo a Punta del Este, en avión privado. Lo que quedó evidenciado tres días después, cuando se vio un video del momento, en el que Adorni, además, estaba acompañado por su amigo y contratado de la TV Pública Marcelo Grandio.
Por el hecho fue denunciado ante la justicia por posibles dádivas y a eso se sumó una presentación por presunto enriquecimiento ilícito. pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito.
La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares.
Por la adquisición de las propiedades declarará la escribana del matrimonio, Adriana Mónica Nechevenko. Será este miércoles frente al fiscal del caso, Gerardo Pollicita.
En la Casa Rosada se muestran convencidos de que una vez que Adorni presente su nueva declaración patrimonial “va a quedar todo aclarado”. No explican por qué no adelantan esa presentación ni ofrecen comprobantes de los gastos bajo sospecha. Ante la repregunta de este medio sobre por qué no se presenta la declaración jurada, cerca del funcionario insistieron: “Porque el plazo vence el 31 de mayo”.
pic.twitter.com/4XbRVdhw2u,April 2, 2026,Cecilia Devanna,Conforme a
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