Ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) fueron imputados por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Publico de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Aranudo, por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme Lácteos Vidal.

Se trata de una decisión sin precedentes que involucra a importantes sindicalistas de la organización liderada por Héctor Ponce, que mantiene un duro conflicto con la empresa que es propiedad de Alejandra Bada Vázquez, fue bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.

La imputación alcanza a Heber Ríos, secretario general de la Seccional General Rodríguez de ATILRA; Sergio Raúl Longo, subsecretario de ATILRA Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad; Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA; Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Diego Armando Alarcón, vocales de ATILRA Trenque Lauquen; Rafael Alberto Ale, delegado en Lácteos Vidal, y Ariel Sánchez, secretario del gremio.

Según los abogados de la pyme, es la primera vez en la Ciudad en Buenos Aires en la que se usa esta figura contra las acciones violentas de los sindicalistas, que ya tiene antecedentes en Rosario y en San Juan, mientras señalaron que no se descartó la figura de la asociación ilícita que también fue solicitada por la empresa.

Ahora, Bada Vázquez y sus abogados adelantaron que no descartan iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el gremio y exigir los embargos pertinentes por los daños sufridos que, actualizados hasta hoy por inflación, rondarían los 500 millones de pesos.

La decisión del fiscal Aranudo se produjo porque se unificaron en la Ciudad los bloqueos realizados en las instalaciones de Lácteos Vidal en Moctezuma, partido bonaerense de Carlos Casares, y en la sede que tiene la pyme en el barrio porteño de Villa Devoto.

Los bloqueos realizados por ATILRA, según denunció Lácteos Vidal, “alteraron el normal funcionamiento de la empresa, ocasionando un perjuicio económico concreto al impedir el ingreso y egreso de mercadería en la planta de Moctezuma, así como la venta y distribución de productos en la sede de CABA”.

La pyme argumentó que esos hechos respondieron a “una estrategia coordinada por parte de los imputados”, que configuraron una conducta única tipificada en el artículo 174 del Código Penal (obstrucción al funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales).

Para la fiscalía se causó un perjuicio económico a Lácteos Vidal, con sede social en la Ciudad de Buenos Aires, por una suma de aproximadamente $61.684.151,09 -valor de la fecha de los hechos- al desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022, acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer y que se había decidido de manera intempestiva e irregular el primero de esos días en la localidad de Moctezuma, Provincia de Buenos Aires, donde tiene asiento uno de los establecimientos de la empresa.

Aranudo consideró en su resolución que la maniobra fue efectuada de forma coordinada entre las plantas de Moctezuma y Capital Federal, fue planificada y ejecutada por los 8 imputados con la finalidad de generar pérdidas económicas a Lácteos Vidal y con la intervención de Verónica Blas y David Eduardo Ariel Cheij.

Se trata de la primera vez que se toma como un único hecho lo sucedido en ambas plantas y se va a investigar integralmente lo sucedido en las dos localidades.

Así, la Fiscalía hizo lugar a lo solicitado por Bada Vázquez, apoderada y querellante en la causa, con el patrocinio de los abogados Mariana Heim y Pablo Abdon Torres Barthe, quienes solicitaron las imputaciones.

Entre las actividades realizadas por los sindicalistas, señaló el fiscal, se destaca la ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas ubicadas en Moctezuma y en la calle Tinogasta 4975, CABA, por “personas que no pertenecían ni desempeñaban funciones en la empresa y que intimidaron al personal de la misma para que se sume a la huelga y/o no concurra a trabajar, impidiéndole acceder con normalidad a sus puestos”. Y añadió: “Asimismo, se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de ATILRA” (finalmente imputadas).

Según Aranudo, “a raíz de todo este despliegue de conductas, la firma Lácteos Vidal no pudo recibir materia prima (leche) en su planta de Moctezuma, viéndose obligada a derivarla a otras empresas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, lo que incrementó sus costos y afectó su productividad”.

“Durante ese período -destacó-, sólo se logró enviar a la fábrica de CABA, donde se terminaban y comercializaban los productos finales, una cantidad muy inferior a la habitual. Por otro lado, el producto semielaborado procesado en las fábricas alternativas tuvo que venderse en ese estado, generando pérdidas económicas al no poder ser terminado en CABA. A esto se sumó el descenso en las ventas debido a la presencia intimidatoria de miembros de ATILRA en la sede de Lácteos Vidal apostada en la calle Tinogasta, de esta CABA, que dificultó tanto la salida de mercadería para repartos como el acceso de clientes que solían retirar sus pedidos directamente”.