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Un histórico fallo confirma que los documentos nazis descubiertos en la Corte estaban en un barco japonés

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Un fallo judicial del 16 de septiembre de 1941 confirma que las 12 cajas con 7 mil documentos nazis encontradas en el archivo de la Corte Suprema provenían del barco japonés “Nan-A-Marú” y no de un allanamiento a una central gremial nazi en Argentina.

Unos días después de que Clarín publicó la primicia mundial sobre el hallazgo de esos carnets de afiliación al partido nazi de la Argentina y a la Unión Alemana de Gremios (UAG), entre otros documentos, se desató una polémica entre historiadores sobre cómo llegaron esos documentos al subsuelo del palacio de Justicia donde estuvieron guardados durante 84 años. La noticia de Clarín fue publicada en el New York Times y El País de España, entre otros diarios.

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De una serie de consultas realizadas por este diario se encontró un fallo del entonces juez Miguel Luciano Jantus fechado el 16 de septiembre de 1941 y dirigido al presidente de la Comisión Especial investigadora de las Actividades Anti-argentinas, el diputado radical Raúl Damonte Taborda. Jantus es el mismo juez que investigó el hundimiento del buque de guerra alemán Graf Spee durante la Batalla del Río de La Plata en la Segunda Guerra Mundial.

La nota dice sobre “el pedido de secuestro de unos bultos llegados en el vapor de bandera japonesa Nam-A-Marú, se ha resuelto que sobre el asunto que afecta y concierte a la embajada de Alemania, a quien vienen consignados esos efectos, según informa la Aduana de la Capital”.

De esta forma, sobre el pedido de Damonte de enviar los bultos a la comisión especial del Congreso el juez Jantus subrayó que “el pronunciamiento sobre ese pedido corresponde originaria y exclusivamente a la Corte Suprema en virtud de la disposición contenida en al artículo 101 de la Constitución Nacional”.

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Carátula de un informe de la Comisión Investigadora del Congreso del nazismo en Argentina de 1941.

Por estas razones, el juez Jantus resolvió “remitir estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, a cuya orden y disposición deberán ponerse las encomiendas retenidas, debiendo librarse a tales fines oficiales a la dirección General de Correos y Telégrafos y a la Aduana de la Capital”.

El fallo demuestra que los bultos estaban en el buque japonés y choca contra la otra versión según la cual los 7 mil documentos habían sido secuestrados durante un allanamiento a la UAG.

Las libretas rojas con la esvástica rodeada por un engranaje están escritas en alemán y las marrones, de una confección más sencilla, en español y son fichas de afiliación a la UAG y al partido nazi local. Además, hay fotos en blanco y negro de Hitler esquiando o saludando niños, como parte de la campaña propagandística internacional del nazismo. Pero aún faltan revisar 9 de las 12 cajas encontradas.

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El director del Museo del Holocausto, Jonathan Karszembau (primero a la izq) con Rosati abren una caja nazi.El director del Museo del Holocausto, Jonathan Karszembau (primero a la izq) con Rosati abren una caja nazi.

La historiadora del Holocausto, Marcia Ras, es una de las que, en principio, supone que las cajas provienen de un allanamiento y después no se sabe si terminaron en el barco. Tampoco si el buque japonés estaban saliendo o entrando al puerto de Buenos Aires. Consultada por Clarín, Ras aclaró que ella solo vio parte de los documentos de tres de las 12 cajas de madera de champagne Crillón donde estaban guardados. Y su sospecha se basa en el informe número 5 de aquella comisión especial del Congreso.

En cuanto a la magnitud del hallazgo, Ras recordó que según investigaciones históricas la UAG tuvo “8.500 afiliados” en la Argentna y el partido nazi tuvo “2100 afiliados en 1936 y 1510 en 1941”.

La historiadora explicó que el problema para determinar el origen de las cajas es que el “estado nazi desapareció” tras la capitulación alemana de 1945 frente a los Aliados y de dividió en dos pedazos. Entonces, no quedó en la causa de juez Jantus la defensa de la embajada alemana como para insistir con el reclamo.

Además, desapareció en tribunales el expediente que debe haber escrito el juez Janus para basar su fallo. A todo esto, en 1943 el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), que incluía a Perón y tenía una tendencia por Eje, derrocó a Ramón Castillo (sucesor del presidente Roberto Ortiz) y produjo cambios en la Justicia. La Argentina se había declarado neutral en la Segunda Guerra y solo declaró la guerra a Alemania unos meses antes de que el Ejército Soviético tomara Berlín.

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“El origen del material incautado está en un limbo”, por ahora, agregó la historiadora.

En estás cajas de champagne Crillón están guardados los documentos nazis.En estás cajas de champagne Crillón están guardados los documentos nazis.

Ras supone que los afiliados a la UAG, cuyos nombres se conocerán cuando la Corte termine de digitalizar e inventariar los documentos, “en su mayoría eran técnicos y obreros, según las libretas que yo pude leer. Ganaban mil pesos fuertes por mes. Distinto es el líder de la organización que ganaba 10 mil cuando un embajador de la época ganaba 4 mil”. Por la fecha, entre otros elementos, Ras descarta por ahora que los fondos que se recaudaran hayan servido, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, para financiar la llegada de criminales de guerra nazis, como Josep Mengele, a la Argentina.

La historiadora se refirió al acta de la comisión investigadora del Congreso del 30 de noviembre de 1941 que sostiene que desde el comienzo “se recogió una impresión contraria a la acción que despliegan en el país organizaciones que, como la Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura y la Unión Alemana de Gremios, no son sino instrumentos de la penetración nacionalsocialista y creaciones del régimen nazi para burlar resoluciones” del gobierno del presidente Roberto Ortiz. El acta es posterior al fallo de Jantus.

“En cuanto al Frente Alemán del Trabajo (o Unión Alemana de Gremios), también consta auténticamente su índole por la declaración del «secretario» Carlos Fleischer, jefe interino de la entidad y por la documentación agregada resulta de esas constancias: Que el nombramiento del presidente del Frente del Trabajo «lo hace desde Alemania Ruberg», que viene a ser jefe de las «seccionales del Frente del Trabajo en el exterior»; y que el Frente del Trabajo está bajo la fiscalización, vigilancia y control del Partido Nacionalsocialista”

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Luego dice que “la contribución de los afiliados es determinada por el jefe general de la agrupación”. La sede central de la UAG estuvo instalada en esta Capital, en la calle Alsina 1250 y editaba un órgano oficial: «El Alemán en la Argentina»”. Eran sus autoridades las siguientes personas: “Director: Erwin Schriefer. Tesorero: Hans Schulz. Secretario: Karl Fleischer. Prosecretario: Kurt Lange”, precisa.

Comenzó la digitalización de los documentos de las cajas nazis.Comenzó la digitalización de los documentos de las cajas nazis.

Además, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el Banco Central, “se desprende en forma fehaciente que la Unión Alemana de Gremios constituye una prolongación del Frente Alemán del Trabajo” de la Alemania nazi.

En efecto, “las cuentas que aquella entidad registra en el Banco Germánico de la América del Sur (Casa Central), cuenta número 4.063, con domicilio en calle Alsina número 1250, presenta esta característica: el 16 de agosto de 1939, justamente tres meses después de haberse dictado el decreto del Poder Ejecutivo sobre organizaciones extranjeras, fué cancelada la cuenta corriente de Die Deutsche Arbeitsfront Auslands-Organisation Landesgruppe Argentinien”. Y transferido el dinero a otro banco.

La historiadora especializada en nazismo, Marcia Ras, revisa otra de las cajas nazis en la Corte.La historiadora especializada en nazismo, Marcia Ras, revisa otra de las cajas nazis en la Corte.

Las conclusiones de la comisión es que “la propagación de ideologías incompatibles con los principios democráticos y liberales de la Constitución nacional; priva a los obreros y empleadores alemanes de los beneficios de la libertad sindical e impone condiciones rígidamente excluyentes en materia de nacionalidad y religión”.

“Su menosprecio a las leyes del país y su resistencia a adaptarse a las costumbres e intereses nacionales llegan hasta cometer el delito de prohibir a sus asociados, con largos años de residencia, que tomen la ciudadanía argentina, castigándolos con la expulsión de la mencionada organización, lo que equivale a perder su ocupación y caer en persecuciones dirigidas desde el Reich por intermedio de sus agentes radicados entre nosotros”, agrega la comisión según el documento al que accedió Clarín.

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Por lo tanto, los diputados Juan Antonio Solari, Guillermo R. O’Reilly, José Aguirre Cámara y Manuel Cossio pidieron al gobierno de Ortiz que disuelva la UGA.

Ahora, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dispuso digitalizar e inventariar todos los documentos antes de que historiadores del Museo del Holocausto de Buenos Aires empiecen a investigar y determinar su alcance. Mientras, el diputado del PRO, Gerardo Milman, presentó un proyecto para reabrir esa comisión investigadora especial del nazismo en la Argentina.

Libretas de afiliación a la Unión Gremial Alemana, un brazo sindical del nazismo. Están los nombres y domicilios de los afiliados escritos en alemán.Libretas de afiliación a la Unión Gremial Alemana, un brazo sindical del nazismo. Están los nombres y domicilios de los afiliados escritos en alemán.

Mientras, el director ejecutivo del Museo del Holocausto, Jonathan Karszenbaum, dijo a Clarín que se estima que la Corte tardará entre “dos o tres meses” en terminar de digitalizar la documentación. Además, destacó la importancia de estos documentos. Y adelantó que presentará a Rosatti “un plan de investigación” y propondrá dos o tres historiadores especializados en nazismo para cruzar estos datos con otros que ya tiene la institución y llegar a conclusiones fundadas sobre este hallazgo histórico.

Más fichas en tres de las doce cajas abiertas.Más fichas en tres de las doce cajas abiertas.

Nazismo,Corte Suprema de Justicia,Holocausto

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Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

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Agosto fue el peor mes de la gestión libertaria de Javier Milei si se lo juzga a la luz del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella sobre la base de un estudio de campo de Poliarquía Consultores. La medición registró una caída de 13,6% respecto del mes anterior.

El dato enciende una luz de alarma en la Casa Rosada que se agranda ante el hecho de que la encuesta fue elaborada en la primera quincena del mes, antes de que se difundieran los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre supuestas irregularidades en el área de Discapacidad.

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El índice evalúa a los gobiernos con un puntaje del 0 al 5: obtuvo 2,12 (16,5% menos que el mismo mes de 2024). En comparación con los gobiernos anteriores a estas alturas del mandato, el ICG de agosto 2025 se ubica 16,3% por debajo de lo que registraba Mauricio Macri en 2017 y 14,3% más que Alberto Fernández en este mes de 2021.

La Universidad Di Tella evalúa a los gobiernos en cinco categorías: Capacidad para resolver los problemas del país; Honestidad de los funcionarios, Eficiencia en la administración del gasto público, Evaluación general del gobierno y Preocupación por el interés general.

“La confianza en el gobierno alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, señala el informe de la Universidad Di Tella. Rescata que hubo un precedente en septiembre del año pasado de una caída intermensual de 14,8%, aunque el ICG terminó algo arriba que el actual.

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Diego Spagnuolo y Javier Milei

La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei es de 2,48 puntos, un poco menos que el promedio para el mismo período del gobierno de Macri (2,58), y muy por encima del de Fernández en esos 20 meses (2,17).

En la comparación intermensual, el ICG cayó en sus cinco componentes: Honestidad de los funcionarios (2,54 puntos, -9,9%); Capacidad para resolver los problemas del país (2,46 puntos, -14,6%); Eficiencia en la administración del gasto público (2,10 puntos, -13,2%); Evaluación general del gobierno (1,78 puntos, -12,8%); y Preocupación por el interés general (1,73 puntos, -18,2%).

La medición se hizo de forma telefónica entre mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes. El tamaño de la muestra es de 1000 casos en 41 localidades y el trabajo de campo se completó entre el 1 y el 14 de agosto.

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En el ambiente político se sigue con atención el ICG porque ha mostrado a lo largo del tiempo una buena correlación con los resultados electorales.

En línea con lo que se registra desde que asumió Milei, el ICG de agosto fue mayor entre los hombres (2,42 puntos, con una variación negativa del 8,3%) que entre las mujeres (1,80 puntos, con una caída mayor, del 20,0%).

En contraste con los meses anteriores -señala el reporte-, el ICG de agosto no mostró diferencias significativas entre grupos etarios. Registró su valor máximo en el segmento conformado por personas mayores de 50 años (2,16 puntos, con una disminución del 14,6%). Después se ubicó el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años, que solía tener el ICG más alto en meses anteriores (2,11 puntos, con un fuerte descenso, del 24,4%). Por último, se encuentra el segmento de personas de entre 30 y 49 años (2,08 puntos, con una variación negativa de 8,0%).

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Milei mantiene siempre una mejor valoración entre quienes viven en el interior del país y así se repitió en agosto (2,39 puntos, con una caída del 7,4%). En la ciudad de Buenos Aires la caída fue dramática: 28,2%, y mientras que el conurbano -donde habitualmente peor le va- descendió un 23,3%. Un dato relevante de cara a las elecciones provinciales del próximo domingo 7 de septiembre.

La Universidad Di Tella discrimina los datos además por el nivel educativo de los consultados. El valor del ICG de agosto fue mayor entre quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria (2,31 puntos, con un decrecimiento del 7,6%). Les siguen quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (1,96 puntos, con una caída del 20,0%), y por último, quienes alcanzaron hasta la educación primaria (1,50 puntos, con un marcado descenso, del 30,2%).

El ICG de agosto fue nuevamente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,15 puntos, con un decrecimiento del 0,5%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,46 puntos, con una caída del 12,5%) o que empeorará (0,56 puntos, con un aumento del 1,8%).

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Reapareció el “Gordo Mortero”: está desempleado y acusa al Gobierno de perseguirlo

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Sebastián Romero, más conocido como el “Gordo Mortero”, volvió a ser noticia tras romper el silencio en una entrevista con Cadena 3 Rosario. El dirigente de izquierda, que se volvió célebre en diciembre de 2017 cuando un video lo mostró disparando un mortero casero contra la Policía durante las protestas frente al Congreso, aseguró que hoy sobrevive con trabajos ocasionales y que sigue siendo objeto de persecución política.

Romero cumplió su condena y recuperó la libertad hace dos años, pero afirma que todavía siente el peso del estigma. “Estoy desempleado. Trabajaba como chofer de aplicación, pero se me rompió el auto y ahora no tengo ingresos estables”, contó. Según relató, aún en la calle muchos lo reconocen por su apodo, aunque confesó que con el paso de los años cambió físicamente: “La gente con memoria fotográfica todavía me identifica y me pregunta si soy yo”.

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Lejos de mostrar arrepentimiento por su participación en las protestas del 18 de diciembre de 2017, Romero defendió su accionar. “Es un derecho de todos los trabajadores defenderse de la represión policial cuando están pidiendo un derecho genuino”, afirmó. En esa línea, ratificó su identidad como militante de causas sociales: “Soy un obrero que siempre luchó por los derechos de los trabajadores”.

El referente de izquierda denunció que continúa siendo hostigado por el Gobierno, a pesar de haber cumplido con la pena judicial. “Me hacen un seguimiento telefónico, me llaman y tengo que decir dónde vivo, qué estoy haciendo. Es una forma de persecución”, señaló.

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Actualmente, Romero asegura estar comprometido con reclamos sociales en Rosario. Uno de los movimientos en los que participa es el de los “Vecinos sin Agua de la Zona Oeste”, integrado por familias que llevan más de un mes sin servicio. “La gente no puede vivir sin un derecho tan básico. Esa es la verdadera violencia”, denunció.

Qué ves cuando me ves? - El Cohete a la Luna

También fue crítico con la gestión de Javier Milei y con las políticas de los últimos gobiernos. “No hay mayor violencia que quitarle un derecho a los trabajadores. Por eso, es necesario salir, organizarse y ser conscientes de que esto no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas nefastas”, remarcó.

El caso de Sebastián Romero marcó un antes y un después en las protestas sociales de la última década en Argentina. En 2017, durante la votación de la reforma previsional del gobierno de Mauricio Macri, su imagen disparando un mortero casero contra las fuerzas de seguridad se viralizó y lo convirtió en símbolo de la violencia en las manifestaciones. Tras un extenso proceso judicial, fue condenado y cumplió con la pena impuesta.

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Quiénes son los militares ascendidos tras haber sido pasados a retiro durante el kirchnerismo

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En una ajustada votación, el Senado de la Nación aprobó el ascenso de 21 militares que habían sido pasados a retiro durante el gobierno kirchnerista. La decisión se tomó el jueves pasado, luego de una sesión maratónica, donde objetivo era reparar una situación que se originó en 2010, cuando el Ministerio de Defensa impidió la promoción de estos oficiales al grado inmediato superior. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la llamada “portación de apellido” respondía al parentesco de los militares con personas que actuaron durante la última dictadura militar.

El Senado de la Nación aprobó el ascenso de los militares retirados en una votación que revirtió la política implementada durante el kirchnerismoSantiago Oroz

Se trata de 15 tenientes coroneles del Ejército y seis capitanes de fragata de la Armada. A todos ellos se les reconoce ahora el ascenso, con retroactividad, a 2018, aunque permanecerán en situación de retiro. La medida fue impulsada por el actual ministro de Defensa, Luis Petri.

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Los tenientes coroneles del Ejército que ascenderán al grado de coronel son:

El actual ministro de Defensa, Luis Petri, impulso esta medida

Los capitanes de fragata de la Armada que serán promovidos a capitanes de navío son:

La decisión de negar el ascenso a estos oficiales se basó en la política de “portación de apellido” implementada durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa. Esta política implicaba que se consideraban los vínculos familiares de los militares con personas que participaron en la última dictadura militar como un factor determinante para impedir su promoción, independientemente de su desempeño profesional.

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Nilda Garré, exministra de Defensa, implementó la política de «portación de apellido» que impidió el ascenso de los militares ahora promovidos por el Senado.Archivo

La política de “portación de apellido” generó controversia y malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Muchos oficiales se sintieron discriminados y vieron truncadas sus carreras profesionales debido a esta medida. En señal de protesta, el general de brigada Alejandro Díaz Bessone y el contraalmirante Carlos B. Castro Madero solicitaron su propio pase a retiro en desacuerdo con la decisión de “cortarles la carrera” a oficiales bajo su mando.

El presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, calificó la medida del Senado como una “reparación tardía y parcial, tras años de atropellos y persecución”. En un comunicado, Lucero Torres argumentó que “Estos oficiales, propuestos en su momento por las juntas de calificaciones, fueron injustamente postergados durante la gestión de la entonces ministra Nilda Garré, no por su desempeño profesional, sino por ser familiares de oficiales que revistieron durante el gobierno militar. A esta discriminación arbitraria se sumó la imposición del retiro obligatorio, cercenando carreras y aspiraciones legítimas en un hecho de persecución sin precedentes”

Un oficial retirado, consultado por , celebró la medida y afirmó: “Se les cortó la carrera por un motivo ajeno a su desempeño profesional y ahora, aunque sea tarde, llega la reivindicación”.

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Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.

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