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Un fallo pone en riesgo la investigación contra el exjuez acusado de vínculos con el narcotráfico

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Un fallo de la Cámara de Casación penal pone en riesgo la investigación contra el exjuez federal Marcelo Bailaque, señalado por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Carlos Mahiques y Mariano Borinsky, decidió evaluar el planteo de un abogado tributarista, oriundo de Rafaela, que pide que la causa sea investigada con el viejo sistema procesal penal y no por el nuevo sistema acusatorio. Este último se puso en funcionamiento en Rosario a principios de mayo de 2024.

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Este tecnicismo podría hacer naufragar una investigación que lleva más de un año y obligó a Bailaque a presentar su renuncia a partir del 1° de julio pasado –que aceptó el presidente Javier Milei-, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyera.

La renuncia aceptada le permite percibir su jubilación por el régimen especial de Santa Cruz, donde este exmagistrado trabajó entre 1994 y 2008, cuando fue designado juez federal en Rosario.

Bailaque está siendo investigado en tres causas. Una se inició a partir de lo que reveló el 10 de junio de 2024, cuando se publicó que el entonces magistrado compartía su contador, Gabriel Mizzau –también con prisión domiciliaria-, con el principal narco de Rosario Esteban Lindor Alvarado.

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Mizzau firmó los balances de la empresa Sagrado Corazón, una de las que usaba este criminal para lavar dinero, con el asesoramiento del contador de Bailaque.

Además está sospechado de favorecer a Alvarado al no autorizar durante tres años escuchas telefónicas contra personas de su entorno entre 2013 y 2016, lapso en el que el narco tuvo un exponencial crecimiento económico en base al tráfico de drogas y mató a decenas de sus rivales en el negocio mafioso.

Bailaque está acusado también de extorsionar a un empresario, junto con el financista Fernando Whpei, quien como los otros imputados goza de la prisión domiciliaria, que este viernes se prorrogó por otros 30 días.

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Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario, declaró como arrepentido en la causa y contó que en un asado en 2019 en la casa del entonces magistrado se coordinó la extorsión contra Claudio Iglesias, a partir de la apertura de una causa en base a un anónimo trucho.

Bailaque ordenó allanamientos e inhibió a nivel bancario a este empresario, al que se pretendía perjudicar, según Vaudagna, por aspirar a presidir la compañía San Cristóbal Seguros. Esta compañía aparece involucrada en la causa que tiene al expresidente Alberto Fernández procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La compañía rosarina, de acuerdo a la causa, habría pagado supuestos retornos mediante facturas por tareas falsas o genéricas, como “servicios empresariales”, “catering” o “horas de servicios prestadas”.

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El exjuez está acusado además de favorecer a su “amigo” Whpei, que dirigió la mutual Grupo Unión, con el manejo de los fondos millonarios de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.

La entidad estaba bajo intervención judicial, luego de que le abrieran una causa por lavado de dinero al extitular Herme Juárez, alias Vino Caliente.

Bailaque avaló que unos 1000 millones de pesos pasaran a ser operados por la mutual de Whpei, quien habría financiado campañas políticas de dirigentes de un universo transversal a nivel ideológico, como La Cámpora, Juntos por Cambio y el radicalismo.

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Estas investigaciones derivaron en que el Consejo de la Magistratura basara su acusación contra Bailaque en estas causas.

Pero antes de que fuera suspendido y luego destituido, el magistrado renunció. Antes había tratado, a través de distintos recursos, que la causa no avanzara, pero sus intentos habían chocado con las propias decisiones judiciales.

Bailaque pidió en marzo de este año que estas investigaciones fueran tramitadas por el antiguo sistema procesal penal.

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Es decir, el escrito, en la que el juez de instrucción tenía la batuta de la investigación. El objetivo, además, era desplazarlo al juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz. Primero hizo este planteo ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, que lo rechazó y luego fue a la instancia superior, a la Cámara de Casación Penal, que el 25 de marzo pasado, por mayoría, declaró inadmisible ese planteo.

La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.

El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa de Guillermo Zenklusen, un tributarista de Rafaela, llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país.

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Y, este jueves, la Casación resolvió llamativamente hacer lugar a la queja. La Sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene Barroetaveña, que fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky.

El fallo firmado por Mahiques y Borinsky señala que “en la medida en que la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación, corresponde proceder a la apertura de la instancia casatoria y habilitar el conocimiento de esta Cámara”.

La resolución deja constancia que el juez Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.

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Si la Cámara de Casación falla a favor de este reclamo la causa contra Bailaque volvería a fojas cero, según advirtieron fuentes judiciales.

Dejaría un agujero oscuro en lo que hasta ahora se investigó, con fuertes evidencias que obtuvieron los fiscales que trabajan desde el año pasado en estas causas.

Hay otro movimiento dentro de este caso que llamó la atención, y que podría tener relación con el planteo del tributarista de Rafaela, que aún no está imputado.

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Fernando Whpei, quien pidió este viernes una prórroga de la detención domiciliaria estaría en negociaciones para plegarse a la figura conocida como “arrepentido”.

Pasaría a ser el segundo en esa condición, a la que adhirió en marzo pasado el extitular de ARCA Carlos Vaudagna, cuyo testimonio fue clave para imputar a Bailaque. Fuentes judiciales interpretan que Whpei estaría especulando con un posible fallo de Casación a favor de Bailaque, que provocaría un colapso en esta investigación.

A la par de Bailaque, hay otro juez federal de Rosario que comenzó a ser investigado en el Consejo de la Magistratura.

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Es el magistrado Gastón Salmain, quien retornó hace unos días de sus vacaciones en el exterior, y se topó con una noticia favorable.

La comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura no se logró reunir el miércoles pasado, por la ausencia de dos miembros, el santafesino César Grau y la jueza Alejandra Provítola, presidente y vice de ese cuerpo. Según fuentes de ese cuerpo, ambos tenían problemas de salud. Las reuniones se hacen de manera virtual.

El extenso proceso que se abrió contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura no sirvió de nada, porque al final Milei terminó por aceptar su renuncia. En ese universo judicial, las piezas que se mueven muchas veces tienen intereses que no se aprecian sobre la superficie.

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El interrogante es si con Salmain pasará lo mismo. Porque en este caso fue el propio presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, el que promovió una investigación contra este magistrado porteño que asumió como juez federal en Rosario en 2023.

Salmain está sospechado de favorecer a estudios de abogados con el pago de multimillonarios reclamos contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias, según informaron fuentes judiciales a Aire de Santa Fe.

Lo que se investiga es que su juzgado pasó a ser llamativamente uno de los de mayor volumen de causas previsionales del país con oficios que ordenan pagos millonarios, que son promovidos por unos pocos estudios jurídicos.

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Esta investigación está en manos del fiscal Federico Reynares Solari, quien ya notificó al magistrado que se abrió una causa y que lo tiene como protagonista. El proceso judicial aún está en una etapa preliminar, en busca de evidencia.

La maniobra que se habría montado y que se investiga es clásica y conocida como forum shopping. Es una práctica donde una parte en un litigio elige deliberadamente el tribunal o jurisdicción que considera más favorable para sus intereses, en lugar de presentar la demanda en el lugar que correspondería objetivamente según las reglas de competencia.

Tras su arribo a Rosario como magistrado en 2023, algunos estudios jurídicos de peso, empezaron a recusar supuestamente sin causa a la jueza federal N° 2 Sylvia Aramberri, quien se jubiló hace tres meses, para que sus demandas terminaran en el juzgado a cargo de Salmain.

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Esta trama que será expuesta en detalle por el Ministerio Público Fiscal se suma a otro hecho más lejano en el tiempo, que derivó en que Rosatti pidiera que se abra una investigación contra este juez en el Consejo de la Magistratura, luego de que se detectara que Salmain omitió incluir entre sus antecedentes que fue echado de la justicia federal de Comodoro Py en 2002.

En ese expediente Salmain había sido procesado por falsedad documental, junto a una abogada, a quienes les otorgaron una probation.

Como cumplieron las condiciones de ese juicio ambos terminaron sobreseídos por el juez Rodolfo Canicoba Corral que fue quien controló la causa.

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La resolución que terminó con el despido de este juez revela que “el agente Gastón Salmain tentó a la empleada a violar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social para que algunas ejecuciones previsionales sean dirigidas al juzgado N° 8 de ese fuero”.

Actualmente, este juez subroga el juzgado federal N°1 de Santa Fe. Salmain había quedado a cargo también de la justicia electoral de Santa Fe, pero en pocas horas fue sustituido.

La Cámara Nacional Electoral designó al juez Aurelio Cuello Murúa, que originariamente fue nombrado magistrado federal en Venado Tuerto, para que cumpla esa tarea que es clave a nivel político.

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Germán de los Santos,Conforme a

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Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

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Comenzó la cuenta regresiva para las dos elecciones más importantes de este 2025, los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre y su prólogo, a nivel bonaerense, del 7 septiembre.

En estos comicios nacionales, se renovarán 130 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado, 24 de las 72 bancas se someterán a la voluntad popular.

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La Boleta Única Papel (BUP) será el instrumento de votación en las elecciones nacionales, implementada por primera vez en las legislativas de este año 2025.

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El PJ anticipa una elección adversa en el interior bonaerense y apuesta a aumentar sus bancas en la Tercera sección

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“Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”, la respuesta del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al lanzamiento de la campaña bonaerense que La Libertad Avanza plantó este jueves con la foto del presidente Javier Milei en un baldío en Villa Celina, La Matanza, junto a los candidatos seccionales fue un termómetro de dónde se disputa con fuerza la batalla electoral para el peronismo y los libertarios.

La Tercera sección electoral con sus 5.101.177 de electores será un territorio de disputa, ya que en estas elecciones es la sección donde se eligen más bancas. El próximo 7 de septiembre, de los 46 diputados que renovarán sus bancas; 18 corresponden a la Tercera sección electoral. Es el circuito electoral que más pone en juego y de ese total, 8 bancas son las que ostenta el peronismo.

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El plan es aumentar ese número. La decisión de la vicegobernadora, Verónica Magario, como candidata es una muestra de ese objetivo. Más allá de la negociación interna que significó el armado de la lista por la Tercera para Fuerza Patria; también hay una cuestión estratégica. El peso de La Matanza y el nivel de conocimiento de Magario en ese municipio que reúne a más de un millón de personas en condición de votar. Además, en la lista hay nombres de peso y conocimiento en la región como el de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza (tercera candidata a diputada) o su par de Almirante Brown, Mariano Cascallares (cuarto candidato a diputado).

Candidatos e intendentes de la Tercera sección junto a Kicillof

El piso electoral, a diferencia de otras secciones, es relativamente bajo: se precisa llegar al 5,5% de los votos para obtener una banca. En la elección del 2021, —que son las bancas que ahora se ponen en juego— el peronismo obtuvo 45,6% y logró ingresar ocho legisladores; mientras que en 2023 el Frente de Todos consiguió el 51,54% de los votos en la Tercera. La particularidad es que la última elección fue ejecutiva. Sin embargo, en el peronismo buscan acercarse a ese número. A diferencia del 2021, esta vez cuentan con más municipios propios. En 2023, el PJ recuperó el populoso distrito de Lanús, con la victoria de Julián Álvarez. También ganó el municipio de Brandsen. Los dos intendentes son de La Cámpora.

“Los bonaerenses sabemos que así no se gobierna, y si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salario”, marcó Kicillof esta semana desde La Matanza, horas más tarde a la foto que Milei compuso junto a candidatos y dirigentes libertarios. Una foto no exenta de polémica por la pancarta “Kirchnerismo Nunca Más”, con tipografía similar al libro que compiló el informe de la CONADEP; un registro histórico que reveló la desaparición de personas en el marco del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura militar que gobernó en Argentina.

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Milei junto a candidatos y dirigentes libertarios

Mientras La Libertad Avanza busca nacionalizar la campaña bonaerense, en Fuerza Patria la estrategia no pareciera estar unificada del todo. Hay un principio de acuerdo para aplacar las críticas internas, pero cada sector del oficialismo bonaerense lleva la campaña por caminos paralelos. En La Plata miran cómo puede llegar a quedar la futura Legislatura bonaerense, en el marco de los dos años por delante que le quedan a Kicillof al frente de la gobernación.

Los cierres de listas plantearon algunos escenarios complejos en las secciones electorales que no son las del conurbano. En la Segunda, la irrupción del espacio Hechos con los hermanos Passaglia ponen un foco de competitividad nuevo. En el medio, hasta el momento, la Junta Electoral bonaerense no autorizó la boleta a concejales de Fuerza Patria en el municipio de San Nicolás; que es la ciudad cabecera de la sección y desde donde se proyecta Hechos. Además, en el cierre de listas también se sumó el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y en el marco de un acuerdo, el radical Ricardo Bouvier de Rojas. A ese factor se le suma la presencia de La Libertad Avanza.

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni con Kicillof

En la región norte de la provincia hay un cálculo que circula. Por la Segunda sección ingresan once diputados provinciales y, hasta el momento, una cuenta hipotética que manejaban en algunos equipos de campaña hablan que LLA —por el mero hecho de la marca y no por los nombres propios- podría conseguir cinco lugares, cuatro el peronismo y dos Hechos. Del total de bancas por la Segunda, el peronismo tiene cuatro. Sin embargo, la situación de San Nicolás y la falta lista de concejales de Fuerza Patria podría modificar el escenario en desventaja a las apetencias del peronismo, cuya nómina en la Segunda sección electoral es encabezada por el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni.

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La Sexta sección electoral —región sur de la Provincia— ha sido un territorio complejo para el peronismo hasta que en 2023 recuperó el control político de la ciudad cabecera: Bahía Blanca. Antes, en 2021 —es decir, los cargos que se renuevan este 7 de septiembre—, perdió holgadamente. El cierre de listas dejó a algunos intendentes cercanos a Kicillof relegados en la discusión. La lista, igualmente, es encabezada por el ex intendente de Monte Hermoso y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Por el Frente Renovador, si bien el intendente de Tres Arroyo, Pablo Garate, buscó tener presencia en la lista; el espacio de Sergio Massa quedó representado por la senadora, Sofía Vanelli, que hoy ocupa una banca por la Primera sección electoral. Fuerza Patria arriesgará cuatro de las once bancas que tiene la sección.

El intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate con la diputada nacional, Victoria Tolosa Paz

En el marco de la campaña, el intendente Garate recibió a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. “Este 7 de septiembre, el pueblo de Tres Arroyos tiene la oportunidad de elegir un camino distinto al del abandono, la destrucción y el odio. Junto a Kicillof y con la boleta de Fuerza Patria, vamos a defender la ciudad, a sumar fuerzas para frenar a Milei y a cuidar el futuro de nuestras familias”, planteó la diputada nacional que este año también vence mandato en el Congreso.

En el peronismo apuestan a trabajar en el rechazo a la figura de Milei sobre todo en Bahía Blanca. En estos dos años de gestión libertaria hubo en Bahía Blanca dos episodios que enlazaron la relación Nación-municipio: la no instalación de la planta de GNL que iba a instalar YPF junto a la malaya Petronas y el veto que Milei firmó en el mes de junio para dejar sin efecto la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.

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La Casa Rosada tiende puentes con los gobernadores para blindar los vetos y garantizar que se apruebe la ley del déficit cero

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El miércoles fue un día muy complicado para el Gobierno: sintió el revés en 12 votaciones consecutivas en la Cámara de Diputados. “Perdimos todas”, admitió horas después, sin rodeos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La magnitud del golpe llevó al presidente Javier Milei a convocar de urgencia, el jueves, a todo su equipo de ministros en la Casa Rosada. Y a hablar por cadena nacional en la noche del viernes en horario estelar.

La reunión de Gabinete sirvió para hacer una evaluación de daños, pero el balance interno no fue del todo negativo. En la Casa Rosada están convencidos de que la estabilidad económica alcanzada permitirá un buen desempeño en la elección en provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, y dan por descontado un triunfo en las nacionales de fines de octubre.

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Con la cadena nacional, Milei no solo ratificó el rumbo de su gestión y justificó con que “el déficit cero es innegociable” sus vetos a los aumentos de jubilaciones y la emergencia por discapacidad.

En su mensaje, incluyó un desafío abierto a la oposición: “Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante“.

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Es que el Presidente y todo el oficialismo considera que la oposición está decidida a complicarle la gestión y podría volver a imponerse en nuevas votaciones.

Uno de los ministros más molestos es Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). La Cámara Baja rechazó cinco decretos delegados redactados por él y firmados por Milei, que apuntaban a reducir o eliminar organismos públicos. Si el Senado confirma esos rechazos, el Congreso le cortará la cadena a la motosierra libertaria.

Leé también: Karina Milei le agradeció a Macri la alianza entre el PRO y LLA: “Es mucho más que un acuerdo electoral”

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El propio Presidente también sufrió un revés simbólico y fiscal. La media sanción a los proyectos que declaran la emergencia en universidades y en pediatría representa, a juicio del Ejecutivo, una amenaza directa al equilibrio presupuestario. En la Casa Rosada dan por hecho que el Senado intentará replicar el rechazo a los decretos delegados y que aprobará ambas leyes.

Por eso fue la cadena nacional y el anuncio de las dos medidas para “amurallar el déficit cero“, que también buscará los mandatarios provinciales garanticen su aprobación.

Cómo el gobierno de Milei intenta acercarse a los gobernadores tras la cadena nacional

La pregunta clave es cómo hará el Gobierno para conseguir que los gobernadores —y los legisladores que responden a ellos— respalden los vetos en lugar de insistir con la sanción de las leyes.

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La respuesta parece estar en uno de los proyectos impulsados por los propios mandatarios provinciales y que ya obtuvo media sanción en el Senado: la obligatoriedad de distribuir automáticamente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), conforme a los mismos porcentajes que rigen en la coparticipación.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que esta semana se perdieron «todas» las votaciones en Diputados. (Foto: NA)

El miércoles, en paralelo a las derrotas que sufrió el Ejecutivo en Diputados, los legisladores acordaron para la semana próxima el tratamiento en comisión de dos proyectos clave para los gobernadores. Uno busca mejorar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos; el otro propone modificar el régimen de los ATN. Este último es, para muchos en el Gobierno, la moneda de cambio.

La iniciativa parlamentaria apunta a eliminar la discrecionalidad con la que se reparten hoy los fondos del Tesoro. Propone incorporar un artículo a la Ley 11.672 (Ley Permanente de Presupuesto) que establece que el Fondo de ATN debe ser distribuido de forma automática y diaria, como el resto de los recursos coparticipables.

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“Los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”, señala el texto.

El Gobierno evalúa ahora si ese proyecto —que avanza con apoyo transversal— puede convertirse en el puente para garantizar el respaldo a los vetos presidenciales y avanzar también en la ley que anunció Milei ayer.

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Con los gobernadores como actores centrales de la negociación, la llave del equilibrio fiscal podría estar, una vez más, en manos del reparto de fondos.

Javier Milei, Diputados, Gobernadores, La Libertad Avanza

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