El Gobierno salió a nadar a mar abierto y no se ahogó. Los primeros días de la era PC (post cepo) sirvieron para aventar las hipótesis más pesimistas que se habían elaborado en función de los antecedentes históricos que tiene el país cada vez que modifica su sistema cambiario. El plan económico ingresó en una nueva fase totalmente distinta, porque se modificó la última variable que permanecía inalterada desde la llegada de Javier Milei al poder, y dejó señales muy importantes respecto de las prioridades del Gobierno en lo inmediato, así como arduos desafíos para el mediano y largo plazo.

Aunque breve, la semana exhibió dos movimientos. El lunes la tendencia marcó una suba del dólar hasta un nivel de $1250 y eso parecía abonar la hipótesis de que la cotización iría hacia el techo de la banda establecida en el acuerdo con el FMI. En ese contexto, aparecieron las listas de precios de las principales aceiteras y empresas de productos masivos con subas de entre 9 y 10%, y el campo festejaba porque veía un incremento de su rentabilidad respecto del último blend de $1130.

Sin embargo, a partir del martes la dinámica se revirtió y el dólar descendió hasta ubicarse en $1160, instalando una percepción a la baja y alimentando el discurso oficial que explicitaba su objetivo de que la cotización llegue al piso de la banda: $1000. Un escenario muy distinto para todos los actores. El campo empezó a expresar su desilusión, azuzado por las advertencias de Milei, y los supermercados rechazaron las listas de precios a la alza que habían recibido, tras una intervención del Gobierno.

¿Qué pasó para que se produjera ese viraje? El economista Fausto Spotorno aporta una explicación de factores múltiples que resulta útil para sintetizar: “En primer término, frenaron los pases activos, que es el mecanismo que tiene el Banco Central para inyectar liquidez en el mercado, a través de préstamos de corto plazo a los bancos. La segunda medida del Central fue emitir una resolución por la que flexibilizó la entrada de capitales del exterior, lo cual actuó como una señal de bienvenida a los dólares de afuera. Y en tercer lugar, los importadores clavaron los frenos, porque venían liquidando fuertemente previendo la salida del crawling peg. Si a eso le sumamos que el lunes hubo mucha compra minorista por el nuevo sistema que después se fue desvaneciendo porque no había tantos pesos excedentes, ahí están las razones del cambio de tendencia que hubo en la semana”.

El mensaje de fondo más contundente que emitió el Gobierno es que de ningún modo está dispuesto a ceder su objetivo de bajar la inflación, a pesar de la liberación cambiaria y de que las previsiones de las consultoras privadas tienden a ubicarlo en torno del 4-5% para abril y mayo. En la Casa Rosada tienen muy claro que arriesgar esa meta es exponer su legitimación social y, fundamentalmente, comprometer un triunfo electoral. El corto plazo está guiado por esa premisa.

Por eso no dudó en recurrir al teléfono para frenar las subas. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se encargó de llamar a la Cámara Argentina de Supermercados para que no validaran los nuevos aumentos. Las cadenas estaban en la misma sintonía porque desde hace mucho tiempo ven caídas en las ventas por consumidores que no validan aumentos. Pero es probable que se trate sólo de un impasse y que haya actualizaciones, más moderadas, en algunas semanas.

Todos los responsables de la cadena quedaron en analizar las estructuras de costos para ver el impacto real del nuevo dólar en los productos. El Gobierno sospecha que los márgenes de ganancias de ciertos sectores industriales están excedidos en el nuevo contexto, porque están seteados para un contexto de alta inflación.

En el fondo subyace el desafío principal del modelo económico libertario, que gira en torno de si logrará la reestructuración de un sistema productivo preparado para operar en un entorno de desequilibrios macroeconómicos, alta inflación, restricciones, tipo de cambio ficticio. El eslogan de Milei es “reconversión o muerte”, pero el problema es que la reconversión lleva tiempo, y la muerte de ciertos sectores industriales jaquearía al Gobierno con recesión y desempleo. La competitividad será un tema para más adelante.

Campo traviesa

El otro actor protagónico es el campo, que vivió los vaivenes de la semana con desilusión. Especialmente después de la tensa y larga reunión que tuvieron el martes funcionarios como Juan Pazo (ARCA), Vladimir Werning y Federico Furiase (ambos del BCRA), junto con los principales representantes del sector agroexportador. El mensaje que escucharon de los anfitriones fue: 1) vamos a propiciar que el dólar baje al piso de la banda, por lo que el valor de $1150 no llegó para quedarse; 2) no estamos urgidos por los dólares y no necesitamos más reservas porque tenemos cubierta la meta con el FMI de US$4000 millones para junio con el aporte de los organismos internacionales, además de que esperamos un flujo de fondos financieros de afuera; 3) de ningún modo vamos a extender la baja de las retenciones más allá del 30 de junio porque comprometeríamos las metas fiscales. Conclusión: liquiden ahora y hagan carry trade, porque después va a ser peor.

En el campo la sensación es de desencanto porque esperaban que la salida del cepo los beneficiara con mayor claridad, en un contexto de baja de los precios internacionales de las materias primas. Ahora hablan de los riesgos de una ruptura en la cadena de pagos y de posibles quiebras. Hay muchos que ven un conflicto sectorial cuando venza el plazo de las retenciones y la campaña electoral haya cobrado temperatura.

Sin embargo, algunos más realistas admiten con resignación que lo más probable es que los productores vayan liquidando exportaciones gradualmente, pero que el impacto mayor se note en las previsiones para la próxima cosecha. En la Argentina, gobernar es administrar el presente.

Claramente el acuerdo con el FMI y el fin del cepo implicaron la salida de una economía con parámetros más o menos estables, pero que en los últimos tiempos se estaba haciendo insostenible. El ingreso a la nueva etapa enfrenta a la Argentina con un dilema histórico: cuál es el tipo de cambio de equilibrio que le permite ser competitivo globalmente, pero al mismo tiempo accesible para el consumidor interno. Con un programa económico de apertura y liberación de restricciones, este problema que estaba disimulado detrás de todas las distorsiones, aparece en toda su dimensión.

En el medio navega una economía que da señales contradictorias todo el tiempo, en busca de una nueva estabilidad. La inflación minorista de marzo de 3,7% fue 1,3% más alta que la de febrero, el mayor rebote de la era Milei. Sin embargo, cuando uno discrimina los rubros se nota que la mayor suba se dio por la suba de la carne y alimentos estacionales. El mismo mes la inflación mayorista dio 1,5%.

El consumo masivo tuvo en marzo, según números de la consultora Scentia, un retroceso de 5,4% respecto del mismo mes de 2024, que ya había sido malo por el impacto inicial del ajuste. Pero al mismo tiempo la venta de bienes durables se potenció fuertemente gracias al crecimiento del crédito, y al turismo en el exterior que explotó en el verano.

Los indicadores dan señales contrapuestas todo el tiempo, expresión de una economía en profunda transformación, aunque todavía no esté del todo claro si primero llegará la recuperación vigorosa y la reconversión productiva, o el estancamiento y la recesión.

Las lecciones de Santa Fe

El despertar del año electoral dejó señales indicativas del clima general de la sociedad, apenas un año y medio después del tortuoso proceso de 2023. En las constituyentes de Santa Fe hubo un claro ganador que fue el gobernador Maximiliano Pullaro, quien logró mantener anudada la coalición que lo llevó al poder hace dos años, se impuso en 343 de las 346 localidades y le sacó 20 puntos a toda la oposición.

Sin embargo, el 34,61% que consiguió estuvo lejos de lo que esperaba en la previa. Implicó una pérdida de más de la mitad de los votos que obtuvo hace dos años. Si a eso se suma que la participación fue del 55% y que hubo 5% en blanco y 5% impugnados, la cuenta da que el mandatario radical en realidad contó con el apoyo del 17% del padrón electoral.

Esto no es sólo un problema para Pullaro. Es sobre todo una señal de comportamiento social, porque está marcando que se profundizó el nivel de apatía y dispersión de los últimos años. Hay una parte de la disputa electoral que ya no es entre candidatos o partidos, sino entre los que tienen interés en la representación democrática y los que entienden que no tiene sentido ir a votar.

Este es hoy el problema más profundo del sistema político argentino, eclipsado por la centralidad exuberante que ejerce Milei, que en el fondo es un presidente políticamente débil, en un contexto de oposiciones atomizadas y desarticuladas. La gran protagonista de la elección de 2023 fue una sociedad hastiada que decidió dar una vuelta de página histórica; Milei fue la consecuencia natural de ese proceso.

Santa Fe también demostró los enormes problemas internos del peronismo, que podría haber sido más competitivo si se unía en vez de ir en tres listas, y las deficiencias de La Libertad Avanza cuando no está Milei en la boleta. Hubo señales preocupantes para el oficialismo en esa elección, no sólo por salir terceros, sino porque quedaron en evidencia dos diseños paralelos.

La dominante fue la liderada por los Menem y Karina Milei (quien esta semana estuvo muy pendiente de todos los detalles del traslado de la elefanta Pupy desde el Ecoparque al Mato Grosso), bajo el principio de tener representantes propios en todos los distritos, aunque tengan pocas chances. La alternativa es enarbolada por Santiago Caputo, quien sostenía que había que ser estratégico y sólo disputar en los lugares con posibilidades, preservando el vínculo con los gobernadores dialoguistas.

Por eso siempre mantuvo una línea abierta con Pullaro, a través de un consultor muy conocido en el ambiente. Algunos detallistas marcaban el contraste que hubo entre la austera campaña del libertario Nicolás Mayoraz y la mucho más visible de Amalia Granata, quien quedó a menos de dos puntos del diputado. “Granata tuvo cinco veces más propaganda digital que Mayoraz. El aparato comunicacional oficial estuvo de su lado”, comentó una fuente conspirativa que recordó que la exmodelo cuenta en sus campañas con asesoramiento de la consultora Move, de Santiago Caputo y sus socios, a través de Federico Falco.

Además de los problemas de representación que exhibió Santa Fe, hay una preocupación creciente en la justicia electoral por la multiplicación de comicios en todo el país con sistemas distintos, sumado a la eliminación de las PASO, la instrumentación de la Boleta Única (BU) y el desdoblamiento de la provincia de Buenos Aires. Son demasiados cambios juntos sin tiempo de instrumentación, que pueden lesionar el último bastión del sistema democrático: la legitimidad de las urnas.

“El gran riesgo que enfrentamos es que la erosión de los partidos y los liderazgos políticos se traslade al sistema de elecciones, porque a pesar de todo, los resultados nacionales nunca fueron cuestionados”, señala una fuente judicial que ve con preocupación una creciente “federalización electoral”, con mecanismos cada más dispersos y juzgados provinciales políticamente condicionados. Habrá al menos 13 sistemas electorales locales en funcionamiento, además de al del 26 de octubre. En algunas provincias, como Tierra del Fuego, hasta tienen un padrón diferente del nacional.

Por este motivo, la Cámara Nacional Electoral se prepara para emitir en los próximos días dos acordadas: una dirigida a los partidos políticos, para que garanticen la representación de las minorías a partir de la suspensión de las PASO y eviten hacer abuso de la lapicera; y otra que apuntará al gobierno nacional, en la cual recordará todos los pedidos y planteos que vienen haciendo, tendiente a dotar de estructura a la logística electoral y promover la capacitación y la difusión del nuevo mecanismo de votación.

Sólo la Boleta Única requiere de una implementación especial, porque si bien desarticula el poder de los aparatos territoriales en la previa electoral y durante los comicios, la fiscalización del escrutinio es más demandante. Según la estadística internacional, con la BU se incrementa entre un 3 y un 5% el nivel de impugnaciones por gente que no sabe cómo votar.

Sin duda, el caso más problemático es el de la provincia de Buenos Aires, porque la justicia electoral bonaerense nunca estuvo a cargo de una contienda como la que se dará el 7 de septiembre, y no cuenta con la estructura ni la experiencia para hacerlo. Por eso en las últimas semanas el juez con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, mantuvo reuniones con todo el arco político y judicial para montar un operativo que va a requerir 40.000 mesas electorales, 90.000 autoridades y 7.000 delegados.

Hay mucha preocupación en estos encuentros porque la Junta Electoral Bonaerense no tiene antecedentes en la materia, porque hay superposición de calendarios y porque rigen desconfianzas entre el gobierno provincial y el nacional, que se comprometió a aportar el comando electoral para que el Ejército intervenga en la distribución y control de las urnas.

Las cosas podrían agravarse más aún si la interna del peronismo no termina de encarrillarse, porque transformaría la elección en una auténtica guerra de guerrillas electoral. Esta semana terminó finalmente la discusión por el calendario, tras la aceptación de Cristina Kirchner del desdoblamiento y el avance con la suspensión de las PASO locales. Ahora emerge ese “temita” de la unidad, una especialidad de la casa. Hay un comando reducido, entre los que gravita especialmente el intendente lomense, Federico Otermín, intentando acercar posiciones entre la expresidenta y Axel Kicillof, en el entendimiento de que divididos es probable que pierdan y que juntos es posible que ganen.

El problema es que la racionalidad del planteo se contrapone con la emocionalidad de la discordia que surgió entre ellos. Predomina una sensación de traición mutua, que es difícil de administrar. Los sentimientos que los políticos buscan ocultar o simular, muchas veces son los que dominan sus razonamientos. “No hay todavía clima para un diálogo entre ellos, pero sí hay señales de ambos bandos de que lo mejor es buscar canales para confluir. En lo inmediato el objetivo es descomprimir. El cierre de listas es el 8 de agosto, hay tiempo”, señala uno de los que trabaja por acercar posiciones.

Pero en esa partida también juegan el Congreso y la Justicia. El oficialismo volvió a agitar el fantasma del proyecto de fecha limpia, que podría cortarle el paso a Cristina al Congreso Nacional, no a la Legislatura bonaerense. Y la Corte Suprema le envió la causa Vialidad al Procurador General, Eduardo Casal.

Es probable que Casal se pronuncie pronto en la misma línea que lo hizo el fiscal Mario Villar, quien pidió elevar la condena de 6 a 12 años e incorporar la figura de asociación ilícita. En el máximo tribunal juegan tres variables para resolver. La primera es la vocación de pronunciarse antes del cierre de listas en agosto e interferir en la candidatura de Cristina. Si bien en general los jueces rehúyen de intervenir en temas políticos, en los últimos años lo hicieron varias veces cuando rechazaron las reelecciones de los gobernadores Sergio Uñac, Sergio Casas, Alberto Weretineck y Gerardo Zamora.

La segunda tiene que ver con la conformación del tribunal. Tal como está hoy, necesitan unanimidad porque no puede salir un fallo con menos de tres votos, y en el caso de no lograrlo, deben convocar a conjueces. Como hay versiones de que el Gobierno podría impulsar antes de octubre nuevas candidaturas que reemplacen a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, eso podría llevarlos a esperar la evolución de ese proceso.

Y finalmente, la cuestión de fondo: evaluar el rechazo directo del recurso de queja que presentó la expresidenta o, por el contrario, aceptar la ampliación de la condena que pidió el fiscal Villar. La opción de salvarla luce muy improbable. En el entorno de Cristina rige el pesimismo. Sabe que en el palacio de Tribunales no cosecha amistades.