La confirmación de las condenas contra Lázaro Báez en la “ruta del dinero K” y en la causa Vialidad reeditó una vieja disputa sobre su fortuna del empresario entre el juez de la quiebra de Austral Construcciones y el tribunal de la causa Los Sauces-Hotesur. Ese tironeo por los bienes espera hace tiempo una definición de la Corte Suprema. Por el avance de las causas, ahora se sumaron nuevos actores. Un día antes de comenzar la feria, el Tribunal Federal 2, que ya inició el proceso de decomiso de los bienes del empresario y de Cristina Kirchner, le pidió a la justicia comercial un informe actualizado de la quiebra.

Los condenados por la causa Vialidad tiene plazo hasta el 13 de agosto para pagar 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por la maniobra fraudulenta. Pueden aportar bienes o dinero en cuentas bancarias. Pero se descuenta que el tribunal deberá avanzar con la ejecución de los bienes cuando se venza el plazo.

Por ese motivo, el TOF 2 se puso en contacto con el juez de la quiebra de Austral y le pidió “una amplia certificación”, con especial interés por la “liquidación de activos”. De manera inmediata, el juez Jorge Sícoli, que subroga el juzgado comercial 28, le pidió la información a los síndicos, a cargo del estudio Stupnik.

La respuesta se conocerá luego del receso de invierno. Según pudo saber Infobae, solo resta vender el obrador central de Río Gallegos y una parcela que está justo enfrente. La base para esos remates ronda los 2 millones de dólares. Además hay algunos lotes de máquinas y rodados.

El resto de los bienes de Austral Construcciones se vienen rematando desde 2017 en el marco de la quiebra. Ya se vendieron decenas de campos, departamentos y vehículos. “Las últimas ventas fueron un garage en Chaco, una construcción en la provincia de Buenos Aires y unas oficinas en Chubut», detalló una fuente que conoce el paso a paso.

Gran parte del dinero de las ventas volvió al Estado, a través de la ex AFIP y del Banco Nación, los principales acreedores. Pero en diciembre de 2023 comenzó una disputa entre el TOF 5 y el juez de la quiebra que obligó a congelar todo lo recaudado.

El tribunal que tiene a cargo el juicio por Los Sauces-Hotesur, a cargo del juez José Michilini, reclamó en ese momento que se frenen las subastas y que los vehículos y las máquinas de Austral Construcciones sean entregados a Vialidad Nacional o al Ministerio de Seguridad. El argumento era que gran parte de esos bienes estaban embargados en el marco de ese expediente y tenían que utilizarse para un eventual decomiso.

El juez comercial decidió seguir adelante con el proceso de la quiebra. Luego, la Cámara Comercial ratificó esa decisión pero ordenó que todo el dinero sea resguardado en varias cuentas judiciales. “La totalidad de los fondos provenientes de la liquidación de bienes producida con posterioridad al 15/12/23 -con la salvedad de los gastos antes indicados- deberán quedar cautelados e invertidos en la quiebra”, dispuso la Sala E en septiembre del año pasado. Y agregó: “A fin de compatibilizar los intereses en pugna, cabe admitir que se prosiga con la enajenación de los bienes de la fallida en el marco de esta quiebra y detraídos los gastos que insuma ese procedimiento de venta y los de mantenimiento de los bienes, se proceda a cautelar e invertir los fondos que se obtengan hasta tanto la CSJN se expida sobre la cuestión de competencia que fue sometida a su examen”.

La disputa de competencia, que se puede seguir paso a paso en el incidente 118 de la quiebra, siguió escalando hasta llegar a la Corte Suprema.

El procurador Eduardo Casal ya se pronunció a favor del juez de la quiebra. “No se aprecia norma alguna que establezca una prioridad de la pretensión penal vinculada a la recuperación de activos producto o instrumento del delito, en detrimento del derecho crediticio de terceros ajenos al proceso, reclamado de conformidad con las normas de derecho interno”, sostuvo.

El expediente quedó frenado desde marzo en la vocalía 3 de la Corte Suprema.

Por el avance de las causas, en los próximos meses habrá una disputa por los bienes de Báez entre los tribunales que lo condenaron. El TOF 2 ya puso en marcha el proceso de decomiso y el TOF 4 también dio algunos pasos por la “ruta del dinero K”. El cruce es irreversible. “La prioridad debería ser del TOF 4 porque esa condena se confirmó antes”, coincidieron dos fuentes judiciales.

Los bienes de Austral Construcciones son solo una parte la fortuna. Hace un mes, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani pidieron embargar además “los bienes y sumas de dinero que por cualquier concepto tenga en su haber la sociedad y sobre las sumas de dinero que eventualmente tengan para percibir Lázaro Báez, sus hijos, sus empresas o cualquier otra persona en concepto de dividendos, distribuciones de ganancias, todo tipo de retiro, anticipos de honorarios y cualquier otra suma de dinero» vinculadas a Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL y Gotti SA.

Ese panorama se complejiza por el avance de la causa Hotesur-Los Sauces. Todavía está pendiente una pericia contable y la tasación de todos los bienes, entre otras cosas. Recién el 18 de julio, el último día antes de la feria, el TOF 5 le informó a los abogados defensores que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Justicia Suprema designó a tres peritos: dos para los inmuebles y uno para los vehículos.

Entre los bienes para tasar aparece el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena, los 10 departamentos de Río Gallegos que construyó Austral Construcciones para Néstor Kirchner, y los dos departamentos sobre la calle Juncal que compraron los Kirchner en la década del 80′.

Algunos bienes ya se tasaron. En junio, el TOF 5 informó que uno de los departamentos de la familia Kirchner en edificio Madero Center, cuesta USD 2.442.000. Se trata del dúplex que conecta el octavo y noveno piso. Hace tiempo está vacío. Cuando se venda, el comprador se quedará también con 5 cocheras.