El oficialismo se impuso el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026 como primera prueba poselectoral. El proyecto vino ganando títulos durante semanas, marcadas por una larga serie de reuniones formales y conversaciones reservadas con gobernadores, para tratar de asegurar un rápido trámite en Diputados y el paso sin modificaciones por el Senado. Llegó ahora el día de traducir las negociaciones. Este miércoles arranca formalmente el período de sesiones extraordinarias, pero hay demora y la previa anotó recelos en la Cámara baja, además de versiones sobre hilos aún sueltos en las tratativas con los jefes provinciales.

El foco apuntó en las últimas horas al despacho de Martín Menem. Se esperaba una señal sobre la inmediata recomposición de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero finalmente trascendió que recién a principios de la semana que viene sería dado ese paso, con la intención de sesionar uno o dos días después. El punto es que la demora se debería a antes que nada a cuestiones que tiene que resolver el Ejecutivo: con quiénes y cómo cerrar acuerdos, porque no habría elasticidad suficiente con todos los gobernadores.

Diego Santilli ya recorrió casi todo el circuito de las provincias consideradas para el diálogo, es decir, descontando opositores duros, por decisión de Olivos, no como fruto de desaires a una convocatoria oficial. La respuesta a las demandas es una cuestión que no se limita al ministerio del Interior, porque pesa Luis Caputo. Vale un ejemplo notorio: las tratativas con la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que generó la poda de CFK -con Alberto Fernández presidente- suma una o dos reuniones por semana, pero hasta ahora sin acuerdo sellado.

Desde el oficialismo, insisten en proyectar un panorama optimista. No parece sencillo. Hablan de una negociación que finalmente le permitiría contar con el apoyo de peronistas alejados de UxP, provinciales y buena parte sino todo el interbloque armado por el PRO, golpeado por los saltos hacia LLA, y parte del radicalismo. Necesita avanzar más en el heterogéneo espacio abierto al diálogo y, a la vez, insistente con sus demandas. Le hacen falta 34 diputados para tener quórum, además de asistencia firma de su bloque, que creció a 95 integrantes.

El tratamiento a la carrera que Olivos se trazó como objetivo para coronar el Presupuesto aumentó las expectativas sobre una rápida constitución de la referida comisión de Diputados. Y tal vez por eso mismo, resultó llamativa la postergación hasta la semana que viene. El clima anotaba además algunas tensiones sobre el criterio para distribuir las 49 sillas de Presupuesto y Hacienda.

Durante la jornada, mientras se sucedían conversaciones en la presidencia de la Cámara, circuló la información según la cual podrían restarle un lugar al interbloque de Provincias Unidas y uno también al PRO-UCR. La discusión tiene antecedentes y remite al modo de considerar el peso de cada sector, como bloque exclusivamente o en función de interbloques. Pero, por supuesto, se trata de una cuestión política, que sería más evidente si termina siendo beneficiado algún socio del oficialismo.

La primera cita de PyH aprieta aún más el calendario violeta. La intención sería integrar la comisión el lunes o martes, imponer dictamen el miércoles y llevar el tema al recinto veinticuatro horas después. El acuerdo político con aliados y dialoguistas debería ser repetido en el Senado, también velozmente, para aprobar la ley antes de fin de año. Ese es el plan, claro, pero antes debe ser resuelto el capítulo de las tratativas con los gobernadores.

Vinculada con ese desenlace, aunque con características propias, la apuesta violeta en el Senado está centrada en la reforma laboral. El proyecto llegaría el jueves o viernes a la Cámara alta y se estima que, en el mejor de los casos, podría tener dictamen hacia fin de año. Es un desafío que se plantea personalmente Patricia Bullrich, después de algunos pasos en falso o contratiempos como elemento desgastante.

En este caso, a diferencia del Presupuesto, el tema trasciende el terreno “estrictamente político” e involucra a organizaciones sindicales y empresariales. La CGT está a la espera del texto del proyecto, más allá de las versiones que la ponen en guardia y de los guiños que trascienden. Los jefes cegetistas comenzaron a tener encuentros con representantes de la oposición y gobernadores. Por lo demás, la agenda formal para un trámite legislativo como el que se avecina incluye la convocatoria a las entidades directamente afectadas y a expertos en la materia.

Cada uno de los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias tiene artículos sensibles, desde la “modernización laboral” a la ley de glaciares y los dólares del colchón. Resulta difícil para el Gobierno articular un sistema de alianzas sólidas que funcione indistintamente frente a cualquier iniciativa. La prueba inicial, por lo pronto, está atada al Presupuesto.

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Los libertarios en Diputados recibieron la visita del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien les presentó los detalles del informe final del Consejo de Mayo y detalló las medidas gubernamentales que se incluyen en los proyectos a discutir por el Congreso próximamente.

Las medidas fueron anunciadas este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada y ampliadas por el titular de la cartera de Desregulación. Además, Martín Menem, jefe de los diputados, junto a Gabriel Bornoroni diagramaron la estrategia para el tratamiento y sanción del Presupuesto 2026.

La reunión fue encabezada por el presidente del boque y secundado por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici. Participaron la mayoría de los legisladores, muchos de ellos juraron la semana pasada y se incorporan este miércoles formalmente al Congreso.

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Entre el próximo lunes 15 y martes 16 se definirá la composición de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se sabe que continuará el libertario Bertie Benegas Lynch al frente de la misma. Ese mismo martes se convocará a la reunión y se firmaran los dictámenes del proyecto de gastos y recursos del Estado para el próximo año. También avanzarán con la ley de Inocencia Fiscal. En ese proyecto, para dictaminar necesitan el acompañamiento de la Comisión de Legislación Penal, que continuará siendo presidida por Laura Rodríguez Machado, ahora diputada de La Libertad Avanza.

El miércoles se convocaría a sesionar y el oficialismo espera darle la primera sanción del Congreso a ambos proyectos y girarlos al Senado para que este los trate antes de finalizar el 2025.

Los dictámenes

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el pasado 15 de septiembre y ya fue dictaminado por el oficialismo y la oposición tendrá que tratarse nuevamente por una cuestión reglamentaria. Al cambiar la composición de las cámaras legislativas y al finalizar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, los dictámenes cayeron y perdieron validez, pero no el proyecto. Por lo tanto, se discutirá y se llevará al recinto para su tratamiento, donde el oficialismo considerará necesario modificar su proyecto ya que alcanzó acuerdos con la gran mayoría de los gobernadores provinciales.

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Las proyecciones macroeconómicas estiman para el próximo año un crecimiento del Producto Bruto Interno de 5%, un índice de Precios al Consumidor de 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar. A partir de ese año, se proyecta un crecimiento sostenido, una clara tendencia a la desinflación y una evolución del valor de la divisa norteamericana por debajo de la inflación.

El Artículo 1 del proyecto de Ley incluye la consideración explícita de que “el presupuesto para el ejercicio 2026 al cierre deberá presentar una ejecución con un resultado financiero equilibrado o superavitario”. Se incorporan los presupuestos de ARCA y PAMI para la aprobación legislativa, al igual que se preveía en el proyecto de presupuesto 2025.La recaudación crecerá 0,47% del PIB, con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales. El aumento en impuestos coparticipables explica mayores ingresos de las provincias por esta fuente.

El gasto en prestaciones sociales, rubro de gran incidencia en el total, sube 5,7% interanual real y este año los haberes sin bono tendrían una mejora real de 12,6%. Se supone la continuidad del bono vigente para los haberes mínimos de las jubilaciones y pensiones de 70.000 pesos, sin aumentos durante 2026 y una caída de 155 mil titulares promedio mensuales menos en las pensiones por invalidez.

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