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Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

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Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.

Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.

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Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).

En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.

Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.

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La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.

Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.

Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.

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El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.

Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.

Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.

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Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.

El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.

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El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.

Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.

La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.

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El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.

El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.

La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.

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Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.

Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.

La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.

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Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.

El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.

El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.

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Kicillof: “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad concreta de ponerle un freno a Milei”

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En medio de un escenario político marcado por las tensiones internas y la proximidad de las elecciones, Axel Kicillof trazó un diagnóstico económico y político de la coyuntura nacional, con especial énfasis en la gestión de Javier Milei y en la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones. “Hay que ganar en octubre, pero septiembre es la posibilidad de ponerle un freno a Milei en una sola boleta”, afirmó durante una entrevista en Infobae en Vivo.

El gobernador bonaerense también se refirió a las definiciones de su espacio de cara a los próximos comicios y reveló que en su momento propuso a Jorge Taiana como posible candidato, aunque no por su figura en particular, sino porque representaba un perfil que consideraba adecuado. “Taiana podía ser un candidato que era bueno, porque buscaba un perfil que me parecía interesante y positivo”, explicó el gobernador.

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No obstante, rápidamente matizó su postura y evitó alimentar especulaciones sobre disputas internas: “Estoy conforme con cómo estamos, los pormenores son cosas que dirimimos internamente”. Así, el mandatario bonaerense deslizó que si bien existieron debates dentro del espacio político, hoy no hay cuestionamientos hacia la lista que finalmente se presentó.

Kicillof eligió no ahondar en los detalles de esas discusiones, aunque reconoció que “es lógico que la interna dé morbo” y admitió que eso “está bueno para la noticia”. Sin embargo, dejó en claro que no es su intención escalar esas diferencias en público. “No está mal discutir, pero hay que hacerlo puertas para adentro y darle a la gente una buena alternativa”, puntualizó.

Durante la entrevista, Kicillof dejó varias definiciones sobre el presente político, la situación económica y el rol del peronismo. En ese contexto, también abordó su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. “Últimamente estuvimos hablando mucho con Cristina”, confirmó el gobernador, sin mayores precisiones, aunque sin mostrarse incómodo por la mención de la expresidenta: “No me molesta que me pregunten por ella”.

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El mandatario bonaerense puso el foco en la situación económica y cuestionó el rumbo que tomó el Gobierno nacional. Aseguró que las políticas impulsadas por Javier Milei están provocando un fuerte deterioro en las condiciones de vida de la población: “La economía no repuntó nunca, empezamos diciendo que iba a ser una V de tres meses, pero hoy la guita no alcanza”. Según explicó, sectores que “antes llegaban con lo justo a fin de mes, hoy se quedan sin dinero el día 15″.

En esa línea, cargó contra el enfoque del oficialismo nacional: “No hay errores ni problemas de calibración, es que como dijo el propio Milei, no se encarga de la micro, que es el bolsillo de la gente”.

El Gobernador insistió en que el plan económico actual presenta similitudes con experiencias pasadas. “Este programa económico es muy parecido, con sus particularidades, al de Cavallo: planchar el dólar, abrir las importaciones, mantener salarios y jubilaciones bajas”, enumeró.

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“Nosotros no polemizamos las declaraciones. Milei nos interrumpe todo, la obra pública, nosotros en la medida de lo que podemos, seguimos invirtiendo, interrumpe los remedios y nosotros evitamos que los enfermos de cáncer sigan empeorando, nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, afirmó Kicillof, al enumerar una serie de decisiones del Gobierno nacional que, según explicó, afectaron directamente áreas sensibles de la gestión en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, reiteró su mirada crítica sobre el rol del Estado nacional en el vínculo con las provincias. Aseguró que Nación interrumpió fondos para obra pública, medicamentos y seguridad. “Nos cortó el presupuesto para la seguridad, pusimos un fondo provincial para mejorar”, dijo. Y agregó: “Veo un Gobierno que está empezando a hacer agua por todos lados”.

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Siguiendo esa línea, sobre la situación de la seguridad, indicó que su gestión invirtió en infraestructura, equipamiento y plazas carcelarias. “Cuando llegamos teníamos sobrepoblación en las cárceles. En nuestro gobierno tenemos 9.000 nuevas plazas carcelarias, si no nos hubieran cortado los fondos nacionales, tendríamos 12 mil”, apuntó. También detalló que en La Matanza hoy hay 420 patrulleros, mientras que al asumir “no teníamos patrulleros, chalecos antibalas, no tenían el armamento en condiciones”. A pesar de las mejoras, reconoció que “cada hecho de inseguridad sigue doliendo y se hace política del dolor”.

Al cierre, al ser consultado sobre el panorama en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones, Kicillof sostuvo que Milei perdió todas las elecciones, desde su reelección hasta el balotaje presidencial. “En PBA hay cosas del Gobierno, de sus políticas, que no convencen a nadie, como la obra pública, hay banderazos en distritos que no nos votan porque las rutas están abandonadas”, ejemplificó.

Por último, Kicillof también se refirió al debate sobre el desdoblamiento electoral y defendió la decisión de sostenerlo. “Hay un problema de implementación, nunca hubo BUP en la provincia, entonces iba a haber dos urnas en las mesas, no podíamos hacerlo porque somos 17 millones de habitantes”, explicó.

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Así, sin nombrar candidatos de forma explícita ni profundizar en los debates internos, el gobernador dejó en claro que sus decisiones electorales están guiadas por una lógica colectiva. “El único adversario que tenemos es Milei, y no él como persona, sino sus políticas”, concluyó.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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• De 18 a 21: Jesica Bossi, Virginia Porcella, Federico Mayol y Diego Iglesias.

La entrevista completa la podés encontrar en este enlace.

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Fuertes críticas al permiso para que los bitrenes circulen en todas las rutas

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Diversas críticas aparecieron este martes en relación a la nueva resolución del Ministerio de Economía que permite la libre circulación de los camiones bitrenes en toda la Argentina. Previamente, los vehículos tenían restricciones zonales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la medida “baja los costos de la logística para la producción”. “La resolución, con firma de Luis Caputo, habilita la circulación de bitrenes por casi la totalidad de la red vial nacional. El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país“, detalló.

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Un bitren es un vehículo de carga compuesto por un camión tractor y dos remolques vinculados por un acople de tipo “B”, o plato de enganche, que se inserta en la categoría de vehículos combinados de alto rendimiento (High Capacity Vehicles o HCVs en inglés). Según el Foro Internacional del Transporte, estos contribuyen a la descarbonización del transporte porque reducen la cantidad de emisiones de carbono necesarias por viaje en un rango del 15% al 40%.

Sturzenegger había señalado que, previamente, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por tramos muy específicos, “inconexos y que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales. “Con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles!“, explicó.

Sin embargo, distintas figuras de la política se manifestaron en contra de la decisión de la gestión libertaria. La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli apuntó fuertemente contra la medida.

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“¡¡¡Esto es una locura!! En rutas de dos carriles y llenas de pozos… ¿Qué pretenden? Que nos matemos todos tratando de sobrepasarlos? No entiendo por qué hacen esto sin pensar las consecuencias en vidas de personas ⁦@fedesturze⁩. ¿Tanto les pide Moyano?“, arremetió.

Otro diputado, Eduardo Toniolli de Unión por la Patria, trató de “criminal” a la medida. “Habilitar camiones bitrenes para circular por rutas detonadas, al mismo tiempo que degradan el transporte ferroviario. Otra decisión criminal del régimen de Milei”, apuntó.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se manifestó en contra. y criticó específicamente a Sturzenegger. Marinucci advirtió que la decisión “pone en riesgo a quienes circulan por las rutas del país”, ya que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”.

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Además, cuestionó la falta de mantenimiento de la infraestructura vial del Gobierno, que “lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento de gran parte de la red nacional”. “Es una bomba a punto de estallar”, sumó.

Para concluir, envió un mensaje directo al ministro de Desregulación: “Si de verdad quieren hablar de impulsar la industria y la producción, lo primero que deberían hacer es dejar de destruir la matriz productiva nacional. Porque crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan”.


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El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos sobre jubilaciones y discapacidad

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El Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Se trata una de las opciones más fuertes que tiene en carpeta el Ejecutivo, que planea solicitar la nulidad de la sesión en el Senado en la que se votaron las iniciativas. La otra apunta al fuero Contencioso Administrativo.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, está a cargo de la estrategia legal del oficialismo en conjunto con su mesa de abogados, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro. “Vamos a intentar dilatar la aplicación de la ley todo lo que nos permita la Justicia”, expresan en Nación.

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En la Casa Rosada rechazan el argumento de que el veto haya validado la sesión y aseguran que agotarán todas las variables en carpeta para llegar a las elecciones legislativas sin realizar la erogación presupuestaria. “Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar”, manifiestan.

En Balcarce 50 aseguran además que no preparan una medida para compensar los vetos con aumentos jubilatorios o con una recomposición de las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que está en la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones. “Vamos a seguir recortando pensiones”, agregan.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, están a cargo de las negociaciones parlamentarias (Foto: REUTERS/Mariana Nedelcu).

El Gobierno mantiene la intención de argumentar que la autoconvocatoria de Senado es ilegal y que lo aprobado durante la sesión del jueves no tiene validez. Planea invocar el artículo 32 del reglamento de la Cámara Alta, que fija la convocatoria de sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias entre las atribuciones del Presidente.

Otro de los argumentos que tiene en carpeta el Ejecutivo es el impacto fiscal de la medida, que ya lo incluyó en los considerandos del veto. Insiste además en que las fuentes de financiamiento de la ley no contemplan más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla y apela a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

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La Casa Rosada amenaza además con vetar el proyecto que aumenta los fondos para las provincias en caso de que se convierta en ley. Se trata de la iniciativa que busca incrementar la distribución regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar la distribución del impuesto a los combustibles.

En Balcarce 50 reconocen que esperan una “sesión negra” este miércoles en la Cámara de Diputados, aunque los funcionarios que mantienen contacto con los bloques aliados intentaron sumar adhesiones hasta última hora para conseguir el número de 86 diputados que les permite sostener los vetos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, están a cargo de las negociaciones parlamentarias.

Gobierno, Corte Suprema, veto

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