POLITICA
Se quebró y contó todo: la explosiva declaración de un exfuncionario de la ANDIS
En una declaración que profundiza las sospechas sobre el esquema de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el excoordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, reconoció que los procesos de compra de medicamentos estaban direccionados y que actuaba siguiendo instrucciones directas de Daniel María Garbellini, señalado como el “número dos” del entonces director Diego Spagnuolo.
Grant administraba las adquisiciones a través del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS) y se convirtió en una pieza clave del expediente.
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Durante su indagatoria, Grant admitió “gran parte de los procedimientos irregulares” vinculados a las contrataciones de medicamentos del programa PACBI. Según detallaron fuentes judiciales, sostuvo que “todo lo hacía por orden de Garbellini” y que “todo lo consultaba con él”, desde qué droguerías podían cotizar hasta el manejo de los tiempos administrativos.
También afirmó que ejecutaba instrucciones precisas sobre altas y bajas en el sistema y se mantenía al tanto de quiénes habían logrado presentar ofertas.
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La declaración confirmó que el direccionamiento estaba centralizado en Garbellini. Grant lo ubicó como la figura que definía la operatoria y aseguró que sus decisiones eran meramente instrumentales. En cambio, evitó referirse a supuestos pagos ilícitos: de las presuntas coimas, “no dijo nada”, según reconstruyeron quienes siguieron la audiencia.
En el expediente figura además otro elemento que compromete al excoordinador: su nombre aparece en cuadernos secuestrados durante un allanamiento a la vivienda de Miguel Ángel Calvete. Los investigadores consideran esas anotaciones como parte del mapa interno de la operatoria que se intenta reconstruir.
La ronda de indagatorias continúa este martes con la declaración de Luciana Ferrari, quien trabajó hasta hace poco en la farmacéutica Roche. Según adelantaron fuentes del caso, Ferrari también confirmó su participación en las “licitaciones reducidas” y señaló que ese rol lo cumplía “por orden de Garbellini”. Su testimonio apunta en la misma dirección que el de Grant: que las decisiones estratégicas sobre las contrataciones se tomaban fuera de las vías formales y respondían a directivas internas.
Mientras avanzan las declaraciones, la defensa del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, intenta desactivar el núcleo probatorio del expediente. Días atrás, sus abogados solicitaron el sobreseimiento y reclamaron la nulidad de todas las resoluciones basadas en los audios que dieron origen a la investigación.
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Presentaron un informe pericial elaborado por el especialista Miguel Ángel de la Torre Guijarro, que concluyó que las grabaciones fueron “editadas y modificadas múltiples veces”.
Para la defensa, “los audios han sido editados, manipulados y modificados con inteligencia artificial”, además de ser –según afirman– producto de “escuchas ilegales”. Bajo ese argumento, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera insistieron en que el material no puede sostener ninguna resolución judicial.
Agencia Nacional de Discapacidad
POLITICA
Karina Milei reordenó a LLA en la Legislatura bonaerense y Agustín Romo seguirá como jefe de bloque
En medio de una sesión llena de tensiones e intensas negociaciones, Karina Milei reorganizó a La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense y puso a un dirigente cercano como autoridad en el recinto, pero por el momento Agustín Romo seguirá como jefe del bloque, como parte de un acuerdo interno y con el peronismo.
“Tenemos que hacer una reunión y terminar de ver quién queda al frente, pero por ahora todo sigue igual. Es por ahora, igual, no es algo definitivo, pero todas las posibilidades están sobre la mesa”, explicó a Infobae un integrante de la bancada.
Sin embargo, en la cúpula del espacio hay quienes remarcan que fue el propio presidente Javier Milei el que pidió mantener el esquema actual y aseguran que esta decisión ya está tomada.
En tanto, Juan “Juanes” Osaba, que responde directamente a la secretaria general y sonaba como posible líder del espacio, terminó siendo nombrado como vicepresidente primero del cuerpo.
De esta manera, y a pesar de algunas conversaciones de último minuto, seguirá en su rol al frente del espacio el representante de “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que se referencia en el asesor Santiago Caputo.
El armador del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, llevó adelante las conversaciones entre los diferentes sectores del espacio, que por momentos se volvieron ásperas.
Es que la estrategia original era que los lugares más importantes en el partido y de la Cámara se repartieran entre los que responden al gobernador, Axel Kicillof, a Karina Milei y a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En ese escenario, si la funcionaria se quedaba con la vicepresidencia de la Legislatura, la senadora electa iba a colocar a alguien de su entorno a liderar la bancada, o viceversa. En cualquier caso, todos coincidían en que “Romo estaba afuera”.
Sin embargo, todo cambió cuando el PJ planteó modificar la estructura de las autoridades parlamentarias e igualar en los papeles la importancia de todas las vicepresidencias, lo que perjudicaba los planes de los libertarios. Se votó y se aprobó.
En la Casa Rosada buscaban quedarse con el lugar que dejó Adrián Urreli, del PRO, que es el primero en la escala jerárquica después de los titulares del recinto que, como es habitual, le corresponden al cuadro político gobernante, es decir, al peronismo.
Así las cosas, y tal como estaba previsto, Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera volvieron a intercambiar los roles como máximos mandos legislativos, por lo que la discusión pasó por quienes quedaban debajo.
Ante la falta de acuerdo, Pareja les ordenó a los diputados provinciales de La Libertad Avanza que no bajaran a jurar, en modo de protesta, y la sesión preparatoria que estaba programada para las 15:00 se demoró más de una hora.
Finalmente, hubo consenso cuando se definió que la vicepresidencia primera le fuera entregada a Agustín Forchieri, otro dirigente del PRO, pero que responde al flamante ministro del Interior, Diego Santilli.
Esta designación fue propuesta por el nuevo jefe del bloque amarillo, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, cercano al ex intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, y que compitió en la alianza con LLA.
El armador bonaerense había mantenido un encuentro con “El Colo” en las oficinas que el ministro tiene en la planta baja de Balcarce 50 para conversar sobre este tema, antes de dirigirse a La Plata para organizar a la tropa.
En tanto, el libertario Osaba, designado por Karina Milei para algún puesto clave, será nombrado vicepresidente segundo, por encima de Mariano Cascallares, de Fuerza Patria, que quedó como el tercero.
En un momento de la tarde, Pareja y Romo retomaron las conversaciones y se le propuso al joven cercano a Santiago Caputo se mantuviera en la jefatura del bloque, lo cual finalmente aceptó.
“Se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que no hay una animosidad contra él ni nada parecido. Puede quedar, ¿por qué no? Hay más historias afuera que adentro con respecto a su figura. Es un chico inteligente, con el que se puede hablar bien», sostuvo al respecto una fuente al tanto de lo sucedido.
Este sector también sumó al recinto a uno de sus referentes que, además, ya había estado, el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, que este martes juró como diputado, aunque todavía no presentó su renuncia en la Cancillería y su futuro es incierto.
Quienes no consiguieron ningún lugar en el esquema fueron los legisladores de Bullrich, quien postulaba para algún cargo parlamentario a Florencia Retamoso, que este año renovó su banca por la lista de La Libertad Avanza.
Las nuevas autoridades y miembros de la Cámara asumirán el próximo 10 de diciembre, por lo que este miércoles será la anterior composición la que se reúna para tratar el pedido de endeudamiento que busca aprobar Kicillof. En La Libertad Avanza dan esa batalla por perdida.
POLITICA
Presa y condenada: cómo fue el derrotero judicial por narcotráfico de la senadora electa Lorena Villaverde en EE.UU.
La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó .
La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.
Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) por la presión opositora para bloquear su asunción debido a los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.
En ese sentido, contactó a su vocero ayer y le transmitió diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora, que hoy contactó a este diario, planteó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de esta edición, eso no había ocurrido. A su lado, en tanto, remarcaron que Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Se trata, indicaron, de “una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.
Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).
Al momento de ser detenida, Villaverde tenía 28 años y vivía en en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una “boutique” llamada “Blueberry Fashion” en Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social –terminado en 9346- y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.
Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.
En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.
Días después, Carl Lida se presentó como el primer abogado defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material que los investigadores habían acumulado en su contra, con videovigilancia incluida, a lo cual accedió el juez Lazzara, que al mismo tiempo le prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, al igual que identidades de testigos y material delicado.
El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.
En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna, quien la autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia oral.
Tras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.
Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.
A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.
Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas “Guías”.
En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.
En el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó . Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.
El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.
¿Qué pasó con ellos? Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) pasó más tiempo tras las rejas: salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) que compulsó .
Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.
Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después.
¿Lo último que hay en el expediente “USA v. Restrepo, et al”? Un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde –o aportadas por ella- fueron destruidas, el 13 de marzo de 2019, porque nadie había ido a retirarlas.
María Lorena Villaverde,Hugo Alconada Mon,La Libertad Avanza,Lorena Villaverde,Conforme a,La Libertad Avanza,,»Nunca fui de La Cámpora». Quién es Pilar Ramírez, la mano derecha de Karina Milei y qué dijo sobre el plan de LLA de “eternizarse” en el poder,,“No olvido, pero no guardo rencores”. Guillermo Francos contó cómo fue su renuncia y admitió una campaña de desgaste,,Carrera al 2027. En qué hotel de Mar del Plata se harán los talleres de la Libertad Avanza
La causa por presunto lavado de dinero que involucra al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y que está vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia, sumó en las últimas horas un dato clave. Según pudo saber TN, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en compañías asociadas al empresario y el resultado llamó la atención: se encontraron firmas con movimientos multimillonarios, pero sin un solo empleado registrado.
La Dirección General Impositiva (DGI) cree que Vallejo habría creado un grupo de empresas ficticias destinadas a lavar dinero a través de su propia financiera.
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En este sentido, los investigadores tienen la hipótesis de que Vallejo construyó una estructura en donde las sociedades se “compran” entre sí, por lo cual hay facturación cruzada y un flujo constante de dinero difícil de rastrear. Todo dentro de un mismo conglomerado.
Ahora, la Justicia espera los informes de la DGI tras los allanamientos para analizar y determinar la magnitud del circuito.
Un auto de lujo y una caja fuerte vacía
En medio del operativo, también se encontró el auto de lujo que pertenecería a Ariel Vallejo: se trata de la Ferrari California de color negro, valuada en más de 100 mil euros. El vehículo estaba estacionado en el garaje del edificio en donde vive el hijo de Vallejo, como si estuviera “escondido”.
Otro de los allanamientos se produjo este lunes en la sede central de Sur Finanzas, del cual participaron agentes de la Policía Federal Argentina (PFA). En un video al cual pudo acceder TN, se puede ver el recorrido que se hace desde el ingreso del lugar hasta la zona de la bóveda.
En cuanto los efectivos lograron abrir la caja fuerte, la encontraron casi vacía. En su interior, solo había algunos fajos de billetes. Este hallazgo causó sospechas, ya que se trata de una empresa que se dedica a las finanzas.
Las causas de Sur Finanzas
- Causa PROCELAC – penal Económico (lavado): investiga presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y en operaciones relacionadas con el fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – fiscalía federal de Quilmes: se centra en presunta evasión y lavado. Allí se analizan movimientos por $880.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas y la utilización de empresas apócrifas, que la DGI identificó como parte de un circuito marginal para reducir cargas tributarias. Según el organismo, esas firmas movieron $72.000 millones y un grupo de monotributistas sin capacidad económica realizó operaciones incompatibles con su categoría fiscal.
- Causa de Capuchetti (2021): apunta a mecanismos para eludir el cepo cambiario y obtener dólares mediante operatorias financieras no declaradas. El levantamiento del secreto fiscal y bancario busca profundizar esa línea.
- Causa en el juzgado de María Servini (2024): también investiga movimientos financieros bajo sospecha. Su contenido aún no trascendió en detalle.
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Además, Sur Finanzas aparece mencionada en el caso ANDIS, donde por ahora figura vinculada a un hecho puntual: el uso de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por la firma de Vallejo, para convertir parte de los fondos presuntamente obtenidos de coimas. Ese episodio derivó en el allanamiento de la financiera días atrás.
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