POLITICA
Un fallo ordenó que el Gobierno les pague a los diplomáticos el plus completo por trabajo fuera del país
Corría el frio agosto del año pasado, cuando la entonces canciller Diana Mondino debió enfrentar una inesperada tormenta política. Decenas de diplomáticos iniciaron entonces, en la calle Esmeralda y frente al Palacio San Martín, una huelga acompañada de otras medidas de protesta, enojados por el decreto 652/24, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que les aplicaba a los embajadores y funcionarios de alto y medio rango el Impuesto a las Ganancias sobre el plus en dólares que percibían por su desempeño fuera del país.
La guerra declarada entonces por el Presidente contra la “casta diplomática” pasó por distintas etapas, hasta que la Justicia, días atrás, le dio la razón al sindicato de diplomáticos, Apsen. Junto al gremio estatal ATE, el gremio había presentado una acción de amparo, que quedó radicada en el juzgado contencioso administrativo 11, contra la aplicación de ese impuesto sobre el plus, denominado adicional por costo de vida, vigente desde 1979.
Según distintos referentes del cuerpo diplomático, la aplicación del impuesto era inconstitucional y dejaba a los diplomáticos en el exterior sin posibilidades de afrontar gastos corrientes, como alimentación, alquiler, medicina prepaga o el pago del colegio para sus hijos en caso de tenerlos. Argumentaban que ya pagan Ganancias por sus sueldos en pesos, y recalcaban que el adicional está basado en un índice de Naciones Unidas. Muchos de ellos pensaron, de extenderse el recorte del 25 por ciento sobre el adicional, en pedir el regreso al país.
El juez federal de primera instancia Martín Cormick, declaró en su fallo, la semana pasada, la “nulidad” de los artículos del decreto que establecían el descuento, que tuvo vigencia plena por tres meses, hasta que comenzó a efectivizarse una medida cautelar impuesta por el mismo juez a pedido de los demandantes. Cormick ordenó además al Poder Ejecutivo que “proceda a reintegrar a la totalidad del personal que se encuentra alcanzado por este colectivo las retenciones efectuadas en concepto de impuesto a las ganancias sobre el adicional ‘costo de vida’ desde que cada suma fue retenida con más los intereses” acumulados en esos meses.
En el Gobierno, que durante el proceso judicial desconoció la potestad de Apsen y ATE para efectuar el reclamo y batalló duramente para que el impuesto se aplicara, dejaron trascender que en los próximos días apelarán la decisión judicial a través de ARCA.
Satisfechos por el fallo, que contó con la asesoría legal del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el tributarista Alberto Tarsitano, desde Apsen precisaron a este diario que “esa decisión del Poder Ejecutivo era ilegítima y arbitraria por no poseer sustento jurídico en la ley del impuesto a las ganancias que reglamenta”. También, que el recorte “vulneraba los derechos establecidos en el artículo 19 y en los incisos a) y e) del artículo 22 de la ley 20.957 (“Régimen del Servicio Exterior de la Nación”), en cuanto violaba el “estado diplomático” establecido por la norma federal.
“Se trata de un salario no lineal, pero absolutamente legal. Los diplomáticos ganamos mucho, pero también gastamos mucho fuera del país”, afirmó a el exembajador ante las Naciones Unidas Ricardo Lagorio, uno de los alcanzados por el recorte y firmante de una carta a Mondino en la que intentaron, sin éxito, que reviera la decisión.
“Medidas como la que establece esta nueva normativa repercuten de manera significativa en el normal funcionamiento del servicio, dificultando la cobertura de vacantes en las representaciones en el exterior”, decía la carta a Mondino, firmada en aquel momento por figuras como el excanciller Jorge Faurie, hoy embajador en Chile; Conrado Solari Yrigoyen (exembajador en Dinamarca), Marcelo Suárez Salvia (actual embajador en China), Rafael Grossi (titular de la Organización de Energía Atómica y hoy candidato del Gobierno a secretario general de la ONU), Martín García Moritán (entonces embajador en Uruguay), el expresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas y el exembajador argentino en Rusia durante el gobierno de Alberto Fernández, Eduardo Zuaín.
La decisión judicial impacta de lleno en los 550 diplomáticos, 150 adscriptos al servicio exterior, 60 agregados militares y otros funcionarios que realizan funciones en el exterior. Con la probable apelación del Gobierno, la pulseada promete nuevos capítulos.
una huelga,distintas etapas,Jaime Rosemberg,Conforme a
La Cámara Federal porteña hizo lugar este martes a un planteo que había presentado el año pasado Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) procesado este lunes, y ordenó que se abra una nueva investigación sobre el origen de los audios en los que una voz adjudicada a él habla sobre corrupción en el organismo. El objetivo final del exfuncionario es que todo el caso se declare nulo.
La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah.
Este fallo podría obstaculizar el avance de la causa que investiga la corrupción en la Andis, que a partir de este jueves estará a cargo de un nuevo juez porque a Sebastián Casanello, autor de los procesamientos, le vence ese día la subrogancia. Casanello interviene en este expediente como suplente a cargo del juzgado federal 11, que no tiene titular. La Cámara sorteará este miércoles, a las 11, al nuevo magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. En el bolillero hay cuatro posibles candidatos: María Servini, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.
En medio del ruido generado por la decisión repentina del Gobierno de no implementar el anunciado índice de inflación basado en una canasta de consumos más actual que la utilizada ahora, el Indec comunicó que en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,9%.
En consecuencia, las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses tendrán en marzo un reajuste de 2,88% (para la movilidad previsional, se toma el índice con dos decimales).
El haber mínimo pasará entonces de $359.254,35 a $369.600,88 y el máximo de $2.417.441,63 a $2.487.063,95. Descontado el aporte para financiar al PAMI, los ingresos mínimo y máximo serán de $358.512,85 y $2.348.927,95, en cada caso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este miércoles a una movilización frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa Javier Milei. La protesta reunirá a sindicatos, agrupaciones piqueteras y políticas, vinculadas al peronismo y la izquierda.
Los ejes de la iniciativa oficialista son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal y limitar el derecho a huelga. Pero la CGT consiguió alivio con algunos cambios que la beneficiaron, como el mantenimiento de la caja sindical de las obras sociales y el “aporte voluntario”.
Se les nota en la cara la nostalgia de enero. En apenas diez días de febrero, la Justicia madrugó a los funcionarios de Javier Milei −y al propio Presidente− con el procesamiento por delitos de corrupción en la función pública de un exintegrante del Gobierno (y exabogado del jefe del Estado), Diego Spagnuolo, y el Indec marcó una inflación de enero demasiado cercana al 3 por ciento.
La inflación ha subido en los últimos ocho meses; el último índice políticamente valioso para el oficialismo fue el de mayo de 2025, en el que se registró el 1,5 por ciento. Como consignó el lunes último, la sociedad percibe, para peor, que la suba de precios es superior a la información que suministra el Indec, aunque nadie cuestionó la gestión de Marco Lavagna al frente de la agencia de estadísticas oficiales ni la de su actual director, Pedro Lines, un economista que ya era un alto funcionario del organismo. El método de medición es muy viejo (Lavagna se fue porque no lo dejaron cambiar) o los salarios quedaron muy atrasados o suceden las dos cosas, pero lo cierto es que una mayoría social sostiene que su situación económica es mala y que con sus ingresos no puede llegar a fin de mes.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó, además, que su agencia constató un índice de inflación del 3,1 por ciento en enero. La diferencia con la del Indec es pequeña, como sucede siempre, aunque otro mundo lo habría aguardado a Milei si la inflación nacional hubiera comenzado con el número 3. Se trata de la simbología que forma parte de la política.
El presidente Javier Milei recibió este martes el Premio a la Libertad Económica, en el marco de la Hispanic Prosperity Gala del Latino Wall Street, un evento de ultraderecha organizado en el club de Donald Trump Mar-a-Lago (Florida) al que no pudo asistir por cuestiones de agenda, pero al cual mandó un video con un breve discurso. El mandatario argentino destacó el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y ponderó que Occidente está “recuperando sus valores bajo el liderazgo de los EE. UU.”.
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El periodista Marcelo Longobardi consideró que el presidente Javier Milei “tiene la reelección casi asegurada” en 2027 por diferentes motivos, entre ellos, una oposición debilitada que no logra rivalizar con La Libertad Avanza, un “clima de época global” favorable signado por la “ira” y un buen nivel de aceptación interna.
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Eran las primeras horas de este martes y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ya estaba en comunicación con el gobernador Maximiliano Pullaro y con su par provincial, Pablo Cococcioni, mientras avanzaba el conflicto con la Policía de la Provincia de Santa Fe, que todavía está activo y que suma fricción a lo largo de las horas. En la Argentina, la huelga de las fuerzas está prohibida.
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El Ministerio de Economía autorizó este miércoles el llamado a la licitación pública nacional e internacional para la concesión de Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones, que estará dividida en cuatro tramos que, en total, incluyen más de 2500 kilómetros de rutas nacionales y sectores en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
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Apenas un día después de haberse publicado el decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal —que pone en vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y busca estimular que entren en circulación los dólares que los argentinos tienen “en el colchón”—, el Ministerio de Economía armó una reunión explicativa con referentes del mercado local de capitales para explicar la iniciativa y promoverla.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de esta cartera y al que fueron invitados sólo algunos actores del mercado local de capitales, fue encabezado por el Luis Caputo, que venía ayer de instar a los argentinos a “llevar sus ahorros al banco”, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, lo que da cuenta de la importancia que la cúpula del equipo económico le da a esta nueva ley.
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La diputada bonaerense Mayra Mendoza acusó de mentiroso al ministro del Interior, Diego Santilli, luego de que el funcionario defendiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno y atribuyera al kirchnerismo la falta de creación de empleo formal en los últimos años.
El intercambio se desató a partir de una entrevista radial, continuó en redes sociales y escaló más tarde a la pantalla de LN+, donde Santilli retomó el tema en una charla con el periodista Luis Majul. Allí sostuvo que “no se generó un puesto de trabajo neto” durante las gestiones anteriores y afirmó que “dato mata relato”, al insistir con que la precarización laboral no comenzó con la administración actual, sino que fue fruto de los gobiernos kirchneristas.
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La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló en LN+ acerca del proyecto de la baja de la edad de imputabilidad que se tratará en el Congreso este jueves y confirmó que la edad acordada será de 14 años inclusive. Además, explicó por qué impulsó este cambio el Gobierno: “Es un cambio significativo porque desde el Estado no se puede no tener respuesta a una situación tan crítica como la de delitos cometidos por menores. No puede permanecer impune”.
Consideró que, de lo contrario, “no se puede dar respuesta a las víctimas” y que lo peor es “que un menor que comete un delito vuelva a un ambiente familiar que, en la mayoría de los casos, no es el adecuado, o que quede en una sociedad que no lo contiene”.
En ese sentido, evaluó que “en términos generales, ha habido un cambio de pensamiento y de paradigma. Hay un consenso generalizado de todos los sectores para avanzar en la modificación”. “Los menores que delinquen no son los mismos de hace 10, 20 o 30 años. Las organizaciones criminales se han transformado. El delito se ha transformado. También hay que animarse a tomar decisiones”.
“No solo cambiaron por el tipo de delito, sino por el involucramiento de jóvenes en una actividad temprana. Hay niños que empiezan la carrera delictiva a muy temprana edad por incentivos rápidos o para avanzar en la carrera criminal”, esgrimió la funcionaria.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno llamará a licitación pública nacional e internacional para la “construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones”. El esquema comprende más de 2.500 kilómetros de rutas estratégicas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, y estará dividido en cuatro tramos: Mediterráneo (672 km), Puntano (720 km), Portuario Sur (637 km) y Portuario Norte (528 km), corredores clave para la logística, el transporte de cargas y la conexión con los principales polos productivos y portuarios del país.
Según precisó el funcionario en la red social X, las obras se desarrollarán sobre las rutas nacionales 7, 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008 y apuntan a reemplazar un modelo deficitario por otro sin subsidios, con mayor transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. El objetivo, agregó, es modernizar la infraestructura, mejorar el estado de las rutas, fomentar la inversión privada y preservar los recursos del Estado.
Importante 👇
✅ RED FEDERAL DE CONCESIONES ETAPA II – B
Mañana estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones, que incluye más…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 10, 2026
La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo una movilización masiva frente al Congreso en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, que será tratado hoy en el Senado.
La convocatoria está prevista para las 15 horas y se espera una fuerte concentración de columnas sindicales en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Como consecuencia, habrá un amplio operativo de seguridad y cortes programados en distintas calles y avenidas del centro.
Corte de calles por la marcha de la CGT
Se prevé que las columnas principales se movilicen hacia el Congreso desde las 11 hasta las 16.
Las avenidas afectadas por la marcha serán las siguientes:
- avenida Entre Ríos;
- avenida Callao;
- avenida Rivadavia;
- avenida Hipólito Yrigoyen;
- avenida 9 de Julio;
- avenida de Mayo;
- Diagonal Norte;
- Diagonal Sur;
A su vez, se esperan cortes de calle en zonas aledañas al Congreso de la Nación:
- Uruguay;
- San José;
- Paraná;
- Sáenz Peña;
- Montevideo;
- Virrey Cevallos;
- Rodríguez Peña;
- Solís;
- Riobamba;
- Combate de los Pozos;
- Ayacucho;
- Sarandí.
Se espera que la Plaza de Mayo y el Congreso cuenten con un vallado policial. Por su parte, el Gobierno aseguró que se aplicará el protocolo antipiquetes durante la marcha.
Dónde estarán ubicadas las agrupaciones
- Jubilados, Polo Obrero, Territorios en Lucha y Unidad Piquetera: avenida Rivadavia entre Callao y Combate de los Pozos.
- CTA y ATE: salida desde avenida Rivadavia y Montevideo.
- UTEP y gremios vinculados a la CGT: partirán desde Hipólito Yrigoyen y Solís, ubicándose sobre avenida Rivadavia, avenida de Mayo y calles aledañas.
- UOM, Camioneros y Sanidad: saldrán desde sus propias sedes hacia el Congreso.
Leé también: Senado: tras los cambios acordados con la oposición, el Gobierno se encamina a dar media sanción a la reforma laboral
Puntos clave de la reforma laboral
El oficialismo trabajó con los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios y obtener media sanción en el debate de este miércoles.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anunció el acuerdo de 28 modificaciones para el proyecto original. De esta manera, algunos puntos importantes a tratar son:
- Redefinición del cálculo indemnizatorio.
- Nuevo esquema de actualización de créditos laborales.
- Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
- Registración laboral simplificada y digital.
- Redefinición de los beneficios sociales no remunerativos.
- Habilitación voluntaria del banco de horas.
- Incorporación de un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral.
- Reducción de cargas sociales.
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POLITICA
El Gobierno busca aprobar mañana el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad y protestan los judiciales
La estrategia del Gobierno para aprobar en el Congreso el convenio firmado anoche que traspasa las competencias de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires es tratarlo junto con la reforma laboral en el Senado. Luego deberá pasar el filtro de la Legislatura porteña.
Como contrapartida, los jueces nacionales rechazaron esta iniciativa, se declararon en alerta y convocaron para mañana a una asamblea en la Asociación de Magistrados. En tanto, el gremio de los judiciales de Julio Piumato llamó a un paro nacional para mañana con movilización ante la Cámara laboral.
Es que el cambio supone un avance sobre la justicia laboral nacional y salda una deuda de 30 años con la autonomía porteña.
La movida fue silenciosa y se gestó durante todo el verano, cuando los gobiernos porteño y nacional conversaron sobre los términos del acuerdo. Se firmó anoche. Por un lado el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y por otro el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Esta mañana apareció en el Boletín Oficial una resolución del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que le daba a Adorni esa potestad
Ahora, para que ese convenio de traspaso de competencias sea operativo, debe ser aprobado por el Congreso y la Legislatura. El Gobierno −dijeron fuentes oficiales a − lo llevará al recinto con la ley laboral.
Es que uno de los artículos de la ley, el 91, alude a ese convenio. Dice que la Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente ese acuerdo de transferencia de competencias. Es el punto de partida para la disolución progresiva del fuero laboral nacional.
En lo inmediato, aún cuando se firme el convenio, no desaparecerán ni los jueces laborales ni los empleados, ya que seguirán tramitando las causas existentes, como una suerte de fuero residual.
Las nuevas causas, en cambio, serán tramitadas en la justicia laboral de la Ciudad. Los concursos para jueces laborales nacionales que están en marcha quedan congelados, ya que no se cubrirán esas vacantes.
El convenio contempla la competencia material y la función judicial de la Justicia del Trabajo en la Ciudad.
Pero se excluyen y se dejan a cargo del fuero federal (contencioso administrativo, por ejemplo) los conflictos colectivos, la negociación colectiva y medidas de acción sindical, la asociación sindical, los asuntos derivados del pacto federal de trabajo o causas en que sea parte el Estado nacional.
Los jueces laborales nacionales quedarían entonces como parte de una justicia residual y transitoria tramitando causas que ya están en trámite.
La Justicia de la Ciudad asumirá las nuevas causas desde la puesta en funcionamiento del nuevo fuero del trabajo porteño, en un plazo máximo de 180 días desde la aprobación del convenio por el Congreso.
Se dispone, asimismo, el cierre de los juzgados nacionales vacantes y la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, que no tiene integrantes.
Y se ratifica en el convenio que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad es la autoridad a atender en los recursos de inconstitucionalidad, luego de que la Corte estableció en el fallo Levinas que la Corte es el tribunal superior de la causa, es decir, el que interviene en las apelaciones de todos los juicios ordinarios laborales, penales, civiles o comerciales.
Asimismo, el Estado se compromete a no promover nuevas designaciones en la justicia laboral, aunque hoy mismo el Consejo de la Magistratura de la Nación llamó a concurso para una vacante de camarista laboral.
La novedad tomó desprevenidos a los jueces laborales. Esta mañana estallaron los mensajes en el grupo de WhatsApp de los jueces de primera instancia y de los camaristas de la justicia laboral.
Mientras pensaban en pedir audiencias y explicaciones, el asunto ya estaba resuelto y el convenio firmado, además de ingresado a la mesa de entrada del Senado a la espera de ser votado.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional convocó para mañana a las 17 a sus socios del fuero laboral para conversar con la mesa directiva del organismo.
En paralelo, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, que es el gremio que conduce Piumato, llamó para mañana a las 12 a un paro nacional de actividades, con movilización a la Cámara del Trabajo.
El sindicato luego acompañará la movilización contra la reforma laboral que realizará la CGT en el Congreso.
Hernán Cappiello,Conforme a
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