Un abogado de confianza extrema de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantiene canales abiertos de negociación con allegados a los inversores perjudicados por el colapso del criptoactivo $LIBRA, con el objetivo de desactivar el escándalo que estalló hace nueve meses. El plan es resarcir en dólares a los damnificados a cambio de que retiren sus acusaciones contra el presidente Javier Milei en los tribunales federales de Comodoro Py, según confirmaron cinco fuentes al tanto de las tratativas a .

Las conversaciones informales se iniciaron en Buenos Aires, semanas atrás, y abarcan a Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza. El letrado se reunió con emisarios de los afectados en la Argentina por la operatoria que tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que el jefe de Estado impulsó con un posteo, el 14 de febrero.

Según las fuentes, Viola llegó a los allegados de los afectados a través de otro alfil en el universo libertario: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y marido de la legisladora y coordinadora nacional de la campaña oficialista, Pilar Ramírez, con quien conforma una dupla muy cercana a los hermanos Milei. Wasserman habría puesto en contacto a los emisarios de los inversores con el letrado que reporta a la cúspide libertaria, según indicaron tres fuentes.

Del otro lado de la mesa, entre los interlocutores de Viola aparece Gastón Douek, un consultor en comunicación y experto en redes sociales con experiencia en la Argentina, México y España, entre otros países. Según reconstruyó , Douek colabora con el equipo legal que avanza contra el presidente Milei, apoyado en pruebas que define como “más que contundentes”, aunque se muestra abierto a una negociación.

Una de las fuentes al tanto de las tratativas resumió la estrategia: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. Y agregó: “La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”.

Consultados por , junto a Viola no confirmaron ni desmintieron la existencia de canales informales de diálogo. “Santiago no es funcionario del Gobierno, ni tuvo una reunión directa con la querella, pero al que le pregunta le responde que la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente [del caso $LIBRA] porque no cometió ningún delito”, indicaron. “Despejado ese punto se puede discutir si es viable lo demás”.

Wasserman, en tanto, negó todo rol o conocimiento sobre los letrados de los inversores. “No sé quiénes son”, indicó ante la consulta de . “Nunca los escuché, ni los ví”.

El camino que explora Viola registra tres pasos previos por arribar a una solución por fuera de los tribunales. La primera ocurrió tras la apertura de la investigación penal en la Argentina. La defensa de Hayden Davis sondeó la posibilidad de extinguir la acción penal mediante la reparación integral del daño. Según reveló en junio pasado, el empresario sondeó en los tribunales de Comodoro Py la posibilidad de devolver cerca de US$100 millones a cambio de cerrar el proceso penal en su contra.

“Hasta ahora sólo se presentaron unos pocos inversores ante la Justicia argentina, y por montos bajos, así que no habría problema por ese lado, aunque lo importante es determinar si la iniciativa [de depositar los fondos] es posible en sí”, planteó una fuente consultada en aquel momento. “Ahora hay un choque de jurisdicciones”, abundó. “En ese contexto, ¿dónde convendría que deposite Davis ese dinero? ¿En Estados Unidos o en la Argentina?”.

En mayo, en tanto, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, letrados que representan a más de treinta inversores con pérdidas que superan los US$ 4,5 millones, mantuvieron una audiencia de mediación con letrados de Novelli, Terrones Godoy y del otrora asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. Pero quedó trunca.

Y en junio, el abogado de Davis en Buenos Aires, Marcos Salt, recibió otra señal: lo sondeó un colaborador de Fernando Burlando, aunque también se diluyó. Entre otros motivos, porque son pocos los inversores que se presentaron ante la Justicia y, del otro lado del mostrador, nadie quiere hacer el “fronting”, es decir, dar la cara –y responder preguntas- por el dinero a repartir.

En sus propias conversaciones informales, Viola puso otra condición a los allegados de los inversores con los que mantuvo al menos una reunión, llamadas y mensajes cruzados desde los días previos a las elecciones legislativas de octubre: Burlando debía abrirse de las negociaciones. Entre otros motivos, porque se había presentado como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, restándole votos a los libertarios. Y así ocurrió, según confirmaron junto al letrado a . “Lo apartaron, a lo cual accedió para ver si encontraban una solución; y como no se concretó, ahora volvió”.

De vínculo fluido y permanente con Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, Viola es una figura clave para el espacio libertario en situaciones complejas que requieren de movimientos en el más bajo perfil. Según reconstruyó , también buscó una salida consensuada con el entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en plena tormenta por la filtración de audios.

Viola enfrentó antes sus propias turbulencias en los tribunales, que logró sortear. En 2017, el juez federal Sebastián Casanello lo denunció junto al exfiscal y exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Edgardo Miragaya, por montar una operación con testigos falsos durante la presidencia de Mauricio Macri para apartarlo de la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero. Los testigos terminaron condenados por falso testimonio agravado en 2020, mientras que la Cámara de Casación benefició a Viola y Miragaya en 2021.

Ahora, la prioridad para Viola es que los inversores que se presentaron en Comodoro Py despeguen al Presidente del lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA. En otras palabras, que lo separen de Davis, Novelli y Terrones Godoy, y que también desechen avanzar contra Milei por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, como también denunciaron dos entidades de la sociedad civil en abril pasado.

La presentación llevó las firmas de los directores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip), Julián Alfie, y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Pedro Biscay. Juntos afirmaron que la “memecoin” $LIBRA representa “un caso excepcional de corrupción” porque estimaron que se encontraba “ya acreditado casi en su totalidad” con las evidencias de “público conocimiento”.

En su presentación de 43 páginas, Inecip y Cipce plantearon que la Justicia debe avanzar contra Milei por negociaciones incompatibles con su función. Recordaron que recurrió a la red X para difundir un emprendimiento privado –“Viva la Libertad Project”-. En otras palabras, que Milei “se interesó en un negocio de características privadas”.

“El hecho ilícito imputado al Presidente de la Nación, Javier Milei, radica en haber promocionado públicamente un negocio comercial totalmente ajeno a los fines legítimos de la administración pública”, destacaron Alfie y Biscay. Esa acción, conllevó promover “una supuesta inversión basada en la colocación de ahorros del público en una memecoin, una práctica altamente especulativa y sin respaldo institucional”.

Más allá de los planteos de Inecip y Cipce, insistieron junto a Viola ante la consulta de , la condición inamovible para que avancen las negociaciones sería que las querellas desistan en los tribunales de avanzar contra el Presidente. Eso concentraría los esfuerzos de la Fiscalía y los particulares en Davis, Novelli y Terrones Godoy. Y estos, a su vez, podrían buscar formas de resarcir a los perjudicados para evitarse mayores consecuencias judiciales.

La opción de resarcir a los afectados por el criptoactivo $LIBRA conlleva el interrogante del “fronting” que sigue por ahora sin respuesta: ¿quién asumiría formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, y con qué fondos? Una posibilidad sería que una plataforma asumiera ese rol –como Ripio, la principal del mercado cripto en América Latina- pero la propuesta incomoda por los riesgos legales y reputacionales que conlleva.