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Una exfuncionaria de Formosa denunció acoso sexual y laboral por parte de un ministro de Gildo Insfrán

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Una exfuncionaria de Gildo Insfrán denunció en Formosa que durante los 14 años que trabajó en la administración provincial fue víctima de una serie de abusos sexuales y maltrato por parte del ministro de Gobierno, Jorge Abel González. También acusó a un ex diputado y sindicalista por intento de violación y a otra funcionaria por provocar fraude en la elección en el Colegio de Magistrados.

La denunciante es Silvia Elena Tarantini, exdirectora de Personas Jurídicas de esa provincia, quien aseguró que si bien tiene pruebas «con captura de pantalla de mensajes» y filmaciones para respaldar lo que dice, no está entre sus planes hacer una presentación ante la justicia de Formosa porque allí, dijo: «Nunca voy a conseguir nada».

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Denuncié acosos laboral, sexual y hostigamiento institucional por parte de quien era mi jefe en su momento, el actual ministro de Gobierno”, relató en entrevistas con el diario La Mañana y radio Ahora Litoral, donde detalló que fue acosada “desde el primer día que el asumió” en la Dirección de Personas Jurídicas.

Como consecuencia, sostuvo, se enfermó “por estrés laboral” e incluso tuvo un ACV y quedó hipoacúsica debido a «una crisis hipertensiva» que tuvo a raíz del malestar que padecía en el cargo.

El caso salió a la luz durante la visita que el jueves último hizo a Formosa la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación que preside la macrista Sabrina Ajmechet e integra la libertaria Lilia Lemoine.

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La Comisión de Derechos Humanos de Diputados sesionó en Formosa.

De acuerdo con el relato de la mujer, el accionar de González fue “siempre sutil porque se cuidaba mucho”. Primero “empezó con piropos” y apreciaciones sobre su apariencia, en particular cuando la llamaba a su oficina.

“Me dejaba entrever que tenía algo más con él, podría ser su secretaria”, recordó y detalló que las “promesas” eran cada vez mayores. “Hasta me ofreció ser diputada. Yo nunca accedí, ni siquiera le constataba”, acotó.

La situación fue creciendo en incomodidad y -siempre según la descripción de Tarantini- una de las últimas veces que González hizo insinuaciones, ella reaccionó y le dijo que lo iba a denunciar “por acoso sexual y laboral”. “A los tres meses me sacaron, eso pasó en 2019”, afirmó y remarcó que previo a eso, como estrategia de desgaste, le redujeron al mínimo el personal que tenía a cargo y también le quitaron funciones.

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Pese a este panorama, Tarantini dijo que no piensa formalizar su acusación, al menos no en su provincia. “Soy abogada, en la Justicia de Formosa sé que nunca voy a conseguir nada”, expresó ante la prensa local, aunque aclaró que analiza la posibilidad de iniciar acciones con «un importante estudio jurídico de Buenos Aires» y con el respaldo de la Comisión de DDHH de diputados ante eventuales “represalias”.

Tarantini aseguró que no se va “a quedar de brazos cruzados” a pesar de que no pretenda “hacer ningún juicio”. ”Yo quería visibilizar y sacarme esta mochila de muchos años”, reflexionó.

En línea con las expresiones de Tarantini, la diputada provincial Gabriela Neme sostuvo que el ministro en cuestión «es el mayor acosador del gobierno de Gildo Insfrán».

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«Si no sos de ellos o no te acostás con algún jefe, si sos mujer, no accedés a la policía ni a los cargos públicos. Muchas funcionarias se han ido por el acoso. Hay un aparato político que opera para garantizar esos favores sexuales que exige el poder», sostuvo en declaraciones a Prensa Libre Formosa.

Más allá de los señalamientos sobre el ministro González, la exdirectora de Personas Jurídicas contó que vivió una situación similar con el secretario general de la CGT Formosa, el exdiputado provincial Hilario Martínez. El caso fue aún de mayor gravedad porque, aseguró, fue «un intento de violación».

«Fue gravísimo pero nadie se solidarizó conmigo, ni siquiera mis compañeros», lamentó y relató también que le sugirieron no hacer nada porque se trataba de «un compañero». En ese sentido, resaltó que pese a que del episodio se enteró «todo el mundo», tampoco intentó denunciar porque «la justicia formoseña está totalmente cooptada».

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“Me atacó físicamente. Estuve minutos forcejeando hasta que me soltó. Me soltó porque sabía que no le iba a pasar nada”, agregó.

Por otra parte, Tarantini mencionó que la fiscal del Estado Stella Maris Zabala trató de obligarla «a participar de un fraude electoral en el Colegio de Magistrados».

La reunión con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados

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El jueves, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sesionó en Formosa “por primera vez en la historia”.

Según contó Ajmechet en su cuenta de X, el grupo fue a “escuchar lo que el kirchnerismo silenció durante décadas: torturas, desapariciones, represión, fraude, censura, muerte y abandono bajo el régimen autoritario de Gildo Insfrán», quien está al frente del Poder Ejecutivo hace 36 años.

Entre los relatos, que escucharon también las diputadas Karina Banfi, María Cecilia Ibañez y Marilú Quiroz, estuvo el de Tarantini.

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Cómo sigue la salud de Federico Pelli, el diputado libertario que sufrió un violento cabezazo en Tucumán

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El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli fue agredido el miércoles pasado en la localidad tucumana de La Madrid, cuando se acercó a colaborar con los afectados por las inundaciones. El legislador fue sometido a una operación este jueves por las lesiones óseas que le produjo el cabezazo recibido.

“A Federico lo operaron ayer de la nariz. Salió bien de la operación. Estaba medio dolorido en la garganta, pero probablemente hoy ya le den el alta”, contó a Paula Omodeo, exdiputada nacional.

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La intervención quirúrgica estuvo a cargo del cuerpo médico de la Clínica Mayo, un establecimiento privado de la ciudad capital. Anteriormente, Pelli había recibido atención médica en el Hospital Regional de Concepción, donde le realizaron estudios preliminares y atención de primeros auxilios.

Así trasladaban al diputado tucumano que fue violentamente agredido por un hombre.captura de vide

Según informaron los médicos de esa institución a la prensa local, el dirigente debió ser asistido por un traumatismo encéfalocraneano y una fractura del tabique nasal. “Una desgracia con suerte. El diputado tuvo un traumatismo encéfalocraneano y nasal. Le realizamos una tomografía computarizada y tiene una fractura del hueso propio, pero está estable”, había especificado el cuerpo médico, según consigna en el medio Contexto Tucumán.

Durante ese primer examen, los médicos también descartaron una lesión cerebral, aunque adelantaron que el legislador permanecería en observación y sería trasladado luego, por decisión del paciente, a una clínica privada.

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Pelli había sido agredido el miércoles, cuando se acercó junto a otros dirigentes del partido de Javier Milei a repartir donaciones y ayudar a los vecinos de la localidad tucumana de La Madrid afectados por las inundaciones y el temporal que azotó esta semana a la provincia. En videos que se viralizaron en redes sociales, el agresor – luego identificado por LLA como Marcelo Segura, referente del PJ local- increpa a Pelli y, tras un breve intercambio verbal, le da un cabezazo en la cara el legislador libertario.

La diputada nacional de La Libertad Avanza Soledad Molinuevo, quien estuvo presente al momento de la agresión, relató a la prensa local que, por el golpe, Pelli tuvo una “importante pérdida de sangre”. “Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe”, relató.

Ahora, Pelli permanece estable, pero deberá seguir en reposo por algunos días. Mientras tanto, en el partido de Milei piden que se investigue y tomen medidas contra Segura por su comportamiento.

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La Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a salir del país para que asista a un sorteo de la Conmebol

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La Justicia en lo Penal Económico autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país entre el 18 y el 20 de marzo para viajar a Paraguay y participar del sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La decisión fue adoptada en el marco de la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social.

El permiso fue concedido por el juez Diego Amarante, quien dispuso además que el dirigente deposite una caución de 30 millones de pesos como condición para autorizar el viaje.

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La autorización se produce mientras el expediente judicial atraviesa una etapa clave. Tras finalizar las rondas de indagatorias y con los escritos de defensa ya presentados, el magistrado quedó en condiciones de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

A partir de esta instancia, el juez tiene un plazo de diez días hábiles para resolver si dicta el procesamiento de los imputados, si los sobresee o si establece la falta de mérito. Son las tres alternativas previstas por la ley en esta etapa del proceso.

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Cómo sigue la causa

Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, los dos máximo dirigentes del fútbol argentino. (Foto: X/@AFA)

La investigación judicial se centra en una presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por parte de la AFA. Según la acusación, la entidad no habría pagado en tiempo y forma el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales correspondientes a un período que se extiende desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.

El monto involucrado asciende a 19.300 millones de pesos. De acuerdo con la normativa vigente, el delito se configura cuando vence el plazo para ingresar el impuesto y el pago no se realiza dentro de los 30 días posteriores.

La acusación sostiene que durante ese período la asociación actuó como agente de retención: descontó impuestos y aportes previsionales que luego no ingresó al fisco en el plazo establecido. Según el planteo del organismo recaudador ARCA, esa conducta se habría repetido durante 19 meses consecutivos.

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En total, el expediente contabiliza 69 hechos que concurren entre sí. Para el organismo, los fondos retenidos no eran recursos propios de la AFA, sino dinero correspondiente a los contribuyentes a los que se les habían practicado esas deducciones.

En su presentación ante la Justicia, ARCA también señaló que la entidad tenía capacidad financiera para cumplir con esas obligaciones. Según los datos incorporados al expediente, durante el período investigado ingresaron a la AFA alrededor de 500 mil millones de pesos.

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La defensa de los dirigentes, en cambio, sostiene que no existió incumplimiento. Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino presentaron escritos en los que argumentaron que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas en el caso de asociaciones civiles.

Desde esa perspectiva, sostuvieron que no estaban obligados a cancelar esas obligaciones en ese momento. Además, la AFA afirmó que la deuda ya fue regularizada.

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El tesorero de la entidad insistió en ese argumento en el escrito presentado ante el juez. “No existió ardid ni engaño alguno, sino una conducta ajustada a resoluciones administrativas dictadas en el marco de una política estatal de alivio y regularización fiscal”, afirmó Toviggino. En el mismo documento agregó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.

La defensa también planteó que existe una persecución contra la dirigencia de la AFA. Según su postura, la denuncia impulsada por el Gobierno nacional fue presentada en diciembre de 2025, mientras que el primer incumplimiento investigado se remonta a marzo de ese mismo año.

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Tapia y Toviggino solicitaron el sobreseimiento en la causa. Sin embargo, el juez Amarante rechazó ese pedido. Esa decisión fue apelada y actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.

Chiqui Tapia, Claudio Tapia, AFA, ARCA, Conmebol

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Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral

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La reforma laboral que el Gobierno consiguió aprobar a fines de febrero recibió su primer revés en la Justicia. Un juez de Córdoba declaró “inconstitucional” el artículo 55 de la norma, un punto que regula la actualización de créditos laborales.

El magistrado Ricardo Giletta, integrante de la Sala I de la Cámara del Trabajo de esa provincia, sostuvo que ese apartado de la norma crea una distinción “arbitraria” entre los trabajadores con juicios en trámite y aquellos que demanden tras la vigencia de la ley.

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La nueva ley establece que, para los casos que se inicien tras su sanción, el mecanismo de actualización será por Índice de Precios al Consumidor (IPC, inflación), más un 3% de interés anual; y para los casos que nacieron antes de su sanción y se encuentran todavía en trámite judicial, se aplicará la tasa pasiva del BCRA y, si esa tasa es muy baja, se garantiza un “piso” del 67%.

El juez consideró que ese desdoblamiento viola la garantía de igualdad ante la ley.

En su fallo, también sostuvo que la tasa pasiva del Banco Central -el instrumento contemplado en el artículo 55 para realizar la actualización- es “marcadamente insuficiente” para compensar los efectos de la inflación.

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Queda desechada la validez constitucional del artículo 55”, escribió el juez.

La resolución sin embargo, fue desfavorable para el trabajador que inició la demanda, Mario Urbano, quien reclamaba indemnizaciones por un despido que consideraba injustificado.

La empresa lo había despedido alegando que Urbano presentó certificados truchos para justificar sus inasistencias durante 2016. El juez ratificó que esas presentaciones eran falsas y sostuvo que el despido estaba, en efecto, justificado, pero marcó que algunos rubros de cobro no se pierden por mala conducta y ordenó a la empresa pagar los días trabajados de agosto de 2016, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, ya que el empleador no presentó recibos que demostraran su pago.

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Otros cuestionamientos

El viernes pasado, como parte de una estrategia a varios tiempos, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido cautelar contra el traslado de la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad, que forma parte de la reforma laboral que aprobó el Gobierno durante las sesiones extraordinarias en el Congreso.

Ayer, el juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazó el planteo. Entre otras cuestiones, dijo que no se advierte “peligro en la demora”.

Uno de los aspectos cuestionados en la presentación realizada el viernes pasado se concentra en el artículo 91 de la reforma, que contempla la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito moldeado por los años de Pro en el distrito y, a priori, menos favorable para los trabajadores.

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En rigor, con el texto de la reforma laboral se aprobó el “acuerdo” firmado el 9 de febrero entre el gobierno de Jorge Macri y la administración nacional, por el que se dispuso poner en marcha esa transferencia, una deuda que la Ciudad de Buenos Aires y la Nación arrastran desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó un nuevo estatus a la Capital.


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