POLITICA
Una cruzada épica para aguantar hasta octubre
Lo peor no había pasado. Cuando Javier Milei partió hacia Córdoba, el viernes, ya era evidente que la crisis cambiaria se estaba acelerando. La tormenta que se posaba sobre la Capital le daba una excusa para no volar y quedarse a monitorear el plan “hay dólares para todos” anunciado por el ministro Luis Caputo. Se negó siquiera a considerarlo: debía cumplir la misión indelegable que se propuso desde que la derrota electoral en Buenos Aires marcó un quiebre en la historia de su presidencia.
“Me puse la campaña al hombro”, dijo al llegar. Reapareció el Milei-profeta de los días felices. El de las metáforas de Moisés y el mar Rojo. El que canta a capela su canción favorita de La Renga y maldice a “la casta”. El que desmiente sus fragilidades con historias autoindulgentes destinadas a alimentar la fe de los creyentes.
Era como una película en la que la imagen no encaja con el sonido. De un lado el despliegue eufórico y optimista del Milei candidato en Córdoba; del otro, un “Panic Show” financiero que movió al Banco Central a desprenderse de 678 millones de dólares de las reservas en solo una ronda. El mercado insensible, otra vez: le hablan con la Biblia y responde con el bolsillo.
El vértigo económico nubla la naciente estrategia de campaña de Milei con preguntas inquietantes: ¿se puede sostener hasta octubre el programa de Caputo?, ¿cómo hará el Gobierno para frenar la salida de reservas?, ¿qué pasa si la demanda no se calma?
Milei y Caputo han blindado el discurso con la premisa de que el plan es el correcto, que está funcionando y que las turbulencias actuales son producto de un “ataque planificado” por el kirchnerismo para perjudicar las opciones electorales de La Libertad Avanza (LLA). Ubican la solución a cinco semanas de distancia: “Vamos a pintar el país de violeta y retomaremos el sueño de hacer Argentina grande nuevamente”.
Por debajo, el oficialismo vive horas de deliberación. Asumen que el mensaje de campaña y las señales de gestión transitan carriles distintos. Milei reflotó la idea de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, poco antes de partir a Nueva York para participar de la Asamblea de las Naciones Unidas. Caputo también habló de gestiones para garantizar el pago de los vencimientos de enero y julio (unos US$9000 millones).
Las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana que empieza apuntan a ofrecer un horizonte después del 26 de octubre. Milei le pone fichas a la conversación con Donald Trump, agendada para el martes. Espera un gesto que conmueva al capital y traiga calma hasta las elecciones.
La presión sobre el dólar refleja la certeza instalada entre los actores económicos de que el esquema cambiario de flotación entre bandas tiene los días contados. La aceleración de las últimas dos jornadas generó una preocupación adicional. Hasta empezó a especularse con un reemplazo de Caputo antes de las elecciones, algo que en la Casa Rosada niegan sin fisuras. Milei lo ratificó otra vez este sábado.
A la incertidumbre económica se suma la expectativa de una reformulación política del Gobierno. Milei tiene que reconstruir un sistema de alianzas que ponga freno a la sucesión de derrotas en el Congreso que se inició en junio cuando decidió desafiar con candidatos libertarios a muchos de los gobernadores que lo habían ayudado a superar su debilidad legislativa de origen.
“¡Jodan todo lo que quieran, los espero el 11 de diciembre!”, había advertido Milei a los gobernadores el 9 de julio, en la prehistoria de este presente angustioso. Los llamó “degenerados fiscales” y pronosticó: “Los vamos a aplastar en las elecciones”.
Aquel Día de la Independencia, Milei empezaba a meterse en la trampa que hoy habita. La ruptura con los jefes provinciales convirtió al Congreso en un polvorín.
El lunes pasado, con la digestión hecha de la derrota bonaerense, convocó a esos mismos gobernadores a “trabajar codo a codo”. El tiempo perdido en maltratar a los que le ofrecían colaboración ahora tiene sus consecuencias. En el Congreso sigue a toda marcha el festival de los dos tercios, con un oficialismo impotente y el kirchnerismo revitalizado.
Al menos hasta finales de octubre, hay 19 gobernadores que no piensan acercarse a Milei: lo tienen que enfrentar en las urnas primero. En la etapa que viene, que se anticipa tan fragmentada como ahora, cuantos más diputados y senadores tenga un gobernador, mejores serán sus opciones de obtener beneficios para su provincia.
Como a las campañas las carga el diablo, Milei se siente tentado a romper puentes antes de construirlos. En Córdoba trató de “tremendo mentiroso” al exgobernador Juan Schiaretti, que aspira a llegar al Congreso como coordinador de Provincias Unidas, el frente federal que podría tener la llave para definir la aprobación de leyes.
El despliegue electoral cordobés fue, en cierto modo, una corrección del discurso sobrio que el Presidente difundió por cadena nacional para presentar el presupuesto 2026. Aquella pieza narrativa daba señales de autocrítica después del sacudón bonaerense. Palabras de comprensión a los que sufren el ajuste, llamado al diálogo a los opositores, promesas de mejoras para jubilados, discapacitados y universidades. Un león que hablaba en susurros.
Pero la configuración definitiva del mensaje de campaña terminó de gestarse en las horas siguientes. Si Milei iba a convertirse en el virtual candidato necesitaba retomar la mística de los triunfos anteriores. La campera de cuero, el rugido y la épica del luchador acosado en la batalla del bien contra el mal. Lo que lo hizo distinto, a ojos de su gurú Santiago Caputo.
Así les quedó claro a los candidatos y comunicadores que asistieron a Olivos el jueves a escuchar a Milei contarles por qué y cómo se pondría al frente de la batalla electoral.
Reivindicó todo lo hecho hasta aquí y atribuyó el resultado bonaerense a un “ataque desestabilizador” de los que quieren impedir el cambio. Coincidió con propagandistas oficiales, como Alejandro Rozitchner, que denuncian una supuesta operación del periodismo para instalar la idea de que el Gobierno vive una crisis.
Ante los propios y a puertas cerradas, Milei se declaró al mando de la estrategia política. Fue el modo que encontró para laudar en la costosa división interna entre los seguidores de Santiago Caputo y los de su hermana Karina.
Quiso simular una reconciliación que incluyó la salida de Eduardo Lule Menem de la coordinación de la operación electoral. Se designó en ese lugar a otra karinista, Pilar Ramírez, de mucho mejor trato con Caputo. La jugada quedó a medias ante la airada defensa que ordenó la hermana del Presidente para aclarar que Menem seguía cumpliendo un rol central en el oficialismo. Hay guerra para rato.
La idea de que se va a vender “hasta el último dólar” para defender el techo de la banda de flotación la esbozó primero Milei ante sus candidatos. Caputo decidió verbalizarla esa noche en su habitual participación en el canal de streaming Carajo, sentado frente al influencer Daniel Parisini, alias Gordo Dan. A los productores del programa “Las tres anclas” la realidad los superó. No llegaron a cambiar la cortina inicial, que incluye imágenes del ministro fumando un habano y una canción con frases del estilo “chau mandriles”, “lo lloran los econochantas” y “que siga bajando el dólar”.
Milei vio la transmisión desde Olivos y felicitó al ministro por sus expresiones, que compiten en altanería con el “comprá campeón” que pronunció a principios de julio, cuando todo era esperanza.
Retomó el hilo el viernes ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, aunque las palabras de Caputo no parecían surtir el efecto buscado en el mercado. El plan es el correcto, insistió Milei. Todo el pánico es político. En octubre el país se pinta de violeta. Vamos a barrer con el kirchnerismo y el Partido del Estado. Vendrán las reformas. Bajará el riesgo país. En 30 años la Argentina será top 3 entre las potencias del mundo.
Corrigió un concepto central de su discurso del presupuesto. “Lo peor ya pasó” se convirtió en “estamos en la mitad del río”. Hay que persistir en este camino contra quienes quieren detener el cambio. “Somos el partido de la esperanza”, es el nuevo mantra. En el entusiasmo de denunciar un complot golpista, recordó a Fernando de la Rúa, cuya caída atribuyó a la resistencia de quienes no apoyaban la reforma laboral sancionada en el 2000.
Encontró una explicación tardía para los audios de Diego Spagnuolo sobre una supuesta red de corrupción que involucra a su hermana. “Están hechos con inteligencia artificial”, sentenció. No aclaró si eso implicaba indultar al exfuncionario, a quien había tratado de “mentiroso” tres semanas atrás.
También se despegó del Gordo Dan por sus dichos aberrantes sobre el senador Luis Juez y su hija con parálisis cerebral. “No puedo hacerme cargo de lo que dice cada uno de los millones de seguidores que tengo”, dijo sobre el propagandista al que tantas veces se abrazó en las buenas. Roma no paga obsecuentes.
Sin miedo a la autocomplacencia, el Presidente le dijo al periodista Sergio Suppo que “tampoco fue tan malo el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires”.
Es cierto que nadie puede descartar una remontada. Pero la votación de Buenos Aires tiene un efecto irremediable: vació de sentido la idea de que un triunfo libertario en octubre acomodará como por arte de magia los desequilibrios económicos que el Gobierno acumuló en función de obtener ese objetivo político.
La cuenta más optimista que hace hoy el Gobierno pasa por superar los 35 puntos a nivel nacional, ganar en la mitad de las provincias y hacer un papel mucho más sólido en Buenos Aires. Traducido a bancas, eso implicaría construir un bloque de 70 diputados propios (hoy son 37). Muchos de ellos entrarían a costa de actuales aliados del Pro (que perderá cerca de la mitad de sus integrantes). En el Senado podría crecer de 6 miembros a 16 en esa hipótesis. Le alcanzaría para un tercio defensivo, suficiente para blindar vetos o evitar un juicio político. No para impulsar un programa de reformas estructurales como el que se comprometió con el FMI.
Incluso si se diera ese resultado positivo para Milei, el kirchnerismo tiene grandes probabilidades de ampliar su bancada en Diputados. Seguramente perderá fuerza en el Senado, aunque sin perder la primera minoría.
La construcción de un oficialismo eficiente requerirá tender puentes con los gobernadores, ahora envalentonados con una construcción propia de cara a 2027. “Las negociaciones, si quieren hablar, pasarán por el presupuesto”, señala uno de los jefes provinciales más activos en estos días en el diálogo con sus pares. El proyecto presentado el lunes nace ajado, con proyecciones que ninguno de los potenciales aliados considera creíbles: inflación del 10,1%, un dólar más barato que el actual a fin de 2026 y un crecimiento de 5% del PBI.
El drama de Milei es que perdió el látigo con el que castigó a los políticos durante más de un año. Se deshizo el hechizo del 55% del balotaje, que el Presidente interpretó como un cheque en blanco para su política de ajuste y un permiso para vapulear a cualquiera que desafiara su criterio. Las alianzas que despreció al subir, se le hacen más costosas en la bajada.
Aun si triunfara, la gestión libertaria enfrenta el reto de revisar sus prestaciones. Necesita un ancla política que extienda el horizonte más allá de la siguiente elección, el inminente vencimiento de deuda, la próxima marcha de protesta. Y tendrá que ajustar la bitácora económica para recomponer la confianza que dilapidó en el camino.
Al más disruptivo de los presidentes lo espera la gris rutina de los gobiernos argentinos: despertarse del sueño de la hegemonía y enfocarse en la batalla cotidiana por la supervivencia.
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POLITICA
El Gobierno asegura que tiene los votos para una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias
El Gobierno asegura que tiene los votos para lograr la aprobación de una nueva Ley de Financiamiento Universitario, pero no prevé que se trate en las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo activó gestiones para llevar el proyecto a la Cámara de Diputados esta semana, pero la iniciativa se postergó y planean retomar la discusión en marzo.
La intención de la Casa Rosada era dictaminar el proyecto en comisión el miércoles y tratarlo en el recinto al día siguiente. El envío de la iniciativa se incluyó en el decreto que extiende las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial.
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“No dan los tiempos para votarla. Vamos a conformar la comisión”, agregan. En Balcarce 50 sostienen que el número está garantizado con aliados y bloques dialoguistas -como los legisladores de Provincias Unidas- y argumentan que tienen un piso de 131 votos. El oficialismo apunta a darle media sanción a partir de marzo.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para acercar posiciones. Participaron representantes del comité ejecutivo del organismo, que agrupa a las 56 universidades nacionales, y se avanzó en una agenda técnica sobre salarios, gastos operativos y previsibilidad presupuestaria.
La nueva ley que impulsa el Gobierno no deroga formalmente la vigente -sancionada en 2024, vetada por Javier Milei y luego ratificada por el Congreso-, sino que busca modificar su esquema de actualización y financiamiento. El texto propone reemplazar el mecanismo de indexación automática por aumentos escalonados y cláusulas de revisión.
El Ejecutivo está dispuesto a conceder una actualización del 20% en los créditos destinados a gastos de funcionamiento universitario respecto de los montos asignados en 2025. Lo mismo aplica para una instancia de evaluación en junio para analizar eventuales diferencias entre los aumentos otorgados y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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La negociación se produce en paralelo a la apelación presentada por la Casa Rosada contra la medida cautelar que lo obliga a implementar la ley actual. El recurso fue interpuesto ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, luego de que un fallo de primera instancia ordenara actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias.
La mesa chica de Balcarce 50 busca evitar una nueva escalada política y judicial en el inicio del ciclo lectivo y quiere cerrar el debate en el Congreso con una norma que reemplace a la actual. Nación ya reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad luego de tensiones judiciales e insiste con que intentará modificarla este año.
Gobierno, universidades
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado de comunicar la presentación judicial contra una serie de manifestantes, a los que el Gobierno identificó como los culpables de los incidentes en las inmediaciones del Congreso.
“Atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional. El que las hace, las paga”, señaló el funcionario libertario en las últimas horas.
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Según dejó trascender el oficialismo, son 17 los identificados y gran parte de ellos, cuenta con antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos.
Los nombres brindados por el Ministerio de Seguridad, fueron: Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli, Matías Enzo Roldán y Patricio Hernán Castellan.
También figuran Denis Alejandro Figueredo, Néstor Alejandro Flores, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
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Más temprano la titular de la cartera de Seguridad Nacional brindó datos sobre el hecho
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo contra los responsables de los hechos violentos registrados durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según explicó, los incidentes no fueron “una agresión más contra las fuerzas de seguridad, sino una acción organizada destinada a desestabilizar el orden institucional”.
Monteoliva subrayó que los actos excedieron “el marco de las manifestaciones tradicionales”. “Gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. Y agregó: “Fue un acto de terrorismo”.
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La funcionaria precisó que la denuncia invocará la Ley Antiterrorista (N° 26.734), que contempla penas más severas, detenciones sin excarcelación inmediata y una investigación federal.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotoves una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, enfatizó.
Sobre el accionar policial, Monteoliva explicó que la prioridad fue dispersar los focos de violencia con agua y gases para minimizar daños. “La intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”, dijo. También destacó la dificultad de detener a los agresores en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas molotov”.
Hasta el momento se identificaron más de diecisiete personas, con edades que van de 20 a más de 60 años, provenientes de distintas provincias. La ministra aclaró que no todos tienen antecedentes, aunque algunos presentan historial delictivo extenso, y mencionó la posible vinculación de algunos con barras bravas o agrupaciones de izquierda combativa y anarquistas.
Monteoliva rechazó rumores sobre policías infiltrados: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate”. Según el balance oficial, hubo más de setenta detenidos y heridos leves, principalmente efectivos y civiles.
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La entrada El Gobierno denunció por terrorismo a 17 manifestantes, tras los incidentes en el Congreso se publicó primero en Nexofin.
Alejandra Monteoliva,Bomba del día,Congreso,Ley Antiterrorista,Reforma Laboral
POLITICA
“Una de más”: el Gobierno reconoce que los cambios a las licencias por enfermedad podrían traer problemas en las negociaciones
El proyecto de reforma laboral que el oficialismo logró aprobar en el Senado había pasado casi desapercibido en uno de sus aspectos: la reducción sustancial de los plazos de las licencias pagas y la redefinición del porcentaje salarial que percibirán los trabajadores ante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo.
En el bloque legislativo de La Libertad Avanza reconocen que ese apartado había pasado “por debajo del radar” hasta el mismo día de la sesión en el Senado. Pero señalan que el tema cobró relevancia la mañana siguiente a la media sanción, cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó un ejemplo para explicar el alcance de la medida.
“Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó. “La idea es que esto también apunta a reducir las licencias que se volvían prácticamente eternas, porque en la práctica no implicaban ningún costo para la parte que ingresaba en ese esquema”, agregó.
Dos miembros del Poder Ejecutivo reconocieron que ese ejemplo catapultó el tema de discusión a la agenda pública. “Se mandó una de más, como siempre”, afirmó una fuente del bloque de La Libertad Avanza a Infobae.
“Eso fue lo que calentó, como cada vez que sale a hablar Sturzenegger”, comentó un miembro del oficialismo. La molestia dentro del Gobierno no se debe al contenido del ejemplo, con el que están de acuerdo, sino a que no era el momento de instalar esa cuestión en la agenda pública.
Los especialistas en comunicación ya analizan cómo revertir la carga negativa que tuvo ese caso en los medios y en las redes. El Gobierno cuenta con más de una semana antes de que se trate esta cuestión en una sesión en el recinto, y La Libertad Avanza debe conseguir adhesiones en la Cámara de Diputados para que el proyecto remitido desde el Senado no sufra modificaciones.
Si se rechaza o modifica un solo título del proyecto, el oficialismo debe devolverlo a la Cámara alta, lo que demoraría la sanción definitiva de toda la reforma. Milei ya firmó el decreto para extender un día más el período de sesiones extraordinarias para que la reforma laboral pueda tener sanción el 28 de febrero, un día antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias en la que hablará Javier Milei.
El temor en el oficialismo es que la discusión que se generó sobre este punto desincentive a actores de la oposición dialoguista para avalar ese apartado. Una alta fuente reconoció a Infobae su preocupación por no poder conseguir los votos necesarios para ratificar ese punto.
Tras la media sanción de la reforma, el oficialismo afirmaba tener asegurados los votos para la aprobación en general y altas posibilidades para las votaciones en particular. Actualmente, esto no está garantizado: el primer bloque que expresó su desacuerdo fue el PRO, al pedir que se reincorpore el artículo que permite recibir el sueldo a través de una billetera virtual.
El bloque de Provincias Unidas mantiene serias diferencias con más aspectos del proyecto. “Vamos a marcar diferencias en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Con lo de las licencias por enfermedad no hay fisuras, nos oponemos”, remarcó uno de sus integrantes, informando que solo hay apoyo de ese bloque en 9 de los 26 títulos.
Las críticas sobre la modificación de las licencias surgen por lo que podría ocurrir en casos de enfermedades más graves y que no necesariamente tengan vínculo directo con el desempeño en el lugar de trabajo. Además, se discute si esto traerá mayor judicialización o no, un aspecto que el proyecto busca reducir. El abogado laboralista Julián de Diego afirmó a Infobae En Vivo que la reforma provocará una mayor cantidad de conflictos legales en las empresas.
Qué dice la modificación de las licencias por enfermedad
Las nuevas reglas establecen límites de entre 3 y 6 meses para las licencias pagas, según si el trabajador tiene personas a cargo, y reducen los porcentajes de sueldo abonados durante la baja.
El texto prevé que, cuando la imposibilidad de trabajar derive de una actividad voluntaria y consciente que implicara un riesgo para la salud, el empleado percibirá el 50% de su remuneración básica. Este período será de 3 meses si no tiene cargas de familia y de 6 meses si las tuviera. Para situaciones donde no hubo voluntad ni conciencia del riesgo, el porcentaje de pago sube al 75%, manteniendo el mismo plazo de licencia.
Estas modificaciones resultaron de extensas negociaciones entre el Gobierno y las empresas. En el esquema vigente, un trabajador con menos de 5 años de antigüedad y sin cargas de familia accede a una licencia paga de 3 meses, y de 6 meses si tiene cargas de familia. Si la antigüedad supera los 5 años, actualmente la licencia por enfermedad o accidente es de 6 o 12 meses según el grupo familiar, y se paga el 100% del sueldo. La reforma elimina la extensión a 12 meses y el pago total, limitando la licencia a un máximo de 6 meses y ajustando el porcentaje abonado.
Estas disposiciones también abarcan los accidentes o enfermedades psiquiátricas originadas fuera del trabajo y obligan al trabajador a informar de inmediato cualquier imposibilidad para asistir al primer día laboral por enfermedad o accidente, salvo motivos de fuerza mayor. Si el aviso no se realiza y no se comprueba la causa posteriormente, se pierde el derecho a la remuneración.
Las inasistencias deberán justificarse mediante certificados médicos emitidos y firmados digitalmente por profesionales habilitados. El trabajador deberá someterse a controles médicos designados por el empleador; si existiera una discrepancia insalvable entre diagnósticos, la ley prevé la intervención de una junta médica en entidad oficial o la solicitud de un dictamen en institutos reconocidos, cuyo costo asumirá el empleador.
Respecto a la recidiva de enfermedades crónicas, la reforma aclara que no serán consideradas nuevas enfermedades, salvo que la reaparición ocurra después de 2 años desde el primer episodio. La normativa también establece que la suspensión del trabajador por motivos económicos o disciplinarios no afecta el derecho a cobrar la remuneración parcial correspondiente a la licencia paga por enfermedad o accidente.
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