Cristina Kirchner no es una presa política, pero Javier Milei le dio argumentos espurios para que pueda declararse en adelante como una prisionera del orden político que, según ella, la detesta. En un reciente reportaje que le concedió al periodista Luis Majul, y ante una pregunta de este por las versiones que le atribuyen a Milei un acuerdo con el kirchnerismo por la integración de la Auditoría General de la Nación, el Presidente respondió de la siguiente forma: “Varios periodistas vienen mintiendo, endosándome nexos con el kirchnerismo. Sin embargo, Cristina Kirchner terminó presa con este gobierno”. El periodismo, cuándo no, pero eso ya es una costumbre.

En primer lugar, su acuerdo −o el de sus colaboradores− con el kirchnerismo está fuera de cualquier duda: el mileísmo incumplió un compromiso con Pro para nombrar en esa agencia de control del Gobierno al representante del partido macrista, el exministro Jorge Triaca. En lugar del extitular de Trabajo, el mileísmo eligió a Juan Ignacio Forlón, un amigo desde la adolescencia de Máximo Kirchner, y a Pamela Caletti, que supuestamente representa a los gobernadores, pero en realidad es una aliada incondicional del gobernador massista de Salta, Gustavo Sáenz. Sergio Massa y Máximo Kirchner son aliados desde que conformaron juntos la coalición Fuerza Patria. Los nuevos auditores nacionales juraron en la trasnoche de un largo día de sesiones en Diputados y, encima, se hicieron cargo de sus funciones el lunes, en una ceremonia oscura y fugaz. A Milei podrán gustarle o no esas compañías, pero la realidad es más elocuente que el parloteo.

De todos modos, lo más grave no fue la negación de lo evidente, sino haberle dado argumentos a Cristina Kirchner para seguir considerándose una presa política. La expresidenta está presa en su casa por orden de la Justicia, no por una decisión del gobierno de Milei. La causa por asociación ilícita en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez, un amigo de los Kirchner que brincó de la condición de monotributista a la de un mega empresario en los años del auge kirchnerista, fue iniciada en 2008 por Elisa Carrió y otros dirigentes de su partido político. La denuncia cayó en el despacho del juez Julián Ercolini, quien le pidió repetidamente información a la Dirección de Vialidad en tiempos de Cristina Kirchner como presidenta. Nunca le contestaron. Solo en 2016, ya con Mauricio Macri en la oficina de los presidentes, el entonces jefe de Vialidad, Javier Iguacel, le entregó a la Justicia la información sobre los manejos kirchneristas con la obra pública en complicidad con Lázaro Báez. Dos fiscales, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, investigaron el caso y terminaron escribiendo un dictamen demoledor sobre la corrupción del matrimonio Kirchner en el manejo de los recursos públicos.

El juez Ercolini dispuso entonces el procesamiento de Cristina Kirchner (su marido ya había muerto) y envió el caso a juicio oral y público. Funcionarios de tribunales escucharon a Ercolini asegurar que no le quedó otra alternativa después de leer el informe de Mahiques y Pollicita. La decisión del juez fue varias veces apelada por los abogados de la expresidenta y de Lázaro Báez, pero tanto la Cámara Federal como la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país, confirmaron que debía realizarse el juicio oral. Ese juicio público comenzó en 2019, pero debió interrumpirse en 2020 por la pandemia del Covid. Se reanudó en 2021 y en agosto de 2022 se transmitió por zoom el célebre alegato final del fiscal Diego Luciani, que concluyó con la frase: “Es corrupción o justicia”. Antes, el fiscal había recordado que el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, declaró públicamente que renunció como jefe de Gabinete, durante el gobierno de Cristina Kirchner, por los manejos que vio de la obra pública vinculados con Lázaro Báez.

En diciembre de 2022 (todavía le quedaba un año de gobierno a Alberto Fernández) el tribunal oral dictó sentencia y la condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitó para siempre para ejercer cargos públicos. El fiscal Luciani había pedido 12 años de prisión. En noviembre de 2024, la Cámara de Casación confirmó la condena del tribunal oral, y en junio de 2025 la Corte Suprema, con la firma de sus actuales tres jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), dejó definitivamente firme la condena. La viuda de Kirchner cumple prisión desde entonces en su departamento del barrio de Constitución.

Felizmente, no hubo ninguna participación, directa o indirecta, del gobierno de Milei en la situación de presa de la expresidenta por actos corruptos durante su gestión; su conducta como jefa del Estado fue investigada y analizada por no menos de 14 jueces y varios fiscales. Todos terminaron coincidiendo en que es culpable y en que debía ir a la cárcel, aunque fuera una cárcel domiciliaria. Si Milei tenía necesidad de tomar distancia de sus acuerdos con el kirchnerismo por la integración del directorio de la AGN, podría haber buscado otros argumentos en lugar de darle una razón falsa a Cristina Kirchner para que se siga proclamando como una presa política. No lo es.

La Justicia no siempre es encomiable. El tribunal oral que está juzgando el caso de los Cuadernos de las Coimas, que refiere a un sistema de sobornos mucho más amplio que la causa de Vialidad, tendrá el próximo martes su última sesión del año y volverá a reunirse recién en febrero, después de la feria judicial de enero. Los jueces del tribunal oral (Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) decidieron no tomar en cuenta el pedido de todos los presidentes de las salas de la Cámara de Casación, que están por encima de ellos, y que les habían solicitado por lo menos tres reuniones públicas por semana y que sesionaran en enero.

Según le anticipó ayer Méndez Signori, presidente del tribunal, a la tenaz fiscal Fabiana León, las reuniones públicas del tribunal oral volverán dos veces por semana, martes y jueves, a partir de febrero. Incluso, Méndez Signori no le pudo contestar con claridad y precisión a la fiscal si habrá sesión pública el jueves 19 de febrero; el lunes y martes de esa semana de febrero serán feriados por carnaval y, al parecer, los funcionarios judiciales quieren que toda la semana sea no laborable. “Es una vergüenza”, concluyó uno de los magistrados más conocidos del fuero penal. Ese tribunal viene siendo cuestionado desde hace rato por la parsimonia con que lleva el juicio sobre la corrupción más importante que se haya realizado hasta ahora. No están dispuestos a cambiar nada.

En el otro extremo de la Justicia, se supo ayer que la Corte Suprema batió todos los récords de sentencias y resoluciones de causas durante el año que termina. La Corte se pronunció sobre 15.700 sentencias y sobre 28.900 causas en 2025. Tales números muestran a una Corte que está activa, pero, al mismo tiempo, exhiben la excesiva judicialización de los conflictos y de la cantidad de expedientes que llegan a la última instancia. La Corte es una instancia excepcional (un recurso extraordinario, según los manuales de Derecho), no una cuarta instancia, como suponen muchos. De hecho, la Corte Suprema de los Estados Unidos, por ejemplo, acepta solo entre 80 y 100 casos por año, a pesar de que recurren a ella no menos de 7000 u 8000 expedientes anuales. Resulta injusto, por eso, señalar que todo el Poder Judicial argentino es remolón e incompetente.

Más allá de los avatares judiciales, Milei está en esos momentos en los que puede darse varios lujos. Según la última medición de Poliarquía, los índices de aceptación social del Presidente subieron por tercer mes consecutivo, quizás como consecuencia de su abrumador triunfo electoral del 26 de octubre pasado. En esa encuesta, resulta significativo observar cómo la inflación bajó a un cuarto lugar entre las preocupaciones sociales por primera vez en diez años. Las principales preocupaciones de la gente común son ahora la corrupción, la inseguridad, el desempleo y los bajos salarios. Milei conserva una imagen positiva del 54 por ciento. Tiene 10 puntos más que a principios de año, el mismo aumento que había registrado Mauricio Macri al final de su segundo año. Alberto Fernández, en cambio, terminó su segundo año con 20 puntos menos.

Seguramente Milei tiene sus propios méritos para escalar en las mediciones sociales, pero hay que consignar también que el peronismo lo ayuda a crecer más que cualquier aliado. Basta observar lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires entre el diputado cristinista Juan Grabois y los caudillos de La Cámpora de Lanús, Julián Álvarez, y de Quilmes, Mayra Mendoza; esta fue intendente de Quilmes hasta el 10 de diciembre pasado, cuando asumió como diputada provincial. Sigue siendo la lideresa de Quilmes.

Grabois y dirigentes aliados se entreveraron en una dura lucha pública con esos dos camporistas por el ordenamiento de los “trapitos” o cuidacoches en Quilmes y el pago a los cooperativistas que limpian las calles en Lanús. Se trata de una guerra interna dentro de una interna más vasta y cruel entre Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Tanto Grabois como Álvarez y Mendoza reportan directamente a la expresidenta. Pero, aseguran fuentes seguras, Grabois nunca digirió a La Cámpora ni a sus dirigentes ni a Máximo Kirchner. Tiene, además, un pleito personal con Sergio Massa, el nuevo mejor amigo de Máximo Kirchner. ¿Por qué? “Juan se cree Dios y detrás de él están solo los apóstoles. Ninguno es de La Cámpora”, responde un caudillo bonaerense que no lo detesta al revoltoso líder piquetero. Grabois es una de las figuras más impopulares del país, según la unanimidad de las encuestas de opinión pública. Si él está en el primer plano, y se obstina en estarlo, una mayoría social corre en brazos de Milei. Por eso, el actual margen político del Presidente le permite, inclusive, hasta el error de confundir una condena judicial con una prisión política.