POLITICA
Una mujer fue a votar y se enteró que otra persona había usado sus datos para sufragar en Córdoba
Una mujer en Córdoba denunció un caso de usurpación de identidad luego de acercarse a la institución educativa, en donde le tocaba emitir su voto y se encontró con que ya habían sufragado en su nombre.
El episodio fue uno más de los insólitos momentos que se vivieron durante las Elecciones nacionales 2025 , y ocurrió en el IPET N°247 “Ing. Carlos A. Cassaffousth” del barrio Alberdi.
En la mesa asignada se sorprendieron al revisar los datos de la mujer y constataron que otro individuo había votado en su lugar usando su nombre y número de DNI. La ciudadana manifestó que “le habían entregado el troquel, figuraba la firma y el ejemplar B como votado”. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, ante la sorpresa, las autoridades presentes se dirigieron a los fiscales y convocaron a la Junta Electoral para resolver la situación.
Según relató al mismo medio, informó de inmediato la situación a su abogada y, tras una serie de gestiones entre ambas partes, le permitieron emitir su voto bajo la modalidad de voto recurrente. “Se demoró muchísimo porque la Junta Electoral decía una cosa y mi abogada otra. Pude votar con voto recurrente y en el anonimato, con el acuerdo de todos los fiscales”, detalló la mujer.
A su vez, las autoridades informaron que el voto emitido previamente en forma irregular sería anulado. “Dicen que el voto que esté de más lo van a anular, pero alguien votó con mi DNI”, reclamó con indignación. A su vez, añadió: “Ahora tengo que hacer la denuncia policial por usurpación de identidad para que no se siga usando mi documento”.
Mientras la Junta Electoral evaluaba los pasos a seguir para garantizar la validez del proceso y la protección de los datos personales de los votantes, la ciudadana adelantó que presentará la denuncia policial para formalizar el caso ante las autoridades competentes.
Las perlitas de la jornada electoral
Otras situaciones particulares se destacaron en diversos puntos, tales como en El Palomar, donde un hombre llegó a votar disfrazado como el personaje de historieta “El Joker”, lo que le resultó imposible de poder emitir su voto. El episodio, confirmado por la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) se produjo en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5. La delegada de mesa, María Alejandra Korol, indicó al elector que debía retirarse el maquillaje antes de presentarse para votar. El ciudadano se fue sin incidentes tras un breve intercambio con el personal de seguridad.
La madre del presidente Javier Milei se presentó a votar pero, en vez de llevar el DNI, mostró la licencia de conducir y debió esperar para completar el trámite. Por su parte, el mandatario votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en la mesa 2211.
Todo esto ocurrió en el marco de los comicios electorales del 26 de octubre, donde la población eligió 127 diputados nacionales, lo que equivale al recambio de la mitad de la Cámara Baja, y 24 senadores nacionales, equivalentes a un tercio del Senado, en el marco del sistema argentino de renovación parcial de ambas cámaras que se da cada dos años.
En Córdoba, el electorado participó para elegir nueve representantes a la Cámara de Diputados, en un proceso que incorporó medidas orientadas a lograr mayor claridad y facilidad para el votante. Fueron 18 las listas que compitieron por los escaños de la provincia.
La Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 42,3% de los sufragios, en tanto que la Alianza Provincias Unidas obtuvo el 28,3%. Entre las demás agrupaciones que participaron se encuentran Acción para el Cambio, Ciudadanos, Córdoba Te Quiero, Defendamos Córdoba, Encuentro por la República, Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, Fe, Fuerza Patria y Frente Federal de Acción Solidaria, entre otras.
El presidente Javier Milei participó este jueves en el acto por el aniversario número 44 de la guerra de Malvinas. El mandatario se bajó del auto oficial junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y avanzó hacia el monumento a los caídos.
Allí lo esperaba todo su Gabinete. Se abrazó con cada uno de ellos. Pero el gesto más esperado era el que se iba a dar con el ministro coordinador, Manuel Adorni, envuelto desde hace semanas en un escándalo por un vuelo privado a Punta del Este, sus propiedades y su patrimonio.
En una nueva muestra de apoyo, que se suma a las que ya le brindó días atrás, el Presidente se acercó a su jefe de Gabinete con alegría y ambos se abrazaron con una sonrisa en la cara. La escena del contacto entre ellos duró al menos cinco segundos.
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La crisis diplomática entre Argentina e Irán escaló en las últimas horas con una decisión de máxima gravedad: el Gobierno de Javier Milei declaró “persona non grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.
La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno —y luego replicado por el propio presidente Javier Milei—, en el que se informa que “la República Argentina ha declarado persona non grata al Sr. Mohsen Soltani Tehrani, Consejero y Encargado de Negocios ad interim de la República Islámica de Irán […] y debe abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas”.
El texto precisa que la decisión se adopta “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, el mecanismo jurídico que permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.
La decisión se produce como respuesta directa al comunicado difundido el día anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que había marcado un fuerte punto de tensión en el vínculo bilateral. En ese documento, el régimen teocrático sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.
Además, el texto iraní cuestionó la legitimidad de la medida al afirmar que “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico”, y avanzó un paso más al advertir que “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.
En su argumentación, Teherán atribuyó la decisión a factores externos. Señaló que fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos” y sostuvo que se produce “en simultáneo con la agresión militar” de esas potencias contra Irán, en referencia al actual escenario de ofensiva militar en Medio Oriente.
El comunicado iraní también incluyó una definición política sobre la conducción argentina. Allí se afirma que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”, en una formulación que escaló el tono del conflicto.
Frente a ese posicionamiento, la Cancillería argentina respondió esta mañana con un texto que no solo oficializa la expulsión, sino que también fija una posición política y jurídica más amplia.
El comunicado señala que la decisión se adopta “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.
Y agrega un punto central en la argumentación oficial: esas declaraciones “constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”.
El texto también vincula este episodio con el histórico conflicto judicial entre ambos países. En ese sentido, advierte que la situación “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.
La Cancillería va más allá y remarca que Irán mantiene “un reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables”, en referencia a los pedidos de captura que pesan sobre ex funcionarios del régimen por su presunta participación en los atentados terroristas de los años 90.
En otro tramo, el comunicado introduce un elemento adicional de gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”.
El cierre del texto refuerza el posicionamiento político del Gobierno: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.
Y concluye con una definición que sintetiza la línea oficial: “La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la memoria, la justicia y la lucha contra el terrorismo, así como con el pleno respeto del derecho internacional”.
La secuencia de hechos muestra una escalada en apenas 48 horas. Primero, la decisión argentina de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, basada en antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. Luego, la respuesta iraní, con un comunicado que combinó descalificaciones, acusaciones y advertencias diplomáticas. Finalmente, la reacción argentina con la expulsión del principal representante diplomático iraní en el país.
En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de tensión adicional. La crisis se desarrolla en medio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario que condiciona las posiciones diplomáticas y en el que el Gobierno argentino ha decidido alinearse de manera explícita con Washington y Jerusalén.
En ese marco, la Guardia Revolucionaria —estructura central del sistema de poder iraní— se convierte en el eje del conflicto. Mientras la Argentina la señala como una organización vinculada al terrorismo internacional, el régimen iraní la reivindica como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo”.
El contraste entre ambas posiciones es total. Y la expulsión del encargado de negocios iraní termina de consolidar un deterioro acelerado del vínculo bilateral, en un escenario donde la confrontación ya no es solo discursiva, sino también diplomática y operativa.
En ese contexto, la reacción iraní —y la posterior respuesta argentina— dejan en evidencia un endurecimiento de posiciones que trasciende lo bilateral y se proyecta sobre el tablero geopolítico global.
El intercambio de comunicados en las últimas 48 horas muestra dos narrativas opuestas. Por un lado, la Argentina fundamenta sus decisiones en antecedentes judiciales y en la necesidad de combatir el terrorismo. Por el otro, el régimen iraní niega esas acusaciones, denuncia injerencia externa y responde con una retórica confrontativa.
La expulsión del encargado de negocios iraní sintetiza esa tensión. Y anticipa un deterioro aún mayor en la relación entre ambos países, en un momento en que la política exterior argentina ha decidido avanzar sin ambigüedades en una estrategia de confrontación con el régimen de Teherán.
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POLITICA
Diputados de Unión por la Patria proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas
Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.
“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.
El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.
Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.
La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.
En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.
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