Un fallo de la Cámara de Casación penal pone en riesgo la investigación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pide que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio. Este último se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.

Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su renuncia a partir del 1° de julio pasado –que aceptó el presidente Javier Milei-, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.

La renuncia aceptada le permite percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.

Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado.

Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.

Además está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.

Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.

Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.

Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.

El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.

La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.

Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.

Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas.

Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.

Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal.

Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, declaró inadmisible ese planteo.

La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.

El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país.

Y, este jueves, la Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.

El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.

La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.

Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales.

Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas.

Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado.

Fernando Whpei, quien pidió este viernes una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”.

Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.

A la par de Bailaque, hay otro juez federal de Rosario que comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.

Es el magistrado Gastón Salmain, quien retornó hace unos días de sus vacaciones en el exterior, y se topó con una noticia favorable.

La comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura no se logró reunir el miércoles pasado, por la ausencia de dos miembros, el santafesino César Grau y la jueza Alejandra Provítola, presidente y vice de ese cuerpo. Según fuentes de ese cuerpo, ambos tenían problemas de salud. Las reuniones se hacen de manera virtual.

El extenso proceso que se abrió contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura no sirvió de nada, porque al final Milei terminó por aceptar su renuncia. En ese universo judicial, las piezas que se mueven muchas veces tienen intereses que no se aprecian sobre la superficie.

El interrogante es si con Salmain pasará lo mismo. Porque en este caso fue el propio presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el que promovió una investigación contra este magistrado porteño que asumió como juez federal en Rosario en 2023.

Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe.

Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.

Esta investigación está en manos del fiscal Federico Reynares Solari, quien ya notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.

La maniobra que se habría montado y que se investiga es clásica y conocida como forum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia.

Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.

Esta trama que será expuesta en detalle por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que Rosatti pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.

En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, a quienes les otorgaron una probation.

Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa.

La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.

Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido.

La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.