POLITICA
Una empresa de Piccirillo vendió US$250 millones en un año: el “pasa manos” y los secretos del blue

Elías Piccirillo era conocido como “El rey del dólar blue” por la fortuna que operaba a diario. En la City, lo apodaban de una manera menos glamorosa: “El Hombre de Negro (HDN)”. Su popularidad llegó de la mano de Jesica Cirio. Duró muy poco. Una pelea con otro financista lo llevó a la cárcel. Estuvo casi ocho meses en Ezeiza. Desde este viernes cumple con prisión domiciliaria en un departamento de 37 m2, en Banfield. Pero sus problemas están lejos de aclararse. Casi dos años después, el Banco Central lo investiga por la operatoria del dólar blue. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, revela que en 2023, en pleno auge del cepo, vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. En su momento, no levantó ninguna alarma a las autoridades de turno. El expediente expone, además, algunos de los actores principales de ese mercado ilegal.
La investigación del BCRA, en curso desde fines de 2024, se entrecruza con una causa incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.
El nombre de Piccirillo y la casa de cambio “Arg Exchange” son parte de un rompecabezas que los investigadores buscan completar. Ante una consulta de , la entidad que preside Santiago Bausili se limitó a decir que “inició una serie de investigaciones de operatorias cambiarias llevadas a cabo durante 2022 y 2023 que involucran a algunas pocas entidades financieras y a un número mayor de casas y agencias de cambio, con acceso a los dólares de las reservas internacionales del BCRA”. En su respuesta, el BCRA también advirtió que “hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el MULC (mercado único de libre de cambios) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas”.
Una de las casas de cambio en la mira es la de Piccirillo. El empresario apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.
Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió . Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
Solo en el mes de octubre, en sintonía con la tensión cambiaria previa a las elecciones presidenciales, la sociedad de Piccirillo y Migueles compró más de 80 millones de dólares.
La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.
La maniobra sospechosa
¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios, y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según el mismo declaró ante la Justicia.
“Los dólares siempre salían de una entidad financiera y luego comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio. La ultima agencia, la que le vendía a un cliente fuera del mercado, quedaba afuera del ruedo en apenas dos semanas porque no podía justificar los números”, cuenta un financista que conoció el circuito desde adentro y prefiere mantener el anonimato.
Piccirillo, según esa misma fuente, llegó a operar hasta 20 millones de dólares en un solo día.
Las operaciones millonarias que realizaba Arg Exchange encendieron las alarmas del Banco Central recién en 2024, tras el cambio de gobierno. La investigación interna derivó en un sumario que incluye a Piccirillo y Migueles, tal como adelantó .
Migueles recién se notificó de los cargos hace dos semanas: tuvo que ir personalmente al BCRA, donde le entregaron un pen drive con todas las pruebas. “No hay ninguna operativa prohibida. El Banco Central monitoreaba las operaciones de las agencias todos los días, casi en tiempo real, ahora no puede decir que no sabía nada”, dicen sus abogados.
consultó al Banco Central para saber qué funcionarios estaban a cargo de controlar a las agencias durante 2023, pero no obtuvo respuesta.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, a Piccirillo y Migueles se los acusa de “adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo”. “Arg Exchange efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades...”, detalla el sumario. Por esta razón, el texto habla de una “operatoria de intermediación”.
¿Cómo fueron las ventas? Durante 2023, “Arg Exchange” vendió a otras entidades financieras o cambiarias casi la misma cifra que compró, US$251.961.040. Mas allá del volumen, los investigadores pusieron el foco en los “clientes” de esa casa de cambio. Ahí aparecieron varias agencias vinculadas al “Rey del Blue”.
En el listado de compradores se destaca Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).
En Gis Cambio aparece, otra vez, Matías Bocca, socio minoritario de Piccirillo. Según reportes del BCRA, era dueño del 30% de las acciones de esa casa de cambio. Estaba de los dos lados del mostrador.
Bocca también es mencionado en otro sumario contra Free Charge. Allí se encuentra conectado con María Fernanda Sena Argis, exsocia del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mujer declaró ante el BCRA que le vendió sus acciones de Free Charge a Bocca en 2021.
Arg Exchange cumplía el rol de intermediaria en la cadena que explotaba el negocio del dólar blue: compraba grandes cantidades y vendía casi los mismos montos. Las ventas a clientes eran casi inexistentes. Apenas un 0,002% de las ventas totales registradas en todo 2023.
Algo similar ocurría con las entidades que le compraban los dólares. El Banco Central habla de un “pase de manos”. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en el sumario del BCRA.
Los investigadores distinguieron dos grupos bien diferenciados entre las entidades que le compraban a Arg Exchange. Algunas entidades como Cambio Imperial, Andie, Centenera, Intercash y Eden terminaron suspendidas o revocadas para operar porque había indicios de “un origen y destino ilegal de los fondos utilizados y de las divisas adquiridas”. Y el segundo grupo revendía los dólares a otros operadores que terminaban cometiendo las presuntas irregularidades.
El informe menciona el caso puntual de Gallo Cambios. En mayo de 2023, esa casa de cambio le compró a Arg Exchange y le terminó revendiendo la misma cantidad a Andie. En el mercado, esa dos agencias se la adjudican a Piccirillo.
Al momento de impulsar el sumario contra “Arg Exchange”, que recién fue cerrada en febrero de 2025, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA pidió tener en cuenta “la responsabilidad de los accionistas de la entidad”. Por eso las intimaciones también fueron contra Migueles (como presidente), Tomás Schulze (vice), Hernán Rodrigo Nion (vice) y Piccirillo (accionista mayoritario).
En el mercado financiero aseguran que toda la operatoria del blue, que dejó millonarias ganancias, funcionó por la falta de controles del Banco Central de ese momento.
En una causa judicial contra Piccirillo hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escucha tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados…”, le dijo Francisco Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.
En el entorno de los financistas aseguran que aludían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras. Esa funcionaria sigue en su cargo. consultó al Banco Central sobre los controles a cargo de esta funcionaria, pero no emitió comentarios.
Otra financiera que cayó por el blue
Gran parte de las entidades que operaban como compradores y vendedores de Arg Exchange se repiten en otros sumarios abiertos por el Central. Es el caso de Mega Latina, una casa de cambio que operó más de 413 millones de dólares en 2023.
Ese expediente del BCRA, al que accedió , revela que casi 328 millones provenían del Banco de Servicio y Transacciones (BST), y que Mega Latina le vendió casi el mismo monto a Gallo Cambios, investigada por el caso de Arg Exchange.
Sobre las ventas de Mega Latina, el sumario del BCRA destacó que ocurrieron “especialmente entre junio y agosto” de 2023. De hecho, en ese período la casa de cambio retiró “en efectivo por caja” los casi US$328 millones que le compró al BST.
Las autoridades del Central describieron que ese dinero fue vendido “en efectivo a otros operadores de cambio”. Luego, el documento explica que dichas contrapartes (algunos de los que le compraron dólares a Mega Latina) “recibieron transferencias en pesos en sus cuentas sin haber registrado operaciones a su nombre”. Con esto, la entidad monetaria reforzó su hipótesis sobre posibles operaciones blue, además de reiterar la falta de documentación que acredite el origen lícito de los fondos.
La defensa de Mega Latina rechazó la acusación en su contra: sostuvo que “las operaciones cursadas no se encontraban prohibidas y que la exigencia de la que se responsabiliza a la entidad surge de la interpretación antojadiza de un supuesto exceso en el negocio autorizado”. El mismo argumento que plantean las defensas de Migueles y Piccirillo.
El sumario de Mega Latina acaba de finalizar con sanciones millonarias, aunque todavía se pueden apelar. Según una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, la firma deberá pagar una multa de $34.588.463.033.
Solo las operaciones de Arg Exchange y Mega Latina superan los 700 millones dólares. Es solo el comienzo. El “pase de manos” del blue tuvo decenas de beneficiarios. Y muchos más responsables.
una causa incipiente por presunto lavado de dinero,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Dólar blue,Conforme a,Dólar blue,,Últimos registros. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 15 de noviembre,,Las acciones del agro subieron hasta 26%. La reacción del mercado tras el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos,,Minuto a minuto. A cuánto cotizó el dólar este viernes 14 de noviembre
POLITICA
La Justicia suspendió la aplicación de la reforma laboral en el sector docente: qué implica la medida

La justicia del trabajo suspendió la aplicación del artículo 100 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El planteo judicial contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó a Infobae: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.
“Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, dijo el sindicalista, que además es secretario de Políticas Educativas de la CGT.
En un comunicado de prensa, el gremio informó que “la Justicia Nacional del Trabajo resolvió que la acción promovida por la UDA continúe su trámite dentro del proceso colectivo que se encuentra radicado ante el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, donde ya se había dictado una medida cautelar de alcance general».
“La resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.
De este modo -agregó-, y hasta tanto exista una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión, continúa resguardado el ejercicio del derecho constitucional de huelga y la plena vigencia de los principios de libertad sindical y negociación colectiva».
Noticia en desarrollo
POLITICA
El Gobierno le dio un bono de $40.000 y otro de hasta $300.000 a las fuerzas de seguridad

En el marco del deterioro de los ingresos de las fuerzas de seguridad y el malestar por las prestaciones de su obra social, el Gobierno decidió otorgarle al personal de seguridad en actividad un bono de 40.000 pesos y sumas extras que, de acuerdo a las categorías, llegarán hasta 300.000 pesos.
La decisión alcanza tanto al personal de la Policía Federal, como de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad.
Por ahora no hay anuncios para las Fuerzas Armadas, donde también hay quejas por los bajos salarios. En el Ministerio de Defensa deslizan que “algo puede haber”, pero no dan precisiones por el momento. Por lo pronto, el bono amplía la brecha salarial entre las fuerzas de seguridad y los militares, que vienen reclamando desde hace tiempo una equiparación salarial.
La información sobre las erogaciones para las fuerzas federales se dio a conocer este miércoles, a través de una publicación en el Boletín Oficial (B.O), en el que se incluyó el decreto 216/2026 que contiene la decisión. Y se dio en la antesala de una protesta convocada por redes sociales para este jueves, bajo la consigna de la necesidad de reclamo “un salario digno”, y también junto a otros pedidos por la situación de la obra social.
En el decreto dado a conocer este miércoles se sostuvo que las erogaciones por parte del Poder Ejecutivo tienen “el propósito de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.
“El gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”, agrega.
A través de información en anexos se detalla que el bono de $40.000 es fijo, no remunerativo y no bonificable, y se pagará con los haberes del mes de abril. La suma contempla también a los alumnos en formación de la Gendarmería y la Prefectura Naval.
En tanto que el segundo bono será de entre $100.000 y $300.000 según los rangos del personal en actividad. Las sumas más altas serán para las jerarquías iniciales del escalafón: agentes, cabos y sargentos, en el caso de la Policía Federal, y rangos similares de las otras fuerzas. Comisarios y comandantes generales y mayores, las categorías más altas, no recibirán el bono.
En el decreto también se consignó que “el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto” no implicará una partida adicional, sino que se atenderá con recursos ya otorgados en el presupuesto y que los fondos saldrán de los créditos asignados al propio Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En el primero de los casos se habla de “una suma fija no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, de percepción única por persona, de $40.000, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″.
En el segundo, se consigna la entrega de “una suma fija, no remunerativa y no bonificable, excepcional, por única vez, y de percepción única por persona, a abonarse con los haberes correspondientes al mes de abril del año 2026″ y que esto es “conforme los importes que para los distintos grados se detallan en el Anexo I”, donde están las tablas con los montos para cada categoría.
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POLITICA
Federico Otermín cuestionó la baja de la pobreza: “La estadística no refleja la realidad actual”

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, rechazó que los últimos datos oficiales sobre pobreza reflejen la situación real en la provincia de Buenos Aires. “Creo que el deterioro se ha ido incrementando después de las elecciones”, sostuvo el dirigente peronista. Sus declaraciones llegan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer que, en el segundo semestre de 2025, la pobreza se ubicó en 28,2% y la indigencia en 6,3% en los principales centros urbanos del país.
En una charla con el equipo de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Otermín relató que “cuando recorrés los barrios populares de Lomas de Zamora, ves que la realidad es otra: antes había progreso, construcción, asado en las casas; hoy la situación es mucho más difícil”. El intendente explicó que, si bien las estadísticas oficiales muestran una baja al 28% en la pobreza, “esos datos son muy fríos, son una foto de un momento que ya quedó atrás”.
“Lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es un deterioro constante”, aseguró Otermín. Para el jefe comunal, “las cosas no están bien, ni en términos generales ni en lo cotidiano”. Relató que, pese a los anuncios de baja en la pobreza, “en los barrios populares ya no se ve el humo del asado, ni la construcción o los programas que antes estaban presentes”.
Al ser consultado sobre los índices oficiales, Otermín enfatizó: “No hay que enamorarse del dato duro, porque si no uno también se aleja de la realidad”. Para el intendente, “el dato que muestran hoy es una foto de diciembre; la situación se fue deteriorando y el ajuste después de las elecciones fue muy fuerte, con consecuencias directas en el consumo y la vida de las familias”.
Recordó que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “había progreso, se veía obra pública y programas sociales en los barrios”, mientras que en la actualidad “sobrevivir se volvió muy caro en Argentina”. Otermín remarcó: “Lo que no puede ser tan caro en Argentina es sobrevivir”.
Otermín reconoció que la derrota electoral del peronismo y el triunfo de La Libertad Avanza “fue consecuencia del fracaso del sistema político”. Según su análisis, “la gente eligió la novedad porque ni el candidato del peronismo ni los del establishment lograron representar la demanda social”. Admitió: “No pudimos cumplir nuestro contrato electoral, no generamos las condiciones para que nuestra gente viva bien”.
El intendente profundizó sobre la falta de propuestas alternativas de la oposición: “Creo que las ideas del peronismo están claras: defender la producción y la soberanía nacional, pero también tenemos que hacer una autocrítica colectiva de cómo viene el país y hacia dónde va”. Consideró que “no es momento de hablar de candidaturas para 2027, pero sí de reconstruir una expectativa y una esperanza”.

“El gobierno nacional sostiene que Milei va a reelegir, pero no veo que haya certezas de cara al 2027; la legitimidad política se construye día a día y la sociedad no da cheques en blanco”, analizó.
Al referirse a la situación interna del peronismo, Otermín admitió: “Las tensiones existen, son legítimas y más aún después de lo que pasó con el gobierno anterior y el impacto del ajuste de Milei”. Describió la situación de Cristina Kirchner como “triste”, señalando que “la metieron presa para que no sea candidata” y que “la proscripción judicial sería un escándalo en cualquier otro país”.
Sobre la conducción partidaria, sostuvo: “Institucionalmente, Cristina sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista y mucha gente se siente identificada con ella, aunque el tiempo de su gobierno parece lejano para las nuevas generaciones”. Otermín apuntó que “el peronismo está unido por una contraseña universal, el compañerismo, aunque haya diferencias de matiz”.
En cuanto a propuestas para el futuro, resaltó: “El peronismo tiene que repensar la idea de comunidad, potenciar la inversión privada y recuperar la capacidad de conversar con todos los sectores”. Consideró que “la centralidad no puede estar solo en el Estado” y que “hay que amigarse con la industria y el campo”.
Finalmente, sobre su propio futuro político, Otermín negó buscar una candidatura a gobernador bonaerense: “Hoy tengo una responsabilidad institucional y me interesa aportar para hacer las cosas bien. La clave está en escuchar a los vecinos y aplicar nuevas tecnologías para mejorar la gestión”.
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