POLITICA
Un show obsceno con heridos en todos los frentes
Los cierres de listas han sido, por lo general, el punto final para las peleas internas y de partida para la disputa con los rivales externos. Ahora, casi nada de eso ocurrió con este trámite para las decisivas elecciones bonaerenses.
Los fines de ciclos políticos extensos y los comienzos precarios de era nunca son armónicos. Por eso, ni siquiera ha habido este fin de semana un cierre definitivo de candidaturas en tiempo y forma.
El oficialismo perokircrchnerista corrió los plazos hasta hoy, después de dos sugestivas interrupciones del servicio eléctrico luz, que hicieron posible que los serios cortocircuitos entre kcillofistas y cristicamporistas no terminaran por hacer estallar el sistema partidario.
Si bien la descomposición abierta y la reunificación precaria del oficialismo provincial ofrece la imagen más deteriorada, no es el único espacio que no salió ileso de un complicado cierre de listas.
Eso obliga a evaluar las consecuencias que este proceso tumultuoso dejará de aquí hasta el 7 de septiembre cuando se habiliten las mesas de votación. Han quedado más heridos que satisfechos. Y, en algunos casos, las heridas serán de difícil cicatrización en el próximo mes y medio. Aún cuando el oficialismo libertario haya quedado algo mejor parado, también terminó con varios flancos abiertos.
Por eso, de ahora en más, parece tan importante revisar quiénes son los candidatos que figurarán en los puestos con más probabilidades de obtener una banca como quiénes son los relegados, los que se sienten maltratados y los que tienen la posibilidad de ejercer algún tipo de venganza. En todos los espacios hay afectados. Nadie se salva.
Una vez resuelta la oferta también habrá que analizar y preguntarse cómo impactará en la demanda ciudadana ese espectáculo grotesco representado tanto por el perokirchnerismo y por el espacio libertario-macrista, aunque este en mucho menor medida.
En este festival de mezquindades y puja de intereses facciosos y personales que tuvo anteanoche un cierre preliminar quedó confirmado que en buena medida la práctica política se ha vuelto un espectáculo obsceno, en el que gran parte de sus representantes se han convertido en actores de un porno decadente.
Las escalas previas a la elección bonaerense se registró una inquietante merma en la taquilla. En los siete comicios provinciales ya celebrados, un promedio de algo más de cuatro electores de cada diez habililitados para asistir a las urnas prefirieron quedarse en su casa o hacer alguna otra cosa antes que ir a elegir a sus representantes.
“El gran interrogante abierto tiene que ver con la demanda electoral, que ayer fue testigo de un espectáculo de la política para la política. Tal vez esto distancie aún más a los dirigentes de las demandas sociales y potencie el ausentismo, un verdadero drama democrático de las elecciones 2025”, afirma Shila Vilker, titular de la consultora Trespuntozero.
Cuando termine la agria pelea por los lugares en las listas, el oficialismo bonaerense debería pensar seriamente en eso. Tan esperpéntica ha sido la actuación perokirchnerista que ayer por la tarde seguían las discusiones que no pudieron resolverse ni aún con el tiempo extra que le otorgaron los sospechosos cortes de luz.
La extraña contingencia, además, le dejó servida el argumento al Presidente para arremeter tanto contra el “monstruo” que “no dimensionamos” que es, a su juicio, el kirchnerismo, como contra “los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado”. Un plato más de obscenidades para la nueva mesa dominical, en la que el espacio libertario parece ser el que más disfruta.
“La conclusión es que ha sido todo un enchastre”, fue la amarga admisión de una de las personas más cercanas a Axel Kicillof, cuando todavía seguían abiertas discusiones por candidaturas secundarias con alguna probabilidad de ingresar en la legislatura y en los consejos deliberantes.
Es lo que un estrecho colaborador de Cristina y Máximo Kirchner llamó la discusión por “la zona picante”, luego de culpar a Kicillof por las dificultades para concretar los acuerdos superestructurales alcanzados y acusarlo de no controlar algunos de sus ministros y de los intendentes que lo tienen por referente.
La acusación había enardecido a los integrantes de la mesa chica del gobernador y complicado aún más las discusiones. Otra expresión del debilitamiento de la otrora voz ordenadora de Cristina Kirchner.
“Lo que estuvo pasando es la demostración más cabal de que nadie es dueño único de la lapicera con la que es escriben las candidaturas, especialmente en el kirchnerismo”, sostiene el politólogo Luis Tonelli, en directa referencia a la pérdida de poder performático del dedo de Cristina Kirchner, aunque todavía ella mantenga capacidad de veto e influencia, que no es lo mismo ni opera igual.
Los principales lugares distribuidos en las listas de las secciones más populosas y simbólicas muestran que ella y su hijo Máximo no pudieron imponer a algunos de sus dirigentes más destacados y más indigeribles para los kicillofistas, como la intendenta quilmeña Mayra Mendoza, que integra la conducción de La Cámpora, aunque sí pusieron en el segundo escalón a varios de sus fieles más probados.
También es un hecho innegable que quienes encabezan las postulaciones a diputados de las decisivas secciones primera (Gabriel Katopodis) y tercera (Verónica Magario) son dos figuras más que aceptables para el votante duro del kirchnerismo de esos territorios, así como que a ambos nunca se los ha escuchado ni visto en los coros más anticristinistas. Aún cuando el ministro de infraestructura haya protagonizado una durísima discusión con el heredero biológico-político de la expresidenta y exvicepresidenta condenada.
En ese escenario Sergio Massa pareció estar muy cómodo. Se ocupó de minimizar la magnitud de las diferencias que las otras dos partes no ocultaban, mientras actuaba de gestor de buenos oficios, disimulando su condición de parte interesada para preservar espacios de su partido y como potencial primer candidato a diputado nacional en octubre.
Así logró imponer en el segundo lugar de la lista de candidatos a diputados por la primera sección electoral a su esposa, Malena Galmarini.
La vehemente candidata se enfrentará así, otra vez, a quien hace dos años la derrotó duramente en su intento por recuperar para el acervo familiar el municipio de Tigre.
El intendente Julio Zamora liderará en esa sección la lista de Somos Buenos Aires, el ecléctico espacio que busca emerger en medio de la polarización entre el perokirchnerismo de Fuerza Patria (FP) y los violeta del Frente La Libertad Avanza (FLAA).
Ese tercer espacio está integrado por peronistas cordobeses, peronistas no kirchneristas, radicales de la dupla Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti, y (más vergonzosamente) del senador Maximiliano Abad (recluido para mejor ocasión), adherentes al exradical Facundo Manes, la Coalición Cívica de Carrió y el GEN de Margarita Stolbizer.
El variopinto combinado, que terminó de pegar sus partes sobre el cierre de listas y cuya supervivencia más allá del 7 de septiembre es una gran incónita, se vio reforzado en los últimos días por intendentes y referentes macristas de importantes ciudades del interior, que se sumaron abiertamente, como la jefa comunal de 9 de Julio, María José Gentili, y el de Junín, Pablo Petrecca. O intendentes que dejaron lugar a una alianza seccional de hecho, como el de San Nicolás, Santiago Passaglia, y de Pergamino, Javier Martínez.
Todos ellos se independizaron, descontentos con la claudicante adhesión del Pro al FLLA, llevada a cabo por Cristian Ritondo, secundado por Diego Santilli (que públicamente se ofreció a hacer los mandados mileístas que le ordenen) y por el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Este liderará la boleta de la quinta sección electoral, lugar para el que viene haciendo méritos tempraneros, tanto por ambiciones políticas como por presiones familiares-conyugales para dejar la ciudad atlántica.
Paradójicamente, Somos Buenos Aires, con la candidatura de Zamora, podría ser funcional al FLLA, al restarle votos al peronismo en la primera sección que es hoy la más populosa de la provincial. Allí la lista libertaria será encabezada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el primer garrochista amarillo que tempranamente y sin pruritos se puso la casaca violeta.
Siguió así la huella abierta por su referente Patricia Bullrich el día después de su derrota en la primera vuelta presidencial de 2023, quien inició por cuenta y beneficio propio una rendición al espacio libertario, que dejó aún más desnudo de liderazgo y de capacidad de negociación de la que ya tenía a Mauricio Macri. Después de este turno electoral, el deceso por absorción y defección sería la causa que figuraría en el acta de defunción del Pro, después de casi medio de siglo de vida, en la que alcanzó la cima para desde ahí empezar a deslizarse hacia el fondo sin solución de continuidad, empujada por los propios y sin instinto de supervivencia colectivo.
El vacío que deja el submarino amarillo busca empezar a llenarlo la frágil alianza Somos Buenos Aires integrada por los huérfanos del liderazgo macrista, que conservan cierto poder territorial y pretenden mostrar algún resto de dignidad personal y política, en contraste con quienes se entregaron sin condiciones a Milei. Pero su sobrevida político-electoral se encuentra lejos de estar garantizada.
El ejercicio absoluto del poder de la lapicera, delegado por Javier Milei en su hermanísima Karina, acompañada por su ladero bonaerense Sebastián Pareja, alimentó la ilusión de los que buscan un lugar fuera de la polarización mileísita-kirchnerista.
La secretaría general de la Presidenciahizo uso y abuso de su condición de “jefe” libertario, con el que la designó su hermano y ella impuso sin admitir disidencias.
Los miembros de “la guardia pretoriana de Milei”, como se autodefinen las “fuerzas del cielo”, que se referencian en Santiago Caputo, fueron víctimas del dedo pulverizador de la hermanísima, quien apenas les dejó algunos lugares secundarios a los miliciano digitales. El malestar y destrato recibido no tendrá correlato en las urnas. Son fieles que no pueden imaginar siquiera un cisma.
En cambio, es probable que algunos candidatos incluidos en las listas municipales con largo recorrido en la casta política pueda tener impacto en votantes que reparan menos en la compleja construcción de poder que en el prontuario de los postulantes. Más cuando la fuerza que los impulsa prometió un nuevo mundo.
De todas maneras, quienes aspiran a quedarse con esos nuevos descontentos deberán encontrar un vector tan eficiente como fue el de la “anticasta” que enarboló Milei para sobreponerse a la antinomia kirchnerismo-antikirchernerismo y para conseguir algo mucho más difícil hoy, como es convocar a nuevos y viejos desencantados de la política, que sigue sin resolverles los problemas. Y, para peor, les ofrece espectáculos obscenos que se presentan en teatros cada vez más vacíos.
Por eso, quizá habrá que mirar más los heridos que dejó el cierre de listas, el impacto que tendrá la campaña en un electorado desmotivado y la marcha errática de la economía, que los candidatos que se les ofrecen.
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POLITICA
Vinculan la derogación de un decreto por Alberto Fernández al crecimiento de la inseguridad y el narco
El triple femicidio de Florencio Varela, detrás del cual se encuentra una banda narco del conurbano compuesta por individuos de nacionalidad extranjera, puso de relieve la cuestión de la participación de los extranjeros en hechos delictivos o en bandas de crimen organizado. Un asunto que, como otros, se encuentra atrapado en los vaivenes de la alternancia política y el antagonismo entre las principales posturas.
Decreto contra el ingreso de extranjeros con antecedentes
En 2017, el expresidente Mauricio Macri había decretado que los extranjeros con antecedentes penales no podían ingresar al país. La norma se implementaba con un mecanismo rápido de extradición de delincuentes y permitió la expulsión de más de 3 mil inmigrantes con antecedentes criminales.
La iniciativa se dispuso con el fundamento de que “cada Estado tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, y en un marco de incremento de inmigrantes en la población carcelaria, que en 2016 ya era del 21,3%.
La derogación y puerta de entrada a la delincuencia extranjera
Sin embargo, esta disposición se disolvió por voluntad del Gobierno de Alberto Fernández, en 2021. La nueva reforma sobre la Ley de Migraciones borró entonces el decreto bajo la excusa de que se modificaron aspectos “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”.
La norma instituida por Macri se restituyó al menos en espíritu durante el Gobierno de Javier Milei, pero durante la ventana que significó el mandato de Alberto Fernández, el ingreso y la participación de extranjeros en hechos u organizaciones delictivas se elevó, lo que habilitó un empeoramiento de la inseguridad en el país y el AMBA.
Un caso cuantitativo lo constituye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde, solo en 2023, tuvieron lugar más de 4 mil delitos cometidos por extranjeros. Mientras que el ejemplo cualitativo, por desgracia, lo constituye el triple femicidio de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez a manos de la banda narco compuesta por extranjeros, y otros tantos crímenes.
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“Las y los abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección”, dice el comunicado que firman Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora y Ángeles Reig.
Todo el proceso conducido por la Comisión Bicameral permanente del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, destinado a elegir al sucesor o sucesora de Marisa Graham, duró más de dos meses.
Desde el comienzo hubo señalamientos a la falta de transparencia de los procedimientos en las distintas etapas del concurso: examen escrito, evaluación de antecedentes, presentación del plan de trabajo y entrevista con los integrantes de la bicameral.
“Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso -dicen las firmantes del pronunciamiento, todas ellas candidatas que aprobaron el examen escrito-, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas”.
Aseguran haber trabajado de forma “seria y comprometida”, haber presentado planes de trabajo y aprobado exámenes, además de presentarse a una audiencia en la bicameral.
Pero consideran que el resultado del concurso no estuvo a la altura y lo califican en términos muy duros: “No solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación”.
Las principales quejas, tanto de candidatos como de integrantes de la Bicameral, se dirigieron a la no publicación de los exámenes (a posteriori de la corrección), a la publicación tardía y parcial de los currículums de los concursantes y a la no presentación en tiempo y forma de los criterios con los cuales se evaluarían las diferentes etapas del concurso; estos lineamientos se presentaron y votaron solo 5 días antes de anunciar el nombre de la persona elegida para el cargo.
Lo más grave fue que, una semana y media antes del anuncio del nombre, el diputado Nicolás Mayoraz denunció que éste ya estaba definido, y no como resultado del concurso sino fruto de un acuerdo político previo. Ante las protestas de sus colegas, dijo el nombre: María Paz Bertero. Hubo gritos de indignación y uno de los miembros de la bicameral incluso le dijo: “Te vas a tener que hacer cargo de lo que decís”.
Unos diez días después, se anunciaba el nombre de la candidata elegida: efectivamente, era María Paz Bertero, y de los dos adjuntos, terna que fue votada por 7 de los 10 integrantes de la Bicameral, incluido el que desafió a Mayoraz.
Esos nombres serán llevados al recinto esta semana para que la Cámara los apruebe.
Es difícil para el conjunto de los concursantes evitar la sensación de haber participado de un simulacro de concurso, en el que el resultado estaba escrito de antemano, lo que explicaría la reticencia a mostrar los exámenes y a definir los criterios de puntuación de cada etapa en forma anticipada.
Texto completo del pronunciamiento
Concurso para la designación de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes – 2025
Las abajo firmantes, participantes del concurso convocado por la Comisión Bicameral, queremos dejar constancia pública de nuestro profundo dolor y rechazo por la forma en que se desarrolló el proceso de evaluación y selección.
Confiamos en un procedimiento que debía ser transparente y respetuoso, y en cambio recibimos puntuaciones arbitrarias, sin fundamentos conocidos, que desmerecieron nuestras trayectorias, nos desprestigiaron ante la sociedad y nos lastimaron como profesionales y como personas.
Durante meses trabajamos de manera seria y comprometida, presentamos planes, exámenes y audiencias. Lo hicimos con la convicción de que la infancia argentina merecía un concurso justo, y con la tranquilidad de haber sostenido durante décadas un trabajo muchas veces ad honorem en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El resultado no solo fue injusto: fue hiriente y ofensivo. Se invisibilizaron currículums y experiencias probadas en el campo, se relegaron compromisos reconocidos nacional e internacionalmente, y se pretendió reducir años de lucha a números opacos que no resisten explicación.
La Comisión Bicameral debe saber que con este proceder no solo afectó la legitimidad de la Defensoría, sino que desalentó, lastimó y desvalorizó a quienes desde hace años ponemos el cuerpo y la palabra en defensa de la niñez en Argentina.
No aceptamos que se nos diga que “al inscribirnos” renunciamos a nuestro derecho a la transparencia. La transparencia no es un favor: es un deber del Estado. Y cuando se incumple, lo que se erosiona no es solo nuestra confianza, sino la de toda la sociedad.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes merece nacer con legitimidad y respeto. Lo ocurrido demuestra exactamente lo contrario.
Firman: Fátima Silva, Ada Luz Centurión, Flavia Valgiusti, Gabriela Micucci, Daniela Carboni Bisso, María Amelia “Memé” Moscoso Cardoso, Roxana Contreras, Ana Belén Mármora, Angeles Reig
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Argentina enfrenta serias dificultades para contar con información confiable sobre personas con discapacidad, una situación que limita la implementación de políticas públicas inclusivas y efectivas. El alerta se dio a conocer a través de un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), que analiza la calidad de las estadísticas en la región y propone mejoras para la recolección de datos.
Según la especialista Sabrina Juran, asesora en población y desarrollo del Unfpa, “la visibilidad estadística de las personas con discapacidad es un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades y la inclusión plena en la sociedad”. En este sentido, el informe subraya que la falta de información robusta dificulta comprender la magnitud real del fenómeno y las barreras que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.
Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la forma en que se realizó el Censo Nacional de Población 2022. A diferencia de censos anteriores, no se incluyó directamente la pregunta sobre discapacidad, sino que se utilizaron términos como “limitaciones” o “dificultades”. Esta decisión, según el informe, impide tener cifras exactas sobre cuántas personas en Argentina presentan algún tipo de discapacidad, dificultando la comparación con datos internacionales y locales anteriores.
En 2010, el censo había revelado que aproximadamente el 12,9% de la población argentina tenía algún tipo de discapacidad. Tomando esta referencia y los estándares internacionales, se estima que actualmente más de seis millones de argentinos podrían estar afectados por alguna condición de discapacidad, aunque la ausencia de datos recientes y confiables genera incertidumbre.
El informe también señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 2022 únicamente registró la cantidad de personas con discapacidad en los hogares, sin indagar en sus características, necesidades específicas o barreras para el acceso a derechos básicos como educación, empleo y salud. La falta de armonización metodológica entre censos y encuestas limita la posibilidad de elaborar políticas públicas que respondan a la realidad de esta población.
Entre las recomendaciones del estudio se incluyen la adopción de las pautas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad (GW), que sugieren la inclusión de preguntas con respuestas graduadas, permitiendo medir la intensidad de las limitaciones funcionales. Asimismo, se destaca la necesidad de involucrar a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y difusión de los cuestionarios, y de capacitar a los encuestadores para garantizar un proceso respetuoso y accesible para todos.
El documento resalta el ejemplo de Chile, que implementó las recomendaciones del GW en su Censo 2024 y en la Encuesta CASEN 2022, captando la diversidad de limitaciones en seis dominios: visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. Este enfoque integral permitió no solo contar a las personas con discapacidad, sino también conocer las barreras sociales y culturales que enfrentan, sirviendo de referente para la región.
En Argentina, la situación actual ha generado tensión entre el Estado, prestadores y familias de personas con discapacidad. Diversas agrupaciones anunciaron nuevas movilizaciones frente al Congreso, reclamando la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la asignación de fondos adecuados para garantizar derechos básicos y programas de inclusión.
El informe concluye que, mientras persista un enfoque parcial o basado únicamente en limitaciones individuales, la planificación de políticas seguirá siendo incompleta. La información estadística confiable no solo permite diseñar programas más eficientes, sino que también fortalece la visibilidad y el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos.
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