POLITICA
Una peligrosa pelea en la cima del Gobierno
Es difícil imaginar a Victoria Villarruel urdiendo una conspiración para tumbar del poder a Javier Milei y hacerse ella de la poltrona presidencial. Al revés, algunos sectores del propio mileísmo señalan que la vicepresidenta es “demasiado institucionalista” en el manejo del Senado, que le corresponde presidir. Tampoco es una ciega política, como para negar que el Presidente cuenta con un considerable nivel de simpatía popular; es un momento, en verdad, que no le permite imaginar a nadie sensato que Milei desbarrancaría antes de concluir con su actual mandato. Sin embargo, otras fuentes oficiales aseguran que la vicepresidenta se reunió con empresarios y con dirigentes políticos, y que en esos encuentros se manifestó dispuesta a hacerse cargo del gobierno si el jefe del Estado no pudiera llegar al final constitucional de su gestión.
Milei aludió más a esas supuestas reuniones conspirativas que a otra cosa cuando calificó a Villarruel de “traidora”, aunque no la nombró. Nadie escuchó decir a la vicepresidenta semejante disparate sobre el destino del Presidente, pero es probable que este haya sido “informado” por los servicios de inteligencia.
Eduardo Duhalde suele contar, después de su paso por la jefatura del Estado, que el establishment de los servicios de inteligencia le cuenta al presidente lo que el presidente quiere escuchar. Es la manera de perdurar que los espías saben trabajar muy bien.
Sea como fuere, lo cierto es que una vez más la Argentina política se entretiene con las disidencias entre quien ejercer la jefatura del Estado y quien desempeña el cargo de vicepresidente de la Nación. Son las dos máximas figuras en el escalafón de la república. Sucedió casi siempre, y casi siempre disimuladamente, en los 40 años de democracia (con la excepción de la fórmula Mauricio Macri-Gabriela Michetti porque nunca trascendió, al menos, que haya habido discordia entre ellos), aunque los dos casos más resonantes fueron los de Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez, por un lado, y el de Cristina Kirchner y Julio Cobos, ocho años más tarde.
La renuncia a la vicepresidencia de Álvarez terminó precipitando la prematura dimisión de De la Rúa a la presidencia, 15 meses después. La decisión de Cobos de desempatar para rechazar la resolución 125, sobre aumentos a las retenciones de la soja –tema en boga ahora, 17 años más tarde–, significó una seria derrota política, la primera también, de la entonces presidenta de la Nación.
Si recordamos bien, los presidentes y vicepresidentes conocieron el traspié y el fracaso después de armar un escándalo institucional de monumentales dimensiones. De la Rúa y Álvarez se alejaron de la vida política activa luego de aquel entrevero entre ellos; Cristina Kirchner y su marido fueron seriamente derrotados en las elecciones legislativas de un año después, en 2009, y Cobos nunca volvió a brillar en el firmamento político, aunque conservó –y conserva– cargos legislativos nacionales. Más allá de quién haya tenido la razón en cada caso, que será siempre una opinión subjetiva, la gente de a pie no les perdonó que hayan roto la sociedad entre ellos que propusieron en las elecciones presidenciales.
Todas las versiones cercanas a Villarruel sostienen que ella se dio cuenta hace rato de la situación terminal de su relación con Milei, y que inclusive esa certeza la llevó a cambiar drásticamente su entorno en los últimos dos meses. El equipo que la rodea ahora tiene algo (o mucho) de las ideas que, al parecer, son las de la vicepresidenta. Una parte viene del sector conservador de la Iglesia católica; otra parte viene del peronismo más tradicional (no kirchnerista), y una última parte pertenece al universo de los militares retirados. Uno de ellos, con un cargo en el Senado, fue estrecho colaborador del exjefe del Ejército, César Milani.
Villarruel tuvo siempre un discurso en el que reclamó que se analizara la sangría de los años 70 en su verdadera amplitud y que no se escondieran, como lo hizo el kirchnerismo, las tropelías de los grupos armados insurgentes. Hija, nieta y sobrina de militares, la vicepresidenta sintió un intenso cariño por su padre, el teniente coronel retirado Eduardo Villarruel, un héroe de la guerra de las Malvinas que participó también de la represión en Tucumán de los alzamientos subversivos. El padre de la vicepresidenta murió en 2021, víctima de Covid, prácticamente en brazos de su hija, quien se internó junto con él en una clínica de Santa Fe.
Es probable, por otro lado, que Villarruel esté buscando en el peronismo un ámbito donde continuar su carrera política; el peronismo es ahora, ya con Cristina Kirchner presa, una fuerza política sin liderazgo y sin norte. Está claro que tanto Milei como Villarruel llegaron a la conclusión de que no existe un destino que los una a ellos en el futuro. Pero ninguno de los dos piensa renunciar por eso a la vida política.
En casi todas las encuestas, las tres figuras políticas más populares del país son Milei, Patricia Bullrich y Villarruel, aunque el segundo lugar suele estar disputado entre las dos mujeres; una de ellas, Villarruel, lo acompañó a Milei desde los principios del mileísmo, y la otra, Bullrich, se sumó a las filas del Presidente solo luego de haber sido derrotada por este y por Sergio Massa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.
El problema es que ahora Bullrich es mucho más mileísta que Villarruel. El conflicto podría agravarse si fueran ciertas las versiones de importantes sectores del mileísmo que aseguran que Bullrich será la candidata en la Capital a senadora nacional del gobierno de Milei en las elecciones legislativas del próximo octubre. ¿Cómo convivirán esas dos mujeres en el Senado el año próximo? No hay respuesta, salvo que las aguardarían dos años trabajando muy cerca cuando Bullrich se ha despachado en los últimos días de la peor manera contra la vicepresidenta. ¿Intentará Villarruel en 2027 una candidatura presidencial por fuera del mileísmo? “Hablar de 2027 es perder el tiempo; nadie sabe qué puede suceder en la Argentina durante semejante cantidad de tiempo”, dicen al lado de la vicepresidenta. Ni sí ni no, entonces.
La discordia de los últimos días se refirió a si la vicepresidenta debió estar presente –o no– en la reunión del Senado en la que se aprobaron proyectos de ley que afectarán el superávit fiscal, y a si esa reunión fue legal o no.
Una es la mirada estricta del reglamento; desde ese punto de vista, la reunión fue legal más allá de si sus resoluciones fueron buenas o malas. En las reuniones preparatorias del Senado, en febrero pasado, el cuerpo estableció que las sesiones ordinarias del plenario del cuerpo se realizarán los miércoles y jueves a las 14 horas. La reunión del jueves último era, por lo tanto, una reunión ordinaria, que no necesitaba de los votos de los dos tercios del cuerpo para tratar los proyectos que tuvieran dictamen de comisión. Por eso, la reunión fue legal.
¿Debió estar presente Villarruel? La respuesta depende de desde dónde se miren las cosas. Si el reglamento se cumplió y la oposición consiguió el quorum necesario, la vicepresidenta estaba en condiciones de presidir la reunión sin traicionar a nadie. Si se observa su decisión desde la política, la respuesta es más relativa. El resultado de las votaciones indica que Villarruel no desempató nunca (el desempate es el único voto que puede emitir porque ella no es senadora) y que ni siquiera era necesario el voto del presidente provisional del Senado, el senador libertario Bartolomé Abdala. Si hubiera dejado que la reunión la presidiera la vicepresidenta primera, la peronista Silvia Sapag, o la radical Carolina Losada, vicepresidenta segunda, el resultado habría sido el mismo.
En conclusión, la reunión fue legal y reglamentaria, y la presencia de Villarruel es la cuestión que podría discutirse. “Soy institucionalista”, acostumbra a repetir la vicepresidenta cada vez que se toca el tema. Quiere decir que siempre estará primero su lealtad a la instituciones, aunque no le convenga a su facción política. “Exceso de reglamentarismo”, retrucan desde la Casa de Gobierno. La diferencia no es menor: se está al lado de las instituciones o lejos de ellas.
Solo Santiago Caputo, el superasesor de Milei que de pronto pertenece al ala de los acuerdistas en el beligerante gobierno, intentó intercambiar algunos mensajes por WhatsApp con Villarruel antes de la ruidosa reunión del Senado. No pudo hacer nada. La partida ya estaba jugada. Karina Milei, jefa de la franja combativa de la administración, está distanciada de Villarruel desde antes de la era Milei. Debe saber que tantos prejuicios y rencores esconden mucho más que inverosímiles informes de los servicios de inteligencia o las discutibles interpretaciones del reglamento del Senado.
Es la consumación del divorcio entre dos personas que, en el fondo, piensan muy distinto. Milei es un libertario antisistema, con algunos rasgos, pocos, de liberal, mientras Villarruel tiene una formación nacionalista e institucionalista, que la debe poner en la vereda de enfrente de algunas particularidades de la política económica, aunque no del superávit fiscal ni del orden en las cuentas públicas. Puede ser que no le gusten, en cambio, la rápida apertura de la economía que ya provoca la protesta de los industriales nacionales o las formas de expresarse del mandatario. Pero ellos estuvieron de acuerdo durante mucho tiempo, a pesar de que los dos cultivaban las mismas ideas desde siempre.
La diferencia consiste en que Milei era otra persona en el trato con ella cuando el fenómeno comenzaba. Ahora solo sucede que las diferencias se notan más cuando prevalecen la dejación y el maltrato.
hayden davis,política
POLITICA
La CGT logró cambios clave en la reforma laboral que dejan a salvo el financiamiento de los sindicatos
En la CGT respiran aliviados. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anunció los 28 cambios acordados en la reforma laboral que se debatirá este miércoles en el Senado y allí se incluyen dos modificaciones que exigía la central obrera: se mantienen las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2 por ciento de los salarios, y se elimina el artículo que bajaba las contribuciones patronales para las obras sociales.
Otro punto importante es que el proyecto dejará que los empleadores sigan siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación, “siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes”, y se deberá tener una autorización de la Secretaría de Trabajo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Cuáles son los cambios clave que negoció el Gobierno para aprobar la reforma laboral mañana en el Senado
El oficialismo y la oposición dialoguista en el Senado arribaron esta tarde a un acuerdo por la ley de reforma laboral que, si no hubiese sorpresas de último momento, será aprobada mañana en la sesión extraordinaria a iniciarse desde las 11. Los cambios al dictamen de mayoría que sacó a las apuradas en diciembre la jefa libertaria, Patricia Bullrich, son trascendentales e involucran Ganancias – más plata para gobernadores y Nación-, guiños varios a sindicatos y cámaras empresariales en aportes compulsivos, el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales, y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.
Con las concesiones que aceptó el Gobierno libertario, el oficialismo y dialoguistas se disponen a ir mañana al recinto de la Cámara alta, desde las 11, para aprobar el proyecto y girarlo cuanto antes a Diputados. Previo a la casi repentina conferencia que comandó Bullrich -se sabía desde el mediodía-, donde dio un panorama general del texto -poca referencia a las modificaciones-, los jefes de las distintas bancadas realizaron la reunión de Labor Parlamentaria y blindaron un consenso para que en la sesión extraordinaria de este miércoles, en la votación en particular, se discuta lo menos posible el texto. Es decir, ir directo por títulos y, quienes tengan alguna objeción, la aclaren antes sobre los artículos que no deseen acompañar. De esta manera, se agilizaría un engorroso y delicado trámite.
Llaves para la luz verde
*Se elimina el artículo 190 del dictamen, que hablaba de una baja en Ganancias a grandes empresas de 30% a 27%.
*Queda la “contribución a cargo del empleador equivalente al SEIS POR CIENTO (6%) de la remuneración de los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia” en la ley de obras sociales. Se quería bajar al 5%. Sí se aclara que la “Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estará facultada para auditar el destino de las contribuciones”.
*Se elimina el artículo 137, que imponía que “los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación, deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».
*Aportes compulsivos. Ahora, el acuerdo habla de que “a partir de la sanción de la presente Ley, los aportes, contribuciones patronales y cualquier otro concepto previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, no podrán superar el CERO Y MEDIO POR CIENTO (0,5%) de las remuneraciones de los trabajadores“.
En tanto, “los aportes y contribuciones previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, a favor de asociaciones de trabajadores, que sean válidas para afiliados o no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, no podrán superar el DOS POR CIENTO (2%) de las remuneraciones de los trabajadores”. Se excluyen “las cláusulas que acuerden otros beneficios en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que suscribió el convenio colectivo”.
Sobre el final del artículo, se resalta: “A partir del 1 de enero de 2028 los aportes o contribuciones patronales previstos en las Convenciones Colectivas de Trabajo, cualquiera sea su denominación u objeto, en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente o totalmente por empleadores o cuyos órganos directivos estén integrados por representantes de los empleadores, tendrán carácter estrictamente voluntario por parte del empleador, sin que pueda imponerse su obligatoriedad mediante cláusulas convencionales. Tampoco resultarán obligatorias para los empleadores que no sean socios o asociados a las asociaciones o cámaras beneficiarias de estos créditos“.
Noticia en desarrollo…
POLITICA
Kicillof tildó de “repugnante” a la reforma laboral y se sumará mañana a la movilización al Congreso
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se unió al llamado de la CGT y las dos CTA para marchar este miércoles al Congreso de la Nación, donde se prevé que comience el tratamiento en el recinto del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A diferencia de algunos jefes provinciales que han mantenido conversaciones con el Poder Ejecutivo, el mandatario bonaerense es uno de los referentes del peronismo que sostiene una férrea oposición a la iniciativa de la gestión Milei.
“Vamos a estar acompañando la movilización contra esta repugnante reforma laboral que es una ley de precarización laboral”, remarcó este martes el gobernador tras encabezar el acto de habilitación del Acueducto Norte de la ciudad de La Plata, junto al intendente de esa localidad, Julio Alak, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.
En la misma rueda de prensa, el mandatario bonaerense alertó sobre la derogación del estatuto del periodista que incluye la reforma en su artículo 194. “Entre tantas otras cosas que busca la iniciativa está barrer con el estatuto del periodista, que eran derechos consagrados para quienes ejercen. Ya no les alcanza con decir que ‘hay que odiar a los periodistas’, ahora les quieren quitar lo que tienen. Hay que odiarlos y hay que reventarlos. Eso es lo que plantea esta ley de Milei. Por eso considero que es fundamental acompañar a los sectores que luchan”.
La convocatoria formal la realizó el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La concentración para este miércoles será en Hipólito Yrigoyen 1584, en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo.
Desde hace tiempo, el gobierno bonaerense viene rechazando la iniciativa de reforma laboral que el Ejecutivo nacional busca aprobar y cuya primera instancia será este miércoles en el Senado; una jornada que se anticipa tensa tanto en el recinto como en la calle. Además de Kicillof, los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero) han expresado su rechazo al proyecto, que también impacta en la recaudación del impuesto a las ganancias y la masa coparticipable. La semana pasada mantuvieron un encuentro con la cúpula de la CGT.
En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que algunos de sus colegas que mantienen diálogo con el gobierno nacional podrían enfrentar la intervención del PJ de sus provincias por parte de la conducción nacional del peronismo, actualmente en manos del sector de la expresidenta Cristina Kirchner. Según relató en declaraciones a TN, la dirigencia nacional presiona a los legisladores para que rechacen el proyecto, bajo la amenaza de tomar el control de las estructuras partidarias a nivel provincial si no obedecen.
En la antesala del tratamiento del proyecto y la movilización convocada por las dos CTA y la CGT, la administración bonaerense fijó posición formal mediante un documento de más de 50 páginas presentado este lunes en el Salón Dorado de la gobernación en La Plata, con la participación del ministro de Trabajo provincial, Walter Correa; el de Gobierno, Carlos Bianco; legisladores nacionales, provinciales y representantes de diversas entidades sindicales.
El informe expresa una profunda preocupación por el impacto que la llamada “Ley de Modernización Laboral” tendría sobre los derechos de los trabajadores y la estructura sindical en Argentina, advirtiendo sobre una posible “pérdida de derechos, mayor precarización e intento de destrucción de la organización sindical”.
Entre los principales puntos objetados, el documento de la administración Kicillof señala que la reforma:
- Reduce la protección legal de los trabajadores, al derogar principios como el “in dubio pro operario” y facilitar condiciones laborales precarias.
- Facilita el despido y reduce indemnizaciones, incluso promoviendo la creación de un Fondo de Cese Laboral que, según la Provincia, solo beneficia a los empleadores.
- Desmantela organismos de control laboral y transfiere competencias de fiscalización de las provincias a la Nación, en contradicción con el federalismo consagrado por la Constitución Nacional.
- Promueve la tercerización, la fragmentación sindical y la “atomización del movimiento obrero organizado”.
- Permite aumentos en la jornada laboral, reducción de licencias y elimina condiciones garantizadas como la reversibilidad en el teletrabajo, licencias por enfermedad y mecanismos de compensación de gastos.
- Afecta los mecanismos de negociación colectiva y debilita el poder de los sindicatos en discusiones clave sobre condiciones de trabajo y salarios.
- Otorga amplio margen de impunidad a empleadores que no registren personal o que regularicen relaciones laborales precarizadas.
- Introduce cambios tributarios y medidas ajenas a la materia laboral, en un proyecto calificado de “inconstitucional tanto en la forma de tratamiento como en el fondo”.
Como contrapartida, el Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, había señalado en una reciente entrevista con Infobae que “no hay argumento válido para oponerse a una reforma laboral que busca sacar a la Argentina del estancamiento”, y que la postura de la CGT y el kirchnerismo solo defiende intereses propios y un sistema que condenó a millones a la informalidad y los salarios bajos.
South America / Central America
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