POLITICA
Un gobierno paralizado entre Cristina Kirchner y el FMI
Cristina Kirchner no se engaña con triunfos imaginarios. Entre aquellos que consiguen atravesar su barrera de silencio comentan su decepción por el castigo electoral que el Frente de Todos sufrió en todo el país y la inquietud extrema por los caminos que se abren hacia el futuro.
A las críticas habituales sobre el dispositivo de gestión de Alberto Fernández, le añade una preocupación adicional por el impulso de un sector del peronismo a acordar a como dé lugar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la oposición y el empresariado. Por eso no celebra ciegamente la unidad, como hizo el Presidente en el acto que convocó en la Plaza de Mayo después de las elecciones, y manda a su gente de confianza a instalar una pregunta incómoda: “¿Para qué queremos estar juntos?”
Es un dilema que ni ella parece tener resuelto, mientras celebra los éxitos de su estrategia para zafar de sus causas judiciales. Una conducción económica que abusó de los controles de precios, el congelamiento de tarifas, los cepos múltiples (ahora los pasajes en cuotas al exterior) y la emisión para tapar agujeros apenas pudo maquillar la crisis antes de votar. La etapa que viene –con todos esos remedios vencidos- empuja al Gobierno al territorio de las medidas antipáticas, con el Fondo a la espera de una propuesta por escrito para decidir si acepta o no reprogramar la deuda de US$45.000 millones que tomó Mauricio Macri.
Cristina Kirchner lo dijo siempre: mejorar el poder de compra del salario debe ser el norte de una gestión que lleve su sello. Dos años de deterioro de esa variable desembocaron en la sangría de 5,1 millones de votos que sufrió el Frente de Todos el domingo 14. ¿Hay algún plan posible que permita imaginar una recuperación de cara a 2023? ¿Tiene sentido seguir como accionista mayoritaria de un gobierno condenado a gestionar un ajuste que solo puede agravar el descontento de sus votantes?
Ese sendero de dudas explica el bajo perfil de la vicepresidenta. Martín Guzmán y el propio Fernández le anticipan cada movimiento en la relación con el FMI, en busca de un guiño de consentimiento. Ella deja hacer sin develar en público la incógnita de si la propuesta del ministro cuenta o no con su completo aval. Su delegado en el Gobierno, el ministro Wado de Pedro, dijo esta semana ante empresarios que el kirchnerismo “apoya la negociación hacia un acuerdo respetable”. Las múltiples interpretaciones que encierra el término “respetable” hacen juego con el grado de incertidumbre que domina la escena, en una Argentina a la que se le agotan las reservas en forma alarmante y con la tasa de riesgo de un país en default.
En el camino hacia ese pacto la Argentina se bajó de la ensoñación de que el Fondo haría un mea culpa por haber financiado al gobierno de Macri y aceptaría un traje a medida para las necesidades kirchneristas. Cristina sabe –y en apariencia aceptó- que no se cumplirá lo que exigió en un discurso del 24 de marzo pasado: “Con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”.
Una eventual reprogramación no será por más de 10 años y no se eliminarán las sobretasas que paga el país por haber recibido un crédito que excede el 187,5% de su cuota en el organismo. La discusión se centra hoy en la reducción del gasto a la que se comprometería la Argentina en 2022/23 y en las reformas estructurales que encarará.
Ahí es donde la discusión se empantana. El FMI no acepta los niveles de déficit que propone Guzmán y que encajan con la promesa que hizo Fernández al cierre de la jornada electoral, cuando prometió ordenar las cuentas del Estado “pero jamás a costa de un ajuste del gasto”. En Washington saben que esas son “palabras para Cristina” y esperan todavía una propuesta concreta. El 3,3% de déficit que Guzmán escribió en el presupuesto es papel mojado.
Pactar con el Fondo requiere hablar de tarifas, de leyes laborales, de una revisión del gasto social y de una política cambiaria para achicar la brecha que pulveriza cualquier expectativa de inversión. Una ruptura lleva al default, porque lo que se mantiene de aquella expresión de Cristina en marzo es que la plata para pagar los vencimientos de 2022 no está.
En la disyuntiva entre lo malo y lo peor, Alberto Fernández hace equilibrio entre dos abismos. Le urge acordar con el FMI para evitar una tormenta económica mayúscula. Pero necesita mantener el respaldo de su mentora, a riesgo de ahondar hasta límites insoportables la debilidad en que lo dejaron las urnas. El plan se primero pateó para después de las elecciones. Ahora quedó supeditado a terminar la reprogramación de la deuda. Mientras se corre el arco, los integrantes del equipo económico se trenzan en batallas cuerpo a cuerpo en la discusión del parche adecuado.
Cristina juega con los tiempos. Ni habla ni juega su ficha para que nadie la señale como responsable de una ruptura que agigante la crisis ni como cómplice de un programa de ajuste impuesto desde el exterior.
Tendrá que elegir, tarde o temprano. Puede presionar internamente para que la propuesta argentina sea inflexible –y si fracasa culpar al FMI de lo que vendría-. O, en cambio, aceptar resignada un giro hacia cierta ortodoxia con el único incentivo de llegar al 2023 sin una gran turbulencia. Siempre le queda la opción pasarse ahora a la vereda de enfrente del Gobierno, con su preciado capital simbólico a cuestas. Hasta ahora nadie ha conseguido mostrarle otro camino alternativo.
castigo electoral,caminos,Fondo Monetario Internacional (FMI),Cristina Kirchner y sus hijos fueron sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral,zafar de sus causas judiciales,(ahora los pasajes en cuotas al exterior),el kirchnerismo “apoya la negociación hacia un acuerdo respetable”,agotan las reservas,“Pega de lleno”. Duras críticas de Despegar por la falta de previsibilidad a horas del Blackfriday,Martín Rodríguez Yebra,Nota de Opinion,Conforme a,,Centro de atención. Cristina Kirchner sorprendió a todos y compartió una cena con sus senadores,,Decretos. Cristina Kirchner convoca a sesionar el último día antes de perder la mayoría en el Senado,,LA NACION +Cerca. Fernández Díaz, sobre Cristina Kirchner: «Ella a la vez que domina el peronismo los hace perder las elecciones”,Nota de Opinion,,El fútbol como botín y la Justicia como garante de impunidad,,Multas por no vacunar,,Imputabilidad de los menores: la edad no puede ser una coartada
POLITICA
Julio Cordero defendió la reforma laboral: “No hay detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores”
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió este domingo el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Antes del debate parlamentario, y frente a las críticas sobre posibles pérdidas de derechos de los trabajadores, el funcionario afirmó que la iniciativa mantiene y refuerza las garantías esenciales del sector.
“La modernización laboral que presentamos en el Senado tiene como primer beneficio la creación de empleo”, sostuvo. Además, explicó que el proyecto responde a la política económica aprobada por la mayoría de los argentinos, afirmando que otorga un rumbo que “está haciendo crecer la economía de una manera fantástica”.
Cordero señaló que el objetivo central es ordenar “elementos que han sido distorsionados con el tiempo” y destacó que la instrucción de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue “respetar y fortalecer los derechos esenciales de los trabajadores”.
“No hay un solo lugar donde haya un detrimento de los derechos esenciales de los trabajadores. Por el contrario, se fortalecen”, remarcó Cordero. El secretario de Trabajo negó que la reforma esté orientada a reducir costos salariales para los empleadores y aseguró que el foco está en los “costos indirectos” que dificultan hoy la contratación formal.
Durante una entrevista con el programa No vale arrugar, que se emite por Radio Splendi, Cordero analizó temas puntuales que generan mayor polémica, como el de las vacaciones y la jornada laboral: “Es exactamente igual que como estaban. Lo único que permite, al trabajador en conjunto con el empleador, es decidir cómo tomarlas sin sanción”. Subrayó que el espíritu de la norma es “devolverle al trabajador la potestad de decidir sobre su propia vida”, mediante acuerdos en el marco legal.
Sobre la posibilidad de aumentar la cantidad de horas obligatorias, Cordero respondió: “¿Cómo se va a trabajar más? El que quiera trabajar más, trabajará más y ganará más porque trabaja más. El que quiere trabajar menos, trabajará menos”. Insistió en que los controles sobre salud y seguridad laboral se mantienen y que “la representación gremial sigue exactamente igual”.
Respecto al trabajo a tiempo parcial y la flexibilidad, destacó que la nueva normativa regula la opción de trabajar menos horas con remuneración proporcional. Agregó que los bancos de horas ya se emplean en diversos convenios colectivos, y que en actividades como la minería mejoran los tiempos de descanso sin afectar el salario.
Uno de los puntos más discutidos, el fondo de asistencia laboral, también fue abordado por Cordero. Explicó que el mecanismo fue desarrollado por equipos técnicos del Estado y del Ministerio de Economía. “De las contribuciones patronales, que son cargas indirectas muy altas, se detrae solo un tres por ciento, que va a un fondo pensado para que las pequeñas y medianas empresas puedan enfrentar desvinculaciones”, afirmó. Precisó que “no se reducen las indemnizaciones por despidos, se ordenan”. Según el secretario, este sistema no implica recorte de derechos y busca un equilibrio entre todos los trabajadores, independientemente del tamaño de la empresa.
En relación al clima de discusión parlamentaria y sindical, Cordero valoró el intercambio en el Senado y expresó que “permite a la opinión pública enterarse de la realidad de las cosas”. Sobre la posición de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la posibilidad de que se judicialice la reforma, afirmó: “El sindicalismo es extremadamente necesario en una democracia” y destacó el diálogo permanente con los gremios. Recomienda distinguir los aspectos políticos de la defensa real de los derechos laborales.
Ante señalamientos de que el proyecto ataca al sindicalismo, respondió: la reforma “no es una ley antisindical”.
Según Cordero, la propuesta procura ordenar el sistema laboral para que todos —trabajadores, empleadores y organizaciones gremiales— se beneficien dentro de un esquema que busca el desarrollo colectivo de Argentina.
El tratamiento parlamentario
Con la inminencia de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias que se iniciará este lunes y se extenderá hasta finales de febrero, el Gobierno libertario intensifica gestiones para lograr que la reforma laboral sea votada antes del 13 de febrero en el Senado y remitida rápidamente a Diputados. Esta estrategia, orientada hacia un objetivo político mayor, busca allanar el camino para que Javier Milei concrete un comienzo vigoroso del período ordinario de sesiones el primero de marzo, cuando está prevista su presentación en el Congreso.
En este escenario, la definición del proyecto se encuentra atravesada por negociaciones de último momento sobre la distribución de la coparticipación, un tema que ha cobrado relevancia en las discusiones recientes. Voces cercanas al oficialismo destacaron la urgencia de solucionar este punto, mientras un referente del sector privado advirtió a Infobae: “Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, en alusión al deterioro de la obra pública y la necesidad de activar recursos para mitigar riesgos en infraestructura vial. Esta postura se tradujo en solicitudes explícitas dirigidas a Patricia Bullrich y peticiones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise prioridades en áreas críticas.
El trayecto parlamentario de la reforma no ha estado exento de obstáculos. En diciembre se obtuvo el dictamen de mayoría, pero la falta de acuerdos plenos entre el oficialismo y los sectores dialoguistas ha provocado demoras. Ahora, el eje de las demandas gira en torno a la potestad conferida al Ministerio de Economía para reglamentar aspectos clave del proyecto, especialmente el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras herramientas tributarias vinculadas al artículo 212 del dictamen. Según confirmaron fuentes de dos despachos parlamentarios a Infobae, “Eso ya se sacó”, apuntando a la búsqueda de consensos sobre los mecanismos reglamentarios que acompañarían la ley una vez aprobada.
Otro punto central es la negociación con gobernadores, cuya relevancia trasciende el articulado puntual de la reforma. Para La Libertad Avanza, lograr acuerdos con mandatarios provinciales es clave para asegurar los votos que permitirían aprobar el texto. Algunos pactos ya se lograron, aunque persisten resistencias de legisladores independientes que aprovechan el contexto para exigir concesiones adicionales. Los dialoguistas insisten en establecer plazos más claros en la aplicación de la normativa, particularmente en lo referente a beneficios por Ganancias para grandes empresas, mientras que prefieren una clasificación más amplia que no excluya a otros sectores.
En paralelo, la escasa participación del kirchnerismo en este tramo del debate —contrastada con lo sucedido en los últimos quince o veinte años— ha resultado en una estrategia de silenciosa observación desde ese espacio, cediendo protagonismo a los movimientos de Balcarce 50 y a los tironeos con posibles aliados. El clima de incertidumbre se potenciará el próximo martes a partir de las 15, cuando se realice una cumbre decisiva entre sectores dialoguistas y Bullrich en la oficina central de la bancada radical, a cargo del correntino Eduardo Vischi.
De prosperar la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma laboral llegará fortalecido a la Cámara de Diputados, configurando un test definitivo sobre la solidez de la estrategia política del oficialismo, que sufrió la presión persistente de la oposición durante los años 2024 y 2025. Todo dependerá de los acuerdos logrados en los próximos días, tanto en torno al reparto de fondos como en la flexibilidad de los plazos que regularán nuevos regímenes para inversiones o beneficios impositivos. La expectativa general se instala sobre si los eventuales aliados cederán finalmente y cuál será el margen de maniobra de Caputo en la reglamentación de las medidas.
POLITICA
Proponen coparticipar el impuesto al cheque para compensar la caída de la recaudación si avanza la reforma laboral
CÓRDOBA.- Los gobernadores no tienen definiciones por parte de la Casa Rosada respecto a sus reclamos por el impacto del capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral en la coparticipación. No aceptan que el esquema de compensaciones que están pidiendo se discuta después de aprobada la norma. El juego de las desconfianzas mutuas volvió al tablero. Su interlocutor, el ministro del Interior Diego Santilli, ya trasladó los planteos a la mesa política y a su colega de Economía Luis Caputo, quien sería el que tiene la posición más dura.
Una alternativa que deslizó el gobernador salteño Gustavo Sáenz fue la de coparticipar el impuesto al cheque, que para el corriente año mantiene una alícuota general del 1,2% (0,6% por débito y 0,6% por crédito), a la vez que también se sostiene que las microempresas computen hasta el 30% de esa carga como pago a cuenta de contribuciones patronales. En 2025 recaudó $13.995.364 millones (con un crecimiento nominal interanual de 48,6%).
Varias veces, en distintos momentos desde que esa carga fue creada por Domingo Cavallo en 2001 de manera “transitoria”, desde las provincias se reclamó coparticiparla. Siempre los especialistas califican esa posibilidad como “mala”, ya que se trata de un impuesto distorsivo que debe desaparecer. De hecho, Luis Caputo lo ha dicho varias veces, por lo que no convence tampoco ahora.
Cuando el exministro y excandidato del kirchnerismo Sergio Massa eliminó Ganancias, acordó coparticipar el 25% de la recaudación del impuesto al cheque a partir del 2024. Ganó Javier Milei las elecciones y eso quedó en la nada. La propuesta fue de los gobernadores del NOA y la impulsó la diputada nacional salteña Pamela Calletti .
El economista Nadín Argañaraz, titular del Iaraf, dijo a que siempre que hay una baja de impuestos se analizan los costos. “Si se piensa en coparticipar el tributo del cheque como compensación para financiar la etapa inicial de la reducción de Ganancias, se está limitando la posibilidad de que siga aumentando su pago a cuenta de Ganancias. Si la recaudación después reacciona, sería distorsivo dar una compensación permanente por una baja puntual o coyuntural”, argumentó el especialista.
La discusión coincide con que en enero las transferencias automáticas de la Nación a la provincias cayeron 6,7% real respecto a igual mes del 2025 (0,7% real mensual). De ese global, la coparticipación quedó 8% real debajo de un año atrás, según el análisis de Politikon Chaco.
“Nos golpearía fiscalmente -dijo Sáenz después de una reunión con Santilli-, así que estamos buscando alternativas para resolver este tema. No resignaremos fondos de las provincias; si eso se entiende, acompañaremos”. De ese encuentro participaron también Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).
“Si se reduce la alícuota con la reforma laboral, evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, vamos a tener problemas económicos y financieros, que ya lo tenemos”, planteó el tucumano Jaldo.
Entre los gobernadores están aquellos que entienden que el capítulo fiscal -cuya vigencia sería en el 2027- se incluyó como “elemento negociador” y esperan que, a último momento, el Poder Ejecutivo esté dispuesto a retirarlo. Sin embargo, los que han tenido más contacto con funcionarios nacionales en las últimas semanas no ven señales en ese sentido.
Desde el día uno, ya con la iniciativa ingresada, los gobernadores que tienen diálogo con Nación manifestaron su apoyo a la necesidad de “modernizar” las normas laborales y, en paralelo, plantearon que el impacto en la coparticipación del aspecto fiscal era “imposible” de asumir por las provincias. A eso le agregaron lo que vienen diciendo hace dos años, que el recorte de transferencias y programas específicos por parte de la Rosada los obliga a ellos a asumir esos costos.
En la primera rueda de encuentros, Santilli insistió en que la recuperación de la actividad económica y la formalización del empleo en negro que logrará la reforma les permitiría a las provincias recuperar los fondos resignados. No les cerró, sobre todo porque la mejora de la actividad es muy heterogénea y se está demorando en llegar más de lo esperado.
Al no actuar los gobernadores en bloque, desde Nación tampoco descartan poder hacer acuerdos individuales y, en función de ellos, “compensar” las pérdidas que genera la baja de Ganancias a empresas incluida en la reforma laboral. Ese esquema incluye varias vertientes, como distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), algunas obras o adelantos financieros. Las mismas acciones que ya se vienen aplicando a cuentagotas.
reclamos por el impacto del capítulo fiscal del proyecto de reforma laboral,deslizó el gobernador salteño Gustavo Sáenz,Gabriela Origlia,Reforma laboral,Coparticipación,Diego Santilli,Conforme a,,Techint, un enemigo «simbólico». El feroz ataque de Milei contra Paolo Rocca tomó por sorpresa al Gabinete,,De campaña. Milei suma viajes al interior, pero mantiene el “pacto de no agresión” con gobernadores dialoguistas,,La fiesta y la furia. Milei y la doctrina de la guerra preventiva,Reforma laboral,,Vacaciones y bancos de horas. El Gobierno explicó los puntos clave de la reforma laboral,,Cuenta regresiva. Los conflictos del Gobierno ante la reforma laboral: hasta dónde ceder y tensar la cuerda con los gobernadores y la CGT,,Uno por uno. Cómo están los votos en el Senado para definir el futuro de la reforma laboral
POLITICA
En la previa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo y la oposición tensaron la discusión por la reforma laboral
Crece la tensión entre Nación y la provincia de Buenos Aires por la reforma laboral que impulsa el Gobierno previo al inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, en las que el oficialismo apuesta a avanzar con una de sus principales propuestas.
Inicialmente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, publicó un fragmento de un discurso en su cuenta de X con duras críticas al proyecto y al presidente Javier Milei: “La Reforma Laboral de Milei no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona».
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Kicillof planteó: “Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”.
Mientras que su mano derecha, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, criticó en conferencia de prensa: “El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei se suma a las otras calamidades desatadas por su política económica. No resolverá ninguno de los problemas causados por sus pésimas decisiones ni servirá para promover la competitividad de las empresas, sino que apunta directamente a cercenar los derechos de las y los trabajadores”.
Fuerte cruce del Gobierno a Axel Kicillof por sus críticas a la reforma laboral: “Sugiere bobadas”
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce de las críticas de Kicillof a la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Estimado Gobernador: es evidente que no se ha tomado el tiempo de leer el proyecto de ley de modernización laboral ya que de ningún artículo se puede inferir la bobada que usted sugiere».
Adorni planteó en su cuenta de X: “Aprovecho también para recordarle que la verdadera pérdida de derechos la sufrieron los argentinos durante los gobiernos kirchneristas, gobiernos estos que nos llevaron a tener a más de la mitad del país bajo la línea de pobreza, una inflación descontrolada, control de precios, cepo cambiario, presión impositiva récord y un futuro que solo se veía en Ezeiza. Y no, no endeudamos a la Argentina: a diferencia de ustedes este gobierno sí ha logrado disminuir la deuda pública. Fin».
El Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, se sumó a los duros cuestionamientos al gobernador bonaerense: “Hablan de ‘flexibilización laboral’ y ‘pérdida de derechos’ los que dejaron salarios cubanos, la mitad de los trabajadores en negro y los que duplicaron la planta estatal para tapar el desempleo que generaron…“.
Mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, que criticó el rechazo de Kicillof y del kirchnerismo a la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas que propone la reforma laboral: “Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”.
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