POLITICA
Un sector sindical presiona para suspender el congreso de la CGT y habrá una negociación clave para evitar la ruptura
¿La nueva CGT puede romperse antes de nacer? Las intrigas, presiones y jugadas al límite se convirtieron, como nunca, en protagonistas de la elección de la próxima conducción cegetista en el congreso de este miércoles, donde se perfila un triunvirato con algunas caras renovadas, aunque recrudecieron los viejos instintos rupturistas del sindicalismo.
Entre el lunes y el martes, o el mismo miércoles antes de que comience el congreso, los máximos líderes gremiales tendrán una negociación decisiva para evitar una fractura ante la inflexible posición de un sector que no quiere que Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) integre el triunvirato de la CGT: allí están Héctor Daer y Carlos West Ocampo (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Mario Calegari (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad),
En una maniobra que extrema la tensión al borde de la ruptura, esa fracción sindical presiona para que en el congreso de la CGT se postergue el nombramiento de la nueva cúpula y se prorroguen los mandatos del actual triunvirato durante 6 meses o un año porque “hace falta una dirigencia más fogueada para pelear contra la reforma laboral del Gobierno y no un triunvirato sin experiencia para semejante batalla”.
¿Por qué la resistencia a Jerónimo? Algunos le achacan el hecho de provenir de un gremio “chico” (aunque no lo es tanto porque tiene 16 mil afiliados) y otros lo critican por episodios vinculados con su pasado al lado de Pablo Moyano, aunque, en el fondo, lo que rechazan “los Gordos” y el barrionuevismo es que líder de los empleados del vidrio es el candidato de Gerardo Martínez (UOCRA) y sospechan que será clave para que la nueva CGT sea dialoguista y no implacable ante Javier Milei.
En realidad, ese argumento no tiene bases sólidas y parece esconder antiguas diferencias personales entre los jefes de la CGT, ya que Jerónimo también es respaldado por todo el sector independiente (además de Martínez, Andrés Rodríguez, de UPCN, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias) y uno de sus principales aliados es un dirigente del transporte de perfil duro como Juan Pablo Brey (aeronavegantes). Además, en las últimas semanas mantuvo reuniones en las que consiguió el aval de unos 40 sindicatos de un amplio espectro: hay ex “pablomoyanistas”, dialoguistas y kirchneristas.
Hoy, la pelea sindical muestra dos polos de posiciones irreconciliables y un desenlace imprevisible: todo puede terminar en un acuerdo, en una votación entre dos listas en el congreso de la CGT o en una fractura explícita.
Quien está en el medio de ambos sectores, por ahora, es Hugo Moyano: desde cada fracción aseguran que el líder de Camioneros está de su lado, pero él insiste en ser “el factor de equilibrio para garantizar la unidad”, como dijo hace una semana ante sus colegas de la Confederación de Trabajadores de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (CATHEDA).
Ese mensaje fue interpretado como la confirmación de que quiere que Octavio Argüello (Camioneros) siga en el futuro triunvirato de la CGT, una postura que algunos consideraban inaceptable porque buscaban una renovación en la cúpula cegetista, pero que hoy casi todos dan como altamente probable para ponerse a Moyano de su lado y saldar la interna sindical.
Curiosamente, la mayoría de los dirigentes que protagonizan este feroz enfrentamiento se mostraron pacíficamente juntos en la reunión ampliada de la mesa chica de la CGT, que se realizó en la UOCRA.
Cavalieri, por ejemplo, compartió la cabecera de la mesa principal con Cristian Jerónimo y nadie hizo alusión en sus discursos a las fuertes diferencias que mantienen, aunque el dato saliente fue el faltazo de Barrionuevo y sus dirigentes más fieles, que a esa hora prefirieron estar en un acto del sindicato de guardavidas en la CGT.
Antes de la reunión de la UOCRA, unos 8 dirigentes compartieron un almuerzo del que participaron, entre otros, Héctor Daer y Cristian Jerónimo, a quien no quiere en el triunvirato de la CGT, pero aquí tampoco hubo ninguna alusión a la pelea interna. Del tema se habló, pero el líder de Sanidad pidió no discutirlo allí y “pasar todo para charlarlo el lunes o el martes”.
Un día antes, Barrionuevo presidió en su sindicato una reunión de dirigentes de su sector y aliados como Calegari y Maturano, donde ratificaron su rechazo al encumbramiento de Jerónimo y la estrategia de proponer la prórroga de los mandatos de la actual CGT.
Algunos de esos sindicalistas no descartaron que si durante el congreso de la CGT se mantienen las diferencias surja una propuesta que, según imaginan, podría destrabar todo: la designación de Héctor Daer como único jefe de la CGT. Pero en el entorno del jefe de Sanidad negaron que piense seguir liderando la central obrera y el propio Daer anunció en abril que no iba a seguir al frente de la CGT ante la sensación de “ciclo cumplido”. Sus rivales, de todas formas, advirtieron que tampoco tendría apoyos suficientes para su continuidad.
El congreso de la CGT es un escenario crucial donde se pone en juego el poder de fuego de los sindicatos: cada organización aporta un número de congresales que es proporcional a su cantidad de afiliados. Y eso permite, como recordó el sitio Mundo Gremial, que los 25 gremios más poderosos controlen el 73% de los votos.
Aun así, la tradición indica que siempre se negocia hasta los límites de lo innegociable para lograr una lista consensuada que lidere la CGT, un objetivo que suele conseguirse “5 minutos antes de que arranque el congreso”, como recuerdan los propios dirigentes.
Más allá de la medición de fuerzas para establecer quién tiene más congresales, el problema es político. A ningún sector le conviene exponerse a romper la CGT y mucho menos en medio de las negociaciones de una reforma laboral durante un gobierno que no es peronista.
Los dirigentes que serán encumbrados en el congreso cegetista pasarán a la historia como quienes firmaron o intentaron frenar la reforma laboral de Milei. Y eso le da a esa instancia una trascendencia aún mayor. Sobre la mesa está quiénes tendrán el control real de la CGT.
Hoy, el ala dialoguista cegetista, con Gerardo Martínez a la cabeza, apuesta a negociar en el Consejo de Mayo para que los cambios en la legislación del trabajo no sean tan perjudiciales para los trabajadores y el poder sindical. Pero no todos están de acuerdo con esa estrategia tan pragmática. Los gremialistas del kirchnerismo pugnan por romper el diálogo con el Gobierno y resistir a fuerza de paros y movilizaciones. Y otros están en sea misma sintonía, aunque con la intención de no perder protagonismo sindical y meterse en la recomposición del PJ hacia 2027.
Estas miradas distintas en la CGT se dan en forma simultánea con el reacomodamiento en el gabinete de Milei tras la victoria electoral. Se fue un moderado como Guillermo Francos, que era acaso el principal interlocutor de los sindicalistas, y hay quienes temen una radicalización del Gobierno, que podría reflejarse en una reforma laboral dura, sin consensos. A la dirigencia gremial espera el eventual anuncio de que Santiago Caputo, otro de sus nexos con la administración libertaria, encabezará un ministerio que piloteará negociaciones de todo tipo, incluso con la CGT.
Mientras, hasta el miércoles 5 todo puede suceder en el gremialismo. Que el congreso de la CGT se postergue o que haya una nueva conducción. Lo que no sucederá, como siempre, es una paz sindical duradera.
POLITICA
Convocaron a una audiencia pública para debatir la Ley de Glaciares a la espera de su tratamiento en Diputados
La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.
Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.
Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.
De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.
Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).
Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.
Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.
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Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.
Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.
Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.
En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.
Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente
La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.
En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.
Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.
En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.
Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.
Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.
Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.
gabriel cano / comunicacin senado
El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, sancionada hace una semana en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo.
La norma introduce desde hoy cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral.
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La reforma laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Entre ellos, incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con descanso, habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.
La norma que comenzó a regir este viernes señala que sus disposiciones no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública; al personal de casas particulares; a los trabajadores agrarios; a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.
Qué establece la reforma laboral
La reforma laboral o ley N° 27.802 está compuesta por 25 capítulos e introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.
A continuación, las principales claves de la Ley de Modernización Laboral
Salarios
Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.
Idemnizaciones
Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la misma las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
También se habilita a las pymes el pago en cuotas.
Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores, y la ANSES dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.
Vacaciones
De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. Se propone un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones, “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.
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Banco de horas
Con respecto a las horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema.
“Dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, indica el texto.
El derecho de huelga
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.
Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
Formalización del empleo
Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones).
Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.
reforma laboral, Javier Milei
El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión promoviendo cambios en las cúpulas de todos los organismos que se encuentran bajo su órbita. En ese sentido, este jueves se dio a conocer que puso al frente de la Inspección General de Justicia a Alejandro H. Ramírez, abogado con amplia experiencia y que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que deberá investigar.
Ramírez, quien reemplaza en el cargo a Daniel Vítolo, es abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Como parte de su trabajo privado, ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino. La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.
La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.
En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Ramírez, quien dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país, es socio del estudio Highton & Ramírez.
Según informa su currículum, ha representado a la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.
También fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América y co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y del régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.
No es menor el detalle de su especialización en SAS, ya que se ha enfrentado en redes sociales y hasta en el Congreso de la Nación con el gobierno de Alberto Fernández por ese mismo tema. Incluso también con la IGJ, organismo que ahora comandará.
En 2023, se puso al hombro los reclamos del sector y apuntó una y otra vez tanto contra Fernández como contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, acusaba al Poder Ejecutivo de que, en su busca de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.
“Otra vez fui a Diputados a defender el inentendible ataque de este Gobierno a las SAS, los emprendedores y a las PYMES. ¡Es increible no tener consenso en que sin empresas y emprendimientos no vamos a salir nunca para adelante!“, expresó en su cuenta de X el 28 de abril de 2023, con mención a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
Casi un año más tarde, el 16 de abril de 2024, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, Ramírez celebró: “La IGJ intentó matar a las SAS. Con ASEA hicimos un amparo. Hoy, la Corte Suprema nos dio la razón, avalando al fuero Comercial, quien había suspendido todos los atropellos de la IGJ. ¡A veces, en Argentina hacer políticas públicas significa defender lo ya conseguido!“.
Entre otras cosas, lo que pretendía el gobierno de Fernández era crear un Registro de Emprendedores, a cargo del Ministerio de Economía de Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendría la potestad de aceptar o rechazar a quién se consideraba emprendedor y, por lo tanto, quién podía conformar una sociedad.
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