POLITICA
Un juicio de alto voltaje en Rosario: acusan al exjefe de los fiscales por cobro de sobornos
ROSARIO.-Patricio Serjal, el exfiscal Regional acusado de formar una asociación ilícita para encubrir el juego clandestino en la provincia, comenzó a ser juzgado en Rosario, en un proceso que tiene una fuerte incidencia política, ya que en esta causa está imputado como jefe de una asociación ilícita el actual senador peronista Armando Traferri, quien hasta hace una semana participó de la reforma de la Constitución.
Este no es un juicio más, debido a los intereses que están en juego por el peso político de los imputados -además de Serjal está otro funcionario en el banquillo, que se llama Nelson Ugolini-, sino también porque tiene incidencia sobre otros actores y causas, entre ellos el fiscal Matías Edery.
Edery va a ser cuestionado, tanto por su rol en la investigación que derivó en que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti se presentara como arrepentido y en la relación que el funcionario tenía con Mariana Ortigala, una extestigo que terminó presa por extorsión.
El martes declaró que el actual ministro de la Corte Suprema Jorge Baclini, por el rol que tuvo como fiscal general en el momento en el que se desarrolló la investigación sobre juego clandestino. Serjal está acusado de cobrar sobornos de 5000 dólares de parte de Leonardo Peiti, quien declaró como arrepentido y aceptó un juicio abreviado, como también lo hizo el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, que era colaborador de Serjal.
En su declaración, Baclini realizó una cronología sobre cómo se enteró de que Serjal estaba siendo investigado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Edery. En ese relato, el actual ministro de la Corte contó que después de que Peiti admitiera que pagaba sobornos a dos fiscales para evitar que le abrieran una investigación, Serjal presentó su renuncia.
El exjefe de fiscales destacó también que la declaración de Peiti duró varias horas y fue reveladora para la Fiscalía. “Dijo que pagaba cuatro o cinco mil dólares mensuales, mencionó a Gustavo (Ponce Asahad) y a Patricio (Serjal). Cuando terminó, lo llamé a Serjal y le conté. Me ofreció su renuncia, eso fue un viernes al mediodía. Al otro día, la firmó”, indicó.
La fiscalía pidió 12 años de prisión para Serjal y cinco contra Ugolini. En la primera jornada del juicio, los abogados Ignacio Carbone y Renzo Biga plantearon que Serjal fue condenado antes de que comenzara el juicio. “La condena fue mediática”, afirmaron. El exfiscal estuvo preso casi un año y medio, en plena pandemia, en el Order, y logró salir de la prisión después de que se detectara un fuerte deterioro en su salud, debido a una fuerte depresión.
Serjal siempre rechazó la posibilidad de sellar un juicio abreviado y admitir su culpabilidad, porque se consideró inocente, según explicaron desde su entorno. Por eso, decidió que el caso llegue a juicio y que su defensa exponga las pruebas que, de acuerdo a su visión, determinan que el exfuncionario no tuvo nada que ver con el cobro de los sobornos.
El exfiscal Ponce Asad, que era un hombre cercano a Serjal dentro del MPA, admitió en una declaración como arrepentido el cobro de coimas de parte del senador Traferri, que le garantizaban, en teoría, que Peiti no iba a tener complicaciones judiciales, en momentos en que tenía aspiraciones a quedarse con el manejo del juego online legal. Si se abría una investigación en su contra, no tendría chances de llegar a tener la concesión del juego, algo que nunca ocurrió.
El fiscal José María Caterina, que interviene en este juicio como acusador, junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, señaló que en el debate, que se extenderá por unas tres semanas, van a intentar demostrar “cómo se fue brindó una cobertura judicial a toda una operatoria de juego clandestino que también tenía nervaduras políticas por parte de civiles, empresarios y demás personas que lamentablemente no todos han podido llegar a este juicio ahora”.
Este juicio será clave para un capítulo que se abrirá en un futuro cercano, que tiene como protagonista a Traferri. Si la fiscalía logra una condena contra Serjal y el tribunal admite que se trató de una trama de corrupción, que incluyó a fiscales en ejercicio, como Serjal y Ponce Asahad, el senador estará en una situación complicada cuando la causa llegue a juicio. Pero si sucede lo contrario, que la defensa de Serjal logra convencer a los jueces de que hubo maniobras irregulares para obtener pruebas y testimonios, como el de Peiti, el legislador de San Lorenzo respirará aliviado.
Traferri fue imputado como jefe de una asociación ilícita en octubre del año pasado. Las acusaciones fueron desplegadas por los mismos fiscales que acusarán a Serjal en este juicio.
La defensa del exfiscal Regional planteó que no contó con pruebas claves, que se negaron a suministrarle en el MPA, como la pericia del teléfono Xiaomi que pertenecía a Mariana Ortigala, y que tampoco lograron acceder a la información que tiene el Smartphone de Edery, que está siendo investigado por fiscales de la ciudad de Santa Fe, por la relación inapropiada que tenía con esta mujer, que actualmente está detenida por llevar adelante extorsiones en nombre de la banda de Los Monos.
“Lo preocupante para esta defensa es que a la fecha no hemos podido obtener la evidencia en cuestión”, plantearon Carbone y Biga en una serie de escritos que presentaron antes del juicio.
“El pedido de esta defensa no radica simplemente en haber sido Edery, el fiscal en la causa contra Serjal, sino que, particularmente en el marco de la investigación llevada a cabo contra nuestro asistido es donde se habrían llevado a cabo todas – o gran parte – de las conductas ilícitas imputadas al fiscal Edery. El derrotero de esta defensa en procura de acceder a la evidencia se ha vuelto un “laberinto” procesal que nos lleva a una “encerrona jurídica”, privando a un justiciable el legítimo derecho de defenderse, bajo el argumento evasivo que este otro fiscal en mejores condiciones para recibir nuestro planteo”, afirmaron los abogados de Serjal.
Desde un principio Traferri argumentó que la causa, en la que el capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti declaró que pagó 250.000 dólares para apoyar al peronismo en la campaña electoral, fue armada por Marcelo Saín, quien fue ministro de Seguridad y estuvo a cargo del Organismo de Investigaciones del MPA. Dijo además que Schiappapietra y Edery eran una especie de brazo judicial de Saín. Afirmó, además, que cuando estos dos funcionarios fueran corridos de la causa, él se iba a presentar, algo que ocurrió en octubre de 2024. En esa audiencia, el fiscal Caterina lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita.
Peiti confirmó en diálogo con este periodista hace unos meses que pagó esa suma y que su objetivo era que el gobierno de Omar Perotti le diera una modalidad de juego electrónico legal, algo que nunca ocurrió.
Peiti, a la par, habría pagado sobornos a los exfiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad. Este último admitió su culpabilidad y firmó un juicio abreviado. Serjal niega que él cobrara esa suma de dinero.
Ponce Asahad admitió que Peiti aportaba unos 5000 dólares por mes para que si aparecía una causa en su contra le avisaran. Necesitaba estar “limpio” para quedarse con el juego online oficial. Además, le entregó a Los Monos salas de juego clandestino en concepto de las extorsiones que recibía de la banda criminal. Los Cantero le exigían 500.000 dólares y un canon de 30.000 dólares por mes.
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POLITICA
Habló el diputado fracturado de un cabezazo en Tucumán: “Quizás me tengan que volver a operar”
El diputado nacional Federico Pelli reapareció y contó cómo se recupera luego del episodio que lo dejó con una fractura de tabique, mareos y fuertes dolores de cabeza al recibir un cabezazo cuando intentaba entregar donaciones a damnificados por las inundaciones en La Madrid, Tucumán. “Recuperándome de a poco”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza (LLA) ante la periodista Cristina Pérez por LN+, mientras detallaba las secuelas físicas del ataque: “Fui intervenido quirúrgicamente por una fractura de tabique. Tengo mareos y dolores de cabeza”.
El legislador manifestó su solidaridad con las personas de La Madrid que sufren pérdidas materiales y relató que la colecta impulsada por la fuerza libertaria en Tucumán fue considerable: “No eran tres colchones como se dijo. Cuando tuvimos lo suficiente empezamos a distribuir”. Según Pelli, en el momento de la entrega un grupo liderado por un hombre identificado como Marcelo Segura les impidió el paso. “Me dijo ‘soy el que no los va a dejar pasar’. Le estaba preguntando quién se creía que era y en el momento menos pensado recibí el ancazo”, narró el diputado.
El hecho ocurrió en la entrada de la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por las lluvias en el norte argentino, donde muchas familias debieron autoevacuarse debido al desborde de los ríos Marapa y San Francisco.
Pelli denunció que el accionar de la policía provincial fue “patético”. Según su versión, los agentes no intervinieron para reducir al agresor tras el incidente. “La gente de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detengan”, afirmó en diálogo con LN+. El episodio derivó en una intervención quirúrgica y, según expresó el legislador, “quizás me tengan que operar por segunda vez”.
El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, oriundo de San Miguel de Tucumán y vinculado laboralmente al gobierno provincial. Según se informó, Segura figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con el último registro salarial en febrero pasado, y trabajaría como personal de seguridad en dependencias del Ministerio del Interior tucumano. Medios locales indicaron que la defensa de Segura está a cargo del abogado Ernesto Baaclini, quien sostuvo que su cliente está “arrepentido” y que la agresión ocurrió tras una discusión previa, sin planificación.
La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Miguel Varela, quien deberá determinar si Segura será imputado por lesiones graves. Pelli fue evaluado por un médico forense y, según los profesionales del Hospital Regional de Concepción, sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal, además de la fractura del hueso nasal. Tras una tomografía, se descartó lesión cerebral. “Fue una desgracia con suerte”, explicó uno de los médicos al ser consultado por medios locales.
El ataque se produjo mientras Pelli, junto con los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, intentaba ingresar a La Madrid para entregar colchones y artículos de primera necesidad a las familias afectadas. En las imágenes difundidas en redes sociales, puede observarse el breve intercambio verbal entre el legislador y Segura: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”, preguntó Pelli antes de recibir el golpe que le provocó la fractura y una hemorragia facial.
El presidente Javier Milei también se refirió al hecho con un mensaje en redes sociales: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO…”. El bloque de diputados libertarios sumó su repudio en un comunicado donde subrayó que la actividad solidaria se desarrollaba en el marco de la emergencia por inundaciones y que la violencia “no va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga”.
Pelli lamentó que persistan “estas prácticas por parte de gente cercana a la política y al poder” en Tucumán, y señaló que “claramente mucha gente relaciona a esta persona al Ministro del Interior”. El legislador no descartó la posibilidad de una nueva cirugía y expresó su decepción por la persistencia de la violencia ligada a sectores políticos en la provincia.
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POLITICA
Un audio con la voz del capitán del ARA San Juan abrió una fuerte polémica en el juicio de Río Gallegos
EL CALAFATE.- Con una fuerte controversia por la difusión de un audio con palabras del capitán de navío Pedro Martín Fernández, comandante del submarino ARA San Juan, y la falta de definiciones sobre el secreto militar que se impone a documentos claves de la causa, se reinició este lunes en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del buque y la trágica muerte de sus 44 tripulantes, ocurrido en noviembre de 2017.
El material sonoro, registrado durante una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina celebrada entre el 29 y 30 de abril de 2017 en la Escuela de Submarinos y Buceo, puso otra vez en el centro de la escena la situación técnica de la nave poco tiempo antes de su hundimiento, en un juicio donde se trata de establecer cuáles fueron las condiciones con las que salió a su última misión.
La audiencia de hoy, en la que se debate la responsabilidad de cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina -el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide, el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa- se extendió por diez horas y media con breves cuartos intermedios y fue transmitida por la plataforma Zoom del Poder Judicial, ya que dos de los tres abogados querellantes siguen el juicio a distancia.
En el audio reproducido en la sala se escucha la voz del capitán del ARA San Juan siete meses antes del hundimiento, en el cual informa a sus pares el estado en que se encuentra el submarino: “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros, una velocidad autoimpuesta a máxima etapa 3 y como importante la indiscreción del ruido de la línea de eje al momento de parar máquinas”, sostiene la voz del comandante Fernández, fallecido en el hundimiento.
El audio fue difundido por el capitán de navío Villamide durante su declaración indagatoria.
Según se reconstruyó en esta jornada del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, aquel encuentro, convocado por el capitán de navío Gabriel Attis, reunió a 21 oficiales submarinistas expertos, incluidos los comandantes de los submarinos ARA Salta y ARA San Juan. El propósito central consistió en analizar el reemplazo de la clase alta de submarinos por unidades de sexta generación, que incluyó un diagnóstico pormenorizado del ARA San Juan.
En el mismo registro, el capitán Fernández detalló la actividad desarrollada durante los primeros meses de 2017 por el ARA San Juan, explicó que el itinerario incluyó una navegación en enero, pruebas de capacidad de baterías durante dos semanas y una participación de ocho días en la primera etapa de la ejercitación conocida en la Armada como Coflomar.
Además, el oficial mencionó el adiestramiento realizado con aeronaves, un lanzamiento de torpedo de ejercicio y el traslado desde Mar del Plata hacia Puerto Belgrano, operativo que duró tres semanas y tuvo como fin el recambio de los dos periscopios del buque.
La primera difusión del audio se dio durante la declaración indagatoria de Villamide, sin que las familias que seguían el juicio estuvieran advertidas, lo cual generó la reacción de los abogados querellantes y de los miembros del Ministerio Público Fiscal que cuestionaron la difusión del audio. Ayer en el reinicio del juicio, la defensa de Villamide adelantó ante el Tribunal que volverían a utilizar el audio con la voz del capitán Fernández, alegando el derecho a defensa de su defendido.
“En atención a un pedido expreso formulado por las querellas esta defensa quiere avisar que va a utilizar en estas audiencias y en las que sea necesario el audio con el capitán Fernández que hemos pasado antes”, afirmó el abogado Juan Pablo Vigliero de la defensa del capitán Villamide y aclaró que la familia del capitán Fernández no estaba representada en la causa.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Gastón Pruzán pidió que se utilice el acta escrita en vez del audio tanto para no afectar a las familias como para no perjudicar el secreto militar hasta tanto sea resuelto como exponer esa información en sede judicial, considerando que se trataba de una reunión privada de la Armada.
En la misma línea, la abogada querellante Valeria Carreras cuestionó la autenticidad del audio y la forma en que el mismo llegó a manos del ahora destituido de la Armada, en tanto que su par Luis Tagliapietra cuestionó que no estaba certificado que quien hablara en el audio fuera efectivamente la voz del capitán Fernández.
Tras una deliberación, el Tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi y los vocales Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini decidieron admitir la reproducción del audio como prueba, y “resulta pertinente y útil, por consiguiente es un elemento que hace al derecho a defensa”, según detalló Reynaldi.
En la misma línea, el tribunal advirtió que debía ser avisado con anticipación, cuando el audio fuera a ser utilizado. Sobre el punto, tanto la fiscalía como las partes querellantes hicieron reserva federal del caso.
El audio del capitán detallando el estado del ARA San Juan en abril de 2017 se reiteró durante la declaración testimonial que brindó en la audiencia de hoy, durante varias horas, el capitán de navío Fabián Walter Krawinkel, quien fue jefe del Proyecto Submarino de la Dirección General del Material Naval, área de la cual dependió la reparación y revisión técnica de media vida por la que pasó el ARA San Juan entre 2007 y 2014.
El audio y las actas, al igual que otros que ayer se mostraron durante el juicio tienen la calificación de “secreto militar”, situación por la cual el presidente del tribunal advirtió que aún estaban a la espera de que el departamento jurídico del Ministerio de Defensa determine levantarlo para diferentes pruebas que se mostrarán en el proceso, dado que el decreto 615 de 2024 modificó la Ley de Inteligencia nacional y ahora los archivos vinculados a Defensa y Seguridad deben contar con la autorización de la SIDE.
Para salvar esta situación se acordó que la Fiscalía, dentro de la prueba que muestre, hasta tanto se reciba la aprobación de la SIDE, exhiba de forma parcial los documentos, omitiendo la misión de los buques de modo que no comprometa la política exterior del país.
La controversia que sacude al juicio radica en la percepción de los hechos por parte de las distintas partes. Mientras los querellantes sostienen que las limitaciones que se fueron reflejando a largo de la jornada debieron encender alarmas de seguridad, desde las defensas de la estructura de mando implicadas se argumentó que el barco contaba con las reparaciones previstas por la normativa naval, también se mencionó que había constancia de todos los mandos que el ingreso a dique del ARA San Juan quedó formalmente previsto para el primer semestre de 2018.
El juicio avanza ahora hacia etapas donde se analizarán con mayor profundidad los informes técnicos sobre las pruebas realizadas y las condiciones de las baterías. La mención sobre la limitación a 100 metros de profundidad constituye un dato que los peritos analizan bajo la lupa, intentando establecer si existió una relación directa entre las condiciones operativas informadas en abril de 2017 y el trágico desenlace registrado en el Atlántico Sur.
Mariela Arias,Conforme a
Nuevos mensajes y documentos revelan transferencias millonarias desde de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a empresas de Fabián Saracco, el empresario santiagueño que manejaba los fondos de la entidad antes de Javier Faroni y que sería una persona muy cercana a Pablo Toviggino.
Concretamente, se investiga un esquema que habría desviado hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con el tesorero de la AFA en el centro de la escena.
Según los chats en poder del juez Luis Armella, una persona agendada como “Tovi II” le da indicaciones claras a Juan Pablo Beacon sobre cómo armar facturas con montos millonarios en dólares que se debían enviar a la firma Odeoma, con sede en Madrid, España.
“Ponele recibo 8836, monto 1.824.000, fecha 24 de enero de 2022”, detalla la supuesta conversación. Sería una indicación de Toviggino a Beacon. En otro chat le agrega: “Perdón hermano, es pago cancelatorio, no pago a cuenta”.
Entre 2019 y 2021, la AFA envió unos U$S60 millones a tres firmas de Saracco: Odeoma, Q22 y Stratega. El dinero salía de los sponsors de la Selección, por supuestos servicios que estas firmas le proveían a la AFA y por rescisiones de contratos. Es que cada vez que se rescindía el contrato con alguna de estas, la AFA debía pagar montos resarcitorios.
Se cree que todas eran maniobras para llevar el dinero de la AFA al exterior.
Así en otro supuesto chat, Tovi II ordena transferir fondos a Q22 y un tercero, US$144.000 a Stretega. “Importe 144.000, cliente AFA”, le habría dicho Tovi II a Beacon en otro supuesto chat que está siendo analizado por la Justicia.
Luego todos estos millones de dólares enviados a las firmas de Saracco se trasladaban a cuentas en Miami a través de un complejo entramado de facturas apócrifas, como las ya reveladas por TN: Samtak, Bambo y ML.
Cómo entraba la plata al país
Según los chats, el dinero se cobraba cash en la Argentina a través del primer financista de la AFA. Esa persona sería Diego Martín Pasztor, que luego fue reemplazado por Fabián Krunkli, alias Fiño.
Pasztor habría sido el financista de la AFA durante el lapso en el que la AFA enviaba el dinero a las firmas de Saracco, luego con el ingreso de Faroni al negocio, Pasztor se movió para cederle su lugar a Fiño.
En una conversación, se habla de entregar “800 K” en efectivo. En otro audio, se escucha al propio Saracco decirle a Beacon que “no se preocupe” si no pueden cumplir con lo prometido a “Pablo”, en lo que se cree es una referencia a Toviggino. Todo está en investigación.
Toda esta plata también se habría entregado en efectivo en la Argentina. Pasztor habría trabajado en una cueva en Avenida Corrientes al 327. Se trata de un modus operandi muy similar al de Fiño, que operaba en una cueva de Corrientes 456 piso 3.
De esta manera, se confirma que Saracco fue el intermediario principal de la AFA para mover dinero en el exterior, a través de firmas como Q22. Luego asumió ese rol la sociedad TourProdEnter del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que transfirieron casi 55 millones de dólares a sociedades en Miami.
Pasztor, por su parte, ya había sido procesado entre 2019 y 2021 por lavado de activos en el fuero Penal Económico, precisamente por descuentos irregulares de cheques y financieras sin respaldo real de servicios, según consignó el diario La Nación.
La causa, que ya cuenta con un sumario confidencial del BCRA y chats incorporados como prueba, busca determinar si se trató de una sistemática evasión cambiaria y posible lavado.
En el expediente ya fueron incorporados chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias. Parte de esa documentación fue revelada en informes periodísticos que indicaron que TourProdEnter habría enviado unos 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente fantasma.
La investigación busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.
Según la hipótesis que analiza la Justicia, una parte de esos recursos habría sido desviada hacia compañías radicadas en Estados Unidos. Luego, parte del dinero habría regresado al país en efectivo.
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