Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la CGT, confirmó que la central obrera definirá en una reunión, este lunes, la fecha en la que realizará un paro nacional contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que tuvo media sanción del Senado la semana pasada. Según el sindicalista (líder del gremio de trabajadores del vidrio), “están dadas las condiciones” para convocar a la huelga.

La CGT tendrá este lunes una reunión “urgente” de su consejo directivo. El encuentro iba a realizarse a mediados de la semana, pero se adelantó. Jerónimo dijo a Radio 10 que la cumbre tiene “carácter de urgencia para analizar el avance del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados “ y definir “la fecha de un paro nacional, al considerar que existen condiciones políticas y consensos sindicales suficientes para avanzar en una medida de fuerza”.

“Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional”, afirmó Jerónimo, que asumió la conducción de la CGT el año pasado, junto a Jorge Sola (seguros) y Octavio Argüello (camioneros).

La reunión de la cúpula cegetista comenzará a las 11 y será virtual. Dentro de la central conviven posturas dialoguistas y de confrontación plena contra el Gobierno. Los dialoguistas apuestan por incluir cambios en el texto de la ley hasta último momento y valoran que se haya excluido del proyecto la eliminación de la cuota solidaria; los confrontativos alientan el paro y mastican bronca por ítems como el que brinda la posibilidad a los empleadores de pagar un porcentaje del salario durante las licencias laborales.

El apuro de los jefes sindicales se debe a que sospechan que el oficialismo intentará un movimiento rápido para concretar la sanción de la ley en la Cámara de Diputados. Se especula con que el proyecto sea tratado en el recinto de la Cámara baja el jueves, luego de pasar por comisiones y obtener dictamen favorable el miércoles. El paro podría coincidir con el día del tratamiento de la ley. En caso de concretarse, sería el cuarto paro general de la CGT contra el Gobierno.

Para el triunviro de la CGT, con la reforma laboral “se promueve la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas”. Añadió que la ley que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei es “la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas, incluso por encima de procesos de apertura económica previos”.

Entre los puntos de la reforma que cuestionó, Jerónimo señaló la posibilidad de que los empleadores abonen un porcentaje del salario (del 75% o 50%) ante licencias laborales. Sostuvo que la medida es “una locura”, con “impacto directo en derechos adquiridos en materia de salud laboral”.

Tras la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional, la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral junto a las fundaciones partidarias alemanas Friedrich Naumann y Hanns Seidel organizaron una conferencia titulada “La lucha contra la corrupción en la Argentina y en el mundo”.

La charla se propuso ser “un análisis sobre la transparencia y la calidad institucional a mitad del mandato de Javier Milei”. Para eso, tuvo como expositores a Delia Ferreira Rubio, miembro del Consejo Global sobre el Buen Gobierno del Foro Económico Mundial y extitular de Transparencia Internacional; a Konstantin Kuhle, abogado y político alemán, y a Marcelo Bermolén, director del Observatorio de Calidad Institucional de la Austral.

“Milei llegó al poder con una promesa de cambio. El CPI le dio un golpe a esas expectativas”, sentenció Bermolén en su intervención. Es que en 2025, la Argentina bajó un punto y retrocedió cinco puestos en transparencia a nivel mundial, según el informe. “El Presidente está desatendiendo la lucha contra la corrupción, no le ha dado trascendencia a la calidad institucional”, agregó el abogado.

Bermolén comparó los resultados que obtuvo la administración de La Libertad Avanza (LLA) con los gobiernos kirchneristas: “En el 2024, Milei igualaba a la peor performance de Alberto Fernández”. Sumó que, con esta baja, el Gobierno se acerca a los índices de 2012 y cayó por debajo del puesto 100, umbral que no se pudo superar en el mandato de Cristina Kirchner. “En los datos, Milei y Kirchner no son tan diferentes”, aguijoneó.

“Que estemos hablando de que la Argentina tiene esta secuencia permanente de aplazos en el puntaje y en el ranking de transparencia habla de un problema sistémico”, analizó el letrado. “El primer gran problema de la política argentina es que decide que las reglas están para ser modificadas de acuerdo a sus necesidades y no para respetarlas. El debilitamiento intencionado con excusas de costos o ineficiencias le hacen el juego a la corrupción”.

En diálogo con , Bermolén dijo: “Se está dando una involución: Milei no tiene una política de lucha contra la corrupción, no le da importancia. No todo es su responsabilidad, pero el que lidera esa campaña es el Poder Ejecutivo, y él lo encabeza”. En ese marco, aseguró que “la mirada economicista, sin un fortalecimiento institucional, es un camino a medias”.

“Hay un caudal de vertientes que están en juego”, afirmó el abogado al enumerar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la incidencia del Poder Ejecutivo en la cobertura de las vacantes en el Poder Judicial y la independencia de los organismos de control como asignaturas pendientes. De todos modos, Bermolén reconoció que la elección legislativa “funcionó bien, con el uso de la Boleta Única de Papel” y que la libertad de expresión “no está afectada, pero hay reacciones desmedidas”.

Por su parte, Delia Ferreira Rubio puntualizó que el caso “Andis impactó mucho, porque es un caso típico de corrupción que lo puede entender cualquiera, incluso más que $LIBRA”. Estableció que esas causas tuvieron impacto a la hora de formar el CPI. De cara a las próximas elecciones, la especialista en transparencia evaluó: “No creo que vaya a cambiar mucho. Primero debe haber una mejora en la Oficina Anticorrupción y un nuevo Defensor del Pueblo”.

“La corrupción es un problema global, mas allá de la geopolítica”, explicó Ferreira. “No se puede decir que Latinoamérica sea una región corrupta en base a su ADN, ya que Chile y Uruguay son distintos”, planteó. Al cierre, describió: “La polarización hace muy difícil la lucha contra la corrupción. Es como un ajedrez donde jugamos contra piezas corruptas. En 2025 perdimos una pieza importante, que es Estados Unidos, y veremos si Europa puede reemplazarlo. Estamos en un momento difícil, solo hay que mantenernos sin retroceder”.

Konstantin Kuhle, miembro del Parlamento alemán entre 2017 y 2025 por el Partido Democrático Libre, detalló en esa línea que “vivimos en una época con tendencias autoritarias y de aumento de la corrupción”, que deja a los países liberados para la influencia de actores extranjeros estatales o paraestatales. Esbozó así una “corrupción geoestratégica”, al apuntar a regímenes autocráticos como serían los casos de Rusia o China que “buscan influir en los procesos democráticos ajenos”.

“Argentina está en la mitad”, evaluó Klaus Binder, representante para la Argentina de la Fundación Hanns Seidel. “El índice mejoró durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la situación empeoró nuevamente bajo la administración de Alberto Fernández”, recordó. “El informe tiene una conclusión negativa: la corrupción está en alza en todo el mundo, y tiene un efecto negativo en lo laboral y para el capital, ya que hace que sean ineficientes”.

Hans-Dieter Holtzmann, director de la Fundación Friedrich Naumann para Sudamérica, también evaluó el caso argentino: “El país atraviesa un momento de profundas transformaciones. En ese contexto, la transparencia no puede estar relegada a un segundo plano”. El economista sostuvo que “no hay reformas sostenibles sin instituciones sólidas y creíbles, porque la corrupción actúa como un impuesto invisible. Luchar contra ella es un requisito indispensable para que la Argentina vuelva a ser grande”.

En diálogo con este medio, Holtzmann apuntó a que el índice de Transparencia Internacional “ayuda también a traer inversiones del exterior”, dada la importancia que le dan las empresas privadas multinacionales. “En un país federal como la Argentina, luchar contra la corrupción que todavía existe es responsabilidad del gobierno nacional, de las provincias y a nivel local”, agregó.

“En la Argentina estamos en la B, yéndonos a la C. Ojalá podamos estar a mitad de la tabla de la A”, bromeó Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno. “A pesar de que tengan mucho en común con nosotros, en cuanto a la corrupción, Uruguay y Chile nos ganan por goleada”, consideró. “Tenemos una asignatura pendiente: hay que formar funcionarios que tengan convicción por lo público y que no estén tentados por el cargo para beneficiarse. Toda institución mejora de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, con el ejemplo”.

Por último, se pronunció Gabriel María Astarloa, decano de la Facultad de Derecho. Describió que “la transparencia, además de un marco normativo que es un auxilio, es una cuestión de actitud por parte de los funcionarios públicos”. Y cerró: “La lucha contra la corrupción se tiene que transformar en una épica, no en un discurso. Nos hace falta una épica, una convicción, perseverancia, coherencia y ejemplaridad”.