POLITICA
Un fiscal instó a que el Gobierno adhiera al Compromiso Ético Digital contra las fake news en campaña electoral
El fiscal nacional electoral Ramiro González instó a que la Justicia electoral invite al Poder Ejecutivo a que firme el Compromiso Ético Digital para evitar la publicación de fake news y que le pida informes sobre la campañas que realiza contra la utilización de deep fakes y el uso de la Boleta Única por primera vez.
El fiscal hizo estas consideraciones en un dictamen que presentó ante la jueza federal María Servini, quien tramita un amparo presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
Ramiro González instó a que la Justicia ordene medidas preventivas concretas y urgentes al Poder Ejecutivo Nacional contra la difusión de “deep fakes” y el uso no autorizado de servicios de clonación de voz y rostro con inteligencia artificial en el proceso electoral.
El Compromiso Ético Digital 2025 es una iniciativa de la Cámara Nacional Electoral que busca proteger la integridad del debate democrático y el proceso electoral nacional ante los desafíos de la desinformación y las nuevas tecnologías, como los deep fakes. Se implementa desde 2019 para “preservar el debate democrático en las redes sociales y plataformas digitales durante las elecciones nacionales”.
El Compromiso busca “construir conciencia ciudadana sobre el buen uso de las nuevas tecnologías de comunicación en el desarrollo del proceso electoral”. Y trabaja para “contrarrestar la manipulación de contenido digital sin menoscabar la libertad de expresión”.
La idea del tribunal es que lo firmen los partidos políticos, los candidatos, los medios de comunicación, los bloques parlamentarios y las plataformas tecnológicas, con el objetivo de “mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”.
Las empresas tecnológicas que se adhieren al Compromiso Ético Digital 2025 declaran que reconocen la complejidad y la tensión generada por la difusión o proliferación de “información inexacta o noticias falsas” durante el proceso electoral y acuerdan “colaborar con las autoridades competentes en este proceso respetando los valores democráticos y la libertad de expresión,” dentro del marco de sus posibilidades y herramientas.
La acción de amparo, contra la Jefatura de Gabinete de Ministros del ministerio del Interior, se inició el 4 de agosto pasado. Gil Domínguez argumentó que esta práctica vulnera derechos fundamentales y humanos.
El fiscal González coincidió con esta preocupación del amparista que atenta “de manera colectiva» contra “el derecho fundamental y el derecho humano a elegir libremente en el marco de un proceso electoral transparente”. El dictamen subraya que el Ministerio Público Fiscal comparte la preocupación de que la voluntad popular se exprese libremente, “exenta de confusiones y, particularmente, de aviesa desinformación”.
González recordó que la incursión de los “deep fakes” ya ha lesionado el derecho de elegir libremente». Y citó el caso de las elecciones legislativas del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde se difundieron videos de IA simulando que hablaban el expresidente Mauricio Macri y Silvia Lospennato, su candidata.
Y hay otro antecedentes sobre elecciones en Córdoba, donde fue sancionada una empleada de una agencia de publicidad por subir en Facebook avisos falsos. “No caben duda respecto a los riesgos que genera los ‘deep fakes’ para la actividad política en general y los procesos electorales en particular”, dijo el fiscal.
González sostuvo que la utilización de deep fakes con fines electorales “constituye una forma de interferencia política sofisticada y profundamente lesiva para el sufragio libre e informado de las personas”. Además, indicó que el uso no autorizado de clonación de voz y rostro con IA en procesos electorales podría configurar un delito, como lo es la inducción de engaños al sufragar, que se castiga con penas de gasta dos años de prisión.
A pesar de que el Estado Nacional solicitó el rechazo de la acción, porque dijo que Gil Domínguez no tenía personería, el fiscal González sostuvo que puede demandarse al Ejecutivo un “compromiso adicional” en el ámbito de la prevención. Por ello, el dictamen solicita a la jueza que haga lugar al amparo y se requieran informes urgentes y medidas preventivas, para evitar el uso ilegal o abusivo de la IA.
El Fiscal específicamente requirió que el Poder Ejecutivo informe sobre que acciones de difusión y sensibilización realizó sobre los usos indebidos de las herramientas de Inteligencia Artificial que pudieran afectar el normal desarrollo de los comicios. Y además que se notifique a las empresas responsables de plataformas digitales (X, TikTok Pte. Ltd. y Google Argentina SRL) sobre la regulación aplicable en materia de infracciones o delitos electorales.
Hernán Cappiello,Conforme a
En medio del debate por la reforma laboral, el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recordó a su exesposa Sandra Mendoza, que murió este miércoles.
El legislador se sumó a la sesión más tarde por el fallecimiento de la dirigente política y agradeció el minuto de silencio que hicieron en el recinto al conocerse la noticia. “Muchas gracias a todos los senadores y senadoras por el homenaje y las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y especialmente a mis hijas Jorgelina y María Guillermina”, expresó.
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En esa línea, resaltó: “Para nosotros es importante este reconocimiento para una persona como Sandra que tuvo una extensa trayectoria política. En ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos hijas maravillosas, unidas en el compromiso de amor, solidaridad y un cariño fuerte por la patria”.
“Muy sentidas las palabras de todos los que han participado. Quiero agradecerles enormemente esta muestra de cariño, de amor y respeto”, cerró Capitanich.
El senador Bartolomé Abdala, que presidía la sesión, lo saludó al verlo ingresar al recinto y le dedicó unas palabras: “Cuando usted se ausentó, se hizo un minuto de silencio de manera unánime dándole el pésame por lo que está viviendo personalmente. Desde ya, el saludo fue aprobado y reconocido. Le deseamos pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”.
La legisladora kirchnerista, Juliana Di Tullio, fue quien solicitó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada.
El pedido fue acompañado por la senadora Patricia Bullrich, quien también le dedicó unas palabras. “He tenido el honor de conocer a Sandra Mendoza. Creo que merece el reconocimiento de todos. Adherirnos a este homenaje, a esta tristeza que está pasando su familia, sus hijos y darle el pésame de parte de todos nosotros”, manifestó.
El comunicado que confirmó la muerte de Sandra Mendoza
La dirigente peronista tenía 62 años y se encontraba internada en una clínica privada de Buenos Aires atravesando un grave cuadro de salud.
“Con profundo pesar despedimos a la exdiputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, expresaron desde el Partido Justicialista chaqueño.
Mendoza nació en la ciudad de Sáenz Peña el 20 de abril de 1963. Fue kinesióloga, formó parte del Frente para la Victoria (FpV), en 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses y ejerció como diputada nacional por Chaco entre el 2009 y el 2017.
Estuvo casada con el exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas.
Mendoza se encontraba atravesando complicaciones de salud desde octubre, cuando su cuadro de diabetes se agravó por un accidente doméstico que le generó dificultades en la movilidad. Desde entonces se instaló en Buenos Aires y hace poco fue internada a una clínica privada.
Jorge Capitanich, Sandra Mendoza, Senado
En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.
Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.
También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.
Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.
El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.
En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.
“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.
El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora
En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.
Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.
se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos
POLITICA
Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae
La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.
Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.
Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.
Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.
El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.
El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.
Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.
La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.
En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.
Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.
Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.
El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.
El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.
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