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POLITICA

Un régimen penal juvenil para la opinión pública

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El jueves 12 la Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo régimen penal juvenil. Dos narrativas se disputan la explicación sobre lo sucedido. La primera, la de los impulsores del proyecto, es que la política ha “saldado una deuda histórica” con la sociedad, que en porcentajes abrumadores inundaba las encuestas con respuestas afirmativas a la pregunta de si bajar la edad de imputabilidad a 13 o 14 años. La segunda, proveniente del progresismo, achaca a los representantes haber sucumbido ante la ira de una turba punitivista e irreflexiva.

Ambas narrativas comparten una premisa discutible: que los diputados se hayan limitado a hincarse ante la opinión pública. Las encuestas, con un 60, 70, 80% de respuestas a favor de bajar la edad, pueden parecer terminantes. Sin embargo, el tránsito de una encuesta a una política pública no es lineal: una ardua tarea interpretativa separa las dos o tres respuestas binarias que pueden obtenerse de una encuesta y la complejidad de una política pública que debe enfrentar los dilemas del mundo real. La opinión pública es genérica y abstracta; la redacción de una ley, en cambio, exige definiciones, especificaciones, detalles. Sobre estas decisiones, entonces, deberemos juzgar al Congreso.

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Hagamos el ejercicio de tomar las encuestas por lo que dicen que valen: una enorme mayoría de los encuestados cree que a los 13 o 14 uno entiende la criminalidad de ciertos actos y puede recibir un reproche estatal al respecto. No sabemos por qué hechos, con qué garantías, ni con qué penas, y hasta donde sé no ha habido un esfuerzo serio por entenderlo. Es difícil, entonces, guiarse por estas encuestas al momento de diseñar un sistema concreto.

Nos queda, entonces, lo que han dicho los miembros del Gobierno que se han erigido en voceros de este reclamo. Sus figuras más visibles han militado este proyecto con un eslógan sin mucho sentido: Delito de adulto, pena de adulto (¿cuáles serían los “delitos de niño”?). Cuando buscan explicarlo, sin embargo, siempre lo ejemplifican con los mismos delitos: homicidio y robo con armas. Una asesora presidencial lo dijo con todas las letras: “Se aplica a delitos graves. No estamos hablando de una simple travesura, sino de delitos graves como robo a mano armada, violaciones, asesinatos… Delitos que del otro lado tienen una víctima real que merece justicia”. Evidentemente, de lo que se trata aquí es de castigar delitos gravísimos.

Otros aspectos del discurso oficialista dan más pistas sobre el tipo de ley que, en su concepción, debería sancionarse. Por ejemplo, ha sido muy frecuente la apelación a unirse a otros países de la región, que han fijado su edad de punibilidad en 12, 13 o 14 años. Además, la mayoría de los diputados oficialistas han enfatizado la necesidad de “resocializar” a los adolescentes que han cometido delitos, permitiéndoles salir de su situación y encontrar un lugar legítimo en la sociedad.

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Si estas motivaciones son sinceras, sin embargo, el proyecto votado no las honra. La Cámara Baja ha sido víctima de una dinámica política patológica, conocida como polarización de grupos: cuando un grupo ha adoptado una decisión, se premia a quienes impulsen ir en esa dirección y se castiga a los que planteen prevenciones o matices. El Senado tiene una oportunidad de mejorarlo; no para acercarlo a lo que piden sus detractores sino, precisamente, para hacerlo más parecido a lo que ellos mismos dicen defender.

En primer lugar, ¿por qué no limitar la pena de prisión a los delitos más graves? Alcanza con imaginar las infracciones al Código Penal que podría cometer cualquier adolescente de cualquier estrato social para darnos cuenta de que su aplicación automática sería ilógica: un graffiti podría ser delito de daños; truchar consumiciones en un boliche, delito de estafa; lastimar a alguien en una pelea en un boliche, lesiones graves, y así. Es difícil asumir que una mayoría cree que la pena de prisión para estos casos sea una respuesta racional o proporcionada.

Sin embargo, el proyecto actual mantiene la pena de prisión para todos los delitos del Código Penal. Es cierto que se prevén algunas salvaguardas para que los adolescentes puedan evitar la prisión, por ejemplo, si es su primera imputación, pero está siempre como amenaza incluso para los delitos más leves. El proyecto prevé, también, que los fiscales puedan optar por no perseguir ciertos delitos (el llamado “principio de oportunidad”), pero, inexplicablemente, lo hacen de tal modo que es más severo con los adolescentes que con los propios adultos. El Senado fácilmente podría corregir estos aspectos. Si es necesario, podría invocar incluso justificaciones presupuestarias o pragmáticas: un proyecto que prevé castigar todos los delitos, incluso los más leves, no solamente es más irracional, también es más lento y caro.

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En segundo lugar, si es necesario acercar la legislación argentina a la de los países vecinos, podrían imitarse otros aspectos tanto o más importantes que la edad de imputabilidad. El proyecto, por ejemplo, mantiene las escalas de pena de los adultos, con un límite superior de 15 años de prisión. Esta asimetría es paradójica: se reduce, de hecho, la pena de los delitos más graves, mientras la de los más leves se mantiene igual. En contraste, los países que suelen mencionarse como modelo no solo tienen máximos más bajos (tres años en el caso de Brasil, cinco o diez en Chile y Uruguay, ocho en Colombia), sino que también reducen proporcionalmente la pena junto con la edad. El Senado podría proponer imitar a nuestros vecinos también en esto.

Finalmente, si la vocación de la mayoría es lograr la resocialización de los adolescentes que han cometido delitos, la clave estará en la partida presupuestaria (hoy insuficiente) que permita la implementación del proyecto, especialmente por parte de las provincias con la deseable asistencia del Estado Nacional. Sin embargo, hay una modificación que puede incluirse fácilmente: prohibir que los adolescentes conserven un registro de antecedentes penales, que lo obligaría a dar explicaciones a cualquier empleador futuro cuando realmente esa posibilidad de resocialización exista.

Se trata de reformas concretas, poco ambiciosas y fácilmente justificables para legisladores de cualquier partido político. Se trata también, uno puede permitirse creer, de normas que serían apoyadas por una mayoría de la sociedad si existiera un debate público robusto al respecto, y no simplemente una lectura temerosa de las encuestas.

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A qué hora termina el paro de la CGT por la Reforma laboral de hoy, jueves 19 de febrero

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La Confederación General del Trabajo (CGT) concreta su cuarta huelga general contra la administración de Javier Milei en simultáneo con el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. El cese de actividades afecta el funcionamiento del transporte, la administración pública y el sistema financiero tras la determinación del consejo directivo sindical de endurecer su posición frente al Gobierno. La protesta se desarrolla sin movilización oficial de la central, aunque algunos sectores estatales decidieron marchar por cuenta propia.

Cuándo finaliza la medida de fuerza

La conducción sindical estableció un plan de lucha por un lapso determinado para expresar su rechazo a la iniciativa que se debate en el Congreso desde las 14. El paro de la CGT tiene una duración de 24 horas, por lo que la medida de fuerza finalizará a la medianoche de este jueves.

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La CGT convocó a un paro general este jueves 19 de febrero (X: @cgtoficialok)

Jorge Sola, integrante de la conducción cegetista, ratificó los plazos de la protesta durante una conferencia de prensa en la sede de Azopardo 802. El dirigente gremial remarcó la decisión de detener las actividades el mismo día del tratamiento legislativo. La estrategia busca marcar una oposición contundente a los cambios propuestos en la normativa laboral.

Los sectores que se adhieren al paro

El impacto de la huelga bloquea la movilidad de los ciudadanos y la atención en oficinas por la adhesión de los gremios estratégicos. El esquema de servicios se configura de la siguiente manera:

  • Transporte público y cargas: La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) garantizan la parálisis en trenes, aviones y puertos. La Ciudad de Buenos Aires no cuenta con servicio de subtes. Hugo Moyano lidera el cese de tareas en la recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. La actividad de los colectivos depende de la confirmación final de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
  • Bancos: La actividad financiera presencial es nula en todo el territorio. Sergio Palazzo confirmó a  la participación de la Asociación Bancaria. No hay atención al público en entidades públicas ni privadas y los usuarios solo pueden operar a través de cajeros automáticos y homebanking.
  • Comercio y gastronomía: El Sindicato de Empleados de Comercio y el gremio gastronómico de Luis Barrionuevo suman su apoyo a la huelga. La apertura de grandes centros comerciales y locales de comida queda supeditada a la disponibilidad de transporte para el traslado del personal.
  • Salud: El sistema sanitario opera con esquema de emergencia. Héctor Daer aseguró a  la adhesión del sector de Sanidad con mantenimiento de guardias mínimas en clínicas y hospitales. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, explicó el dirigente sobre la actividad esencial.
  • Administración Pública: Las oficinas nacionales y municipales reducen su operatividad al mínimo por la acción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Rodolfo Aguiar, titular de ATE, convocó a una marcha independiente y cuestionó a la CGT por el “paro dominguero”. El Gobierno anunció el descuento del día de sueldo a los empleados ausentes.
Paro de la CGT de hoy, jueves 19 de febrero
Paro de la CGT de hoy, jueves 19 de febrero

Quiénes no adhieren al paro

Un sector específico resolvió no acatar la medida de fuerza. El sindicato que nuclea a los farmacéuticos mantiene sus actividades habituales. Marcelo Peretta, jefe del gremio, declaró a que las farmacias no se verán afectadas. El dirigente manifestó su apoyo a ciertos artículos de la reforma, como los referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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Acuerdos y más poder legislativo: el nuevo escenario que entusiasma a La Libertad Avanza en el Congreso

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Las sesiones extraordinarias no solo significaron para el Ejecutivo nacional la posibilidad de contar con las leyes que venía impulsando. En una perspectiva más amplia, las votaciones desarrolladas en la Cámara de Diputados y en el Senado despejaron una incertidumbre que sobrevoló el mundo libertario desde el 10 de diciembre de 2023.

Aunque en las últimas horas el debate se centró en la ley de Reforma Laboral, que todo indica será aprobada por el oficialismo en la Cámara alta el próximo viernes, los resultados obtenidos desde diciembre hasta hoy muestran un fortalecimiento de La Libertad Avanza en el Parlamento.

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En Diputados, de las cinco votaciones que afrontó en el recinto, LLA ganó todas con números holgados. Con un bloque de 95 legisladores propios, atravesó una serie de sesiones definitorias. La primera fue la del Presupuesto 2026, y al finalizar la votación, el tablero mostró que el oficialismo se imponía con 132 votos afirmativos contra 97 negativos. El segundo desafío fue la ley de Inocencia Fiscal, una especie de blanqueo constante hasta 100.000 dólares, que tuvo una votación más ajustada, pero el oficialismo consiguió imponerse con 130 votos frente a 107 en contra.

El margen de acompañamiento se amplió en la siguiente tanda de proyectos, donde logró media sanción al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos positivos y 100 negativos. Un caso especial fue el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde obtuvo 203 votos a favor contra 42 en contra, provocando una ruptura en el bloque del peronismo.

Patricia Bullrich con el bloque de LLA y los aliados de la UCR y el PRO

Por último, enfrentó una de las discusiones más complejas en la Cámara baja, la Ley de Reforma Laboral. Aunque dejó un artículo fuera del dictamen —el 44, vinculado al pago de licencias laborales—, consiguió que el pleno lo respaldara y obtuvo 135 votos afirmativos frente a 115 negativos.

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Esto también se repite en el Senado, donde LLA cuenta con un bloque de 21 senadores, pero logró acuerdos firmes con diferentes socios. Tanto es así que el Presupuesto 2026 se aprobó con 46 votos a favor, más del doble que los miembros de su propio bloque y quedando solo a dos de alcanzar los dos tercios. Un número similar obtuvo en la primera votación de la Reforma Laboral, donde se impuso por 42 votos contra 30. De nuevo, a pocos senadores de los dos tercios.

En este esquema, el oficialismo demostró que en Diputados cuenta con un piso de 130 votos, uno más que el quórum, y en el Senado de 40, cuatro más que el mínimo necesario para abrir el recinto.

Esta estrategia de acuerdos parlamentarios, sumada a pactos con gobernadores de diferentes fuerzas, se complementa con el reparto de las comisiones centrales, donde LLA o sus socios del PRO y la UCR se quedaron con las presidencias y generaron una ventaja competitiva frente al resto a la hora de definir la agenda de temas a debatir.

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“En términos globales, el año pasado dejó un resultado de 11 leyes sancionadas por el Congreso durante el período ordinario”, explicó un diputado. En ese número hay tres acuerdos internacionales y ocho leyes impulsadas por la oposición: la declaración de emergencia en Bahía Blanca, dos aumentos para jubilaciones, la Emergencia en Discapacidad, la modificación a los aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, el financiamiento de universidades nacionales, la Emergencia en Salud Pediátrica y la Ley Nicolás. No hubo proyectos del oficialismo convertidos en ley y, entre sus principales logros, LLA solo exhibe el blindaje al DNU por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que consiguió 129 votos favorables y 108 en contra.

Con el cambio en la composición del Congreso a partir del pasado 10 de diciembre, que hizo crecer a los bloques de La Libertad Avanza mediante el voto en las elecciones de medio término y la suma de legisladores de otros espacios, junto a los acuerdos con gobernadores del peronismo no kirchnerista, del PRO, de Juntos por el Cambio y de partidos provinciales, el oficialismo encuentra hoy en el Palacio Legislativo un escenario mucho más favorable que en los primeros dos años de gestión, algo que ya está comenzando a capitalizar.

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Adorni apuntó contra la CGT en las primeras horas del paro

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cruzó este jueves a la cúpula de la CGT por el paro nacional al asegurar que “no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”.

“Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador”, indicó el funcionario libertario.

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Tras ello dijo en declaraciones a La Casa Streaming que la medida perjudica a los trabajadores que desean asistir a sus empleos: “Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo”.

Por otra parte, hizo una comparación con el anterior gobierno. “Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles”, enfatizó.

Paro General por la reforma laboral.
Constitución
Martín Cossarini

La medida de fuerza, que durará 24 horas, es contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, que se tratará hoy, a partir de las 14, en la Cámara de Diputados. No hay subtes, trenes ni vuelos y sólo funcionan algunas líneas de colectivos. A la huelga adhirieron -además de los gremios del transporte- trabajadores estatales y empleados de comercio, aunque hay negocios abiertos.

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Paro General por la Reforma Laboral.
Aeroparque
Martín Cossarini

Sí funcionan algunas líneas de colectivo porque la empresa DOTA no se sumó al paro y abrieron supermercados, aunque con personal limitado. Los bancos están cerrados y sólo funcionan en la modalidad homebanking o con personal jerárquico.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

corte en la subida al puente Pueyrredón, sobre avenida Mitre, en Avellaneda.
Paro general por la reforma laboral
Sebastián Hipperdinger

La cuarta huelga contra la gestión de Javier Milei había sido anticipada días atrás y fue ratificada este miércoles, cuando se confirmó que la reforma laboral será tratada en la Cámara baja. En este contexto, 13 gremios se sumaron a la medida de fuerza de la central obrera.

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Además de referirse al paro general, el jefe de gabinete habló sobre el conflicto con la empresa Fate, que cerró sus puertas y dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en la previa del tratamiento de la reforma laboral.

“Llama la atención que una empresa que hace quince años está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo que hoy reclama o se pregunta por qué cerró, cierre sus puertas de un día para el otro antes del tratamiento de la reforma laboral”, expresó.


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