POLITICA
Una diputada de Milei presentó un proyecto para que los cargos en los órganos de control no sean ocupados por afiliados a partidos

Con el objetivo de evitar designaciones cuestionadas y reforzar la neutralidad en organismos clave del Estado, la diputada nacional Mercedes Llano, representante de Mendoza por el Partido Demócrata y aliada de La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone establecer un requisito inédito: un período obligatorio de “abstinencia política” de diez años para quienes aspiren a ocupar cargos superiores en los órganos nacionales de control y jurisdicción.
La iniciativa busca impedir que quienes hayan tenido vínculos recientes con partidos políticos puedan acceder a funciones sensibles dentro del esquema institucional argentino. La propuesta se aplica a organismos como la Auditoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, la Oficina Anticorrupción, entre otros entes cuya independencia suele estar en debate cuando se trata de nombramientos.
En concreto, el proyecto presentado por Llano establece que las personas que sean propuestas para esos cargos deberán acreditar que, durante los diez años anteriores a la fecha de su postulación, no estuvieron afiliadas a ninguna fuerza política, no fueron precandidatos ni candidatos, ni ocuparon cargos electivos, de confianza política o de carrera dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional. Esta restricción no se aplicará a quienes hayan accedido a sus funciones mediante concurso público.
El texto define la noción de “abstinencia política” como un marco restrictivo diseñado para asegurar que los funcionarios designados estén alejados de toda influencia partidaria o compromiso político previo. Desde el espacio de La Libertad Avanza, señalaron que el objetivo es promover un ejercicio “más imparcial e íntegro” del poder público y despolitizar el funcionamiento de las instituciones, con el fin de contribuir al fortalecimiento del sistema republicano.

Llano sostuvo en los fundamentos del proyecto que la propuesta apunta a “despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos”. A su vez, explicó que la abstinencia política se plantea como un mecanismo de salvaguarda que pretende “preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas”.
El proyecto no fue presentado en soledad. La iniciativa cuenta con el respaldo de un grupo de legisladores del mismo espacio político y fuerzas afines. Entre quienes firmaron la propuesta se encuentran Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde.
Desde el entorno de Llano, remarcaron que el propósito no es restringir derechos políticos, sino establecer criterios para asegurar la independencia de quienes deben controlar, juzgar o fiscalizar al Estado. En esa línea, indicaron que el hecho de no haber ocupado cargos políticos ni haber estado afiliado a un partido durante la última década configura una garantía de imparcialidad que se considera imprescindible en la gestión pública, particularmente en funciones de contralor.
El proyecto aparece en un contexto donde las designaciones en organismos de control han sido objeto de críticas reiteradas por parte de distintos sectores, que señalan la falta de independencia de funcionarios con antecedentes políticos o partidarios. La propuesta impulsada por la diputada mendocina busca imponer un nuevo estándar que, de ser aprobado, modificaría las reglas de acceso a algunas de las posiciones más sensibles del entramado institucional.
Por el momento, la iniciativa fue presentada en la Cámara baja y aguarda su tratamiento legislativo. El debate promete abrir discusiones en torno al equilibrio entre la experiencia política y la necesidad de independencia en los organismos de control, en un escenario donde las tensiones entre oficialismo y oposición también se juegan en el terreno de las designaciones.
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POLITICA
Las “reformas ocultas” de la flamante ley de modernización laboral

Además de las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en lo que respecta a las vacaciones, jornada de trabajo e indemnizaciones, la reforma laboral que promulgó el Poder Ejecutivo incluye la derogación de un conjunto de leyes cuya discusión pasó por debajo del radar pero cuyo efecto impactará en el vínculo laboral en diversos sectores.
En el último capítulo de la norma el Gobierno incorporó una larga lista de leyes a ser dejadas sin efecto; allí, por caso, figuraba la derogación de media decena de estatutos profesionales que la oposición intentó, en vano, impedir. El capítulo quedó indemne y, con él, la derogación de varias leyes, entre ellas la de teletrabajo y las que regulan el trabajo en las cárceles, en los supermercados y en el sector agrario. También se modificaron artículos de la LCT en lo que respecta al trabajo de las mujeres.
La ley 27.555 de teletrabajo, que se sancionó en 2020, fue concebida durante la pandemia para regular las condiciones laborales para quienes trabajan de manera remota. Así, se estipuló el derecho a la desconexión digital, la igualdad salarial con trabajadores presenciales, la compensación por gastos de conectividad y equipamiento y la protección de la jornada laboral en modalidad remota.
La reforma laboral ahora vigente establece que estos beneficios quedan sin efecto con retroactividad al 1° de enero de este año, por lo que dependerá de las partes -empresas y empleados- pactar una nueva modalidad de trabajo “home office”, ya sin el amparo de la ley 27.555.
La norma promulgada por el Poder Ejecutivo también establece, en su artículo 216, la modificación de la ley 24.660 -sobre ejecución de la pena privativa de la libertad- en el capítulo referido al trabajo en las cárceles.
En efecto, la ley deroga los incisos del artículo 107 que establecen que el trabajo debe ser remunerado y que se debe respetar la legislación laboral y de seguridad social. Además, se elimina el artículo 117, que establece que la organización del trabajo penitenciario debe respetar “las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre”.
Con esta cláusula, el Gobierno deja en claro que la legislación laboral no es aplicable a las personas privadas de libertad; así, busca neutralizar la ejecución de recientes fallos de la justicia laboral que ordenaron pagar jornada completa, aguinaldo, ART y asignaciones familiares a presos que desempeñan tareas laborales en las cárceles.
Otra ley que se suprimió con esta reforma laboral fue la ley 20.657, que establecía un régimen para la actividad comercial de supermercados. Uno de los artículos más urticantes para los empresarios del sector era el que establecía que si la duración de los servicios superara la limitación impuesta por las normas legales o convencionales, las horas en exceso se remunerarán con un suplemento equivalente al 100% de la remuneración.
La reforma laboral también alcanza al sector agropecuario con varias modificaciones a la ley de trabajo agrario. En el artículo 206, por caso, se elimina el artículo que equipara los derechos laborales del trabajador permanente discontinuo con el trabajador permanente y el que habilita, a este último, a reclamar indemnización por daños y perjuicios cuando es despedido sin justa causa.
La flamante reforma incorpora, en su artículo 207, la derogación de otros nueve artículos de la LCT. Dos de ellos -el 174 y el 175- se refiere al trabajo de las mujeres; con su eliminación, se dejará sin efecto el descanso de dos horas al mediodía que debían gozar aquellas mujeres que trabajen en horas de mañana y de tarde, como así también la prohibición de encargar la ejecución de trabajos a domicilio a mujeres ocupadas en algún local u otra dependencia de la empresa.
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Reforma de la Ley de Glaciares: el Gobierno convoca a audiencias mientras crecen las críticas de la oposición

La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados comenzó a diagramar el tratamiento del proyecto que reforma la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. El debate ya se inició en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.
Ambas están encabezadas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, y cada movimiento del oficialismo fue coordinado con la Casa Rosada. La estrategia apunta a cumplir con las normas que regulan este tipo de debates, convocar a audiencias públicas y, en parte, acompañar el reclamo de la oposición.
“Las hemos solicitado desde Provincias Unidas, ya que es un tema muy importante para el medio ambiente y para el sistema hídrico argentino la modificación de la Ley de Glaciares. Queremos escuchar a los especialistas, a los técnicos y a las comunidades, porque nosotros tenemos que legislar en función de evidencias, no solo a intencionalidades, a principios o dogmas con un tema de tanta trascendencia”, señaló el diputado de la Democracia Cristiana Juan Brügge.
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Brügge agregó a TN que “desde la Universidad Nacional de Córdoba están los laboratorios de hidrología y las especialidades de las facultades que pueden venir a explicarnos de qué manera se puede producir un impacto si se autoriza un emprendimiento minero, que es el objetivo que persigue el Gobierno nacional. Y tomar una decisión al respecto, más allá de los planteos de inconstitucionalidad que tienen en lo que respecta a las competencias, que será materia de discusión en el plenario o en las comisiones”.
Desde ese mismo bloque, Provincias Unidas, la radical María Inés Zigarán planteó sus reparos. “Nuestra propuesta fue que se federalicen las audiencias públicas, que se realicen por lo menos una por región glaciológica, ya que el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) ha definido cinco zonas de glaciares. Pretendimos que al menos una audiencia se realice en cada una de esas regiones y luego una en la Ciudad de Buenos Aires, garantizando la máxima participación de los actores involucrados”.
El oficialismo aceptó ampliar la propuesta inicial de una audiencia para el próximo 25 de marzo y extender el debate un día más, el 26 de marzo, de 10 a 19, para expositores conectados de manera remota por Zoom desde el interior del país. Sin embargo, descartó realizar audiencias fuera del ámbito del Congreso nacional.
“Incorporamos pedidos de la oposición, sumamos sus observaciones para llevar adelante las audiencias públicas”, manifestó la diputada Gabriela Flores, de La Libertad Avanza. “Vamos a trabajar muy fuerte, cumpliendo todos los requisitos, para que esta ley salga como corresponde”, agregó la legisladora por Salta.
Inscripción para las audiencias
Para las audiencias públicas de los próximos 25 y 26 de marzo, la Cámara de Diputados ya habilitó el mecanismo de inscripción. La convocatoria se realiza en los términos del artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara, tras el acuerdo alcanzado en la reunión conjunta del 4 de marzo. El debate se centrará en el Expediente 0072-S-2026, que contiene la iniciativa en revisión.
La audiencia se celebrará en dos jornadas: el 25 de marzo, con exposiciones presenciales en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C del Congreso (Av. Rivadavia 1841, CABA), y el 26 de marzo, con intervenciones virtuales. En ambos casos, el horario será de 10 a 19.
El plazo para inscribirse vencerá el 20 de marzo a las 16 para quienes lo hagan de manera presencial y a las 20 para quienes opten por la modalidad virtual. Las presentaciones por escrito podrán enviarse por correo electrónico a crnaturales@hcdn.gob.ar o entregarse personalmente hasta ese mismo día y horario.
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Cada exposición durante la audiencia contará con un máximo de cinco minutos. Posteriormente, todas las intervenciones y ponencias serán publicadas en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.
Rechazo de Unión por la Patria
La diputada Adriana Serquis señaló que esperan que se cumpla el compromiso de escuchar todas las voces. “En particular, que se garantice la participación federal inclusiva de las comunidades que, seguramente, no tengan ni siquiera la conectividad. Esto de decir que hay una conectividad garantizada para todo el país, lamentablemente, sabemos que no es cierto. Principalmente para aquellas comunidades más aisladas y las que probablemente se perjudiquen con una sequía que pueda producirse si seguimos avanzando sobre los glaciares y en particular los periglaciares que se encuentran en estas regiones”, advirtió la legisladora de Unión por la Patria.
Audiencia del Frente de Izquierda
El pasado viernes, organizado por el bloque del Frente de Izquierda, se realizó en la Cámara de Diputados un conversatorio en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno nacional y que ya cuenta con media sanción del Senado.
Del encuentro participaron los diputados Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola.
Nicolás del Caño abrió el encuentro señalando que “es muy importante poder reunirnos con todos los que vienen peleando, se vienen pronunciando y alzando su voz frente a esta media sanción de la modificación de la ley de Glaciares que intenta seguir avanzando con el esquema de extractivismo y saqueo por parte de Milei y sus aliados. Sabemos que las empresas nos dejan el daño ambiental y es mentira que se generan puestos de trabajo, como dijo falsamente Milei en la apertura de sesiones el pasado domingo. El lobby de la megaminería viene siendo resistido desde los territorios, desde las asambleas y desde las y los especialistas. Queremos escucharnos y también pensar iniciativas para frenar la ley, como lo demostraron los pueblos de Chubut, de Mendoza, de Jujuy y otras provincias. Es la lucha la que puede frenar esta ley”.
También Myriam Bregman recordó que “los cambios retrógrados que se pretenden hacer en la ley de Glaciares responden a un pedido de la Cámara Minera, y eso ya no es algo oculto. Es lo mismo que pasó con la Ley de Humedales: pidieron enterrarla. El proyecto de modificación no surge de ningún estudio científico ni nada por el estilo. Según dice expresamente el Mensaje del Poder Ejecutivo en la remisión del proyecto, responde a un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, solicitando cambios al texto vigente para facilitar el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios”.
Del conversatorio participaron además los legisladores Carlos Castagnetto y Adriana Serquis (UP), Maximiliano Ferraro (CC), e integrantes de distintas organizaciones y referentes ambientalistas como Enrique Viale, Maristela Svampa y Guillermo Folguera.
También participaron referentes de la cultura como las actrices Julieta Díaz, Laura Azcurra y Celina Font; los músicos Guillermo Bonetto (Los Cafres), Malena D’Alessio y Valentina Cook; y escritores como Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Paula Pérez Alonso y Enzo Maqueira.
Además enviaron su saludo Claudia Piñeiro, Candelaria Botto, Érica Rivas, María Inés Krimer, Dolores Reyes y Fernando Signorini. Entre los presentes también estuvieron Luis Zamora, Pablo Bergel, Leonardo Grosso, Patricio del Corro y Juan Carlos Giordano.
La norma que se busca modificar
El oficialismo logró aprobar los cambios a la Ley de Glaciares en el Senado el jueves 26 de febrero, en el tramo final del período de sesiones extraordinarias.
La modificación apunta a priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, además de facilitar la llegada de proyectos mineros internacionales.
Para ello, el proyecto habilita la posibilidad de realizar explotación de recursos naturales en glaciares que no sean considerados hídricamente relevantes o que no cumplan una función hídrica. En la legislación vigente, esa posibilidad está prohibida.
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Tras las 90 reformas que anunció Milei, el peronismo quiere evitar que LLA se adueñe de la agenda del Congreso

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei dejó claro que el Gobierno buscará ejercer un control total de la agenda legislativa con una andanada de proyecto de “reformas estructurales” que se sucederán hasta fin de año. En cambio, en las filas del peronismo oscilan entre cierta resignación y los planes para imponer una “agenda propia”.
Según explicó Milei, cada ministerio ya tiene en carpeta al menos 10 paquetes legislativos que enviarán al Congreso escalonadamente para “rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”.
Entre los principales anuncios se destacaron la reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial; la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley de Defensa de la Competencia; la reforma del Régimen Tributario y del Código Aduanero; la ratificación del Acuerdo con EEUU y suscripción de nuevos acuerdos internacionales; la eliminación de barreras ambientales; la reforma del Régimen Electoral y cambios en el financiamiento de los partidos políticos; una reforma judicial y del Código Penal; una reforma en los tres niveles educativos; una nueva ley de semillas y otros proyectos de desregulación en diversos sectores económicos.
Ante una propuesta tan ambiciosa, de las filas del peronismo surgen análisis dispares. Por un lado, algunos reconocen que el Gobierno “tiene los fierros” para mantener el control de la agenda parlamentaria, por lo menos en el corto plazo.

No solo se refieren sólo al apoyo de los gobernadores y de los bloques aliados, como el PRO y la UCR, sino al control del trámite legislativo. Cabe recordar que antes de llegar al recinto, cada proyecto de ley debe pasar por las comisiones correspondientes según los temas que abarque. Es por eso que el control de las presidencias de las comisiones cobra gran importancia.
Gracias al acuerdo de sus aliados, los libertarios se quedaron con las presidencias de todas las comisiones que se conformaron durante las sesiones extraordinarias. Esta son: Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado), Justicia (Álvaro Martínez), Trabajo (Lisandro Almirón), Juventud y Niñez (Maria Gabriela Flores), Recursos Naturales (José Peluc), Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), Mercosur (Damián Arabia). Y todo parece indicar que la oposición quedará completamente relegada de las comisiones importantes.
“La agenda del Congreso la podés manejar si tenés alguna presidencia que te permita avanzar con los proyectos. Pero ellos hasta ahora se quedaron con todo y no hay perspectivas de que le dejen alguna importante a la oposición”, explicó un importante referente de Unión por la Patria.
“Además, los libertarios han aprendido rápido todas las malas técnicas y por más que te dejen la presidencia de alguna comisión, primero le van a dar giro a los proyectos para que pasen por alguna de las comisiones que controlan ellos, y ahí te la cajonean”, sintetizaron.

Ante este escenario, la única herramienta disponible serían los emplazamientos, un mecanismo que obliga a las comisiones a tratar los proyectos sin importar quién detenta la presidencia. Sin embargo, esta instancia, que fue utilizada muchas veces el año pasado, requiere de una mayoría en el recinto, algo que la oposición por el momento está lejos de alcanzar. “Mientras el núcleo de aliados dialoguistas se mantenga firme, va a estar muy complicado”, explicaron.
En cambio, sí existe un consenso entre los peronistas: el apoyo de los gobernadores tiene fecha de vencimiento y eso eventualmente dejará al oficialismo sin mayoría propia. La pregunta es cuándo ocurrirá. “Muchas provincias van a tener una lógica sumisa este año, pero el año que viene la lógica electoral va a empezar a imponerse desde muy temprano y los gobernadores se van a tener que diferenciar para no perder el control de sus territorios”, advirtieron.
Otros creen que la dinámica económica podría “dar vuelta” la situación mucho antes: “Los dialoguistas van a ir para donde vaya el viento, ya fueron para un lado en 2024 y después para el otro lado en 2025”.
En esa línea, un diputado que no responde al liderazgo de Cristina Kirchner analizó que la imagen de Milei se está deteriorando y que el tono agresivo y polarizante al que recurrió el domingo pasado es una consecuencia directa del deterioro de las expectativas. “Ya perdió todo lo que ganó en octubre y a pesar de que tuvo muchos éxitos durante el verano no está recuperando imagen”, señaló.
Por otro lado, sectores del peronismo insisten en que deben plantear una agenda propositiva que contraste directamente con el oficialismo, y si no se puede avanzar en el Congreso, tendrán que buscar visibilidad mediática y en las calles. “Una cosa es perder una votación en el recinto y otra es perder la agenda en la calle. El mejor ejemplo es lo que pasó con Macri, que ganó la votación de la reforma previsional pero después perdió la agenda de ahí en adelante”.
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