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POLITICA

Un gremio de docentes bonaerenses no aceptó la oferta paritaria de Kicillof y anunció un paro para la semana que viene

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La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), uno de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), resolvió convocar a un paro docente de 24 horas para el próximo martes 20 de mayo, tras rechazar la propuesta salarial presentada esta semana por el gobierno de Axel Kicillof. La decisión fue adoptada este viernes en un Congreso Extraordinario, en el que los delegados consideraron “insuficiente” la oferta oficial.

Se trata de la segunda propuesta que el Ejecutivo bonaerense realiza en el marco de la actual negociación paritaria. El ofrecimiento contempla un incremento total del 10%, dividido en dos tramos: un 6% en mayo y un 4% en julio, ambos calculados sobre los haberes de marzo. La propuesta fue formulada tras el acuerdo alcanzado con los gremios estatales comprendidos en la Ley 10.430, que incluye a trabajadores administrativos, de salud y auxiliares de la educación.

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La FEB resolvió no acompañar ese entendimiento y avanzar con una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases en las escuelas públicas bonaerenses. Es la primera vez que un gremio docente le realiza un paro al gobernador Axel Kicillof desde el inicio de su gestión en diciembre de 2019.

Este viernes, la FEB rechazó la oferta del Ejecutivo bonaerense

De haberse aceptado, la propuesta salarial habría fijado para un maestro de grado sin antigüedad un ingreso de $643.057 en mayo y $670.210 en julio. Para un docente con 10 años de antigüedad, los valores serían de $719.494 y $749.547, respectivamente. En el caso de un maestro con quinta hora, los montos ascenderían a $815.093 en mayo y $848.738 en julio, mientras que con 10 años de antigüedad se ubicarían en $910.730 y $948.008. Por su parte, un profesor con 20 módulos percibiría $851.228 en mayo y $883.349 en julio, y si cuenta con 10 años de antigüedad, el salario ascendería a $990.931 en mayo y $1.028.324 en julio.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense está integrado por la FEB, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

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SUTEBA, el gremio mayoritario del sector, no se sumará a la medida: sus secretarios generales regionales otorgaron mandato al secretariado general para aceptar la oferta del Ejecutivo; aunque en algunos distritos se mostró mayor resistencia a la decisión. Tampoco anunciaron medidas de fuerza AMET, UDOCBA ni SADOP, que continúan evaluando la propuesta en el marco de sus respectivas instancias orgánicas.

El ofrecimiento contempla un incremento total del 10%, dividido en dos tramos

El conflicto se desarrolla en un contexto fiscal complejo para la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Kicillof busca actualmente la autorización de la Legislatura para tomar deuda por hasta 1.045 millones de dólares, destinados a afrontar pagos pendientes, financiar obras y cancelar pasivos anteriores. La discusión de este punto se encuentra en curso en la Legislatura bonaerense, con negociaciones abiertas entre el oficialismo y los bloques de la oposición, que reclaman condiciones para acompañar la emisión de nuevos instrumentos de deuda.

Desde la FEB argumentaron que la oferta no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses y que el desdoblamiento del aumento reduce aún más su impacto real. Aunque ratificaron la medida de fuerza, señalaron su disposición a reanudar el diálogo si el gobierno convoca a una nueva instancia paritaria con una mejora sustancial.

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La convocatoria al paro marca un punto de inflexión en el vínculo entre el Ejecutivo bonaerense y los gremios docentes, que hasta ahora habían mantenido una dinámica sin conflictos abiertos. La medida adoptada por la FEB abre un escenario de diferencias dentro de lo que es el Frente de Unidad Docente Bonaerense; un espacio creado a instancias de las negociaciones con el gobierno de María Eugenia Vidal y que hasta el momento se ha mostrado abroquelado en las distintas instancias paritarias.

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POLITICA

Patricia Bullrich habló sobre el impacto del caso Adorni y pidió esperar la actuación de la Justicia

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CÓRDOBA.- “Nos duele; imagínense, la familia de [Manuel] Adorni, pero, ¿cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: nosotros no vamos a declarar culpable a nadie si no lo hace la Justicia”, afirmó la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuando se le consultó por la situación judicial del jefe de Gabinete y el impacto del caso en la administración libertaria.

Bullrich habló con periodistas en esta ciudad, adonde vino a disertar al “Ciclo de Coyuntura”, de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Como viene haciendo hasta ahora, mantuvo distancia de la polémica que rodea a Adorni.

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“Este Gobierno ha tenido siempre una posición y la vamos a mantener: no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia”, añadió.

Bullrich planteó que la Justicia “está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no”. “Nosotros tenemos confianza que las cosas van a salir bien, pero, en definitiva, hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”, resaltó.

De esa manera, evitó analizar el costo político que paga el Gobierno por el affaire Adorni, quien enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Durante la conferencia de prensa, se alineó con las declaraciones que hizo ayer Milei -primero en una conferencia de prensa y luego en un tuit- y admitió que la mejora económica no está llegando a todos los sectores. Después, en su disertación, afirmó “desde hoy no existen más planes sociales, solo de capacitación para la reinserción laboral”.

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Y afirmó que ahora “la pelota está en la cancha” de los empresarios que deben generar empleo. En esa línea repasó los cambios que introdujo la ley de modernización laboral.

En un tramo de la charla con periodistas, consultada sobre los problemas que atraviesan los afiliados al PAMI, en plena tensión en el Gabinete por las deudas a las prestadoras, Bullrich sostuvo: “Hay una situación muy temporal, que tiene que ver con un tema de pagos que se van a regularizar, se están regularizando porque el ministro de Economía tiene muy en claro que se debe resolver el tema».

En ese contexto, la exministra de Seguridad indicó: “Fueron meses difíciles, porque nosotros bajamos muchos impuestos; hay también una situación respecto de los combustibles y muchos que han aumentado por si acaso los precios. Entonces, estamos con algunos pagos retrasados”.

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Respecto a las dificultades que atravesó la economía durante el primer trimestre, Bullrich planteó que el panorama internacional cambió, pero resaltó que el Gobierno está “muy blindado frente a los choques externos”. “Mantener los fundamentos de nuestra política con superávit y controlando la inflación hace que sepamos que el rumbo no se puede torcer un milímetro, porque sería retroceder 100 años”, puntualizó.

Noticia en desarrollo


Gabriela Origlia,Conforme a

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POLITICA

El gobernador de La Pampa presentó amparo para frenar la Ley de Glaciares

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La Ley de Glaciares fue sancionada el pasado miércoles 8 de abril con 137 votos a favor y el acompañamiento de varios gobernadores de provincias mineras. Pocas horas después, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal de esa provincia para frenar la aplicación de la ley. Ziliotto argumentó que uno de los ríos pampeanos proviene de zonas glaciares y, según su presentación, la norma aprobada viola un artículo de la Constitución nacional y tratados internacionales.

La acción judicial se dirige ante el único juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien ocupa ese cargo desde 2018, año de su nombramiento bajo la gestión de Mauricio Macri.

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Tanto la fiscal de Estado pampeana como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas acompañaron la solicitud judicial. Según confirmaron desde el entorno del mandatario pampeano, la presentación se formalizó apenas 24 horas después de la sanción legislativa.

Los equipos técnicos de gobierno nacional, en paralelo, siguen con atención esta iniciativa judicial, dado que la Ley de Glaciares forma parte de una agenda central para la proyección de inversiones en el sector minero.

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Detalles del amparo y postura del Gobierno

En Infobae en Vivo Al Mediodía, el periodista Federico Mayol indicó que “Ziliotto fue a la Justicia Federal de La Pampa con un amparo y una medida cautelar, señalando una supuesta inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la ley. Dice que la norma viola la Constitución y tratados internacionales”, explicó Mayol.

El juez federal Baric analiza la solicitud. Desde el Gobierno nacional siguen de cerca la definición judicial, ya que la ley sancionada otorga certezas para atraer inversión minera y fue acompañada por varios gobernadores de las provincias productoras. Actualmente, ningún otro mandatario no minero impulsó reclamos similares contra la norma.

Según Mayol, “para el Ejecutivo nacional este tema es trascendente por el monto y la proyección de inversiones mineras comprometidas. Una decisión contraria a la ley podría afectar la hoja de ruta para captar nuevos proyectos”.

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La Justicia Federal de La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, decidirá si suspende la entrada en vigor de la Ley de Glaciares - hcdn.gob.ar

Impacto sobre inversiones mineras y reacción social

El sector minero es uno de los principales motores del crecimiento económico. Durante el 2025 aportó “de manera considerable al desarrollo nacional”, apuntó Mayol. Entre los proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación, se encuentran iniciativas de empresas como Glencore y Vicuña, que en conjunto prevén una inversión cercana a USD 40.000 millones.

Mayol detalló que “hay seis proyectos ya aprobados y varios en proceso de aprobación que involucran, por ejemplo, a Glencore o Vicuña, sumando 18.000 millones de dólares en total. El impacto esperado alcanzará los 40.000 millones de dólares en inversiones si se implementan todas las iniciativas”.

El sector ambientalista manifestó su rechazo a la Ley de Glaciares. Organizaciones no gubernamentales presentaron sus objeciones tanto en audiencias públicas como en la presentación judicial de Ziliotto. La participación de ONG en la causa pampeana coloca el debate en el centro de la escena nacional.

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Próximos pasos judiciales y agenda minera

La Justicia Federal de La Pampa debe decidir si hace lugar a la medida cautelar y al amparo impulsado por Ziliotto. Esta decisión podría suspender temporariamente la entrada en vigor de la ley o bien rechazar la pretensión de la provincia y las organizaciones ambientalistas.

Mayol adelantó: “Ahora el juez Baric tiene que definir si toma o no, si rechaza o no el amparo y la cautelar. Para el Gobierno, es clave el resultado porque en el mes próximo se realizará en San Juan la exposición minera nacional, a la que están invitados el presidente y el gabinete”.

El debate sobre la Ley de Glaciares reaviva la discusión sobre el equilibrio entre actividad minera y protección ambiental en Argentina REUTERS/Bernat Parera/File Photo

La exposición en la provincia de San Juan contará con la participación del gobernador Marcelo Orrego y reunirá a referentes sectoriales, funcionarios nacionales y empresas. El resultado del pedido judicial presentado en La Pampa podría incidir en la dinámica y expectativas del evento minero.

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Contexto de la Ley de Glaciares y antecedentes judiciales

La judicialización de leyes de impacto federal cuenta con antecedentes recientes. Mayol recordó: “Cuando se reformó la legislación laboral, la CGT presentó un amparo y un juez aceptó varios artículos. En la actualidad, el debate abierto sobre la Ley de Glaciares impone una nueva instancia de análisis judicial luego de su aprobación parlamentaria”.

Por ahora, la única presentación judicial vinculada a la Ley de Glaciares corresponde a la provincia de La Pampa. La actividad minera y la protección ambiental se posicionan nuevamente en el centro de la agenda pública y judicial argentina.

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POLITICA

ANDIS: los cuadernos de Calvete revelaron otro circuito de corrupción con la compra de insumos de alto costo para los discapacitados

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Los cuadernos de Calvete

Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.

Planillas y más “empresas favorecidas”

Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.
Imagen de uno de los cuadernos manuscritos por Miguel Angel Calvete, que según la justicia reflejan sobreprecios, supuestos porcentajes de sobornos y empresas beneficiarias de contrataciones amañadas.

La nueva maniobra

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