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Un intendente bonaerense ligado al massismo recortó un 13% de los sueldos de trabajadores estatales

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«Una medida que hemos tratado de evitar tomando decisiones que afectaran sólo a la planta política, que no fueron suficientes». Así comunicó Matías Nebot, intendente del municipio de Saavedra-Pigüé, a sus vecinos una decisión adversa para sus representados: la reducción del 13 % de los salarios de los trabajadores estatales del municipio, con la anuencia de uno de los dos sindicatos que los nuclean. En su mensaje acusó que las arcas de la intendencia atraviesan una situación crítica, y este jueves anunció que la medida también lo alcanzará a él.

El lunes no fue un día más para los habitantes del municipio en el sudoeste de la Provincia, y menos para quienes integran la planta permanente de la intendencia, los trabajadores estatales. El intendente Nebot, quien ejerce desde 2023, cargo al que llegó mediante el partido Todos por Saavedra, de origen vecinalista pero en comunión con el massismo, ocupó su escritorio, se plantó ante la cámara y, ubicado justo entre las banderas argentina y bonaerense, dijo: «Queremos comunicarle la nueva medida que hemos decidido en el marco del Plan de Optimización de Recursos Municipales«.

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«Como ya saben, desde el año 2019 el distrito viene afrontando déficit en sus finanzas, que año a año se fue incrementando y nos pone hoy en una situación crítica que nos obliga a tomar medidas constantemente», acusó Nebot en el inicio de su mensaje al pueblo de Saavedra, cuya cabecera está en Pigüé (alrededor de 15 mil habitantes): problemas para los pagos a proveedores y sueldos.

Continuó el intendente: «Hemos sido un gobierno muy responsable, que viene analizando muy a conciencia cada problemática y tomando medidas que se debieron haber tomado hace mucho tiempo, pero que nadie se atrevió a tomar: en esta oportunidad se tomó la difícil decisión de llevar adelante una reducción salarial«. Ante la cámara comentó que hubo medidas previas que afectaron a «la planta política, pero que no fueron suficientes».

«Esta reducción de salarios va a ser del 13 % de los sueldos de todos los funcionarios de la planta política. Quiero agradecer a los concejales de nuestro espacio político, Todos por Saavedra, que aceptaron también esta rebaja salarial, y espero que la oposición tenga el mismo compromiso para con los vecinos de nuestro distrito», detalló Nebot.

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Pero no sólo esa medida afecta a lo que el intendente llama «planta política» (es decir, los cargos ejecutivos), sino que va más allá: «Con respecto a los trabajadores y trabajadoras municipales, hemos presentado la propuesta a los dos gremios. Y me siento muy contento y acompañado porque hace minutos el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) decidió aprobar nuestra propuesta». Es decir, ese gremio aceptó el recorte salarial sobre los estatales que nuclea. Luego, Nebot instó: «Espero que el sindicato AMRA [gremio médico] haga lo mismo«.

«Es una decisión dura, y la tomamos para evitar algo más grave: no tener para pagar los sueldos y no poder seguir cumpliendo con los proveedores», culminó el intendente.

Nebot comenzó su carrera política en el distrito de Saavedra-Pigüé en 2017, adonde llegó al cargo de concejal mediante la alianza electoral «1País», a la que adscribieron el partido GEN (de Margarita Stolbizer; integrado por Nebot), el Frente Renovador (Sergio Massa) y Libres del Sur (Victoria Donda). En 2018 creó el partido vecinalista Todos por Saavedra (TPS), con el que disputó las elecciones de 2023, en las que venció al candidato de Juntos por el Cambio.

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Pero este jueves, Nebot salió a aclarar que la medida de recorte salarial general también lo alcanzará a él: «Ante las calumnias de medios de comunicación y de personas que tendrán que responder legalmente ante semejantes mentiras, quiero dejar expuesto ante toda la comunidad el decreto que establece la donación del 13% de mi salario«.

También aclaró que la reducción de salario de los intendentes municipales no puede ser declarada unilateralmente, sino que es el Concejo Deliberante el que debe aprobarlo, según establece la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia.

La aclaración de este jueves llega, eso sí, luego de que Nebot haya viajado hacia La Plata para entrevistarse con el ministro de Economía provincial, Pablo Julio López, y el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini. «Se evaluaron distintas herramientas posibles para estabilizar las cuentas y seguir garantizando los servicios esenciales en este contexto complejo», escribió el miércoles Nebot, para difundir sus encuentros en la capital provincial.

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Mientras tanto, los bloques de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) y del Partido Justicialista (PJ) emitieron comunicados para anunciar que presentaron proyectos de ordenanzas para la reasignación de partidas presupuestarias y desafección de recursos del municipio.

Un gremio aceptó, ¿pero los trabajadores?

Y la aclaración llega también después del polvorín que se levantó en el municipio de Saavedra-Pigüé, donde viven poco más de 20 mil personas, cuando desde el lunes, al término de una asamblea realizada por el mismo STM, comenzaran a circular volantes y pancartas por la localidad.

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«Realmente nos cansamos de que los políticos vengan cada 4 años, nos usurpen la casa, traigan a todos sus amigos a vivir gratis en ella y a lucrar con los puestos políticos. Estamos cansados de que todos destruyan el presupuesto municipal. Que todos tengan ejecutivos numerosos e imposibles de pagar. Que utilicen las arcas municipales para pasear por Buenos Aires o distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en autos municipales y con viáticos que pagamos todos. Nos cansamos de ser la variable de ajuste«, apuntaron los agremiados en el STM, a pesar de que, según el intendente, la medida tomada por el municipio contó con la anuencia gremial.

El mensaje de los asambleístas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Saavedra-Pigüé criticaron la medida del intendente Nebot. Foto Cambio2000.

Según se lee en esos mismos volantes, el intendente cobra un salario mensual de más de 11,8 millones de pesos mensuales, por lo que un recorte del 13 % (poco más de 1,5 millones) lo dejaría en $ 10.298.017,87. También se especifican salarios de secretarios, subsecretarios, directores de hospital, concejales, secretario del Concejo Deliberante, jefe de hospital, peones de calles, mucamas o enfermeros.

Por ejemplo, un peón de calle recibe actualmente 972 mil pesos de salario, pero con el recorte quedaría en casi 846 mil, lo mismo que una mucama. Un enfermero, el que más gana de los empleados municipales, superaría por poco el 1,1 millón por mes. Luego de la asamblea, desde los representados por el STM deslizaron: «La intención fue visibilizar las diferencias salariales y respaldar el pedido de una reducción más significativa para los cargos jerárquicos«.

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Una pugna de larga data entre municipales y funcionarios

Lo cierto es que el municipio de Saavedra-Pigüé viene discutiendo desde hace tiempo la cuestión de los salarios de los trabajadores estatales y, sobre todo, de los cargos ejecutivos. Una de las primeras críticas que recibió Nebot en sus redes sociales fue de parte de un ciudadano: «No entiendo, vos les diste un aumento muy por arriba [a los trabajadores municipales] el año pasado, pero ahora se lo retrotraes. Ya no sabes qué decir».

En mayo del año pasado el STM había granjeado dos aumentos salariales en varios tramos. Según los medios locales, como Reflejo o Cambio2000, las negociaciones comprendieron arduas negociaciones en el Concejo Deliberante de Saavedra-Pigüé, aunque más que entre los representantes de los distintos bloques fue entre trabajadores municipales y aquellos funcionarios con cargos ejecutivos.

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Justo un año antes, y bajo otra gestión (Gustavo Javier Notararigo, Unión Cívica Radical), se había negociado otra cuestión: los municipales aceptarían un menor aumento salarial si se bajaban los sueldos del gabinete ejecutivo y de los concejales. En ese momento (tercera semana de mayo de 2023), desde el STM habían amenazado con un paro y con la toma del Concejo Deliberante si no se llegaba a un acuerdo. El acuerdo se logró, aunque las negociaciones siempre siguieron, hasta este lunes.

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Cristina Kirchner pidió a la Corte que le saquen la tobillera y le permitan visitas irrestrictas

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Cristina Kirchner pidió a la Corte Suprema de Justicia que le saquen la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de su condena mientras está presa en su casa.

La expresidenta también solicitó que se flexibilice el regimen de visitas en su departamento de San José 1111 de Constitución.

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La defensa de Cristina Krichner planteó un recurso extraordinario contra el fallo de la Cámara de Casación que había ratificado las reglas de conducta restrictivas que le impusieron los jueces que la condenaron.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, también recusó a los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti.

Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111, en Constitución.

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El uso de la tobillera electrónica fue confirmado tanto por el tribunal como por la Cámara de Casación. La defensa cuestiona la necesidad de mantenerla.

El 12 de julio pasado, la Cámara de Casación confirmó que Cristina Kirchner se mantenga con tobillera electrónica en su lugar de detención y que continúe con el actual régimen de visitas restringido.

La defensa de la expresidenta había pedido quitársela y el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, había reclamado que se modificara el domicilio en aras de su seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

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Beraldi pidió que le saquen la tobillera electrónica y flexibilicen el régimen de visitas, que exige que autorización previa para visitas no incluidas en una nómina de familiares y allegados.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, por mayoría, decidieron mantener sus condiciones de detención en ese lugar

También se pronunciaron sobre el recurso presentado por el fiscal Mario Villar, que había sugerido un cambio en el lugar de detención y mantener el actual régimen de prisión domiciliaria.

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El juez Gustavo Hornos, quien votó en primer término, rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sostuvo la validez del uso de la tobillera electrónica de vigilancia y de la obligación de solicitar autorización judicial para visitas fuera de la nómina original.

Hornos dijo que “este tipo de maniobras constituye un atentado contra el sistema democrático” y que “la corrupción, como delito doloso contra el Estado que conlleva enriquecimiento ilícito, ha sido reconocida como una de las formas más graves de ataque a las instituciones republicanas”.

Por eso, “el proceso penal y su sanción constituyen el más poderoso medio del que dispone el Estado para restituir el orden quebrantado”.

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El juez formó mayoría con su colega Diego Barroetaveña, quien también avaló el mantenimiento de las medidas de control.

Barroetaveña dijo que no existe prohibición para que el juez imponga reglas de conducta siempre que sean pertinentes y estén vinculadas a las condiciones de la condenada. Consideró que la restricción de visitas (exigiendo autorización para personas no listadas) es una “mínima restricción” y una precaución para la seguridad de la expresidenta, así como una atribución del juez para velar por el cumplimiento efectivo de la pena sin desnaturalizarla.

Además, señaló que el planteo de la defensa era “conjetural” ya que no se había rechazado ninguna visita hasta el momento, e incluso se había autorizado una visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.

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Sobre el uso de tobillera Barroetaveña afirmó que este mecanismo es el más eficaz para controlar el cumplimiento de la detención domiciliaria y que su implementación permite una modalidad de cumplimiento “cualitativamente mejor” que la prisión carcelaria, sin ser una “mortificación o estigmatización”.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia por revocar la obligación de utilizar tobillera electrónica, y el régimen de autorizaciones.

Borinsky explicó que el juez de ejecución tiene jurisdicción en lo que se refiere exclusivamente al control sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas a un condenado y aclaró que, momentáneamente no existirían motivos para obligar a un cambio de domicilio; sin perjuicio de que a futuro pudieran evaluarse otros sitios alternativos, a fin de preservar la tranquilidad pública y la paz social.

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ratificado las reglas de conducta restrictivas que,Hernán Cappiello,Conforme a

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La Junta Electoral no autorizó listas en distritos clave para el peronismo en PBA y bajó a un candidato del Evita

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Hay grandes posibilidades que en las próximas elecciones el espacio de Fuerza Patria no tenga una lista local unificada en el municipio de Morón y no compita en la ciudad de San Nicolás. Así quedó plasmado tras las distintas resoluciones que emitió la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la oficialización de candidaturas dispuesto por el calendario electoral.

El traumático cierre de listas que vivió Fuerza Patria tuvo sus consecuencias. La falta de acuerdo por el orden y los nombres en la Primera sección electoral produjo un movimiento en la lista cargada luego de la prórroga que había dispuesto la Junta Electoral para que el peronismo termine de negociar las nóminas. Al momento de la carga digital, el casillero número cinco —con posibilidades acceso al Senado bonaerense- quedó en blanco. La pulseada por ese lugar la encabezaron el sector de Kicillof y el kirchnerismo. Había dos nombres: el ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, por el Movimiento Derecho al Futuro, y el exdiputado nacional, Leonardo Grosso, por el Movimiento Evita, en acuerdo con el sector de Máximo Kirchner. Finalmente, Grosso quedó inscripto aunque luego del 21 de julio cuando fue la presentación de lista virtual. Sobre esa cuestión se amparó la Junta para no dar lugar a la oficialización de su candidatura. Sin embargo, el vocal de la misma, Federico Thea, -exintegrante del gabinete de Kicillof- pidió “un pronunciamiento expreso respecto de la inclusión del candidato Leonardo Grosso como Quinto Senador de la Primera Sección Electoral por la Alianza Fuerza Patria”, ya que —según considera— “de la documentación acompañada y reseñada precedentemente, se desprende que existió una clara manifestación de la voluntad del candidato Leonardo Grosso a ocupar el quinto lugar de senador de la primera sección electoral”, y que “debe primar siempre la voluntad legítimamente expresada, la que prevalece por sobre cuestiones de excesivo rigor formal”.

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Leonardo Grosso junto a Cristina Kirchner

Pese a ello, Grosso no será candidato. Su lugar quedará ocupado por quien originalmente estaba en el casillero siete. Se trata de Fernando Coronel; vicepresidente del partido Frente Grande que comanda el intendente de Ensenada, Mario Secco. La decisión tiene implicancias políticas en el marco de la interna del peronismo, toda vez que Coronel se encolumna dentro del MDF. Si el peronismo hace una buena elección en la Primera sección electoral —que renueva ocho bancas— el quinto casillero queda en una posición expectante para su ingreso al Senado y más aún si el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que encabeza la lista, finalmente no asume su banca. En este escenario, Kicillof podría tener mayor presencia propia en la Cámara alta para los próximos dos años de gobierno. La decisión de la Junta despertó malestar dentro del Movimiento Evita y apuestan a una reconsideración de la decisión ante la Junta.

El organismo también avaló la candidatura a diputado de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Facundo Tignanelli. Su inclusión como segundo candidato de la lista que encabeza la vicegobernadora, Verónica Magario, fue objeto de algunas observaciones.

En este marco, los vocales de la Junta, Gustavo De Santis y Federico Thea, aclararon de forma expresa que no existe impedimento legal para la postulación de Facundo Tignanelli. El legislador es uno de los jefes de La Cámpora en PBA y además de ser el actual presidente de la bancada peronista en la Cámara baja bonaerense, ocupó una suplencia como diputado en 2021. Sin embargo, esa suplencia fue inferior a dos años —faltaban solo nueve días para completar dicho lapso—, por lo que no se toma en cuenta para restringir su nueva postulación. La intendenta de Quilmes y compañera de lista de Tignanelli, Mayra Mendoza, celebró en sus redes la decisión de la Junta.

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Tignanelli junto a Mayra Mendoza

¿Dos municipios sin lista de Fuerza Patria?

Entre las resoluciones de la Junta Electoral bonaerense, también están la oficialización de la lista del Partido del Trabajo y la Equidad de Morón, que encabeza el intendente Lucas Ghi y la semana pasada ya había oficializado la lista Nuevo Morón que con Martín Sabbatella como primer candidato a concejal. Estas dos decisiones son otro capítulo en la discusión interna por la conducción y representación política del municipio de la Primera sección electoral. El intendente, encolumnado en el MDF, por un lado, y el ex intendente y líder de Nuevo Encuentro, habían presentado sus listas propias ante la posibilidad de que la Junta no oficialice la nómina local de Fuerza Patria. Es que cómo ocurrió con el caso de Grosso, la misma, fue inscripta fuera de los tiempos formales, producto de la negociación entre ambos sectores.

Ahora Fuerza Patria Morón hizo una presentación para dejar sin efecto la baja de la boleta que dispuso la Junta. Si el organismo no da lugar al pedido habrá dos listas cortas para concejales e incluso la lista seccional de Fuerza Patria tendrá en Morón un solo cuerpo.

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Kicillof con Lucas Ghi y Martín Sabbatella en la campaña 2023

En San Nicolás se encamina una situación parecida. La Junta no dio lugar a la lista a concejales de Fuerza Patria, producto de que la misma —que encabeza la ex candidata a intendenta y titular del Consorcio del Puerto de San Nicolás, Cecilia Comeriofue presentada fuera de término, producto de las desavenencias internas del peronismo.

La complejidad —en el marco de la estrategia seccional del peronismo— es que, de no haber marcha atrás a la decisión de la Junta, no habrá lista a concejales del peronismo. Así, en San Nicolás, la lista de Fuerza Patria para la Segunda sección electoral también tendrá un solo cuerpo.

Este distrito representa casi el 20% del padrón electoral de toda la Segunda sección. Es la ciudad cabecera y el resultado allí será decisivo en el reparto de las once bancas a diputados provinciales que se disputan. Además, como dio cuenta Infobae, San Nicolás es uno de los distritos clave en la agenda de campaña de Kicillof. Por el lado de Fuerza Patria, la nómina la encabeza el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, acompañado por la actual funcionaria del ministerio de Mujeres bonaerense y miembro de La Cámpora, Evelyn Flores, oriunda de San Nicolás.

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“Esta resolución excluye al peronismo nicoleño de la contienda electoral y vulnera el derecho a la libre elección de gran parte de la ciudadanía, en un contexto en el que nuestro movimiento tiene a su principal referente, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del PJ nacional, injustamente detenida y proscripta”, plantearon este viernes desde el kirchnerismo nicoleño. A través de un comunicado describieron a la decisión del tribunal electoral como una “arbitrariedad” y un “agravio que daña gravemente a la democracia”. Desde este sector también se remarcó que “recurriremos a todas las herramientas legales para defender su derecho a votar y nuestro derecho a participar”.

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El fuerte cruce entre Bullrich y el ministro de Seguridad de Kicillof por la causa de la purga policial en Buenos Aires

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Un fuerte cruce ocurrió este viernes entre la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y su par en la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Fue en relación con la causa que investiga la purga policial de 24 altos mandos de la Policía Bonaerense que se reunieron con Maximiliano Bondarenko, el candidato actual de Javier Milei por la tercera sección electoral y denunciado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Bullrich aseguró que dicha causa es “inventada” por Kicillof, a quien también calificó de “inútil”. “Le armó una denuncia a Maxi Bondarenko y echó a 25 policías en una provincia donde la seguridad no sobra”, escribió en X.

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La ministra sostuvo que ahora “el show se le dio vuelta” al mandatario provincial. “Ahora el fiscal lo investiga por espiar ilegalmente a policías bonaerenses durante más de 10 años. Persecución, abuso de poder y espionaje ilegal”, señaló en la red social. Alonso no tardó en responder y manifestar que “Bullrich miente”.

El tuit de BullrichCaptura

A fines de julio, una investigación interna que partió de una denuncia anónima derivó en el desplazamiento de altos mandos de la policía que estaban acusados de militar para el candidato mileísta. Bondarenko es un exintegrante de dicha fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Será la cara libertaria en la sección que representa el bastión del peronismo históricamente.

La denuncia indicaba que este grupo de efectivos integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica, con puestos de conducción y cargos de alta jerarquía, realizaban tareas políticas para Bondarenko. Eran directores, subdirectores y jefes de operaciones, con cargos de comisarios mayores y comisarios inspectores. También hacía referencia a un asado que habrían tenido los acusados con Bondarenko una semana antes de que fuera anunciado como candidato libertario en Florencio Varela.

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Bondarenko rechazó las acusaciones de Kicillof y sostuvo que compartió “un asado de camaradería” con los policías, con quienes tenía una relación de amistad.

La Dirección de Asuntos Internos de la Bonaerense tomó acción y allanó las oficinas de los efectivos. Encontraron “gran cantidad de material probatorio y partidario”. Alonso dispuso el pase a disponibilidad de todos ellos mientras continúa la investigación judicial.

Bullrich miente. ¿De dónde surge tanta preocupación por esta causa, ministra? No interfiera con la investigación judicial. No hay nada de lo que dice que sea cierto: la causa por conspiración sigue en marcha, con más pruebas cada día. Ya se lo informé“, escribió el ministro bonaerense en X.

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Alonso la llamó a “no sentirse perseguida por la historia” donde ella “fue acusada por el actual Presidente y que nunca se aclaró”. “Intente no repetir los mismos hábitos: la mentira no conduce a nada. Si están nerviosos por alguna medición electoral que están viendo, no intente intervenir en la Justicia mintiendo. Los hechos son claros”, señaló.

En medio de la investigación, unos presuntos chats entre Bondarenko y los policías acusados se filtraron. Fue ante ello que el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Bullrich, presentó una denuncia por espionaje ilegal, persecución ideológica y abuso de autoridad.

Lo hizo ante la fiscalía general de La Plata y ahora la Justicia debe investigar cómo se accedieron a fragmentos de esas conversaciones. Según la presentación de la cartera, la División de Asuntos Internos recibió pruebas que incluían chats de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

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En su denuncia, el Ministerio de Seguridad aseguró que Bondarenko prestó servicio en la policía durante 25 años donde por “su labor profesional” formó “vínculos con sus compañeros de trabajo, afianzados por toda una vida de relación”.

Reunión Patricia Bullrich con Maximiliano Bondarenko a la que también asistió Sebastián Pareja en el Ministerio de SeguridadValeria Rotman

“Ese grupo de compañeros y amigos, casi familiares de toda una vida —como es natural— se reúnen asiduamente”, explicaron. También negaron que los acusados hayan participado en “supuestos hechos de sublevación” y que, por ende, fueron cesanteados por “razones puramente ideológicas”.

Una semana atrás, la denuncia de Kicillof se redujo a una causa por malversación de caudales por el uso de computadoras oficiales para tareas particulares. Tal como publicó , el fiscal subrogante Álvaro Garganta recibió siete computadoras secuestradas a los policías investigados y pidió realizar un peritaje. En tres de ellas hay documentación señalada como incriminatoria para los efectivos.

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Son notas con el logotipo de La Libertad Avanza con pedidos de acceso a la información para conocer el despliegue policial y de móviles en Esteban Echeverría. Allí se mencionaban trabajos como planes de seguridad. Hay siete policías que son los más complicados porque son los dueños de las computadoras secuestradas.

Aunque Kicillof inició un sumario administrativo contra los policías por realizar actividad política mientras estaban en funciones -lo que es una violación de la ley orgánica de la Policía Bonaerense-, no alcanza para una imputación penal.


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