La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores va virando sobre una infinidad de temas que, según la ocasión, va juntando adhesiones variables. Ahora ese eje se posa sobre el anuncio que el Gobierno hizo la semana pasada con el denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros, que consiste en medidas que flexibilizan controles impositivos y apuntan a que los argentinos “saquen los dólares que tienen en el colchón”, además de un proyecto que modificará la Ley Penal Tributaria y la Ley de Procedimiento Fiscal para “blindar” estas nuevas normas.

Hasta el momento, 17 provincias escucharon y parecieron estar satisfechas con el plan anunciado por la Casa Rosada. Sus representantes mantuvieron una charla técnica sobre ese tema el último martes en una videollamada presidida por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo.

Se ausentaron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri (CABA); algunos por estar en desacuerdo con las medidas oficiales y otros por no haber sido invitados por la Casa Rosada.

En ese marco, el Gobierno anunció este jueves que convocará a cada una de las provincias a firmar un nuevo convenio de intercambio de información, y advirtió -a través de vocero presidencial Manuel Adorni- que las que no adhieran “van a perder el acceso a la información de facturación de personas y empresas, y tampoco podrán estar al tanto de los consumos que superen los nuevos umbrales fijados por ARCA”.

Hoy se dio la primera firma. El catamarqueño Raúl Jalil se acercó a la Casa Rosada esta tarde para convalidar el convenio, algo que harán otros tres mandatarios más en los próximos días. No existirá una asamblea formal en donde se acerquen todos al unísono, sino que se acercará uno por uno mientras vayan convenciéndose de que deben rubricarlo ahora y no antes de que salga un proyecto de ley.

Es todo lo contrario a lo que piensan en la provincia de Buenos Aires, donde reconocen que esta normativa -que implica un incremento recaudatorio- es buena, pero que tal y como fue anunciada, carece de seguridad jurídica.

“No hay garantías para los ahorristas para que utilicen fondos que no están declarados”, afirman, para agregar: “Ni siquiera hay garantías para los funcionarios de las agencias de recaudación que tienen como deber, si detectan que un fondo no está declarado, averiguar el origen de esos fondos, porque no se modificó la ley”. Cabe destacar que ARBA y ARCA ya mantienen convenios vigentes y mecanismos activos de intercambio de información.

Aunque el vocero hizo alusión explícita a Kicillof y le achacó no querer colaborar con el nuevo régimen, desde su lado afirman que avalarían los cambios del Gobierno, pero que debe existir modificaciones de las leyes tributarias que Luis Caputo anunció la semana pasada.

Consultado por Infobae, Adorni dijo que este proyecto de blindaje para la regularización de ahorros en dólares no declarados será girada al Congreso de manera inminente. “Puede ser mañana o la semana próxima”, afirmó este jueves en conferencia de prensa. El Gobierno cree que la cuestión puede ser aprobada sin muchos miramientos de parte de la oposición.

En rigor, los gobernadores serían beneficiados directos de esta medida y el oficialismo de La Libertad Avanza ha conseguido votos para aprobar iniciativas con el apoyo de los mandatarios que tienen bloques propios o con legisladores que responden directamente a ellos, pese a figurar en espacios no alineados a la Casa Rosada.

Pedidos por la Coparticipación

Las provincias que integran el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se reunirán el martes próximo por videollamada para debatir y evaluar un reclamo conjunto sobre la eventual merma de fondos coparticipables que prevén para fin de este año. Esto surge después de un informe reciente confeccionado por el CFI, que proyecta un 4% menos (en términos reales) de transferencias automáticas para fin de 2025.

Aunque había algunas provincias que no confirmaron su asistencia, pero un sondeo general realizado por este medio dio cuenta que la gran mayoría de los gobernadores van a estar en el Zoom de la semana próxima. “Queremos sostener el federalismo con una agenda de país federal”, dijo este jueves el pampeano Sergio Ziliotto, quien se quejó por la actual repartija de fondos, siendo la provincia con la peor proyección para este año, con una variación de -6,1% en términos reales.

Está la intención de algunos gobernadores de levantar la voz para pedir la reactivación de obras de infraestructura como las rutas nacionales. “Las rutas nacionales son responsabilidad del presidente de la Nación, para eso cobra un impuesto todos los días por cada litro de nafta y diesel que se carga en el país. Hay un dinero que va a reparar rutas, pero que no va a reparar rutas. No lo están haciendo y tienen que hacerse cargo”, declaró la semana pasada Lisandro Enrico, el ministro de Infraestructura de Maximiliano Pullaro ante La Capital.

Lo mismo sucede con la judicialización de la falta de transferencia de las cajas previsionales, una cuestión que también está siendo encauzada por el Gobierno a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), en el que Nación y las provincias que suscriben buscan cancelar deudas mutuas.

Hubo algunas provincias que lo llevaron a los tribunales mucho antes. Una es el caso de Córdoba, que semanas atrás salió victorioso del Palacio de Tribunales luego de una audiencia con el Gobierno -mediada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que le reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta que consiste en el pago de $60 mil millones a cuenta del año 2025, que será abonada en 12 cuotas. Según se pudo saber, muchas provincias vieron ese precedente y comenzaron a pedir audiencias de conciliación con el Gobierno. “Vieron la oportunidad y entraron como locos”, dijo una fuente judicial.