Un fallo judicial del 16 de septiembre de 1941 confirma que las 12 cajas con 7 mil documentos nazis encontradas en el archivo de la Corte Suprema provenían del barco japonés “Nan-A-Marú” y no de un allanamiento a una central gremial nazi en Argentina.

Unos días después de que Clarín publicó la primicia mundial sobre el hallazgo de esos carnets de afiliación al partido nazi de la Argentina y a la Unión Alemana de Gremios (UAG), entre otros documentos, se desató una polémica entre historiadores sobre cómo llegaron esos documentos al subsuelo del palacio de Justicia donde estuvieron guardados durante 84 años. La noticia de Clarín fue publicada en el New York Times y El País de España, entre otros diarios.

De una serie de consultas realizadas por este diario se encontró un fallo del entonces juez Miguel Luciano Jantus fechado el 16 de septiembre de 1941 y dirigido al presidente de la Comisión Especial investigadora de las Actividades Anti-argentinas, el diputado radical Raúl Damonte Taborda. Jantus es el mismo juez que investigó el hundimiento del buque de guerra alemán Graf Spee durante la Batalla del Río de La Plata en la Segunda Guerra Mundial.

La nota dice sobre “el pedido de secuestro de unos bultos llegados en el vapor de bandera japonesa Nam-A-Marú, se ha resuelto que sobre el asunto que afecta y concierte a la embajada de Alemania, a quien vienen consignados esos efectos, según informa la Aduana de la Capital”.

De esta forma, sobre el pedido de Damonte de enviar los bultos a la comisión especial del Congreso el juez Jantus subrayó que “el pronunciamiento sobre ese pedido corresponde originaria y exclusivamente a la Corte Suprema en virtud de la disposición contenida en al artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Por estas razones, el juez Jantus resolvió “remitir estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, a cuya orden y disposición deberán ponerse las encomiendas retenidas, debiendo librarse a tales fines oficiales a la dirección General de Correos y Telégrafos y a la Aduana de la Capital”.

El fallo demuestra que los bultos estaban en el buque japonés y choca contra la otra versión según la cual los 7 mil documentos habían sido secuestrados durante un allanamiento a la UAG.

Las libretas rojas con la esvástica rodeada por un engranaje están escritas en alemán y las marrones, de una confección más sencilla, en español y son fichas de afiliación a la UAG y al partido nazi local. Además, hay fotos en blanco y negro de Hitler esquiando o saludando niños, como parte de la campaña propagandística internacional del nazismo. Pero aún faltan revisar 9 de las 12 cajas encontradas.

La historiadora del Holocausto, Marcia Ras, es una de las que, en principio, supone que las cajas provienen de un allanamiento y después no se sabe si terminaron en el barco. Tampoco si el buque japonés estaban saliendo o entrando al puerto de Buenos Aires. Consultada por Clarín, Ras aclaró que ella solo vio parte de los documentos de tres de las 12 cajas de madera de champagne Crillón donde estaban guardados. Y su sospecha se basa en el informe número 5 de aquella comisión especial del Congreso.

En cuanto a la magnitud del hallazgo, Ras recordó que según investigaciones históricas la UAG tuvo “8.500 afiliados” en la Argentna y el partido nazi tuvo “2100 afiliados en 1936 y 1510 en 1941”.

La historiadora explicó que el problema para determinar el origen de las cajas es que el “estado nazi desapareció” tras la capitulación alemana de 1945 frente a los Aliados y de dividió en dos pedazos. Entonces, no quedó en la causa de juez Jantus la defensa de la embajada alemana como para insistir con el reclamo.

Además, desapareció en tribunales el expediente que debe haber escrito el juez Janus para basar su fallo. A todo esto, en 1943 el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que incluía a Perón y tenía una tendencia por Eje, derrocó a Ramón Castillo (sucesor del presidente Roberto Ortiz) y produjo cambios en la Justicia. La Argentina se había declarado neutral en la Segunda Guerra y solo declaró la guerra a Alemania unos meses antes de que el Ejército Soviético tomara Berlín.

“El origen del material incautado está en un limbo”, por ahora, agregó la historiadora.

Ras supone que los afiliados a la UAG, cuyos nombres se conocerán cuando la Corte termine de digitalizar e inventariar los documentos, “en su mayoría eran técnicos y obreros, según las libretas que yo pude leer. Ganaban mil pesos fuertes por mes. Distinto es el líder de la organización que ganaba 10 mil cuando un embajador de la época ganaba 4 mil”. Por la fecha, entre otros elementos, Ras descarta por ahora que los fondos que se recaudaran hayan servido, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, para financiar la llegada de criminales de guerra nazis, como Josep Mengele, a la Argentina.

La historiadora se refirió al acta de la comisión investigadora del Congreso del 30 de noviembre de 1941 que sostiene que desde el comienzo “se recogió una impresión contraria a la acción que despliegan en el país organizaciones que, como la Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura y la Unión Alemana de Gremios, no son sino instrumentos de la penetración nacionalsocialista y creaciones del régimen nazi para burlar resoluciones” del gobierno del presidente Roberto Ortiz. El acta es posterior al fallo de Jantus.

“En cuanto al Frente Alemán del Trabajo (o Unión Alemana de Gremios), también consta auténticamente su índole por la declaración del «secretario» Carlos Fleischer, jefe interino de la entidad y por la documentación agregada resulta de esas constancias: Que el nombramiento del presidente del Frente del Trabajo «lo hace desde Alemania Ruberg», que viene a ser jefe de las «seccionales del Frente del Trabajo en el exterior»; y que el Frente del Trabajo está bajo la fiscalización, vigilancia y control del Partido Nacionalsocialista”

Luego dice que “la contribución de los afiliados es determinada por el jefe general de la agrupación”. La sede central de la UAG estuvo instalada en esta Capital, en la calle Alsina 1250 y editaba un órgano oficial: «El Alemán en la Argentina»”. Eran sus autoridades las siguientes personas: “Director: Erwin Schriefer. Tesorero: Hans Schulz. Secretario: Karl Fleischer. Prosecretario: Kurt Lange”, precisa.

Además, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el Banco Central, “se desprende en forma fehaciente que la Unión Alemana de Gremios constituye una prolongación del Frente Alemán del Trabajo” de la Alemania nazi.

En efecto, “las cuentas que aquella entidad registra en el Banco Germánico de la América del Sur (Casa Central), cuenta número 4.063, con domicilio en calle Alsina número 1250, presenta esta característica: el 16 de agosto de 1939, justamente tres meses después de haberse dictado el decreto del Poder Ejecutivo sobre organizaciones extranjeras, fué cancelada la cuenta corriente de Die Deutsche Arbeitsfront Auslands-Organisation Landesgruppe Argentinien”. Y transferido el dinero a otro banco.

Las conclusiones de la comisión es que “la propagación de ideologías incompatibles con los principios democráticos y liberales de la Constitución nacional; priva a los obreros y empleadores alemanes de los beneficios de la libertad sindical e impone condiciones rígidamente excluyentes en materia de nacionalidad y religión”.

“Su menosprecio a las leyes del país y su resistencia a adaptarse a las costumbres e intereses nacionales llegan hasta cometer el delito de prohibir a sus asociados, con largos años de residencia, que tomen la ciudadanía argentina, castigándolos con la expulsión de la mencionada organización, lo que equivale a perder su ocupación y caer en persecuciones dirigidas desde el Reich por intermedio de sus agentes radicados entre nosotros”, agrega la comisión según el documento al que accedió Clarín.

Por lo tanto, los diputados Juan Antonio Solari, Guillermo R. O’Reilly, José Aguirre Cámara y Manuel Cossio pidieron al gobierno de Ortiz que disuelva la UGA.

Ahora, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dispuso digitalizar e inventariar todos los documentos antes de que historiadores del Museo del Holocausto de Buenos Aires empiecen a investigar y determinar su alcance. Mientras, el diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto para reabrir esa comisión investigadora especial del nazismo en la Argentina.

Mientras, el director ejecutivo del Museo del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, dijo a Clarín que se estima que la Corte tardará entre “dos o tres meses” en terminar de digitalizar la documentación. Además, destacó la importancia de estos documentos. Y adelantó que presentará a Rosatti “un plan de investigación” y propondrá dos o tres historiadores especializados en nazismo para cruzar estos datos con otros que ya tiene la institución y llegar a conclusiones fundadas sobre este hallazgo histórico.